OPINIÓN | Deben rendir cuentas por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos.
Por Carolina Gutiérrez Torres*
Quienes están desentrañando lo que la guerra le ha dejado a Colombia calculan que, por lo menos, 220.000 civiles fueron asesinados y 6 millones de personas fueron desplazadas por los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero a ese listado de victimarios habría que sumarle uno más: las terceras partes no armadas. Es decir, los políticos, funcionarios públicos y empresarios que, de manera directa o indirecta, participaron en esas violaciones. De ellos, quizá, las empresas han sido el grupo del que menos sabemos en la historia del conflicto.
Empresas públicas y privadas, y multinacionales, han sido protagonistas en el conflicto armado colombiano (y en muchos otros conflictos y regímenes autoritarios del mundo) por financiar y promover secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, asesinatos, trabajos en condiciones de esclavitud y violaciones sexuales; por aliarse con los aparatos de seguridad públicos y privados para cometer esas violaciones; por sacar provecho del negocio de la guerra suministrando armas, logística, inteligencia…
Y una gran parte de esos “terceros desarmados”, además, han salido impunes. No han rendido cuentas por sus hechos en los sistemas de justicia transicional, que crearon muchos países para reparar las violaciones masivas de derechos humanos.
Tras la firma del Acuerdo de Paz, Colombia tiene en sus manos la gran oportunidad de cambiar esa historia. Hace más de una década también la tuvo, pero la dejó ir. En el 2005, cuando los paramilitares se desmovilizaron, el modelo de judicializaición que se creó (la Ley de Justicia y Paz) involucró sólo a los excombatientes y dejó a un lado a los terceros civiles.
Y aunque las confesiones de los paramilitares, en las versiones libres y en los tribunales, terminaron con un llamado de los fiscales y magistrados a la justicia ordinaria para que investigara a 15.291 terceros civiles, la mayoría de los casos que involucran a empresarios ni siquiera han arrancado.
En cambio, esta vez existen fuertes argumentos para creer (o esperar o soñar) que la historia no se volverá a repetir. El modelo que primará ahora a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también juzgará, exigirá verdad y reparación y rendición de cuentas a quienes hayan tenido “responsabilidades indirectas” en el conflicto armado.
Es decir, a los civiles que “apoyaron grupos armados ilegales a conciencia, voluntariamente, y fueron determinantes”, y no a aquellos que participaron en el conflicto “obligados o por amenazas”, como tuvo que salir a explicar el presidente Santos, luego de que los empresarios, asustados, dijeran que la JEP se convertiría en “una cacería de brujas”.
Actualmente la Corte Constitucional está revisando el acto legislativo que aprobó el Congreso para crear la JEP y la Comisión de la Verdad, otro escenario donde Colombia tendrá una oportunidad para que todos los perpetradores rindan cuentas por igual. Mientras la primera (la JEP) tendrá en sus manos la judicialización de quienes acudan ante ella voluntariamente, o de quienes sean llamados a comparecer; la segunda (la Comisión de la Verdad) busca contribuir al esclarecimiento de las violaciones ocurridas en el conflicto: lo que tantas víctimas llevan años pidiendo. Son dos entes independientes. Y los dos serán espacios para que esos “terceros civiles” acepten su parte en esta guerra.
Como dice el informe “La paz, responsabilidad de todos”, de Pax Holanda y Dejusticia, “históricamente, los mecanismos de justicia transicional aprobados por el Estado han tratado a las empresas con benevolencia. Colombia tiene la oportunidad de cambiar esta injusta práctica”.
El mismo informe cita un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó 114 procesos de justicia transicional en el mundo y encontró que sólo 16 buscaron mecanismos judiciales o extrajudiciales, para tratar la llamada “complicidad corporativa”. Es decir, en 98 casos la justicia ignoró completamente la responsabilidad de las empresas y corporaciones. Para ellos esas violaciones no existieron, así hayan existido en informes de las comisiones de la verdad, en informes de derechos humanos y en pleitos jurídicos internacionales.
Un ejemplo claro de esto es Brasil. Sólo hasta el 2014 la Comisión Nacional de la Verdad estableció la colaboración de las empresas en la dictadura militar (1964-1985). Se demostró que decenas de empresas entregaron información para elaborar una “lista negra”, con los nombres y direcciones de 460 activistas sindicales. Volkswagen tenía el mayor número de empleados en la lista (73). Mercedes-Benz, Ford y Toyota también fueron mencionadas. En conclusión, el informe de la Comisión de la Verdad señala a 78 empresas y empresarios nacionales e internacionales que colaboraron con el régimen.
Ninguno de ellos tuvo que enfrentarse a un tribunal, debido a una amnistía decretada en 1979. Sin embargo las denuncias, y la presión social y judicial de las víctimas y otros grupos, han dado algunos frutos. En noviembre del 2015, en respuesta a una demanda civil, Volkswagen anunció que negociaría con la justicia brasileña un plan de reparación por su colaboración con la dictadura. Otro ejemplo es São Paulo, donde estudiantes presentaron una petición para eliminar el nombre de una calle relacionada con el empresario danés Henning Albert Boilesen, reconocido partidario de la represión.
En Sudáfrica y en Guatemala ocurrió lo mismo. En el primero, la Comisión de la Verdad entregó un informe con un listado de 32 organizaciones que colaboraron con el régimen del apartheid (1948-1990), en el que aparecen los bancos suizos Credit Suisse y UBS, la minera Anglo American y la corporación de armamento Armscor. Y esa información no dio paso a ningún proceso judicial, como tampoco lo dieron las revelaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, que señaló a 48 empresas y empresarios de fomentar represiones a activistas sindicales y líderes campesinos; de crear escuadrones de la muerte; de prestar sus aviones y pilotos privados para operaciones militares en contra de civiles, durante las dictaduras entre 1954 y 1996.
La explicación a la impunidad, en la mayoría de casos, es la misma: falta de voluntad política de los gobiernos, dificultades para encontrar evidencias sustanciales en los procesos. Y uno muy claro: el temor de los gobiernos de confrontar a las compañías en la etapa de reconstrucción económica del país después del conflicto.
Esos son los obstáculos que tendrá que sortear Colombia. No va a ser fácil. Pero es necesario, vital, para entender nuestra historia: las prácticas violentas en las regiones; el contexto, los orígenes y las causas del conflicto en los lugares donde las empresas o fueron colaboradoras o sufrieron violaciones.
Colombia tiene una nueva oportunidad. Y usted y yo, así como esos estudiantes brasileños, tenemos el deber de estar ahí vigilantes, atentos.
*Esta columna de opinión representa la voz del autor y no compromete la posición editorial de ¡Pacifista!
