#Divergentes | Este puede ser el momento para que las asociaciones campesinas, los cabildos indígenas y los consejos comuntarios afro unan sus fuerzas para reclamara la tierra.
Por: Santiago Valenzuela y Laura Sierra Musse
El más reciente atentado contra 16 líderes afro en el norte del Cauca muestra que la guerra, por lo menos en este departamento, se sostiene con las mismas bases que tuvo en el pasado. Las amenazas contra los líderes más reconocidos de la población afro – como Francia Márquez, Carlos Rosero y Víctor Hugo Moreno – vienen de años atrás y tienen como objetivo sabotear varios procesos esenciales, como la restitución de tierras y la consolidación de los 41 consejos comunitarios en ese departamento.
El sábado 4 de abril las amenazas pasaron a las acciones violentas y los líderes, en un evento en el municipio de Santander de Quilichao, se vieron envueltos en un intercambio de balas entre los sujetos que los atacaron y los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El atentado se presentó en la finca La Trinidad, uno de los primeros predios que recuperaron los consejos comunitarios. No se ha establecido quiénes estuvieron detrás del atentado, pero el objetivo parece claro: sabotear, o en el peor de los casos silenciar, el trabajo de los líderes afro. ¿En qué consistía el trabajo durante esa jornada? En definir los alcances de los compromisos que firmó el gobierno nacional con la minga del Cauca.
Los reclamos que ha hecho el Proceso de Comunidades Negras (PCN), organización contra la que iba dirigido el atentado, comenzaron en los noventa y tuvieron como eje la oposición a la represa Salvajina en Suárez, Cauca. Esta megaobra generó un desplazamiento de miles de indígenas, campesinos y población afro hacia Cali y otros cascos urbanos. En este proceso, las comunidades negras lograron que, mediante un acuerdo, el gobierno se comprometiera a devolver tierras y garantizar los servicios básicos para la población. En la Sentencia T-462 de 2014, la Corte Constitucional reconoció que el Estado había vulnerado los derechos de las comunidades afro y le ordenó a la Empresa de Energía del Pacífico que realizara los trámites correspondientes para una consulta previa para garantizar que en su funcionamiento, la hidroeléctrica no genera tantos impactos negativos en la población.
En 2010, la Corte ya le había dado la razón a Francia Márquez en la petición que elevó para que se reconociera al Consejo Comunitario del corregimiento de La Toma, en Cauca, como territorio ancestral afro. En ese entonces, la Corte le ordenó al señor Héctor Jesús Sarria la suspensión de actividades de explotación minera en el corregimiento de La Toma. Le llamó la atención, además, a la Alcaldía de Suárez y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca por permitir actividades de minería ilegal. Con esta sentencia, la minería ilegal tuvo mayores controles en el río Ovejas, uno de los que ha sido más defendidos por Francia Márquez, quien recibió el Premio Goldman por su defensa del medio ambiente en 2018.
En el norte del Cauca, la minería ilegal ha traído consigo un despojo paulatino de las comunidades afro y Márquez ha sido una de las principales voceras que ha dado a conocer este problema. Y no solo la minería ilegal. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en 2004, se otorgó un título de exploración de oro de 50.000 hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires a la Sociedad Kedahda S.A. La lucha de PCN ha sido tanto por la minería ilegal como por la legal, la cual ha traído zozobra por las afectaciones ambientales. Y justamente los líderes ambientales son los que han recibido amenazas en la última década por Los Rastrojos y las Águilas Negras, bandas criminales que nacieron del paramilitarismo.
