Por: Laura Rincón López
La regulación del uso del cannabis recreativo pasó su segundo debate con 105 votos a favor y 33 en contra. El proyecto había sido archivado tres veces consecutivas en esta instancia por falta de mayorías, pero ahora algunos activistas e investigadores sueñan con un Congreso que dé el primer paso hacia el fin de la “guerra contra las drogas”.
Aunque el festejo es más bien agridulce. Expertos advierten que la despenalización del cannabis es un paso necesario en el cambio de paradigma, pero tanto el Congreso como el presidente Gustavo Petro persisten en la estigmatización de los consumidores problemáticos, perpetúan la criminalización de las otras sustancias psicoactivas e ignoran a las comunidades campesinas.
¿De qué va la reforma?
El 21 de julio fue presentado el Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2022 para modificar el artículo 49 de la Constitución que prohíbe el porte y el consumo de cannabis junto a otras sustancias “estupefacientes o psicotrópicas” como la cocaína, la heroína, el opio y la metadona.
El artículo 49 de la Constitución ya había sido modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, en el que se incluyó la prohibición de estas sustancias y se estableció que, con consentimiento del ‘adicto’, el Estado brindaría medidas y tratamientos para su rehabilitación. El Congreso ha tratado de cambiar este artículo los últimos tres períodos: en 2019 fue archivado por vencimiento de plazos, y en 2020 y 2021 por no contar con mayorías suficientes para ser aprobado.
Lo que busca la reforma originalmente es añadir un párrafo al artículo 49 en que se exima el porte y uso recreativo del cannabis de la lista de sustancias prohibidas sólo para adultos, la prohibición seguiría vigente para menores de edad. A la par, el Proyecto de Ley 108 fue presentado el 5 de agosto, en el cual se explican los pormenores de la regulación según los principios de salud pública, prevención del consumo, comercio justo, desarrollo sostenible y justicia social.
¿Cómo va el trámite en el Congreso?
Algunos de los puntos añadidos en el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara tienen que ver con la prevención del consumo especialmente en contextos habitados por menores de edad como zonas escolares. Su ponente principal es Juan Carlos Lozada, un liberal que viene trabajando en el proyecto desde el 2019, y lo acompañan los senadores Jorge Ocampo, Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Daniel Carvalho, entre otros.
En el segundo debate, el pasado 11 de octubre, se hicieron aún más precisiones sobre el tratamiento de salud pública que recibirán los consumidores problemáticos, sobre la prevención y pedagogía enfocada en menores y las restricciones de consumo en zonas escolares.
La plenaria también decidió que serán los entes departamentales y municipales los encargados de recaudar los impuestos generados por el comercio legal de cannabis y que estos recursos deberán ser invertidos en los sectores salud y educación.
También quedó consignado que el Gobierno Nacional tendrá un plazo máximo de seis meses para implementar una política pública para “la prevención y el tratamiento de enfermedades y condiciones fisiológicas y psicológicas derivadas del consumo crónico de cannabis y sus derivados”.
¿Empieza el fin de ‘la guerra contra las drogas’?
Para los expertos regular el cannabis es un escalón apenas lógico en el largo camino del cambio de paradigma pero se persiste en las trampas del prohibicionismo desde los discursos de legisladores y gobernantes, así lo explica Julián Quintero, coordinador de Échele Cabeza, un proyecto de reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales con sede en Bogotá: “Es muy interesante el debate, creo que se está dando el mensaje que es, se está respondiendo a la tendencia mundial, el país cada vez está más maduro, pero por regular solo el cannabis y ganar en esta ocasión, para obtener los votos de los más conservadores y de la derecha vamos a terminar poniendo una tara muy difícil de quitar hacia el futuro”.
En esto coincide Pablo Zuleta, investigador del CESED, un centro de investigación de la Universidad de los Andes que promueve el debate amplio e informado sobre las políticas de seguridad y drogas en Colombia y América Latina: “En varias ocasiones el presidente, siendo candidato y ya posesionado en el cargo, ha hablado de la cocaína como veneno. Sigue con la idea de reemplazar la economía rural de los cultivos ilícitos por otro tipo de cultivos sin tener en cuenta la historia de las dinámicas de los mercados de marihuana, de la hoja de coca, de la cocaína y de la pasta base”. Y añade que: “La expectativa de cambio en las relaciones y convenios con los Estados Unidos es enorme, pero a la vez persiste el foco de atacar la oferta, los cultivos, desde una política centrada en prohibirlos”.
Quintero explica que la guerra contra las drogas es una manifestación de un sistema prohibicionista instalado hace más de medio siglo en el tejido social del país, no se puede hablar del final de ese paradigma si se legitiman las violencias estructurales contra los consumidores: “Es claro que el problema no es la guerra contra las drogas sino el prohibicionismo, la guerra contra las drogas es una de las manifestaciones violentas del prohibicionismo pero también se manifiesta en la educación con docentes, en el sistema de salud con médicos, en las calles con los policías; el estigma y la persecución de la sociedad también es guerra contra las drogas”.
