En el foro organizado por la U. Nacional y la ONU se recogieron opiniones sobre las eventuales zonas de concentración de las Farc y la dejación de armas.
Esta semana, como parte de las medidas que tomaron el Gobierno y las Farc para acelerar la firma del acuerdo final, la Universidad Nacional y Naciones Unidas realizan en Bogotá el último foro de los cinco que acordaron las partes para recoger las propuestas de los ciudadanos sobre los temas de la agenda que se discute en La Habana.
Este martes se agotó la recolección de propuestas sobre el punto tres o “fin del conflicto”, que incluye asuntos tan complejos como el cese al fuego bilateral, la dejación de armas, la reincorporación de las Farc a la vida civil y la seguridad de los excombatientes.
Varias fueron las posturas que se expusieron sobre esos temas. Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional e investigador sobre el conflicto armado, dijo que el proceso de paz con las Farc no soporta el modelo de Desarme, Desmovilización y Reincorporación (DDR) que se aplicó con las paramilitares y las guerrillas que dejaron las armas durante el siglo pasado.
Según él, el DDR sólo funciona para fuerzas “derrotadas” o “sometidas”, y ‘ese no es el caso de las Farc’. Para Medina, la entrega y la destrucción de armas, las ayudas económicas amarradas a programas de reintegración social y la creación de ‘frágiles’ proyectos políticos son inconvenientes en la actual coyuntura. Por eso, propone una ruta distinta, que él denomina Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).
El DNP de Medina asume que la dejación es una “declaración política que hacen las partes de no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos”. Esto es, que no es una rendición por parte de la guerrilla, y que debe entenderse como un gesto de paz y un compromiso con “la comunidad nacional e internacional”.
Partiendo de esa concepción, el académico asegura las Farc no van a “entregar las armas al Estado, pues esto sería considerado como un acto de derrota, lo que no está en los imaginarios de esta organización”. Por eso, propone que los fusiles se le entreguen a la comunidad internacional mientras se decide su destino final, que podría ser la destrucción o el uso como material de construcción de monumentos conmemorativos.
La otra opción, según él, es la polémica posibilidad de que otros Estados puedan comprar el armamento de las Farc y, con esos dineros, financiar el nuevo movimiento político que surja del tránsito de la guerrilla a la vida civil. Asimismo, esos recursos servirían para pagar los altos costos de la etapa de “Normalización”, que no es otra cosa que la reintegración de los excombatientes y el despliegue inicial del “trabajo político y organizativo” de las Farc en la legalidad, que abrirían paso a la fase de “Participación Política”.
Esta última incluiría la también cuestionada opción de que la guerrilla pueda “contar con un número de curules en senado, cámara, asambleas y concejos, durante al menos dos periodos”, lo que implicaría que se saltaran las elecciones, en las que sí deben competir los demás movimientos y partidos políticos. Para llevar a cabo estos procesos transitorios, Medina pide que se evalúe la propuesta de las Farc de los Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (Terrepaz).
Esa sugerencia de la guerrilla, que consiste en la delimitación de territorios especiales para realizar la reincorporación y poner en marcha regulaciones específicas, fue enfáticamente rechazada por el Gobierno. Ya en diciembre de 2015, el general (r) del Ejército Jorge Enrique Mora, miembro de la delegación gubernamental, dijo que “no estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables”.
Similar opinión expresó en el foro el general (r) del Ejército Henry Medina, quien dijo que “no puede haber fraccionamiento territorial”. Según él, la concentración de los combatientes de las Farc debe hacerse en “máximo tres áreas”, con el fin de impedir que la guerrilla adquiera “mayor influencia territorial” y ejerza ‘presión’ sobre las comunidades. Un número superior de zonas, en su opinión, traería consigo costos elevados y dificultades logísticas.
El general (r) Medina también dijo que ‘las Farc buscan que las Zonas de Reserva Campesina sean ampliadas para concentrar sus fuerzas y pagar allí las penas que les imponga la Jurisdicción Especial para la Paz’. En su concepto, una decisión como esa ‘obligaría’ a los combatientes a continuar obedeciendo las directrices de la comandancia, por lo que ‘lo más aconsejable es que los guerrilleros decidan sobre su ubicación, medios de vida y productividad económica’, una vez entreguen las armas.
Esas armas, opina el general (r), deben quedar a cargo de una comisión tripartita integrada por la ONU, el Gobierno y las Farc. Una vez puesta en marcha la etapa de posacuerdos, la ONU tendría vía libre para disponer de ellas, tal y como acuerden las partes en la mesa. Mientras tanto y durante el tiempo que dure la etapa de concentración, se les debe exigir a las Farc cesar “las actividades ligadas a la economía ilegal (extorsión) y al proselitismo armado”.
Andrés Gil, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica e integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, tiene una opinión muy distinta sobre las eventuales áreas de concentración de la guerrilla.
Según él, “las Farc no están pensando en administrar o ejercer control territorial en esas zonas, sino en ubicarse allí en unas condiciones favorables para ayudar en la implementación de los acuerdos, hacer el tránsito a la vida política y tener seguridad. Llámense como se llamen, de lo que estamos hablando es de la necesidad de establecer sitios geográficos donde la guerrilla se concentre y donde se empiecen a implementar los acuerdos con mayor dinamismo”.
Sobre la manera como impactaría la presencia de la guerrilla a las comunidades aledañas a esas zonas, Gil dice que “las Farc han interlocutado toda la vida con las comunidades y si no lo hubieran hecho no hubieran podido subsistir como movimiento guerrillero. Lo que creemos que va a haber en esos territorios es un escenario importante donde van a estar el Estado, la insurgencia movilizada hacia la vía política y la comunidad hablando los temas que le convienen a los campesinos”.
Estas y otras propuestas les serán entregadas a las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana, que están en la recta final de la negociación.
Al foro asisten unos 700 integrantes de organizaciones sociales y dirigentes políticos, que también presentaron sus propuestas en temas como lucha contra la corrupción y el paramilitarismo, y ajustes institucionales necesarios para la paz, que hacen parte del punto tres de la agenda.
