Personas LGBTI+ de las comunas 1, 5, 8 y 13 de Medellín contaron sus historias de violencia en un informe que recibió la Comisión de la Verdad.
La población LGBTI+ no se ha salvado del conflicto en Colombia. Tanto en los campos como en las ciudades, los actores armados siguen atacando a gays, lesbianas, trans, bisexuales… En general, a la diversidad sexual. Las laderas de Medellín, tristemente, son un ejemplo de esa situación, pues organizaciones como la Casa Diversa de la comuna 8 continúan recibiendo amenazas y viviendo desplazamientos.
La historia de la Casa Diversa le sirvió a la Universidad de California en Los Ángeles – UCLA, en los Estados Unidos, para investigar sobre cómo se ha dado la violencia contra la población LGBTI+ en Colombia en el marco del conflicto armado. De ese trabajo salió el informe ‘Vidas y territorios en disputa: dolor, memoria y lucha de población LGBTI+ en las laderas’, que esta semana fue entregado a la Comisión de la Verdad.
“Este informe nos da una mirada sobre lo que ha vivido la población LGBTI+ en contextos de conflicto armado urbano en las laderas de Medellín. También nos habla de la importancia de la participación de la sociedad civil para dar a conocer estas dinámicas”, explicó el coordinador regional de Antioquia de la Comisión de la Verdad durante el evento de entrega del informe.
Personas LBGTI+ de las comunas 1, 5, 8 y 13 de Medellín contaron sus historias de vida para este informe. Por ejemplo: Juansa, un hombre trans, habló de la violencia que le tocó soportar por su identidad sexual. Él, al igual que otras víctimas, encontró en el arte una forma de resistencia y construcción de memoria.
Arena Simbaqueba, investigadora de la UCLA, comentó que las víctimas escuchadas para el informe pudieron ser más, pero la desconfianza hacia las instituciones, la falta de garantías de seguridad a la hora de hablar y la instrumentalización de sus experiencias fueron algunos obstáculos para que las víctimas se sintieran cómodas y lograran compartir sus historias. Pese a esto, la UCLA encontró que las violencias más comunes contra la población LGBTI+ en las laderas de Medellín son la sexual, la económica y la simbólica. También identificó que son víctimas de agresiones estatales y desplazamiento forzado intraurbano.
El informe señala que los mayores responsables de esas violencias y agresiones son cercanos a las víctimas. Es decir, en algún momento de la vida ambos compartieron en espacios como el barrio o el colegio. Pero al margen de eso, ¿qué argumento usan para justificarse? La investigadora Amy E. Ritterbusch, una de las autoras del informe, explicó que emplearon esas violencias como medidas de corrección o disciplina sobre los cuerpos de las personas LGBTI+. Algo así como castigos por ser diversos, por tener identidades sexuales no binarias (hombre o mujer).
“A través de la violencia, tratan de determinar cómo se deben comportar los cuerpos según las normas sociales comunes y cuáles merecen no vivir”, dijo Ritterbusch. Además, los ataques de los actores armados sirven para enviar un mensaje a los barrios y las comunidades: nosotros controlamos todos, incluso las identidades sexuales de la gente.
El informe también explica que para escapar de esas violencias, las personas LGBTI+ de las laderas de Medellín no revelaban su identidad sexual; e incluso, se vinculan a grupos armados en busca de protección.
Las ocho personas que dieron su testimonio aseguraron que las desplazaron al menos una vez en la vida. Y dos de ellas se vieron obligadas a abandonar sus comunas durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid-19. Para estas víctimas, llegar a otra comuna “es volver a entrar al clóset”, así lo manifestó uno de los que participó con su testimonio en el informe.
Jhon Restrepo, el director de la Casa Diversa, explicó que la expulsión de los territorios y las comunas significa precarizar sus vidas y arrebatarles a las personas su construcción de identidad, frenar proyectos de vida y, en el caso de los líderes LGBTI+, frenar los procesos comunitarios.
Por eso, con este informe se pide el reconocimiento de la responsabilidad de las violencias por parte de los actores armados, incluida la Fuerza Pública. También se solicitan acciones concretas, que no se queden en lo simbólico: la protección a la vida de la población LGBTI+, justicia en todos los casos y garantías de no repetición.
Aquí pueden ver el evento completo de la entrega del informe a la Comisión de la Verdad:
