Alrededor de la detención de Álvaro Uribe muchos diferentes argumentos vacíos se han utilizado para deslegitimar. A continuación una recopilación de algunas de las falacias usadas para atacar y politizar el proceso judicial que enfrenta el expresidente.
La detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez suscitó un debate con una gran diversidad de argumentos. Sin embargo, varios de ellos carecen de bases sólidas o corresponden a falacias y lugares comunes. A continuación, un análisis de distintos abordajes errados que se han dado sobre el tema.
El detonante de las falacias fue la vinculación formal del expresidente a la investigación por presunto fraude procesal y sobornos. Resultado de un proceso que inició como una denuncia de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. El caso fue desestimado en febrero del 2018 cuando Cepeda no fue encontrado culpable, y la investigación fue redirigida a Uribe.
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La apelación a los sentimientos
Empecemos con la primera falacia, el argumentum ad pasiones, que corresponde a una manipulación de las emociones del oponente o del público en lugar de usar argumentos válidos. El objetivo de este elemento discursivo da paso a otras falacias como, por ejemplo, la apelación a la compasión y al victimismo, como se ve a continuación.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
En el tuit publicado por el mismo Uribe donde dio a conocer la noticia de su detención a nivel nacional, Uribe decía sentir tristeza por su esposa y su familia. Este primer enunciado ignora la cuestión de fondo, que es la presunta manipulación de testigos, y apela a despertar sentimientos de empatía con las figuras de sus familiares. El hecho de ser esposo y padre, no lo exime de sus responsabilidades.
Sin embargo, la segunda parte esboza que lamenta lo sucedido también por las personas que consideran que ha obrado bien por el país. Su labor como presidente tiene muchos matices, este no es el punto. Puede que haya hecho cosas buenas (y esto también es discutible), pero la forma en que lo dice no solo reduce la importancia del delito por el que está siendo investigado, sino que la ignora.
En tercer lugar, apela al patriotismo, un recurso que tiene fuerza solo si se apoya en sus copartidarios, pues hablar de patria desde un horizonte discursivo corresponde a un lugar común usado desde todos los sectores del espectro político. Al igual que los otros puntos precisamente mencionados, abordar el tema jurídico y no excusa ninguna responsabilidad.
Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados.
Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020
Un episodio más reciente para desviar la atención al trasfondo se dio cuando Uribe publicó en su Twitter una imagen con la mirada perdida y triste, acompañada de un mensaje donde afirmaba que fue privado de su libertad por “confrontar testimonios en su contra comprados por las Farc”, además de afirmar que no había pruebas en su contra.
Aquí vemos una intención de posar como víctima porque primero, su argumento aborda negativamente el proceso en el que está inmerso al calificarlo de comprado. Esto deslegitima a quienes lo señalan; y segundo, descalifica el material probatorio.
Entre las pruebas, destacan los testimonios de los exparas Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, quienes afirmaron que el expresidente estaría involucrado en la conformación de grupos paramilitares. También dan fe de las irregularidades cometidas por la defensa de Uribe en el caso encabezada por Diego Cadena.
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“Es innecesario que esté detenido mientras se resuelve el proceso”
La generalización apresurada es una falacia que resulta de inferir una conclusión general a partir de pruebas insuficientes. Esta práctica da paso a una suposición sin fundamento y por ende a una conclusión errónea. Los uribistas señalan que es inconstitucional que Uribe esté privado de la libertad alegando presunción de inocencia. Sin embargo, ignoran que hay excepciones y así, tal argumento queda obsoleto.
La decisión de la corte se basa en que cuando “existen motivos fundados que permiten inferir que el imputado podrá destruir, modificar, impedir, ocultar o falsificar” material probatorio es válido dictar la medida. No obstante, Jaime Granados, apoderado del expresidente, dice que se trata de un proceso sin garantías, sin ningún fundamento legal e infundado.
De igual manera, sus seguidores y copartidarios sostienen que es improcedente seguir con una reclusión por el “gran aporte a la seguridad y la economía” que hizo como presidente. Incluso si como presidente logró devolverles la seguridad a los colombianos – tal como dice la columna de Claudia Palacios en El Tiempo con tono muy generalizado, porque habría que ver a quienes y con qué consecuencias- no excusa que pueda saltarse la ley como muestra de agradecimiento. Palacios también señaló que, aunque “Uribe sea declarado culpable, eso no justifica incendiar el país para rechazar esta hipotética decisión judicial”.
Tal conclusión, referente a que la detención de Uribe desencadenaría un alzamiento violento por parte de los seguidores del expresidente, es apresurada y no ofrece suficiente información para respaldarla. Es cierto que, aunque el senador tiene un apoyo masivo y un gran poder de convocatoria, no existen indicios de un alzamiento violento. Similares amenazas llegaron con respecto a la firma de los acuerdos de paz en el 2016, y el ambiente permaneció dentro de lo habitual.
