El Consejo de Estado condenó al Ejército, la Policía, el Ministerio de Defensa y el hoy desaparecido DAS.
- Mural en homenaje a Jaime Garzón. Foto: Wikipedia
“En Colombia, la pregunta es: ¿quién nos va a matar?, ¿los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos?”.
A Jaime Garzón, la voz detrás de esa frase, lo asesinó hace 17 años una alianza entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. Así lo ratificó el Consejo de Estado en una sentencia que condenó a la Nación por el crimen del periodista y humorista político. A consideración del alto tribunal, miembros del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tienen responsabilidad en el crimen. La Policía y el Ministerio de Defensa también fueron condenados.
Esta es en la segunda sentencia del caso. Desde ese 13 de agosto de 1999, cuando Jaime Garzón fue aniquilado, la justicia solo había dado con un responsable: el desaparecido comandante paramilitar Carlos Castaño. Sin embargo, varios testigos y las acusaciones de la Fiscalía apuntaban a que el jefe de las AUC no actuó solo, pues apenas era una ficha del entramado criminal que cometió el asesinato. De hecho, el alto tribunal relató que “organismos de seguridad del Estado” le entregaron a Castaño información de inteligencia e interceptación de comunicaciones de Garzón.
Esta decisión judicial, que ordena al Estado una indemnización por $900 millones, empieza a acabar con la impunidad 17 años después del crimen. Para entender la importancia de la sentencia, en ¡Pacifista! decidimos explicar los puntos claves de la decisión. Aquí se los dejamos.
Fue una ejecución extrajudicial
Para el Consejo de Estado, el crimen fue una ejecución extrajudicial porque ocurrió “en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal” contra personas con “características políticas comunes”. Incluso, el alto tribunal habla de una “persecución de los que eran blanco algunos líderes de izquierda”.
Ahí entraban ONG’s, defensores de derechos humanos, periodistas y por supuesto Garzón, dada la gestión humanitaria que adelantaba con la Gobernación de Cundinamarca para liberar secuestrados. En pocas palabras, durante la época del crimen, las fuerzas del Estado que, se supone, debían proteger a los ciudadanos, tenían en la mira a un grupo de civiles.
¿Crimen de lesa humanidad?
Aunque lo menciona ‘de pasada’, el Consejo de Estado se refirió al crimen como uno de lesa humanidad. Sin extenderse en valoraciones, los magistrados dejaron entrever que la naturaleza de la alianza criminal entre la Fuerza Pública y los paramilitares es suficiente, para ellos, para que el asesinato de Jaime Garzón sea tipificado de esa manera.
Según explica la sentencia, las autodefensas cometieron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos: desapariciones, ejecuciones, torturas, masacres, entre otras; mientras miembros estatales decidieron “permitir y colaborar” con estas actividades delictivas. Ahí entra el caso Garzón.
El Estado falló en proteger a Garzón
Uno de los argumentos del DAS para oponerse a esta demanda administrativa por la muerte de Jaime Garzón era que él no había pedido seguridad o protección cuando fue amenazado. No pocas veces el periodista manifestó que Castaño lo tenía intimidado y que temía por su vida. Incluso, tres días antes de su asesinato intentó comunicarse con el comandante paramilitar a través de Ángel Gaitán, también miembro de las autodefensas.
Para el Consejo de Estado es claro que, así no hubiera una solicitud de protección, hubo “una aberrante falla del servicio a cargo del Estado, la cual determinó la muerte” de Jaime Garzón. Además, como se ha reiterado, el asesinato no fue planeado únicamente por Castaño ni fue “consecuencia de un acto impulsivo o de venganza personal del autor intelectual”, sino que “estuvo secundado por miembros de la Fuerza Pública”.
Prueba de ello son los seguimientos e interceptaciones ilegales que miembros de inteligencia de la Fuerza Pública le hicieron a Jaime Garzón y que terminaron en manos de Castaño. Así lo revelan los testimonios de los exparamilitares Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, y Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, que coinciden en afirmar que la información la recibía el jefe de las AUC “directamente” de “organismos de seguridad del Estado”.
¿Quiénes están procesados?
Los hombres detrás de la información que le llegaba a Castaño serían el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, entonces director de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional, y el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez. Ambos enfrentan procesos penales por este caso. Según infiere del Consejo de Estado, los dos fueron “aliados del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil en la “lucha antisubversiva”.
De ahí que, además de trasmitirle “información de inteligencia sobre personas u organizaciones con -presuntos- vínculos con la guerrilla” también podían transmitirle “la idea de eliminar a tales individuos como ocurrió con el señor Jaime Garzón Forero”. La Fiscalía acusa a Plazas de ser coautor en el crimen del periodista y a Narváez de determinador.
Reparación
En no más de dos meses el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, y el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, deberán realizar un acto para presentar “excusas públicas a los familiares” de Jaime Garzón.
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La decisión del Consejo de Estado confirma una de las tantas frases que Jaime Garzón dejó grabadas en la memoria del país y que describían su época: “Los paramilitares son la clara demostración de que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto”.
