En Justicia y Paz se libra un pulso sobre cómo deben ser juzgados los civiles que apoyaron y financiaron el paramilitarismo.
- El frente Héctor Julio Peinado Becerra se desmovilizó en 2006. Foto: Alto Comisionado para la Paz
En julio pasado volvió a generar polémica la magistrada Alexandra Valencia, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. En su fallo contra un excomandante local del frente Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Valencia le pidió a la Fiscalía que abriera una investigación contra empleados de la empresa de gaseosas Postobón por, supuestamente, financiar a esa estructura paramilitar.
La solicitud se basó en una declaración que le entregó hace ocho años a la Fiscalía un patrullero raso y extorsionista del HJPB llamado Armando Madariaga, en la que asegura que los paramilitares de Aguachica (Cesar) obtenían dinero de extorsionar a comerciantes y vender mensualmente 15 cajas de gaseosas que les entregaba “el distribuidor de Postobón” por orden del “gerente” de la empresa.
Valencia le pidió a la Fiscalía que investigara el caso y dijo que, si los aportes de los supuestos empleados habían sido voluntarios, la Unidad de Víctimas debía asegurarse de que entregaran recursos para la reparación. La magistrada fue más allá y revivió una ambiciosa hipótesis suya que ha causado controversia en el pasado y según la cual las “esferas de poder político, militar, económico y empresarial” del país hicieron parte de grupos paramilitares y estuvieron detrás de la ejecución de los crímenes.
De ahí que, según ella, quienes apoyaron y promovieron el paramilitarismo deben ser juzgados por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron las AUC aun cuando no hayan participado directa o indirectamente en la planeación o la realización de esas conductas delictivas.
El escenario es imposible con las leyes actuales, pero Valencia lleva defendiéndolo desde finales de 2014, cuando en una sentencia contra el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso expuso una teoría que llamó “reloj de arena”. Se trata de una explicación del fenómeno paramilitar que argumenta que las estructuras confederadas en las AUC no sólo se componían de combatientes y colaboradores, sino también de líderes y jefes de gremios económicos, partidos políticos, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el DAS, que habrían puesto las instituciones públicas y privadas al servicio de la guerra.
En esa ocasión, la Procuraduría apeló el fallo alegando que no se podía afirmar “sin ningún fundamento que el paramilitarismo fue parte de la política estatal”. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón y concluyó que las afirmaciones de la sentencia eran “genéricas”, que los togados no podían especular sobre presuntas culpas institucionales y que las responsabilidades eran individuales. Es decir, dejó sin piso la teoría del reloj.
- Diagrama de la teoría del reloj de arena. Imagen: Sentencia de octubre de 2014 contra Salvatore Mancuso
Pese a ello, Valencia volvió a incorporar esos elementos en su decisión contra el HJPB y dijo que hubo una “integración estratégica” entre paramilitares e instituciones. En esta ocasión, también aseguró que las empresas que financiaron a los ‘paras’ debían ser condenadas como personas jurídicas y obligadas a pagar la reparación de las víctimas.
El hecho generó una fuerte reacción del también magistrado del Tribunal de Bogotá Eduardo Castellanos, quien dijo en un salvamento de voto que era “obstinado” retomar esa teoría, porque va contra las leyes colombianas y la tradición de los tribunales de justicia transicional de todo el mundo.
En el caso específico de Postobón, Castellanos opinó que la solicitud de investigar a la empresa no podía fundarse en el testimonio de un patrullero raso que ni siquiera dijo de cuál empleado hablaba, teniendo en cuenta que la compañía no tiene planta de producción en Aguachica y que cuenta con múltiples “gerencias nacionales y regionales en las diferentes áreas”. El togado también reclamó por el hecho de que durante las audiencias nunca se hubiera mencionado el tema ni se le hubiera permitido a Postobón controvertir los señalamientos.
Sin embargo, el magistrado fue enfático en que los empresarios sí deben “responder ante los tribunales de justicia transicional cuando instigan, colaboran o actúan como cómplices de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, pero cuando existan pruebas significativas sobre su responsabilidad, pues “no se puede afectar el buen nombre de una compañía y sus trabajadores o propietarios simplemente a partir de testimonios ambiguos”. Y puso como ejemplo el caso de las comercializadoras de banano Chiquita Brands y Banaldex en el Urabá antioqueño, que él incluyó en un fallo de 2015 por hallar pruebas entre la relación funcional y sostenida entre esas empresas y las AUC.
En el centro del debate está el pulso que se libra en las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Medellín por cuenta de las responsabilidades de civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas en la consolidación del fenómeno paramilitar. Mientras unos magistrados alegan que a partir del análisis de datos, documentos y declaraciones se puede afirmar que existieron relaciones orgánicas y que las condenas deben recaer sobre las instituciones, otros aseguran que los señalamientos deben ser individuales y basarse en pruebas concretas contra personas específicas.
El tema podría quedar saldado en la Jurisdicción Especial para la Paz que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana, a donde llegarán las 13 mil investigaciones que están estancadas en la justicia ordinaria contra los empresarios que presuntamente financiaron a las Autodefensas. Desde finales de 2015, la preparación de esos insumos está a cargo de un grupo de fiscales dedicado exclusivamente a impulsar las pesquisas sobre “paraeconomía” en 21 de los 32 departamentos del país.
De momento, y pocas horas después de emitida la sentencia contra el HJPB, Postobón emitió un breve comunicado en el que rechazó la decisión y declaró que “utilizará todos los recursos de ley para ejercer su defensa y proteger su buen nombre”. La empresa puede interponer una denuncia en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema alegando que hubo mala fe o hacer lobby en la Fiscalía y la Procuraduría para que pidan la anulación de partes de la sentencia. En ambos casos, la Corte tendrá la última palabra.
