El informe ‘Lo que perdimos' hace un recuento de las agresiones que sufrió esta población por parte de grupos armados ilegales y la fuerza públia, puntualmente el Colectivo Crisálida de San Rafael y la Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín.
De acuerdo con el informe ‘Aniquilar la indiferencia’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la población LGBTI+ en Colombia ha vivido violencias de todo tipo debido a la existencia de normas de género y sexualidad muy arraigadas en nuestra sociedad. Esas normas están basadas en el pensamiento heterosexual que domina las dinámicas sociales del país. Y en el marco del conflicto armado, los grupos armados ilegales y algunos agentes del Estado emplearon violencias para controlar y castigar a quienes no seguían la heteronormatividad que caracteriza a la sociedad colombiana.
Un ejemplo de lo que explica el informe del CNMH es lo que ocurrió con la población LGBTI+ de San Rafael, un municipio de Antioquia. “Aquí ni los policías ni el Ejército ni los paramilitares nos querían. Nos decían: ‘No queremos pelos largos. Queremos que se corte el cabello, que se quiten aretes, que se despinten uñas’ (…) También nos decían: ‘Se pueden ir pa’ las casas. El día que los veamos, ahí mismo los matamos”, recuerda una víctima LGBTI+ del municipio.
Este testimonio hace parte del informe ‘Lo que perdimos’, un recuento de la violencia que sufrió la población LGBTI+ de Antioquia en el marco del conflicto armado, puntualmente el Colectivo Crisálida de San Rafael y la Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín. Este documento, que en su elaboración contó con el apoyo de Caribe Afirmativo, Asuntos Mundiales Canadá y Abogados Sin Fronteras, fue entregado a mediados de septiembre de este 2020 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, es el primer informe sobre violencia contra población LGBTI+ en el país que recibe esta entidad.
En el caso de la Casa Diversa, el documento recoge casos de amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, homicidios y otras agresiones que vivieron los miembros de ese colectivo durante 17 años. Entre 1997 y 2008 varios grupos paramilitares —con complicidad de la fuerza pública— cometieron actos violentos contra la población LGBTI+ de la Comuna 8. Y entre 2007 y 2014 las agresiones se intensificaron contra los integrantes de la Mesa LGBTI+ de la comuna, que es la creadora de la Casa Diversa.
En un artículo del portal Hacemos Memoria se narra uno de los primeros episodios de violencia que sufrió la Mesa. En 2007, año en que nace, se pintó un mural con la palabra ‘Convivencia’ y con los colores que representan la diversidad sexual sobre otro que que decía ‘Adolfo Paz, gracias por pacificar la comuna’. Ese nombre hacía referencia a ‘Don Berna’, jefe del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al poco tiempo, el mural de la Mesa fue borrado.
“Nos convertimos en una piedra en el zapato para los actores armados de la posdesmovilización de los paramilitares. Nos sacaban de todas partes, nos atropellaban, nos hacían tiros al aire”, le contó Jhon Restrepo, director de la Mesa, a Hacemos Memoria en 2017.
El informe enumera dos razones por las que las violencias se concentraron en contra de los miembros de la Mesa: la primera, por las identidades y orientaciones sexuales de cada integrante; y la segunda, “por el alto impacto social y político que estaba adquiriendo la Mesa, que le permitía apropiarse del espacio público y disputarse el poder político desde la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos”.
En una de las entrevistas que se hicieron para el documento, una víctima recordó que tres líderes de la Mesa fueron desplazados forzosamente y que debido a las amenazas les tocaba moverse en grupo para protegerse. “Hoy ya muchos no han vuelto a la comuna ni al proceso por miedo a que las violencia vuelva a ocurrir”.
En cuanto al Colectivo Crisálida de San Rafael, el informe señala que entre 1980 y 1990 el Ejército y la Policía detenían arbitrariamente a la población LGBTI+ del pueblo y las agredía físicamente en esos operativos. “Nos metían al calabozo y ahí mismo nos pegaban por ser gais o travestirnos, incluso con el apoyo de una personera del municipio”, contó una víctima. Y entre 1997 y 2001 los paramilitares que estaban en la región, con connivencia de la fuerza pública, hicieron amenazas y cometieron homicidios en contra de miembros del colectivo.
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“Los paramilitares mataron al líder del colectivo y nos desplazamos varios del pueblo por miedo”, recordó la víctima que habló para el informe. Las razones para violentar al colectivo, según Caribe Afirmativo, son dos: tanto los paramilitares como la fuerza pública consideraron que los miembros del colectivo habían ‘transgredido’ el orden social y estaban promoviendo la diversidad sexual.
Con la entrega a la JEP de ‘Lo que perdimos’ se espera el reconocimiento de las víctimas de la población LGBTI+ en el marco del conflicto armado, la justicia para esclarecer cada caso y la protección de los defensores de los derechos LGBTI+ del país.
