El plan tendrá, como principal objetivo, fortalecer el sistema de alertas tempranas, a cargo de la Defensoría del Pueblo.
En la navidad de 2016, los líderes sociales estaban pidiendo auxilio y garantías para seguir trabajando el año que venía. Por esa época, según la ONU, 127 líderes habían sido asesinados. En ese entonces, la esperanza de los dirigentes sociales estaba puesta en el Acuerdo de Paz con las Farc, el cual contemplaba acciones concretas para protegerlos en los territorios.
Ha pasado un año y la protección de líderes se ha quedado en el papel. Basta ver el último caso que se reportó en el transcurso de esta semana: Pablo Oviedo, líder comunal de la vereda Puerto Colombia, fue asesinado el miércoles pasado con su hija de ocho años. El caso, confirmado por el secretario de Gobierno de Puerto Asís, Jhon Pérez, es materia de investigación y es difícil predecir qué grupo puede ser el responsable, pues en la zona han hecho presencia disidencias de las Farc y grupos residuales del paramilitarismo.
En el transcurso de los últimos meses, el sur de Colombia, particularmente Nariño y Putumayo, fue protagonista de ataques constantes y asesinatos de líderes sociales. Cuando el tema escaló en los medios de comunicación nacionales, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, minimizó el tema diciendo que la gran mayoría de asesinatos tenían que ver con “líos de faldas” o retaliaciones personales. Para darle un giro al asunto, el presidente Juan Manuel Santos lanzó con el ministro de Defensa el Plan Orus, creado, en teoría, para proteger a los líderes. Eso es lo feo, que haya sido lanzado después del desliz retórico de Villegas.
¿De qué se trata el plan?
El plan no es tan novedoso como parece y de hecho los líderes apenas lo reconocen. De hecho, el Decreto fue expedido apenas el 18 de diciembre. En su mayoría es la continuación de una serie de promesas que ha hecho el gobierno para cumplir los puntos 2.1 y 3.4 del acuerdo de paz con las Farc. Estos puntos abordan dos temas directamente relacionados con el ejercicio de los líderes: la participación política y el fin del conflicto armado.
El 29 de mayo de este año el Gobierno había expedido otro decreto comprometiéndose a reglamentar el sistema de prevención y alertas tempranas para que la Defensoría del Pueblo protegiera de manera más efectiva a los líderes sociales. Tuvimos que esperar siete meses para que el Gobierno avanzara en esta reglamentación del sistema de alertas tempranas.
De momento, el Gobierno definió lo que será el “Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida”. Este tendrá dos componentes, uno de alerta temprana responsabilidad de la Defensoría del Pueblo y otro integrado por las entidades territoriales y coordinado por el Ministerio del Interior. De la Defensoría dependerá que los líderes puedan comunicarse con las instituciones cuando sean amenazados, que cuenten con medidas de protección y que las amenazas sean rastreadas en el menor tiempo posible.
Ya identificados los riesgos, el Ministerio del Interior coordinará con alcaldías y gobernaciones las medidas para proteger a los líderes. Lo ideal, y esto tiene que comenzar a verse en las próximas semanas, es que la reacción sea “rápida y oportuna”, como dice el decreto. Para que esto sea así el Gobierno cuenta con la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas (Ciprat).
De momento, como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, el plan debe hacerse efectivo cuanto antes en los 67 municipios y 595 caseríos en donde hacían presencia las Farc. En estos territorios priorizados funcionarán Comités Territoriales de Alertas Tempranas, los cuales se encargarán de coordinar los esquemas de protección en el territorio.
¿Qué sucederá? Cuando la Defensoría del Pueblo evalúe los riesgos de determinados líderes, emitirá alertas tempranas si los casos lo ameritan. En un lapso no menor a 48 le enviará al gobierno la alerta para que tome medidas. El Ciprat se convocará dentro de los 10 días siguientes a la emisión de una alerta temprana. Dentro de esos 10 días le debe entregar recomendaciones al gobierno para proteger la vida del líder. En nueve meses, según el Decreto, la Defensoría del Pueblo hará un balance sobre la efectividad de las medidas de protección. Esto el lo bueno, si en efecto, estos tiempos llegaran a cumplirse.
¿Qué piensan los líderes?
Para Jose Nífer, líder social ambiental en el municipio de Buenos Aires, Cauca, existe una especie de “esquizofrenia” en el gobierno, pues dicen que la mayoría de asesinatos son por “líos de faldas” y posteriormente lanza un plan para proteger a los dirigentes locales porque están en riesgo. “En casos muy extremos el gobierno implementa esquemas de seguridad. Casi no lo hace porque dice que no es cierto que estemos amenazados. Es más, el Plan Orus no lo han socializado”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Cauca han sido asesinados 29 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Nífer, habitante de esta región, nos contó que “la situación es muy compleja por mega proyectos de minería o de caña de azúcar. Son proyectos que por estos días están desplazando a las comunidades. Nosotros hemos denunciado, pero por ahora no hay resultados en las investigaciones. A nosotros nos toca ahora es fortalecer nuestro propio sistema de seguridad con la guardia indígena, porque del gobierno no podemos esperar nada”.
También hablamos con Óscar Londoño, líder de las Juventudes Rebeldes. Para él, el “Gobierno no ha avanzado lo suficiente en el sistema de seguridad para líderes sociales contemplado en el Acuerdo de La Habana. Las alertas tempranas se tienen que tomar, me parece positivo, pero más allá de eso el Gobierno tiene que definir una nueva estrategia para combatir a los grupos criminales. Hoy, en Chocó o Tumaco, por ejemplo, las medidas de protección no están funcionando”.
Los malo es que el plan haya entrado en marcha y los líderes sociales de las regiones aún no sepan qué es.
