Abogados y personajes públicos usan los tribunales para censurar, mientras alegan que el derecho a la honra y el buen nombre está por encima de la libertad de expresión. La mayoría no busca una rectificación, sino ahogar a quienes investigan con procesos que consumen tiempo y lesionan su estabilidad económica y emocional.
Por: La Liga contra el Silencio
Ignacio Gómez Gómez vive con su familia al suroriente de Bogotá, muy cerca de la antigua vía al Llano. Su casa, una de las pocas construida con bloques de arcilla y tejas de zinc, terminó embargada por error, en una demanda que el abogado Abelardo De La Espriella radicó contra otro Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias Uno.
El abogado demandó al periodista por “agredir su dignidad”, dos años después de que Gómez, en 2016, dijera en un tuit que De La Espriella había “recibido una absolución express” en un proceso disciplinario por presuntas irregularidades como apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. En el proceso que aún no termina, el abogado pidió embargar los bienes de Ignacio Gómez. Para ello entregó una lista de inmuebles donde figura el apartamento del periodista, pero también la casa de arcilla que tiene su tocayo al sur de Bogotá.
Este equívoco, que puso en riesgo la casa de don Ignacio y obligó al subdirector de Noticias Uno a defenderse en los tribunales por un trino en una red social, resume las consecuencias que puede desatar el acoso judicial contra periodistas.
Los posibles procesos varían. Abogados que actúan por cuenta propia, o en representación de personajes públicos, interponen tutelas que pueden provocar fallos de jueces donde se ordena la rectificación o la eliminación de publicaciones. También hay denuncias por injuria o calumnia que pueden llevar a sentencias con penas excarcelables de entre 16 y 54 meses; y multas de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales, unos mil millones de pesos.
Además puede haber demandas por responsabilidades civiles que buscan pagos de supuestos perjuicios económicos por el daño causado, como en el caso contra Ignacio Gómez. Abelardo De La Espriella se muestra en público como un abogado combativo que usa estas herramientas de forma recurrente para enfrentar a quienes él considera “pseudoperiodistas, que se creen los dueños de la verdad y la moral; que señalan y hacen aseveraciones, sin prueba de ninguna clase”, según ha dicho en redes sociales y entrevistas.
La abogada Ana Bejarano, directora y fundadora de la organización El Veinte, que defiende a periodistas en procesos que amenacen su libertad de expresión, explica que esta práctica se da cuando el uso de la justicia no busca ganar un pleito, sino silenciar o intimidar a un reportero. “No cualquier demanda o denuncia por cuenta de una información puede considerarse acoso judicial. Se da en circunstancias específicas. En muchos casos los procesos no están respaldados probatoriamente y solo buscan censurar”, dice.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado un aumento del acoso durante los últimos años. En el 2017 registró 17 casos; 38 en 2018 y 66 en 2019. Pero en estas cifras, según la fundación, hay un subregistro y solo muestran una parte del problema.
La demanda contra Ignacio Gómez ha cambiado varias veces y le han sumado otros hechos, como la publicación de algunas notas en Noticias Uno, relacionadas al caso de corrupción donde resultó condenado el exmagistrado Jorge Pretelt. Estas piezas periodísticas fueron realizadas por otro reportero, Guillermo Gómez, quien también terminó involucrado en el proceso. “Cogieron el trino que puse y le sumaron una discusión que tuve por mensaje directo de Twitter con la cuenta de Abelardo De La Espriella. Revolvieron todo en la demanda y luego sumaron las notas de Guillermo y me señalan por ser el editor de esa información”, cuenta Ignacio Gómez.
Según el periodista, la demanda, que tiene un monto de 20 millones de pesos, busca silenciar su trabajo y es una represalia por sus investigaciones sobre el exmagistrado Pretelt y el mismo De La Espriella. Gómez cuenta que el proceso comenzó después de enviar un derecho de petición a la Fiscalía, donde pidió los registros de cualquier investigación en contra del abogado.
Para Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, estos casos tienen un impacto psicológico sobre el periodista, por la angustia de afrontar los procesos y la “asfixia económica” que pueden generar las sanciones.
“Esto puede crear zonas silenciadas. Si hay temas que no se pueden tocar, es dramático para la sociedad y es dramático para la libertad de prensa”, explica Colombié.
Hay 14 periodistas denunciados o demandados por De La Espriella, según el registro que lleva la FLIP. En la lista figuran, entre otros, el columnista de El Espectador, Yohir Akerman; el periodista de La W, Yamid Palacios; el actual director de la fundación, Jonathan Bock; el director de La Mesa de Centro, Carlos Cortés; y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco. En 2018 el abogado demandó en Estados Unidos al presidente de noticias de Univisión, Daniel Coronell, pero tuvo que retirar la acción judicial en 2020.
