Las razones del Estado para reconocer su responsabilidad en el exterminio de la UP

Santos admitió que no se tomaron las medidas para evitar los ataques contra sus militantes.

Desde que una alianza criminal entre agentes estatales, narcotraficantes y paramilitares exterminó a la Unión Patriótica (UP), distintos sectores sociales y políticos han cuestionado al Estado por su incapacidad para proteger a quienes dejan las armas para participar en política legal. Mucho más, después de que las víctimas y varias organizaciones defensoras de derechos humanos consiguieran que la justicia encontrara responsable a la Nación y condenara a militares por la muerte de dirigentes y militantes de la UP.

Ese cuestionamiento también ha hecho parte de la agenda política de las Farc –la UP surgió en 1985 como resultado de las negociaciones de esa guerrilla con el presidente Belisario Betancur e integró a sus militantes y a diversos sectores sociales–. No en vano, en el Acuerdo Final al que llegaron el Gobierno y esa guerrilla el pasado 24 de agosto quedó constancia de que el Estado “tomará todas las medidas para asegurar que ningún partido o movimiento político en Colombia vuelva a ser victimizado y que lo ocurrido con la Unión Patriótica no se repita”. Además, las partes acordaron que, después de más de 20 años de litigio, el Gobierno buscará una solución amistosa con las víctimas de la UP que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el exterminio.

En el Acuerdo, el Gobierno y la guerrilla también se comprometieron a asumir públicamente su responsabilidad por los delitos cometidos durante el conflicto. Las Farc empezaron a realizar actos de ese tipo en 2015, en Bojayá (Chocó), y el Gobierno acaba de dar el primer paso con su acto de reconocimiento de responsabilidad por el exterminio de la UP. En él, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”.

Santos reconoció que los crímenes contra la UP afectaron el sistema democrático y que “es responsabilidad del Estado dar todas las garantías posibles para que eso no vuelva ocurrir, incluyendo la garantía de que sus agentes y la sociedad en general se abstengan de la estigmatización que tanto contribuyó a la violencia contra la UP”. En la sentencia de 2010 con la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por el asesinato del senador Manuel Cepeda, ese tribunal concluyó que altos funcionarios del Estado señalaron públicamente a la UP de ser un brazo político de las Farc y que esas declaraciones aumentaron los riesgos que experimentaban los militantes de esa colectividad.

Durante la ceremonia, la presidenta de la UP, Aída Avella, valoró la voluntad política del Gobierno y reafirmó el apoyo de su partido al “SÍ” en el plebiscito: “Hace 30 años se nos escapó la paz, porque mataron la esperanza, porque faltó grandeza, generosidad y amor por nuestro pueblo. La generación perdida nos hace falta en estos momentos históricos, pero ellos hablan por sí solos: (los candidatos presidenciales) Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, (el senador) Manuel Cepeda Vargas, las marías, las mercedes, las lucías, los pedros, los juanes, los alfonsos, los carlos. Este acto los dignifica y la aprobación de la paz será el primer acto de reparación a todos los que ofrendaron sus vidas para construir un país mejor, con justicia social”.

Avella le regaló a Santos dos libros con la historia de la UP y señaló la impunidad como “un factor multiplicador” de los crímenes contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales, campesinos, afrodescendientes e indígenas. También declaró que “tiene que ser proscrita la práctica que se convierte en estigma y que justifica socialmente la persecución: asumir que quien piensa distinto es enemigo y que por ello debe ser eliminado”.

Aunque en ninguna de sus sentencias la justicia ha podido develar los aparatos criminales que asesinaron entre mil y cuatro mil militantes de la UP, lo que sí ha dejado claro es que el Estado participó en los crímenes por acción y por omisión. En 1997 el Consejo de Estado condenó a la Nación por no haber protegido al candidato de la UP Jaime Pardo Leal y en 2014 ese alto tribunal llegó a la misma conclusión en el caso de Josué Giraldo, un dirigente de la UP y presidente del Comité Cívico por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta, asesinado en 1996.

