Gobierno y Farc presentaron los acuerdos que moldean la transición de la guerrilla hacia la vida civil.

El presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, encabezaron este jueves en La Habana el acto en que se presentaron los detalles del acuerdo para el cese bilateral y definitivo de hostilidades.

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El Fin del Conflicto es el tercer punto de la agenda de negociación que fue ratificada hace ya casi cuatro años en Oslo, Noruega. Este acuerdo representa el punto final de la confrontación armada entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc después de 52 años.

Además, las partes hicieron un anuncio que no estaba previsto: llegaron a un acuerdo para la refrendación popular de los acuerdos de paz. El pacto consiste en aceptar el mecanismo que surja del análisis que hace la Corte Constitucional de la ley que crea el plebiscito por la paz.

En la lectura de lo acordado hoy estuvo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y varios presidentes latinoamericanos, como Nicolás Maduro de Venezuela y Michelle Bachelet, de Chile.

Estos son los aspectos más importantes del acuerdo que abre la puerta del fin de la guerra en Colombia:

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La primera clave de lo anunciado este jueves es el acuerdo para un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre las Farc y los organismos de seguridad del Estado colombiano. Representa el punto final del enfrentamiento armado para empezar la aplicación de los demás acuerdos y el proceso de reincorporación a la civilidad de los combatientes.

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Para el cese al fuego se definió que habrá 23 zonas veredales transitorias de normalización y ocho campamentos. En esos lugares se ubicarán los combatientes de las Farc para la dejación de las armas “e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses”.

El acuerdo precisa que las zonas serán territoriales, temporales y transitorias. En ellas no podrá haber manifestaciones de carácter político y habrá una zona segura de un kilómetro a la redonda donde no podrán ubicarse efectivos de las Farc ni de la Fuerza Pública.

Cada zona contará con equipos de monitoreo local. “Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno”.

Las partes se comprometieron a que la ubicación de esas zonas no implicará ninguna limitación para las actividades de las autoridades civiles no armadas. Igualmente, no deberá afectar las actividades económicas, políticas y sociales de las regiones.

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El proceso de traslado de las unidades guerrilleras a esas zonas se iniciará cinco días después de la firma del acuerdo final de paz. Para ello, la Fuerza Pública iniciará al día siguiente de ese acuerdo la reorganización de sus tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las Farc.

El acuerdo anunciado hoy también establece que, por cada zona, habrá un grupo de 10 guerrilleros que podrán movilizarse por fuera de ellas a nivel municipal y departamental “en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz”. Tendrán que hacerlo de civil, sin armas y con los protocolos de seguridad acordados.

Igualmente, las Farc designarán un grupo general de 60 guerrilleros que estarán autorizados para desplazarse a nivel nacional, también para efectos del acuerdo y con iguales condiciones.

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Tal y como ya había sido anunciado, el monitoreo y verificación de esas zonas estará a cargo de un componente internacional coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En los campamentos guerrilleros establecidos en esas zonas no podrá haber haber población civil. Esos lugares estarán ubicados de forma que faciliten las tareas de monitoreo y verificación. Estará prohibido el porte y tenencia de armas para la población civil en esas zonas. En caso de que sea necesaria la presencia de la Policía u otra autoridad armada del Estado, se hará informando al mecanismo de monitoreo para que coordine su ingreso de acuerdo con los protocolos pactados.

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La dejación de armas será un procedimiento “técnico, trazable y verificable”. Naciones Unidas recibirá la totalidad del armamento de las Farc para destinarlo a la construcción de tres monumentos. De acuerdo con el comunicado, será un procedimiento que  “se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”.

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La entrega de armas se iniciará con la firma del acuerdo final. Lo pactado contempla que el 30% de ellas sea entregado en los primeros 90 días, un 30% más hasta los 120 días posteriores al acuerdo y el 40% restante antes de los primeros 150 días.

Cada zona tendrá “un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación”

Una vez se haya hecho la entrega total del armamento antes de los primeros 150 días después del acuerdo final, la ONU tendrá hasta el día 180 para hacer la extracción total de las armas. Entonces, en esa fecha se darán por terminadas las zonas de ubicación, el proceso de entrega de armas y el cese al fuego bilateral.

El mismo punto del acuerdo establece que las Farc contribuirán “por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal”, material de guerra y explosivos que se encuentren en los territorios donde desarrollaron sus operaciones.

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El Gobierno intensificará las acciones contras las organizaciones criminales que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios para que se rompa el vínculo entre política y armas. Por su parte, las Farc “asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales”.

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El acuerdo también crea una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Ese escenario será presidido por el Presidente de la República y “tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución”. Igualmente, se creará una unidad especial en la Fiscalía para “el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

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Se creará también “un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios”.

Los alcances del acuerdo en materia de seguridad no se limitan a los excombatientes y a los integrantes de organizaciones sociales y políticas que surjan de la negociación. De acuerdo con el texto, habrá “medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios”.

Ese sistema también incluye la creación de un cuerpo de protección en la Unidad Nacional de Protección para los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

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Finalmente, la sorpresa en los anuncios de este miércoles es la referida al proceso de refrendación. Las partes acordaron aceptar la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley que crea el plebiscito por la paz. De esa forma, el Gobierno y las Farc acogerán, ya sea el plebiscito, o el mecanismo con las modificaciones que salgan del análisis de la Corte para que los colombianos acudan a las urnas a aprobar o rechazar el acuerdo final.