Las huellas y los impactos que dejó el conflicto armado en las vidas y las familias de los militares y policías | ¡PACIFISTA!
Las huellas y los impactos que dejó el conflicto armado en las vidas y las familias de los militares y policías Ilustración: AN para Pacifista!
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Las huellas y los impactos que dejó el conflicto armado en las vidas y las familias de los militares y policías

José Puentes - Diciembre 28, 2020

Al menos 359.981 policías, soldados e integrantes de la Armada y la Fuerza Aérea sufrieron algún hecho victimizante en el marco del conflicto armado. Pero las heridas van más allá de los impactos físicos, pues ellos sienten que el Estado los abandonó luego de haber servido a la patria. Estas son algunas reflexiones que surgieron de los diálogos entre la Comisión de la Verdad y la Corporación PERCADI.

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La Comisión de la Verdad, en el marco de su mandato, adelantó en octubre de 2020 espacios de escucha, una metodología para el diálogo social para garantizar la escucha plural, con la Corporación Personas con Capacidades Diversas (PERCADI), que asocia a miembros de la Fuerza Pública (policías y militares) víctimas del conflicto armado y a sus familias. Estos espacios buscaron recoger las principales consideraciones de los policías y militares víctimas sobre las afectaciones de la guerra, los afrontamientos a la misma y recomendaciones para la no repetición. Todo esto contribuirá a la construcción del informe final que será entregado al país a finales de 2021.

* Cambiamos los nombres de la mayoría de las personas mencionadas en este artículo para proteger sus identidades.

 

Un día cualquiera de marzo de 2011. El hoy exsoldado Camilo Ramírez* y sus compañeros estaban tras dos campamentos de las antiguas FARC-EP en las montañas del Tolima. Ellos sabían que allí se escondían alias ‘El Abuelo’, un cabecilla de ese desmovilizado grupo armado, y alias ‘El Ratón’, quien hacia labores de inteligencia para las FARC-EP. Seguros de cumplir con la misión, desmantelar los campamentos y capturar a los dos guerrilleros, se acercaron sigilosamente hacia el objetivo. Pero antes de que pudieran reaccionar, a los soldados les lanzaron un cilindro bomba.

Ramírez, quien para esa época no superaba los 25 años, se llevó la peor parte del estallido del cilindro bomba. “Quedé mutilado como pueden evidenciar. Perdí las dos piernas y un brazo. Además, se me reventó un oído”. Sus compañeros de misión apenas se llevaron un susto. “La reacción de ellos fue dura. Ninguno se atrevió a canalizarme, a brindarme los primeros auxilios. Estaban en ‘shock’”. Y gracias a la asistencia de un sargento, Ramírez sobrevivió.

Una situación parecida vivió Édgar Bermúdez en 2005. Es oriundo de La Guajira, fue policía y para agosto de ese año estaba comisionado en el municipio de Policarpa, al norte de Nariño. El 16 de ese mes tuvo que ir con sus compañeros a un operativo de erradicación forzada de cultivos de coca en las montañas aledañas al corregimiento de El Ejido. En la noche, cuando descansaban, las FARC-EP los atacó. Fueron seis horas de fuego cruzado. Cuando el combate terminó, el comandante de la Policía les pidió hacer una revisión exhaustiva en el lugar. Quizá podrían decomisar municiones o capturar a algún guerrillero.

“Nos encontramos explosivos, detonadores, picas y palas. Cargamos todo eso para llevarlo al sitio donde nos estábamos quedando y en el camino caímos en un campo minado”. Uno de sus compañeros murió y Bermúdez terminó con lesiones en el rostro, pérdida bilateral de la visión, afectación acústica y múltiples cicatrices en el abdomen y en los brazos. Él apenas tenía 25 años por ese entonces.

 

“Desde ahí comencé a vivir en carne propia el horror no solo de la guerra sino también del olvido de las instituciones”: expolicía Édgar Bermúdez.

 

Entre enero de 1985 y agosto de este 2020, el conflicto armado en Colombia dejó 262.794 víctimas que fueron parte o todavía están vinculadas al Ejército Nacional. Esto según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Durante al menos 35 años, en contra de miembros de esta Fuerza Pública hubo 232.411 casos de desplazamiento forzado, 29.836 homicidios, 18.375 amenazas, 5.897 desapariciones forzadas, 5.852 afectaciones por minas antipersonal u otros explosivos, 3.138 atentados o ataques por parte de grupos armados ilegales y 1.280 secuestros.