Bock, Akerman, Cortés e Ignacio Gómez, en entrevistas con La Liga Contra el Silencio, coinciden en que De La Espriella no busca rectificación, sino involucrarlos en diligencias judiciales para que no vuelvan a mencionarlo en sus trabajos periodísticos. “En la audiencia de conciliación le pregunté qué debía rectificar y me dijo que tocaba quitar toda la columna y escribir otra pidiéndole perdón por haberlo comparado con un personaje mafioso”, cuenta Bock, quien fue demandado por De La Espriella en 2016, cuando publicó una pieza llamada ‘Better call Abelardo’. El título alude a la serie ‘Better call Saul’, que muestra la vida de un abogado experto en solucionar problemas a narcotraficantes.
Aunque los casos de De La Espriella en contra de los periodistas son los más reiterativos y mediáticos, existen otros abogados que recurren a los mismos procesos. Yohir Akerman contó que el abogado David Espinosa, representante del expresidente Álvaro Uribe, lo ha denunciado por una columna donde lo menciona.
“Es un matoneo jurídico y con consecuencias económicas cuyo único objetivo es censurar el mensaje. Se utilizó la justicia como una herramienta de matoneo, y no para defender un derecho primordial como es la libertad de expresión”, dijo el periodista.
Este matoneo tiene varias implicaciones para los periodistas. Lesiona sus finanzas, pues deben pagar abogados y, en muchos casos, viajar para responder los llamados de la justicia. Varios de ellos, denunciados o demandados por De La Espriella, han tenido que volar a Barranquilla porque el abogado interpone muchos de los procesos allí, donde tiene una oficina de su bufete.
Para Carlos Cortés, también demandado por De La Espriella tras opinar en un trino, es preocupante que algunos tomen decisiones desproporcionadas contra el periodista y quieran reprenderlo. “Uno puede tener críticas ante el ejercicio de un periodista, pero no puede llegar a decirle: ‘No puede volver a hablar de esta persona’. Ese tipo de acciones crean un antecedente nefasto”, dijo.
Según el periodista y abogado, varios fallos de la Corte Constitucional muestran que estas prácticas van en contra de la libertad de expresión. Pero algunos jueces en diferentes instancias permiten que estos procesos avancen, en contravía de lo expuesto por el alto tribunal. “El tema de fondo debe ser la judicialización del debate público, de cómo estamos tramitando las diferencias”, argumentó Cortés.
Según Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas, algunos jueces terminan valorando derechos a la intimidad o buen nombre por encima de un derecho fundamental como la libertad de expresión. “Personas que están sometidas al escrutinio público acuden a la justicia para que el periodista no investigue o publique información sobre ellos. Y en muchos casos los jueces se prestan en un grave problema de ponderación de derechos”, señala Hurtado.
El tema económico es central en estos procesos civiles y ha sido mencionado muchas veces por De La Espriella. “Me he dado cuenta (de) que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”, dijo en un programa en Youtube conducido por el político retirado Carlos Alonso Lucio (ver fragmento). La Liga contactó a De La Espriella, pero se negó a declarar. Solo exigió que este reportaje recordara su defensa de medios como la revista Semana. Después avisó: si cualquier persona se mete con su honra y buen nombre, procederá judicialmente.
Borren todo
Algunos abogados no solo actúan cuando los periodistas mencionan sus nombres en opiniones o investigaciones, sino que venden directamente este servicio a sus clientes. De La Espriella Lawyer Enterprise, empresa del abogado, ofrece Clean Ups, un servicio que promulga el derecho al olvido y se compromete con sus clientes a borrar toda la información negativa publicada sobre ellos en internet. En su página, la firma de abogados asegura que tiene 100 casos exitosos. Lo que promete es rastrear la información y contactar a los administradores del contenido para que lo desaparezcan; de lo contrario proceden con acciones legales.
La Flip ha señalado que la mayoría de estos procesos penales por injuria y calumnia no llegan a una condena o son archivados, pues casi nunca tienen un sustento que les dé posibilidades de éxito en la legislación colombiana. La organización recuerda que la Corte Constitucional ha fijado varios precedentes donde se protege la libertad de expresión sobre pretensiones particulares.
Los medios de comunicación Rutas del Conflicto, aliado de La Liga, y Armando Info, publicaron en 2017 un reportaje sobre las irregularidades financieras y los señalamientos de violación de derechos humanos de la desaparecida empresa petrolera Pacific Rubiales. Casi dos años después, Rutas del Conflicto recibió un correo electrónico de la empresa Ealixir Team, una firma de abogados radicada en Estados Unidos, en representación de José Francisco Arata, un directivo de la petrolera. La empresa pidió eliminar el nombre de su representado en los textos o “realizar la desindexación del artículo” para que saliera de Internet. El reportaje, decían, había afectado económicamente a su apoderado, así como su “imagen, honor y reputación”. La Liga pidió una entrevista a Ealixir Team, pero no hubo respuesta.
