Las organizaciones comunitarias aseguran que enfrentan a un nuevo victimario: las grandes empresas que desde 2009 iniciaron la compra masiva de tierras.
—Ahí donde lo ve, ese es uno de los mejores médicos tradicionales de la región —dice Esnaldo Jetar cuando su suegro, un hombre viejo y menudo, de pocos dientes, se atraviesa en el camino trepado en un caballo y saluda con el mentón. –Es capaz de tratarle a usted la enfermedad que sea con plantas y sin químicos. No hay nadie que conozca mejor estas tierras.
Esnaldo camina entre potreros, abre y cierra los broches de las fincas de sus compañeros, aprieta el paso para llegar antes de que oscurezca. Carga en sus hombros un morral con el logo de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. —Aquí empieza la finca de mi suegro— dice al llegar a un portón metálico— ¿no siente que el clima cambia? Adentro se pone más fresco porque todo es vegetación nativa—.
Camina al frente. Sin voltear mucho la mirada señala los árboles a lado y lado de la trocha. —Bosques como este son los que está tumbando Argos dizque para reforestar, ¿usted qué va a reforestar aquí? Es que mire, ¿uno cómo no se va a enamorar de esta tierra?— dice entre dientes cuando aparece, detrás de una choza, su cultivo de tabaco negro.
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—Oye, ¿Ovejas es uribista?—, pregunta desde el otro lado de un restaurante un comerciante de Carmen de Bolívar.
—No mucho—, responde un hombre que desayuna en una de las mesas.
—Pero sí tiene cierta aceptación ¿verdad?—, insiste el dueño del negocio.
—Es que si no hubiera sido por Uribe, aquí nos hubieran matado a todos—, contesta el ovejero.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez llena la plaza del Carmen cada que quiere. La llegada en 2002 de la política de seguridad democrática a la región representó, para algunos, sobre todo para los pobladores de las cabeceras municipales de los Montes de María, un respiro ante el asedio de la guerrilla que mataba, secuestraba y extorsionaba a los pobladores más “acomodados”.
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El 14 de marzo de 1996, guerrilleros del frente 35 de las Farc camuflaron una carga de 60 kilos de dinamita entre los bultos de hierba que cargaba un burro. Un hombre, vestido como campesino y con un sombrero que cubría su rostro, lo dejó frente a la estación de Policía de Chalán, Sucre. Lo detonaron a control remoto. Siete policías murieron. Cuatro más fueron ejecutados por los guerrilleros que se tomaron el pueblo después de la explosión del burro bomba. El colegio, el centro de salud y la Alcaldía quedaron destruidos.
El 18 de agosto de 2000, guerrilleros del frente 37 de las Farc, al mando de “Martín Caballero”, instalaron una bomba incendiaria frente a una ferretería ubicada muy cerca del parque principal de Carmen de Bolívar. Su propietario se había negado a pagar una extorsión. Tres niñas, compañeras de colegio, pasaban por el sitio. Murieron quemadas por las llamas de la explosión.
El 8 de octubre de 2004, guerrilleros del frente 35 de las Farc tumbaron la puerta de una casa en el municipio de Colosó, Sucre. Asesinaron a las cinco personas que estaban adentro, incluyendo a una mujer embarazada. El motivo de la masacre, según se dijo en el pueblo, es que una de las mujeres de la familia tenía una relación con un integrante de la Fuerza Pública.
Etc, etc, etc… Esos tres casos son apenas un ejemplo de la parte del mapa de violencia que dibujó la guerrilla en los Montes de María y que, a punta de masacres, completaron los paramilitares.
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—Al pueblo lo masacraron las AUC, pero las Farc también son responsables porque estaban asentadas allá, entre la gente. Pero también el Estado, que les prestó armas, uniformes y les abrió un callejón a los paras para que entraran—, dice Jairo Barreto, de la Asociación de Víctimas de Chengue, el corregimiento de Ovejas donde los paramilitares asesinaron a 28 personas el 17 de enero de 2001.
Tres victimarios: guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Los campesinos han estado en el medio. Hoy es una generación que heredó la formación política, la claridad en el discurso y la organización de las Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) que desde la década de 1970 ha liderado el reclamo por la tierra en la región.
No se oponen a la guerrilla, a los paramilitares o a la Fuerza Pública, se oponen a la violencia que, sin importar su origen, los expulsó y sembró el horror en la región. Esos hombres y mujeres, que tejen una amplia red de organizaciones sociales y comunitarias, reconocen a esos victimarios y dicen que hoy, como hace cuatro décadas, el problema sigue siendo la propiedad de la tierra.