Por el lado de la Policía Nacional, la guerra dejó a 62.990 víctimas que hicieron parte o aún integran está institución según los datos del RUV hasta junio de 2019. Entre los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado que más perjudicaron a estos uniformados están: el desplazamiento forzado con 54.135 casos, el homicidio con 12.432, la amenaza con 4.267, los ataques o atentados de grupos armados ilegales con 2.378 y la desaparición forzada con 1.564.

En cuanto a otros miembros de la Fuerza Pública, como la Armada y la Fuerza Aérea, el RUV reporta que hasta junio de 2019 están documentadas 29.646 víctimas para la primera institución y 4.551 para la segunda. Los hechos victimizantes que más afectaron a los miembros o exintegrantes de estas fuerzas son el desplazamiento forzado (29.420 casos en la Armada y 4.876 en la Fuerza Aérea) y el homicidio (3.751 y 440 casos respectivamente).

Para los exmilitares y expolicías que integran la Corporación Personas con Capacidades Diversas (PERCADI) y que fueron escuchados por la Comisión de la Verdad en octubre de este 2020, el conflicto armado no solo les dejó graves lesiones en sus cuerpos, sino también perjuicios en el entorno familiar y personal: la frustración por dejar sus carreras en el Ejército o la Policía, la impotencia por depender de otros para hacer tareas simples como moverse o ir al baño, las dificultades para socializar tanto con otras personas como en espacios públicos y la tristeza por haberle servido a un país que no reconoció el compromiso que demostraron cuando portaban el uniforme y a un Estado que no los atendió oportunamente ni los reparó integralmente.

 

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Diseño: AN para Pacifista!

 

Los impactos más allá de lo físico

“No estaba entre mis planes ingresar al Ejército, pero no me arrepiento. Estimo mucho a la institución. De hecho, todos los días visto alguna prenda militar para que en la calle me identifiquen como miembro de la Fuerza Pública”, comentó Ramírez en uno de los encuentros con la Comisión. Este exsoldado lleva nueve años tratado de rehacer su vida tras el ataque del que fue víctima. En ese mismo encuentro, Ramírez expresó que en 2013 el Ejército le dio la baja cuando superó una parte de su recuperación física y le entregó una indemnización y una pensión. Sin embargo, se siente frustrado porque el dinero que recibió de indemnización fue insuficiente y la pensión no le alcanza para cubrir los servicios públicos y el mercado en su hogar. 

La indemnización, contó, se le fue en pagar medicamentos y otros gastos de su recuperación. “En serio, eso no alcanzó para un negocio pequeño o para la cuota inicial de una casa”. El orgullo que siente por haber pertenecido al Ejército contrasta con la decepcionante atención que recibió tanto él como su familia.

 

“Es doloroso. Dicen que somos héroes de la patria, pero no nos ayudan con algo —lo que sea— para avanzar en la vida. Yo di mi brazo y mis piernas, pero no hay reconocimiento”: exsoldado Camilo Ramírez.

 

Otro impacto que le provocó el ataque en el Tolima fue la limitación para trabajar y hacer tareas tan básicas como bañarse. Eso cambió radicalmente la dinámica en su hogar. Ahora depende de los cuidados de su esposa y de la pequeña pensión que recibe del Ejército. Por eso ambos salen a las calles todos los días a vender tintos, empanadas y jugos. Con eso completan el dinero que necesitan para cubrir sus gastos y los de sus dos hijos.

Anderson Pinilla* es otro exsoldado que en uno de los encuentros con la Comisión expresó decepción por la indemnización y el poco apoyo estatal que recibió luego de sufrir una grave lesión en el marco del conflicto armado. “Los beneficios económicos que nos entrega el Estado son irrisorios. A mí me indemnizaron mal y me dieron una pensión que a duras penas supera un salario mínimo”. Él perdió la vista en 2011 luego de que las FARC-EP le lanzaran un explosivo en medio de una emboscada, en el Huila. “Nos vemos sometidos por el abandono estatal, no somos visibilizados por la sociedad”.

A esa sensación de abandono hay que sumarle la impotencia por las pocas oportunidades que se le presentan para ingresar al mercado laboral debido a su discapacidad visual. Pinilla aseguró en el mismo encuentro que no entiende esa exclusión, pues sus demás sentidos funcionan correctamente y tiene la capacidad para trabajar en cualquier oficio. “A manera personal, yo considero que la reparación también es que nos formen para conseguir un empleo. Miren, recibimos programas educativos mediocres y poco dignos, que no se adaptan a lo que necesitamos”. Por esta situación, él considera que los exmilitares y expolicías víctimas pasaron de ser útiles para la guerra a desechos del Ejército, la Policía y las demás instituciones del sector defensa.