La minería ha traído otros problemas. Una de las que más recuerdan los líderes afro es la del 2 de mayo de 2014, cuando se presentó el derrumbe en la mina San Antonio, en los alrededores del municipio Santander de Quilichao, en el que murieron 13 personas. En ese derrumbe quedó demostrado que por lo menos 150 retroexcavadoras estaban siendo utilizadas de manera ilegal en el río Quinamayó. Ese mismo año fue amenazada Márquez, férrea defensora de los ríos. El temor creció y se materializó en una marcha histórica: la de Turbantes. En noviembre de ese año, 30 personas e la comunidad caminaron desde La Toma hasta Bogotá para pedir por la vida del río. Desde entonces, los nombres de Francia Márquez, Alexa Leonor Mina, Clemencia Carabalí, Marilin Machado, Sofía Garzón y Yineth Balanta han tenido reconocimiento, algo que les ha costado caro con los grupos armados ilegales, que los pusieron en la mira.
En abril de 2016 sucedió algo similar a lo que pasó con la minga indígena de 2019: durante varios días estuvo bloqueada la vía Panamericana, esa vez con mayor protagonismo de los 41 Consejos Comunitarios afro que exigieron garantías de supervivencia. Una de las peticiones generales era que el gobierno cumpliera con los acuerdos de 1986, cuando protestaron contra la construcción de la represa. Cientos de personas caminaron desde las veredas Quinamayó y Cachimbal al casco urbano de Santander de Quilichao. Para instalar la hidroeléctrica se inundaron territorios en el sur del Valle y, después de 20 años, sintieron que el gobierno no las había reparado.
Dentro de la lista de peticiones también estaba la solicitud de que el gobierno resolviera la disputa por el predio de la finca San Rafael, también en Santander de Quilichao. Este predio se lo entregó el gobierno de Álvaro Uribe a la comunidad Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo, en 1991. No obstante, las comunidades afro han reclamado ese territorio como propio. Aunque hubo acuerdos entre indígenas y afros, el gobierno tenía la obligación de titularle colectivamente ese predio al Consejo Comunitario, punto que cumplió a medias. En la lista de promesas incumplidas del gobierno también está la inversión de 25 mil millones de pesos para comprar tierras para la población afro, así como el impulso de proyectos productivos con al menos 13.000 millones de pesos.
Para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) existe un gran retraso en el proceso de restitución de tierras, el cual se ha enfocado más en campesinos que en indígenas y afros. Con estos dos grupos poblaciones el problema es mucho más complejo que con los campesinos, pues los indígenas tienen tierras que incluso fueron reconocidas por la Colonia Española, antes de la independencia. Por otro lado, las familias afro, por la Ley 70 de 1993, tienen derecho a otros territorios ancestrales que en algunos casos se cruzan con los que han solicitado campesinos o indígenas.
Al analizar los reclamos, el gobierno debe tener en cuenta otra variable: la ambiental. Cauca es el departamento quizás más importante en cuanto a fuentes hídricas se refiere. Es allí donde nacen los ríos Magdalena y Cauca y donde están ubicados los parques naturales Puracé y Munchique. Municipios como Tambo, Argelia y López, ubicados en el piedemonte de la cordillera occidental, tienen zonas de reserva ecológica, lo mismo los municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, El Tambo, Páez, Totoró, Puracé, Sotará, Santa Rosa y San Sebastián. La lucha por preservar estas reservas naturales no ha sido fácil, tanto por los cultivos de uso ilícito como por los extensos cultivos de pino y caña de azúcar. Ahí, en la lucha por estas zonas, ha estado Francia y otros líderes de PCN. A Corte de junio de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras dijo que había restituido cerca de 71.000 hectáreas en el departamento, resolviendo “el 97%” de las solicitudes. Sin embargo, PCN ha denunciado que las empresas, así como los actores armados, vuelven y se apropian de los terrenos.
¿Cuáles fueron los orígenes de la disputa?
La disputa de las tierras en el Cauca ha sido un problema que ha afectado a diferentes grupos sociales a lo largo de la historia. En Cauca, los indígenas tienen títulos antiguos entregados por la Corona Española y reconocidos por Simón Bolívar en 1820; el pueblo afro tiene tierras reconocidas con la Ley 70 de 1993, y los campesinos, después de la violencia de los años 50 piden la titulación de tierras mediante las zonas de reservas campesinas con la Ley 60 de 1994.
