"Después de la firma de los acuerdos las mujeres quedan expuestas en sus entornos cotidianos".
La experiencia de los procesos de paz en el mundo demuestra que una vez firmados los acuerdos entre las partes enfrentadas, la violencia se mantiene durante años. El posacuerdo suele traer inseguridad para las comunidades, los territorios y las personas, pues la amenaza de surgimiento de nuevas expresiones armadas está latente una vez se termina la guerra. El antídoto contra estos riesgos es la recuperación de la gobernabilidad democrática, la aplicación a fondo de las reformas pactadas y el convertir la reconciliación en una realidad.
Al parecer Colombia no será la excepción. En el país se ha incrementado los asesinatos de lideres y lideresas desde el 2016. Muchos actores sociales afirman que se trata de un resurgimiento de los grupos paramilitares, mientras el Ministro del Interior y el Fiscal General de la Nación lo atribuyen a bandas criminales. El gobierno en general niega que se trate de acciones sistemáticas, planeadas para golpear el proceso de paz y especialmente la paz territorial y sus líderes.
Si bien las bandas criminales son responsables de algunos de estos asesinatos, tampoco se puede desconocer que hay una mutación del paramilitarismo. Que sus intereses en los territorios pone en la mira a las organizaciones sociales y sus dirigentes, que casi siempre se oponen a sus proyectos económicos y políticos, en los que hay en juego jugosas ganancias que quieren defender a sangre y fuego. Sin duda, el desarme de las Farc deja un espacio vacío que intentarán copar otros grupos armados. No hay que olvidar que las guerrillas actuaron en reemplazo de un Estado ausente o cuya presencia fue solo militar.
Estos matices y diversidad de situaciones tienen que ser analizados para buscar salidas multidimensionales y para tener eficacia en la deconstrucción de la violencia que debe hacerse durante la transición a la paz. Un proceso de largo plazo y duración.
En este contexto es preocupante el asesinato de mujeres, las amenazas y hostilidades que reciben por el ejercicio de su liderazgo. Según la organización Somos Defensores, el año pasado fueron asesinadas nueve defensoras de derechos humanos, es decir, el 11% de los 80 asesinatos reportados. También preocupa el incremento del feminicidio y en general la violencia contra de las mujeres, en formas que pueden catalogarse como tortura. Esto no solo ocurre en los territorios donde la guerra ha campeado sino en ciudades menos impactadas por la cotidianidad de la guerra.
Es claro que la firma del acuerdo y la construcción de la paz no trae consigo, automáticamente, la seguridad de las mujeres. Aunque el proceso de paz crea un ambiente propicio para la democratización y la resolución pacífica de los conflictos, no significa que automáticamente desaparezca o disminuya la violencia contra las mujeres, ni la desigualdad que viven en lo material, lo político y lo cultural. Situación que las hace aún más vulnerables a los riesgos de inseguridad presentes en el posconflicto.
Es un lugar común que después de la firma de los acuerdos las mujeres queden expuestas en sus entornos cotidianos. El regreso de los hombres que participaron en la guerra a sus casas, las secuelas traumáticas de su participación en ella, la tensión por restablecer el dominio masculino, son situaciones que terminan en conductas violentas contra las mujeres. Por eso se requiere hoy, más que nunca, contar con ellas para la construcción de la paz. El Estado y otros actores involucrados deben elevar el papel de las mujeres como agentes de cambio. Respecto a formas de violencia, se debe disponer de una política criminal que prevenga, investigue y sancione. Debe haber cero tolerancia frente a las conductas de violencia de género.
Es imperativa la búsqueda de salidas adecuadas para este problema. Salidas que pasan por un trabajo de corto, mediano y largo plazo centrado en la convivencia, la no violencia y la desmilitarización progresiva de los territorios. Así mismo se deben fortalecer los liderazgos democráticos, minimizar la polarización, y por parte del Estado un trabajo centrado en el desmantelamiento de las diversas estructuras criminales ilegales, llámense paramilitares y/o empresas criminales. Ello implica también la depuración y juzgamiento al interior de la fuerza pública de elementos o estructuras que colaboren de cualquier forma con grupos armados ilegales, los cuales no serán cobijados por la JEP.
El Estado debe ser hoy como nunca el garante de los derechos humanos, de la seguridad y del monopolio de la fuerza como lo ordena la Constitución. No puede dar mensajes de corrupción y de justificación de las violencias que operan en el país. Además de la aplicación a fondo del Acuerdo de Paz, debe avanzar en un enfoque de seguridad humanista donde la igualdad y la justicia social y política sean garantía para todos sus ciudadanos.
Los procesos transicionales no son lineales y es tarea de toda la sociedad caminar hacia un país mejor. Tenemos con que hacerlo. Los desafíos son monumentales pero no imposibles.
*Abogada y Coordinadora Nacional de la Ruta Pacifica de las Mujeres.
