Lecciones en “Alemán”

Aunque pactó una pena de ocho años, “El Alemán”, excomandante paramilitar, lleva nueve preso y el reloj sigue corriendo. Analizamos las implicaciones de los incumplimientos en su caso frente al proceso de paz con las Farc.

A Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, excomandante paramilitar, le cambiaron las reglas de juego. Así lo dijo él mismo en declaraciones desde la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí después de que una juez de ejecución de penas de Bogotá negara su solicitud de libertad por haber cumplido los ocho años de cárcel que pactó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Aunque la decisión de mantenerlo preso solo quedará en firme una vez se pronuncie el Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación que presentó su defensa, el caso de Rendón Herrera es, a juicio de analistas, un mensaje que debe generar reservas en las comisiones negociadoras de La Habana.

Mucho más si se tiene en cuenta que la posibilidad de que los máximos responsables de las Farc paguen o no cárcel en un escenario de justicia alternativa sigue siendo un punto de desencuentro tanto en Cuba como en Colombia.

Por una parte, sectores de la opinión consideran que la cárcel, así sea con penas reducidas, blinda el proceso de una eventual intervención de la justicia internacional. Por otra, y con esa posición coinciden las Farc, se encuentran quienes sostienen que no tiene sentido un proceso de negociación que represente una rendición y mucho menos, que encierre a una de las partes en las cárceles del otro bando.

Pero al margen de esa discusión, lo sucedido con “El Alemán”, quien lleva cerca de nueve años preso, plantea la pregunta sobre los mecanismos para garantizar que los jueces y el Estado cumplan los acuerdos que en materia penal se logren con la guerrilla.

Gustavo Duncan, profesor de la Universidad Eafit e integrante de la Comisión Histórica del Conflicto para el proceso de paz, dice que las atrocidades cometidas por los paramilitares se conocían antes de que se lograran los acuerdos que llevaron a la desmovilización de sus estructuras y a la definición de penas alternativas. Por esa razón, dice, la gravedad de sus delitos no puede ser un motivo para mantenerlos presos e incumplir lo pactado.

En ese sentido, asegura que uno de los mayores retos del Gobierno en relación con las Farc es posicionarse como una contraparte creíble, pese a los precedentes de incumplimiento. Además, afirma que casos como este, así correspondan a negociaciones y a momentos históricos distintos, sí tienen incidencia en La Habana.

“A la guerrilla más que preocuparle el caso de ‘El Alemán’, le preocupa la situación de ellos. Y para eso claro que es normal que echen mano del caso de los paramilitares”, dice el investigador.

A propósito de las declaraciones de Rendón Herrera, quien criticó por igual al Gobierno y a los jueces por el incumplimiento de las promesas de Ralito, Duncan va más allá y dice que, pese a la independencia de la justicia, el Presidente está llamado a solicitar que se respeten los acuerdos y de esa forma evitar que las Farc cuenten con un pretexto más para insistir en que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel.

“La negociación no se hizo bien”

El 13 de mayo de 2008 el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez levantó la suspensión de las órdenes de extradición de 14 jefes paramilitares que, como “El Alemán”, fueron a la cárcel con el compromiso de pagar penas alternativas que no superarían los ocho años.

Desde diferentes partes del país fueron trasladados al Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá y allí entregados a agentes de la DEA. Antes de que despuntara el día, Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Jorge 40” y otros once cabecillas de las autodefensas estaban en manos de autoridades de Estados Unidos y listos para viajar a su nuevo destino, una cárcel fuera de Colombia.

La justificación de entonces: “Algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, dijo Uribe ese mismo día en una alocución desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, para las víctimas que criticaron esa decisión, representaba el estancamiento de los procesos en Colombia y nuevas dificultades para acceder a la verdad que antes prometía la desmovilización de los grupos paramilitares. Si el proceso era paquidérmico en Colombia, desde Estados Unidos se paralizaría. En efecto y pese al recurso de las videoconferencias, la justicia a distancia sigue cojeando.

A ese antecedente, que ha sido explicado desde todos los puntos de vista, se suma ahora el caso de “El Alemán” de quien, pese a señalamientos, especialmente formulados desde Urabá, región donde operó bajo su mando el Bloque Élmer Cárdenas, no puede afirmarse que haya incumplido su parte en los acuerdos.

Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, la situación de Rendón Herrera demuestra que el proceso de Santa Fe de Ralito para el desmonte de los grupos paramilitares “no se hizo bien” y, desde su punto de vista, uno de los mayores errores tiene que ver con la forma como se abordó el delito de narcotráfico.

“Era insólito que no estuviera el tema de narcotráfico cuando estaban negociando con narcotraficantes, eso no se debatió, no se dijo: ‘ustedes, señores, ¿cómo van a desmontar el negocio?’”.

Según su análisis, dejar a un lado ese delito en la agenda de la negociación permitió en su momento dar la connotación política que requería el paramilitarismo para estar en un proceso de diálogo, sin embargo, abrió la puerta a que, por esa misma razón, no se pudieran cumplir los acuerdos suscritos.

“Se hizo esa negociación y ellos estaban convencidos de que saldrían libres, pero resulta que como no se incluyó ese delito cualquier persona les puede meter un proceso por narcotráfico. Esa es una trampa que le hizo el Estado a estos señores”, dice Valencia.

Por eso, agrega, es importante que ese tema haya hecho parte de la negociación con las Farc desde el inicio de los diálogos y que, tal como lo hizo Santos el año anterior, se insista en la necesidad de que se interprete el narcotráfico como un delito conexo al político, pese a las ampollas que el tema pueda generar.

Lo anterior significa que si bien el narcotráfico en ninguna parte del mundo puede calificarse como un delito político, sí es posible argumentar que, en el caso de las Farc, se utilizó como un mecanismo de financiación para su lucha armada y, en ese sentido, podría considerarse parte de un proceso de justicia alternativa.

Ahora, frente al mensaje que representa el caso de “El Alemán”, Valencia insiste en que es necesario que se tengan en cuenta los aprendizajes de procesos anteriores y el Gobierno intervenga formulando lo que denomina una estrategia de reconciliación.

“Yo he denunciado al paramilitarismo y sus barbaridades, pero el Estado no puede hacerle trampa a nadie. Lo de Justicia y Paz terminó como un sometimiento y lo que yo recomendaría es que haga una estrategia de reconciliación para que los paramilitares que vayan saliendo de las cárceles se encuentren con un proyecto que permita reintegrarlos, reconocerles que cumplieron, tratar de que no sigan delinquiendo, además de proteger a las víctimas”.