El Cauca cuenta con 1,2 millones de habitantes, de los cuales 21% son indígenas y 22% son afro. La mayoría de población afro vive en el occidente del departamento por la zona del Pacífico; los indígenas en el nororiente y los campesinos mestizos en el centro en la zona de cordillera y en el sur, en la bota caucana.
Cada uno de estos grupos sociales ha tenido diferentes reclamos por el territorio en la zona. Por un lado, los indígenas recalcan que desde que llegaron los españoles en la colonización se ha reducido en grandes porcentajes su territorio. Medidas como la parcelación del terreno mediante la creación de resguardos en el siglo XVI, así como el aumento de la producción de caña de azúcar en los años 60 y la presencia constante de la guerrilla en la segunda mitad del siglo, provocaron la indignación del pueblo indígena y motivaron a la creación de Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) en 1971.
El CRIC se planteó como una nueva forma de lucha indígena fundamentada para la unidad de los pueblos y la “liberación de las tierras”.
La creación del CRIC se dio mientras se fortalecía la presencia del Bloque Sur de las Farc en la zona montañosa de los municipios de Belalcázar e Inzá, al igual que las Autodefensas Campesinas de Ortega en 1977 y la concentración del M-19 en el norte del departamento en Tierradentro.
Dicha presencia de grupos armados generó en 1984 un movimiento de auto defensa indígena llamado Movimiento Armado Quintín Lame, el cual tuvo como epicentro los siguientes municipios: Toribío, Caldono, Jambaló, Silvia, Totoró, Tierradentro y Coconuco.
Una de las masacres más recordadas es la del Nilo, en 1991, cuando 21 indígenas Nasa en el municipio de Caloto fueron masacrados por paramilitares en alianza con la Fuerza Pública.
A raíz de este caso el gobierno firmó, en 1995, un compromiso con los cabildos indígenas para restituir 15.600 hectáreas en un lapso de tres años. Sin embargo, esta cifra ha cambiado debido a incumplimientos de los diferentes gobiernos y también al crecimiento de los cabildos indígenas. “Antes éramos ocho cabildos, cuando el gobierno se comprometió a la entrega de dichas tierras, pero por la misma demora de esas entregas y como el pueblo va creciendo pues las exigencias han cambiado. Ahora, solo en el norte del Cauca, somos 21 cabildos”, dijo Ana Deida, vocera de la Minga en el Norte del Cauca.
En la década del 2000 se vivió la expansión de grupos armados ilegales y el aumento de cultivos de uso ilícito. Por lo tanto, el desplazamiento y el abandono de tierras tuvo un alto porcentaje, según datos de Registros Únicos de Población Desplazada (Rupd) y de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), 140.000 personas fueron desplazadas y 73.000 hectáreas fueron abandonadas en el Cauca.
En cuanto a la población afro, el tema de tierras también se remonta a la época de la colonia, pues luego de que muchos esclavos fueran liberados, decidieron comprar tierras en las zonas planas del Cauca, pero dichas compras no se concretaban vía notaría, sino por medio de un palabrero que daba constancia de dichas ventas. Dichos territorios estaban ubicados en lo que hoy son los municipios de Puerto Tejada, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, en el norte del departamento, y Patía en el sur.
Al ser tierras productivas, diferentes gremios y compañías productoras de caña quisieron tomar uso de estas, y a mediados de los años 60 la población afro comenzó a ser amenazada y desplazada.
Sin embargo, por la Constitución de 1991, mediante la ley 70 de 1993, se reconocieron los derechos particulares de las minorías y se dio el aval para la titulación de territorios colectivos para las comunidades afrodescendientes y para la “creación de Consejos Comunitarios, como forma de organización o administración territorial”.
En la actualidad, según un informe presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las comunidades afros poseen el 23% de tierras en el Cauca.