En ese sentido, la reforma sería insuficiente para hablar de una ruptura total con el paradigma prohibicionista. Zuleta recomienda para los seis debates restantes cambiar el discurso de protección a los niños que se ha introducido para atraer sectores políticos más conservadores: “Mirar la regulación como una medida de salud pública: un proceso de regulación bien llevado con base en los principios de salud pública es preventivo. Los congresistas como líderes populares deben establecer un plan de educación preventiva dirigida a sus votantes en el cual se tenga como principio explicar que la regulación legal logra restringir el acceso de los menores de edad a la marihuana, y en el caso de la población adulta que quiera asumir el riesgo de usarla lo haga sobre la base de estar suficientemente informado sobre los riesgos sin que estos estén minimizados ni exagerados”.
Por otro lado, Samuel Barrera, abogado de la Asociación Agropecuaria e Indígena del Cannabis Medicinal en Toribío, municipio de Cauca, denuncia que se han violado los derechos de libre autodeterminación, soberanía alimentaria, medicinal y económica de los pueblos indígenas que cultivan el cannabis*. Barrera señala también que esta regulación genera recelo entre los cultivadores, pues las leyes que regulan el cannabis medicinal no han sido efectivas; él mismo lleva decenas de casos donde se han cometido infracciones por parte de las autoridades y violaciones de derechos a las poblaciones rurales.
Para Barrera, una reforma que no discrimine a las comunidades indígenas debería como mínimo hacer: “Un análisis de impacto normativo y regulatorio con consulta previa a comunidades, ya que el convenio 169 de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) y la Declaración de Pueblos Indígenas les da soberanía sobre las plantas que están en su territorio; que además se cree la categoría de productos artesanales y adicionalmente que cumplan lo ya acordado porque de nada han servido todas las leyes que dicen favorecer a indígenas con cannabis”.
De hecho, los argumentos que esgrimen los ponentes se enfocan mucho en la persuasión de los sectores más tradicionales de la política, con énfasis en las ganancias económicas que podría traer esta regulación para el país. El representante a la Cámara por la Circunscripción Espacial de Paz de Caquetá, John Fredy Valencia, advirtió antes de la votación final que es necesario dar un especial tratamiento a los territorios y comunidades que representan las curules de paz y el asunto quedó pendiente para los próximos debates.
¿Hasta cuándo seguirá la puja por la regulación?
Aunque la opinión pública aplaude los esfuerzos del Congreso por modernizar la política de drogas, hay detrás un historial de prohibición arraigado que se remonta al 2009 con el Acto Legislativo 02 que prohíbe a nivel constitucional el porte y consumo de cualquier sustancia psicoactiva y además faculta al Estado para proveer medidas y tratamientos a los consumidores.
Es solo hasta el 2016 que se debate y se aprueba la Ley 1787, norma que regula la expedición de licencias y despenalización para el uso médico y científico del cannabis. El año siguiente entra a regir el Código de Policía que en su artículo 33 prohíbe el uso de sustancias ilícitas con el objetivo de ‘preservar la tranquilidad y las relaciones respetuosas’.
No hay que olvidar que sigue vigente el decreto 1844 emitido por el expresidente Iván Duque que prohíbe nuevamente el porte y consumo de la dosis mínima y faculta a la Policía Nacional para decomisar y sancionar. En contrapeso, en 2019 a través de la Sentencia C-253, la Corte Constitucional declaró inexequibles el artículo 33 del Código de Policía con el argumento de que las prohibiciones eran amplias y coartan el libre desarrollo de la personalidad.
En el 2020 el cannabis es eliminado de la lista de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes por solicitud de la Organización Mundial de la Salud, una lista que reúne las sustancias que se consideran ‘dañinas y con beneficios médicos limitados’ y empieza a cambiar el panorama internacional, al punto de que en 2022 el presidente de Estados Unidos Joe Biden perdonó todas las condenas federales leves por posesión de marihuana en el país históricamente aliado a Colombia en la lucha contra las drogas: “Nadie debería ir a la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”, dijo.
Los ponentes esperan que la evidencia científica, sumada a la renovación del Congreso alcanzada en las urnas, más las promesas de mercantilización, sea la fórmula perfecta para aprobar la regulación del cannabis en Colombia, por su parte, expertos, activistas e investigadores del tema tienen muchas reservas sobre lo que pueda significar esta reforma para los consumidores y cultivadores.
*La comunidad indígena que reclama los derechos ancestrales del cannabis medicinal son los Jaguares protectores del tabaco del guerrero Tubú Hummurimassá.
