Lo preocupante no es solo que los estén matando, sino que no se están tomando las medidas para que esto no suceda.
Es lamentable, en nuestro país la violencia no para: la semana pasada registramos el número 74 en nuestro contador de líderes sociales asesinados. Que estos hechos sigan sucediendo en plena etapa de implementación de los acuerdos de paz y de elecciones nos deja una gran interrogante: ¿qué pasa con la seguridad de los líderes sociales?
Según un estudio del programa Somos Defensores, durante el gobierno Santos se han registrado amenazas de muerte a más de 3 mil líderes sociales y defensores de derechos humanos, principalmente en los santanderes, Antioquia, Cauca, Valle, Nariño, Atlántico, Meta y Bogotá, lugar donde las amenazas son más recurrentes y tienen más tiempo de permanencia.Al margen de esta cifra están las “amenazas invisibles”, que son las no denunciadas ni registradas.
El estudio también revela que la mayoría de personas amenazadas pertenecen a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Otro dato preocupante es que para 2015 casi la mitad de las amenazas estaban dirigidas dirigidas a mujeres.
¿Quién está encargado de proteger a los líderes sociales?
Los dos organismos del Estado que deben velar por la seguridad de los líderes sociales son la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Fiscalía es la encargada de investigar las amenazas y de judicializar a los responsables según sea el caso. Eso en el papel. El problema es que este organismo o no tiene los recursos para hacerlo o está demasiado ocupado investigando otros delitos: “En este momento la Fiscalía no tiene ni la capacidad técnica ni humana para investigar las amenazas”, dice Carlos Guevara Botero, del programa Somos Defensores.
Vale aclarar como salvedad que el número de homicidios que la Fiscalía debe atender por momentos es 10 veces mayor que el número de las amenazas. Con esto, la responsabilidad de la protección estatal a los líderes sociales queda casi únicamente en las manos de la UNP.
Como nos explicaron voceros de la UNP, la entidad es la encargada de coordinar y prestar el servicio de seguridad a las personas que soliciten una evaluación de nivel de riesgo y que, posteriormente, se compruebe que están en peligro. Las personas que protege la UNP son en su mayoría activistas sindicales, dirigentes de grupos políticos, representantes de grupos étnicos, defensores de derechos humanos, miembros del programa estatal Misión Médica, periodistas y víctimas.
Que una persona reciba protección depende de una decisión de un comité de la UNP , el cual evalúa una matriz de riesgo. El formato de esta matriz no ha cambiado desde hace 6 años, y de acuerdo con Guevara “está desactualizado. Desde hace 6 años hacia acá ha cambiado mucho el contexto”. Sobre la denuncia por la matriz de riesgo, la UNP considera que un lapso de seis años no es suficiente para decir que la matriz está desactualizada.
Para solicitar una evaluación de riesgo, lo que debe hacer una persona es llevar sus documentos de identidad radicados junto con un formulario a una oficina de la UNP. A partir de ahí, la entidad tendrá hasta tres meses para aplicar la matriz y determinar si el solicitante debe tener medidas de seguridad y cuáles.
Carlos Guevara también menciona otros dos inconvenientes para la protección de los líderes. El primero es la manera en la que llegan las amenazas, pues son cada vez más difíciles de rastrear o provocan tanto miedo que la víctima la no denuncia: “Los principales métodos de amenaza son el panfleto, el correo electrónico amenazador desde una dirección anónima, la intimidación directa, y la de Whatsapp, que representa un desafío tecnológico porque es muy difícil rastrear la fuente”.
El otro problema viene del lado de la Ley, pues las amenazas a líderes tienen que pasar por un sistema burocrático que a veces incluso las niega, en detrimento de quienes las reciben. Guevara cuenta: “Pasan cosas como: llega una amenaza en forma de panfleto de las Águilas Negras, una organización que el Gobierno mismo dice que no existe. ¿Cómo hacer una investigación si el mismo Gobierno niega la existencia del amenazador?”
¿Y qué pasa con la UNP?
La Unidad Nacional de Protección es una entidad estatal que, como muchas otras, ha estado involucrada en escándalos de corrupción. El organismo está haciendo una transición luego de una administración que tuvo desfalcos presupuestales millonarios, huelgas ocasionadas por el no pago de salarios y la renuncia de su entonces director, que ahora es investigado por la Procuraduría. También, en 2015, la Fiscalía abrió una investigación sobre una red dentro de la UNP que supuestamente recibía dineros a cambio de adjudicaciones en contratos de trabajos de seguridad.
Aunque las denuncias en contra de la UNP siguen en etapa de investigación, lo cierto es que la entidad sigue funcionando, incluso con más presupuesto. Al revisar la asignación presupuestal de la UNP se tiene que, mientras que en 2014 y 2015 el presupuesto fue de $ 387.000 millones, el de este año fue de $550.000 millones. El aumento, sin embargo, no ha representado un cambio significativo en la seguridad de los líderes, como confirma Ányela Guanga, lideresa que prefirió tomar otra forma de protección que seguir solicitando un esquema a la UNP.
La autoprotección
En una charla con ¡Pacifista!, la lideresa y candidata a la Cámara Anyela Guanga relató una amenaza de tipo confrontación directa que tuvo cerca a su casa. Dos tipos con capuchas, uno de ellos armado, la interceptaron a unas cuadras de su casa y le dijeron que tenía que irse del barrio por ‘sapa’.
Por episodios como este, ella y otros líderes han adoptado la autoprotección, que son las medidas que ellos mismos pueden tomar -sin UNP, sin armas y sin presupuesto- para garantizar su protección y seguridad.
La autoprotección, según cuenta Guanga, consiste en por ejemplo cambiar las rutas y vehículos de desplazamiento, no tener una rutina fija y conocer muy bien a las personas de las que se rodean. Consiste también a veces en aislarse, hacer gestiones sin que nadie los acompañe y esconderse.
“He tenido que tomar estas medidas de autoprotección porque a mí la UNP no me ha dado las medidas que requiero para mi seguridad”, remata Guanga.