Otro caso reciente de acoso judicial ocurrió en agosto de 2020, cuando La Liga y sus aliados publicaron el reportaje ‘Los Mattos: retratos de una familia para enmarcar’, una investigación que reseñaba los señalamientos de vínculos entre el paramilitarismo y esa familia del Cesar. El portal de La Guajira, Tüü Pütchika, recibió una llamada de un hombre que se identificó como representante de los Mattos y advirtió que si no retiraban el reportaje de la web, procederían con un proceso judicial.
El número del que llamaron pertenece a Carlos Escobar, supuesto enlace entre un grupo de militares y el ‘hackeo’ contra los negociadores de paz de La Habana. Escobar aparece en internet involucrado a empresas como Maverick Latam, que han ofrecido servicios de protección de información en la web para sus clientes. La Liga llamó en varias ocasiones y envió mensajes de chat a Carlos Escobar, pero nunca contestó.
Acoso en las regiones
Los litigios entre periodistas y abogados pueden ser más nocivos en ciertas regiones; en zonas donde existe violencia y los recursos son limitados para ejercer la reportería. En el Bajo Cauca antioqueño está el caso de Sergio Mesa, periodista y estudiante de Derecho, quien ha enfrentado por lo menos 10 acciones de tutela y ocho denuncias por injuria o calumnia por parte de funcionarios de la Alcaldía de Caucasia.
En marzo de 2019, Mesa fue notificado de una tutela en su contra interpuesta por Orlando José Rodríguez, entonces director general del Hospital César Uribe Piedrahíta, por vulnerar su derecho al buen nombre, a la intimidad personal y a la honra. Con este recurso judicial, Rodríguez pretendía que el periodista borrara la información que publicó en redes sociales sobre un presunto acto de corrupción en el sistema de salud de Caucasia. Rodríguez además buscaba que Mesa se abstuviera de publicar sobre él en futuras investigaciones.
El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín negó la tutela al no comprobarse la vulneración de derechos. En la sentencia se argumenta que los comentarios y opiniones de Mesa son parte de su derecho a la libertad de expresión, al que ha dado prevalencia la Corte Constitucional por encima del derecho a la honra y el buen nombre. El argumento de fondo dice que la ciudadanía puede vigilar a las entidades públicas y sus directivos.
El entonces director del Hospital apeló la decisión del Juzgado y alegó que Mesa continuó con la investigación sobre corrupción que lo incluía, y no hubo rectificación en las publicaciones anteriores. El Juzgado Cuarto Civil Oral de Medellín, basado en que Orlado José Rodriguez dirigía una institución que maneja recursos del Estado, dijo que es “lógico que su gestión sea de interés de la sociedad y no es sorpresivo que sea blanco de críticas tanto positivas como negativas”. El juez en segunda instancia confirmó la sentencia.
A la tutela de Rodríguez se sumaron la de Félix Olmedo Arango, director científico del hospital de Caucasia, que meses después pasó a alcalde encargado de ese municipio; y la de Carlos Alfonso Orrego, coordinador de transición del Hospital de Caucasia y Puerto Berrío. Ambos alegaron vulneración del derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra.
Con cada entrega de su investigación, Mesa recibió tutelas de los funcionarios, pero continuó y publicó un reportaje donde reunió todos los hechos de corrupción que había denunciado. La Liga publicó en 2020 otro donde muestra cómo la administración de Arango intentó controlar lo que se decía de su gestión a través de tutelas contra el periodista Sergio Mesa.
Todas esas tutelas, entre marzo de 2019 y junio de 2020, fueron interpuestas por funcionarios del sistema de salud o de la alcaldía de Caucasia y presentadas por la misma abogada, Luz Aidé Gaviria. Desde que el alcalde Arango asumió el cargo, Gaviria se convirtió en su abogada de cabecera. En una entrevista con Minuto 30, la abogada amenazó con judicializar a quienes señalaran al mandatario. “Dentro de mis funciones en defensa del doctor Félix Olmedo Arango he ejercido diferentes acciones penales y constitucionales en contra de todas las personas que se han dedicado a esos ataques en redes sociales”, dijo.
Para Jonathan Bock, director de la FLIP, el acoso judicial tiene un efecto directo sobre la censura. “Es generar preocupación e intimidar al periodista. En muchos casos, el medio de comunicación prefiere no seguir investigando sobre el tema porque sabe que la otra parte dispone de herramientas judiciales”, explicó.