Respecto a las comunidades campesinas, desde la Constitución de 1991 este grupo social no tiene un tratamiento especial, como el que tienen los afro y los indígenas. Por lo tanto, es una población que se ha sentido en “desventaja” respecto a la división de tierras.
Los campesinos, desde los años 70, se han aliado con los indígenas para la reclamación de tierras. Muestra de ello es Fresagro (Frente Social Agrario), fundado en Corinto y que agrupaba a los campesinos pobres del norte del Cauca. Pese a que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo implementó una reforma agraria y los campesinos en teoría obtendrían títulos, lo cierto es que las tierras que en teoría recibirían estaban en resguardos indígenas, particularmente en municipios como Piendamó, Cajibío y Popayán.
Ante los diferentes reconocimientos de terrenos de campesinos, se aprobó en 1994 la Ley 60 que promueve el acceso progresivo a la propiedad de la tierra con las Zonas de Reservas Campesinas.
Dentro del departamento existe la ilusión de que varios municipios se consoliden como futuras zonas de reservas campesina, como Caloto, Corinto y Miranda. El municipio más reciente en este proceso de constitución es el de Santa Rosa, la cual se realizó el 6 de junio de 2018.
Frente a los conflictos por la tierra, Deida nos dijo lo siguiente: “Estos conflictos los hemos entrado a analizar y a discutir. Esta no es una pelea solo del negro, del indígena o del campesino. Es de todos. Aquí tenemos que sentarnos a discutir y dar propuestas para la garantía de derechos de todos los pueblos para fortalecer este espacio intercultural. Necesitamos una agenda interna para bajar tensiones y fortalecernos en la unidad y mostrar el tema a nivel nacional”.
Un territorio que sigue en conflicto
El Cauca, un departamento con cerca de 14.000 hectáreas de coca, es habitado por campesinos (58%), y –como ya dijimos– afrodescendientes (21%) e indígenas (21%). El 65% de la población, según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), depende de las actividades agrícolas, de ahí a que la lucha por la tierra sea permanente.
En este departamento, la presencia de los actores armados ha sido constante. No es gratuito que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo seleccionara como un departamento prioritario a intervenir, por eso le asignó el caso 005. Para la JEP es necesario que las víctimas de los municipios Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono reciban la verdad y medidas de reparación. Una de las masacres paramilitares más recordadas ocurrió justamente en Santander de Quilichao, en el año 2000. De noviembre de ese año a enero de 2001, los paras perpetraron cuatro masacres más.
De acuerdo con la JEP, “el norte del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc-EP y se replegaron numerosos frentes que buscaban aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la fuerza pública, lo cual afectó gravemente a la población en general (…) En el norte del departamento del Cauca se presentó el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas según el Registro Único de Víctimas a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, en el período 2000 – 2013, en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se presentaron 7.582 muertes producto del conflicto armado y en municipios como Santander de Quilichao y Corinto, en 2001, la tasa de homicidios fue de 100 muertes por cada 100.000 habitantes”.
El municipio de Suárez, epicentro de la lucha de PCN, ha sido estratégico para los grupos armados por su cercanía a los ríos Naya y San Juan, que desembocan en el Pacífico. El conflicto armado ha dificultado que la Unidad de Restitución haga su trabajo en el departamento. Aunque el Bloque Calima de las Autodefensas se desmovilizó en 2003, después vinieron bandas criminales como los ‘Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’, los cuales abiertamente han amenazado a los integrantes de PCN.
En el nuevo mapa del conflicto ahora aparecen Los Pelusos, la disidencia del frente Sexto de las Farc al mando de alias Mayimbú y el frente suroccidental del ELN. Las dinámicas de control han cambiado y con la salida de las Farc, como ha sucedido en otros territorios, se han presentado nuevas disputas para controlar los corredores de droga. Con Chocó, Cauca mantiene los índices de mayor pobreza en el país. El 62% de la población vive en la pobreza, el doble del promedio nacional.