“Mi reflexión sobre lo que hemos vivido parte de una palabra: dolor de patria. No es un dolor físico, es un dolor que sentimos los que estuvimos combatiendo al ver cómo somos abandonados por el Estado”. William Ortiz* también fue soldado. En 2011 cayó en un campo minado en el municipio de Uribe, al sur del Meta. Sus pies y rodillas terminaron gravemente lastimadas, lo que le impide moverse con normalidad.

 

“Después de empuñar las armas contra el enemigo, ahora nos toca empuñar las vías jurídicas contra el Ministerio de Defensa para que nos ayude con lo mínimo que necesitamos”: exsoldado William Ortiz.

 

Desde hace unos años, y a raíz de los problemas que enfrentar exmiembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado, se conforma la Corporación PERCADI, con la cual se busca ayudar y dignificar la vida de aquellos exmilitares y expolicías que adquirieron alguna discapacidad física, psicológica o sensorial. También a sus familias, quienes cumplen un rol fundamental como cuidadores y apoyo emocional.

Quienes hablaron en los encuentros con la Comisión son parte de PERCADI. Entienden muy bien la frustración, la tristeza y la impotencia que sienten otros exmiembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado. “Es que nosotros estuvimos en una guerra que no es de nosotros y quedamos con limitaciones fuertes. Eso lo deja pensando a uno: ahora, ¿a quién le sirvo?”, dijo Édgar Bermúdez.

Para María Elisa Pinto, directora de la Fundación Prolongar, que también ha acompañado a víctimas del conflicto armado, existen otros dos impactos adicionales a los que se evidencian en los relatos de los exsoldados y expolicías. “El primero es la transformación de la identidad. Normalmente son personas sobre las que cae el imaginario de guerreros, de héroes. Esa figura de masculinidad muy tradicional se rompe radicalmente”. Y el segundo está ligado con ese cambio de identidad: los proyectos de vida, enfocados al servicio y a la entrega absoluta por una causa, se trastocan y generan una transformación profunda para ellos y para sus familias. “Ahí se genera un cambio: ¿qué voy hacer ahora? Entonces, dentro del núcleo familiar y el entorno personal puede ocurrir una reconfiguración alrededor de la discapacidad para buscar oportunidades”. Convertirse en vocero de las víctimas o participar en deportes paraolímpicos están entre esas oportunidades.

 

La familia, una víctima colateral

En el segundo encuentro con la Comisión, los exmilitares y expolicías víctimas del conflicto armado que integran PERCADI y algunos de sus familiares expresaron que debieron cambiar sus vidas alrededor de la discapacidad. También en torno a la ausencia en el caso de aquellos miembros de la Fuerza Pública asesinados o desaparecidos. Por ejemplo, los hijos de Camilo Ramírez ya se acostumbraron a que su papá no jugará fútbol con ellos. “Al principio me preguntaban: ¿por qué le faltan las piernas? Es muy duro”, relató el exsoldado. Y su madre no puede ver
fotografías de él antes del ataque. “Se pone a llorar, no lo soporta”.

Además de los cambios que debieron asumir, existe una falta de reconocimiento a las familias como víctimas del conflicto armado por el daño que sufrieron sus seres queridos. En las conversaciones que se sostuvieron en los encuentros, se manifestó que existe un desconocimiento por parte del Estado sobre las huellas que también les dejó la guerra a nivel psicológico, económico y afectivo. Si bien no participaron en un combate o no resultaron heridas, estas familias no son incluidas en los planes y programas de reparación integral.

Pero, ¿qué pasa cuando ese hijo, esposo o hermano muere en combate? ¿O cuando lo desaparecen forzosamente? Las vidas de madres, esposas y hermanas toman otro rumbo: buscar justicia y verdad. Precisamente eso ha hecho Yolanda Hernández* desde noviembre de 2014. Ella es la madre de un policía que fue asesinado en un rincón del Pacífico nariñense. Las FARC-EP atacaron a un grupo de uniformados que cumplía una misión allí. Entre los policías estaba su hijo. “Le faltaban 10 días para terminar el trabajo que le encomendaron y cinco para cumplir los 27 años”.

Daniel*, su hijo, se había preparado para ser policía. Desde joven sabía que quería seguir la carrera de su padre, quien también hizo parte de la institución. Daniel llegó hasta el grado de subteniente. En 2014 lo enviaron a Nariño.