Según la sentencia del caso Giraldo, el DAS le había asignado un escolta a ese dirigente después de que él mismo denunciara graves amenazas en su contra. Sin embargo, el día de su asesinato, el escolta estaba sancionado. Antes de que lo mataran, Giraldo le había dicho a un juez, a la Fiscalía y a la Policía que paramilitares al servicio del esmeraldero Víctor Carranza estaban en Villavicencio con la misión de atentar contra líderes sociales de izquierda y que, para ello, se “pasearon por todas las organizaciones de derechos humanos del departamento” en busca de información. No obstante, fue poco lo que el Estado hizo para protegerlo.

Un año antes del homicidio, un escolta del más tarde asesinado diputado por la UP Pedro Malagón le envió un informe al comandante del Departamento de Policía del Meta informando que “han llegado a la ciudad (Villavicencio) varios sujetos de las autodefensas, que pretenden realizar un atentado contra algunos de los miembros de la UP en esta ciudad”, incluyendo a Malagón y a Giraldo. En sus investigaciones, la Fiscalía concluyó más tarde que “miembros de alto rango del Batallón de Inteligencia del Ejército con sede en Villavicencio estarían colaborando con los planos trazados por los paramilitares” para matar a ambos dirigentes.

En 2010, la CIDH también determinó que, pese a que sabía del grave riesgo que corría, el Estado no protegió al senador Manuel Cepeda, asesinado en 1994. Cepeda era líder del Partido Comunista (PCC) y de la UP, y columnista del periódico Voz. Durante el trámite del caso, el Estado le pidió perdón a los familiares del congresista y reconoció su responsabilidad por acción y por omisión, teniendo en cuenta que dos sargentos del Ejército fueron condenados por su participación en los hechos.

Sin embargo, poco tiempo después, el Estado le dijo a la Corte que no tenía competencia para tratar el caso y que existía la percepción de que el PCC “no desarrollaba una actividad política exclusivamente, sino como un partido en función del fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria, particularmente de las Farc”. Y agregó que la relación entre el PCC y la UP, los orígenes de ese último partido y las actividades militares de las Farc “necesariamente pusieron en una situación de vulnerabilidad” a los militantes de la Unión Patriótica.

Al final, la Corte concluyó que el Ministerio de Defensa, el Congreso, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno de Bogotá sabían que Cepeda y otros militantes de la UP estaban en grave riesgo de ser asesinados, pero ninguna de las entidades hizo algo para protegerlo. Lo mismo decidió el Consejo de Estado en 2008.

Los crímenes no sólo se cometieron contra los dirigentes. En 1988, una alianza entre el congresista del Partido Liberal César García, paramilitares del Magdalena Medio y oficiales del Ejército, ejecutó la masacre de Segovia, en la que fueron asesinados 43 habitantes de ese pueblo antioqueño como retaliación por el éxito electoral de la UP. La justicia condenó a cinco militares por el crimen y, en 2010, la Corte Suprema de Justicia concluyó que García lo ideó luego de perder su influencia en la Alcaldía con el ascenso de la UP a esa entidad y a las mayorías en el Concejo. En 2015, el Estado colombiano y las víctimas llegaron a una solución amistosa a instancias de la CIDH para reparar los daños ocasionados durante y después de la masacre.

Muchas otras víctimas del exterminio están a la espera de una decisión de la CIDH, que desde 1997 tramita de manera colectiva y por separado más de mil homicidios contra líderes e integrantes de la UP, entre los que se incluyen el de Giraldo y la masacre de Campamento (Antioquia), ocurrida en 1990. Por eso, en su intervención durante el acto de reconocimiento de responsabilidad, Aída Avella le pidió que a Santos que haga lo mismo ante la Comisión, como una contribución a la reparación de las víctimas.

La Corporación Reiniciar, que abandera la lucha por la justicia en los casos de la UP, también expidió un comunicado en el que valoró el acto, aunque aclaró que “el reconocimiento que ha programado el Gobierno no tiene el alcance de resolver el caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no está dirigido a definir la manera como se repararía a las víctimas de la Unión Patriótica, ni a resolver la responsabilidad penal individual por los múltiples crímenes cometidos contra sus miembros”.

Pese a las sentencias, y a documentos periodísticos y de reconstrucción de memoria sobre el exterminio, aún se desconocen las telarañas de poder que se tejieron entre criminales y agentes estatales para destruir un partido político en ascenso. En su discurso, Santos prometió que la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz que se pactaron en La Habana ayudarán, por fin, a esclarecer lo ocurrido.