Sergio Mesa piensa que estos procesos son una estrategia para censurar su trabajo. “Ellos (los funcionarios del hospital y la Alcaldía) han hecho muchos intentos de aniquilamiento. Uno de ellos de manera judicial. Pero como todas las tutelas han fallado a mi favor, iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo el periodista. Mesa además ha recibido amenazas que lo obligaron a abandonar Caucasia rumbo a Medellín.
Para Juan Pablo Madrid, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, el acoso judicial en las regiones tiene mayores repercusiones.
“Un periodista en región tiene menos posibilidades de defenderse. El impacto es mucho más alto en lugares donde no hay tanto acceso a herramientas jurídicas. Incluso hay casos que no tenemos reportados”, dijo.
En Simití, Bolívar, un municipio golpeado por el conflicto armado, trabaja David Torres, director del periódico El Original, el único medio de comunicación que informa también Cantagallo, Santa Rosa, Gamarra y Puerto Wilches. Torres cubría las noticias y repartía el periódico en una chalupa, pero la quemaron cuando publicó investigaciones sobre corrupción en la Alcaldía de Simití.
Torres además ha enfrentado el acoso judicial de funcionarios municipales desde 2011, cuando pidió en un derecho de petición datos sobre la contratación de una ambulancia para el Hospital Regional San Antonio de Padua de Simití. La solicitud no fue respondida a tiempo; entonces el periódico interpuso una tutela. Según Torres, este recurso fue el inicio de una serie de tutelas y demandas por injuria y calumnia de parte de funcionarios del hospital cada vez que nombra a la entidad de salud en sus publicaciones.
Torres también investigó a varios jueces y fiscales por hechos de corrupción; entre ellos a Eduardo Cabello, uno de los encargados de fallar las denuncias que los funcionarios del hospital interpusieron contra el periodista. A Torres incluso se le acusó de incumplir el Protocolo de Ginebra, un acuerdo internacional que firman los Estados donde se regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados. Esta denuncia fue puesta por unos fiscales y jueces porque Torres, durante el cubrimiento de la captura de un comandante del ELN, tomó una fotografía del guerrillero herido en un hospital. Pero solo los Estados pueden violar estos protocolos; no un periodista de Simití. El proceso fue archivado sin respuesta.
Sumergido en procesos judiciales y con zozobra por su seguridad, Torres ha vivido estos años con miedo de ir a la cárcel, preocupado por tener que pagar su defensa y esperando que en cualquier momento surja una nueva denuncia en su contra.
El acoso funciona
Sandra Guerrero es corresponsal del diario El Heraldo en La Guajira. En sus años de reportera ha vivido diferentes experiencias de acoso judicial. Sin embargo, conciliar con los dueños de la Clínica de La Costa en Barranquilla la enfrentó a una situación diferente cuando decidió publicar en la web del diario la muerte de un niño wayúu por desnutrición.
La historia llegó tras la denuncia del líder indígena Javier Rojas, quien contó cómo fue trasladado el cuerpo del menor en una caja de cartón rumbo a La Guajira. Guerrero publicó la denuncia y fue agregando, con las horas, la versión de la clínica sobre los procedimientos que había hecho para un traslado digno del cuerpo con la funeraria. “Se publicó la información con todas las fuentes, en la web y en el impreso del periódico”, contó la periodista.
Meses después de la publicación, la clínica de La Costa interpuso una denuncia contra el periódico y la periodista alegando daño al buen nombre. Durante casi un año se atendió el proceso en la Fiscalía y no se llegó a ninguna conciliación, pues la periodista argumentaba que la información tenía todos los elementos de rigor. Finalmente el periodico tomó la decisión de eliminar la historia de la página web sin ningún fallo del proceso que se llevaba con la clínica.
“Me sentí frustrada, como si hubiera hecho la noticia mal. La denuncia existió, la foto de la caja también, y la explicación de la clínica y la funeraria sobre el traslado del cadáver. Es algo que lo hace sentir mal a uno”, confesó la periodista. Para Sandra Guerrero es evidente que el tema fue censurado.
“Los dueños de empresas, los gobernantes, no dicen lo que está pasando”, dijo.
Los procesos por injuria y calumnia pueden durar entre cinco y seis años, durante los cuales el periodista debe asumir gastos y un sinfín de diligencias judiciales antes de lograr una conciliación. Para Juan Pablo Madrid, de la FLIP, en muchas ocasiones el periodista decide retractarse de informaciones y bajar el contenido de los medios para evitar un proceso judicial que lo desgasta. “Es como tener una soga al cuello que en cualquier momento la pueden jalar”, concluyó.
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