 

“Del grupo de uniformados, mi hijo fue el único que murió. Unos terminaron sordos, otros con un par de heridas. Y si se preguntan: ¿qué estaba haciendo Daniel? Nada malo. Cuidaba a los turistas que llegaban a esa zona”, contó Hernández.

 

Tras la muerte de Daniel, la Policía le prestó apoyo psicosocial a la familia de Hernández por un año. Pero el golpe para todos fue demoledor. Su padre no soportó el dolor de haber perdido al menor de sus hijos y dejó su empleo para vivir alejado en una finca. “Y yo con mis hijas —comentó Yolanda— nos quedamos en Bogotá para el proceso judicial”.

Han sido 6 años de diligencias judiciales y audiencias en Bogotá y Popayán, pues el caso terminó en un juzgado de la capital caucana. A ella le ha tocado sacar de su bolsillo para costear los viajes. “Esta es la hora en que no sé por qué mataron a mi hijo. Es un caso que está en una impunidad tremenda”.

A finales de este 2020 fue enviado a la cárcel el policía que facilitó el ataque de las FARC-EP contra el grupo de uniformados. Sin embargo, no han caído los responsables del asesinato de Daniel. Su madre quiere saber la razón que tuvieron para matarlo. “Queremos conocer a quien dio la orden del ataque”, reiteró. “Los de la exguerrilla no nos han dicho la verdad, nadie nos ha dicho algo”. En el encuentro con la Comisión, ella expresó que las respuestas al caso por parte de la justicia colombiana han sido confusas. Pese a esto, seguirá buscando la verdad. Es lo que más desea.

 

Algunas reflexiones y conclusiones sobre la reparación integral

De estos encuentros quedaron varias reflexiones y conclusiones sobre cómo debería ser la reparación integral para los exmilitares y expolicías victimas del conflicto armado, la necesidad de incluir a sus familias en este proceso y cuáles son las garantías que ellos requieren para aportar al esclarecimiento de la verdad y la reconciliación del país.

Acerca de cómo tendría que ser la reparación integral, Anderson Pinilla planteó que debe ir más allá de lo económico. Es decir, de la entrega de una indemnización o una pensión. Para él es clave que vaya de la mano con la inclusión laboral, educativa y social. Pero no solo para los exmiembros de la Fuerza Pública que resultaron víctimas del conflicto armado, también para sus familias.

 

“A pesar de que me he postulado a trabajos, no me ha sido factible ingresar al mundo laboral porque soy una persona con discapacidad visual. Esto lo menciono porque sería ideal que el Gobierno abra puestos de trabajo para nosotros. Somos agentes productivos”: exsoldado Pinilla.

 

Específicamente sobre la inclusión educativa, Pinilla recomendó agregar un componente diferencial para las víctimas, especialmente para las que adquirieron alguna discapacidad a causa de la guerra, en los programas académicos que les ofrecen. Esto porque los espacios físicos de formación y los currículos no son los más adecuadas para este tipo de víctimas.

El exsoldado Camilo Ramírez estuvo de acuerdo con Pinilla en que la reparación integral no debe quedarse en lo económico. Sin embargo, señaló que una adecuada indemnización o un programa que les brinde cierta estabilidad económica sí les mejoraría la calidad de vida a las víctimas y a sus familias. “Con la plata que me dieron no pude ni invertir en un negocio pequeño para subsistir. Repito: los servicios no se pagan solos y la pensión del Ejército no alcanza”.

Ramírez está seguro de que si el Estado reconoce a su esposa, a sus dos hijos y a él como víctimas del conflicto armado, sin importar que haya pertenecido al Ejército, la situación de su hogar mejoraría. Tendría acceso a vivienda y a trabajo digno, lo que necesita con urgencia en estos momentos.

Justamente la principal solicitud que hacen los exmilitares y expolicías víctimas es que el trato hacia ellos sea el mismo que reciben las demás víctimas del conflicto armado en Colombia. Sienten que hay una diferencia, que las entidades encargas de la reparación los excluyen por el hecho de haber integrado alguna de las instituciones que conforman la Fuerza Pública, que les ponen trabas a la hora hacer un trámite o cualquier diligencia para exigir sus derechos.

Por las anteriores conclusiones y reflexiones, los participantes en los encuentros resaltan que es clave crear una política pública de atención para estas víctimas, que sea diferencial hacia ellos y sus familias. Además, se necesita más integración con organismos que les ayuden a encontrar verdad y justicia o les brinden apoyo psicosocial. Solo de esa manera habrá garantías para que este sector de las victimas, históricamente invisibilizado y olvidado, participe en la reconciliación que requiere el país.