No obstante, esa fuerza popular con la que cuenta Uribe se refleja también en las otras ramas. Mientras la rama judicial, que impulsa el proceso en contra del líder, la ejecutiva y la legislativa sí cuentan como un respaldo y pese a la separación de poderes, han insistido en la medida debe replantearse para que “un ser humano íntegro ejerza en plenitud su defensa en libertad”, según dijo el presidente Iván Duque, irrespetando dicha separación.
¿Por qué la corte detuvo a Uribe mientras Santrich está libre?
La falacia aquí consiste en la descripción de una situación donde hay, producto de una observación general, una equivalencia entre ambos casos. No obstante, si se revisa en profundidad, surgen varias diferencias entre Santrich y Uribe.
Sobre Santrich es válido afirmar que estuvo preso 13 meses entre 2018 y 2019, y que su libertad se debió principalmente a que la justicia procedió erróneamente. A grandes rasgos, la Fiscalía, órgano que lo detuvo por delitos relacionados a la venta y tráfico de cocaína, no era la autoridad que podía imputarle cargos.
Cabe aclarar que Santrich tiene particularidades a la hora de ser juzgado: primero, por ser firmante de los acuerdos (por aquel entonces); y segundo porque para ese momento era congresista. Por lo tanto, y de probarse el delito, le correspondía a la JEP juzgarlo, si el hecho fue antes de la firma, o a la Corte Suprema, si fue después.
La Sala que Casación Penal de la CSJ ordenó que Santrich fuera liberado para continuar el proceso como correspondía. La Fiscalía lo liberó, y cuando ya tenía fecha para indagatoria (9 de julio), el ahora integrante de las disidencias de las FARC, ya se había dado a la fuga.
Confundidos?Si está claro! La corte Suprema hace mucho dejó de ser una institución creíble y de ella se apoderó un grupo ajeno a su misión que debe ser la aplicación correcta de justicia. Por su actuación hoy un asesino y narco como Santrich está libre. Debemos ser críticos! https://t.co/W5s6cs6JH5
— Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) August 5, 2020
El caso de Santrich, ahora con circular roja de Interpol, si bien, deja mal parada a la CSJ, cabe aclarar que quienes demandaron su liberación y quienes solicitaron la detención del expresidente, pese a pertenecer a la misma institución, no eran la mismas. En el caso de Uribe, la decisión la tomó la Sala Especial de Instrucción, mientras que quien liberó a Santrich fue la Sala de Casación.
Los comunicados oficiales y la persecución política
Una falacia también muy común en este tipo de casos es la “pista falsa”, que como su nombre indica, pretende desviar la atención del tema central e irse por las ramas para convencer pese a carecer de profundidad. Como recurso discursivo, puede conducir a una conclusión imprecisa. Esto se presentó en los documentos oficiales escritos en apoyo al expresidente.
En la carta redactada por la esposa de Álvaro Uribe, Lina Moreno que, entre otros apartes, enfatizó que “los jueces han permitido que el entorno y los intereses políticos dicten sentencia”. En la misiva, Moreno señala que los magistrados son influenciables por su condición de seres humanos, y al hacerlo desconoce la profundidad del caso que es la apertura de un proceso penal.
Un caso similar se vio en el comunicado que publicó el Centro Democrático sobre la detención de su líder. En el documento destacaron que las acusaciones dirigidas al expresidente responden al objetivo estratégico de la “izquierda radical internacional” de aniquilar su reputación. Este texto, además de apelar a emociones en otros apartes, alega una persecución política, y sobre este calificativo es necesario abordar varios puntos.
Primero, ambos documentos defienden la figura del expresidente, pero abordan superficialmente la razón por la que la Corte tomó la decisión, es decir, la investigación formal sobre fraude procesal y sobornos. Por lo tanto, desvían la conversación procurando hablar de la Corte o de una persecución y no sobre el detonante mismo del tema.
En segundo lugar, hacen mención de una persecución política y este calificativo suele ser un lugar común de líderes que se encuentran acorralados por procesos en su contra. Dicho sea de paso, definirse como perseguido es una estrategia ya conocida en este tipo de situaciones a nivel regional. Casos como Andrés Felipe Arias, o en su momento, Alberto Fujimori en Perú o Augusto Pinochet en Chile, dijeron que los procesos penales en su contra se trataban de una acción deliberada e ideológica.
Arias, quien fue condenado a 17 años por la Corte por celebración de contratos sin el cumplimiento de garantías legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ha sido protegido bajo falacias similares. El Centro Democrático y sus miembros han restado importancia a los cargos en su contra, han exaltado su figura y lo han tratado de mártir.
Uribe definió la condena de su exministro como ‘injusta’ y la senadora Paloma Valencia dijo sobre el caso de Agro Ingreso Seguro que “no es ilegal dar subsidios a los ricos”. En resumen, exaltan la simpatía del señalado e ignoran los hechos de fondo, que son esencialmente el origen de la discusión.
Incluso si se diera tal cual la apreciación de Lina Moreno, es decir, que el entorno y los intereses políticos hayan tenido influencia en la decisión de la Corte, la intención no le restaría una eventual culpabilidad ni la garantía de que deba ocurrir el debido proceso para esclarecer la responsabilidad de Uribe.