Pero ahora, explican algunos de ellos, hay un nuevo victimario. Un ejército de compradores que se está quedando con la tierra que los campesinos trabajaron hasta que la violencia se los permitió. Un informe publicado en 2012 por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos[1] asegura que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, a marzo de ese mismo año más 32.200 hectáreas se compraron de forma masiva en la región. Un dato adicional a la cifra de 40 mil hectáreas que hasta 2011 el Ministerio de Agricultura tenía documentadas como adquiridas con irregularidades en los procesos de titulación.
Eso, agrega el informe, está cambiando las vocaciones productivas y ha generado una “empresarización del campo”: una nueva modalidad de concentración de la tierra antecedida por el despojo. Y en esa parte de la historia es donde entra Álvaro Uribe Vélez y los planes de consolidación territorial promovidos durante su gobierno, entre los cuales se priorizó la región de los Montes de María.
Esas intervenciones, que se echaron a andar en 2002, pretendían acompañar una gran ofensiva militar para desterrar a los grupos armados con el fortalecimiento de las instituciones del Estado, de la administración de justicia y el acceso a servicios públicos de las poblaciones afectadas.
El general (r) Rafael Colón, hoy al frente de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, llegó a los Montes de María en 2002 en calidad de comandante de las Fuerzas Especiales de la Armada. Su papel principal fue combatir las redes del paramilitarismo que se extendían por la zona costera, principalmente en el municipio de San Onofre.
Luego asumió diferentes posiciones, lideró esa estrategia de consolidación y enfrentó también a la guerrilla hasta 2008 cuando, asegura, los hombres a su cargo lograron la derrota militar de los grupos armados que operaban en la región. “Cuando llegué era dramático porque los ciudadanos no podían hacer uso de sus derechos, los alcaldes estaban temerosos, no podían cumplir con su labor por el miedo que tenían y la Fuerza Pública hacía, con los recursos a su disposición, todo el esfuerzo para contener dos amenazas distintas en dos zonas de la región tomadas por la guerrilla y por las autodefensas”.
Y en efecto, en el marco de esa ofensiva, las Fuerzas Militares lograron, por ejemplo, la muerte de “Martín Caballero” en un bombardeo en 2007 y poco después desmantelar casi por completo la estructura del frente 37 de las Farc. Esos resultados aún son celebrados, sobre todo en las cabeceras municipales —y muy particularmente en Carmen de Bolívar—, asediadas durante años por la violencia guerrillera.
Vea también: La paz pendiente de los Montes de María. La violencia que se fue, y la que llegó (Parte 2)
Sin embargo, para las organizaciones de campesinos, la ecuación es distinta. Dicen que la idea de pacificar los Montes de María no tenía el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, sino abrirle el camino a los grandes empresarios.
“Las AUC no vinieron a combatir con las Farc, vinieron a matar a la población civil. Eso fue planificado por la burguesía de extrema derecha que aprovechó esa coyuntura y limpió el territorio arrasando los Montes de María. Ese plan siguió después con el Sindicato Antioqueño que empezó a comprar tierras por medio de intermediarios, presionando a los campesinos y diciéndoles que esa era la única forma de pagar sus deudas”, comenta Esnaldo, el campesino del cultivo de tabaco.
Pero está de acuerdo en que sobre la guerrilla también recae buena parte de la responsabilidad en ese proceso de deterioro del tejido social y de la economía campesina. Por cuenta de sus armas, menos usadas para masacres y más para asesinatos selectivos, también cayeron muchos líderes que no se dejaron manipular. “El fusil de un combatiente nunca debe apuntar hacia el pueblo, pero las Farc se salieron de ese cause y arrasaron con todo lo que encontraban”, dice Esnaldo.
Él, quien trabaja la tierra que le prestó su suegro en la vereda Villa Colombia, hace parte de la Asociación de Campesinos Retornados de Ovejas, una organización conformada en 2004 cuando 30 familias desplazadas decidieron que ya era hora de dejar de padecer las condiciones de la ciudad y regresar a las tierras que les pertenecen desde 1975, cuando sus antecesores en la ANUC lograron la titulación colectiva de esos predios.
El camino nunca ha sido fácil. “La violencia empezó a mediados de los 80 cuando a los líderes de la ANUC empezaron a tildarlos de guerrilleros, eso bajó la intensidad del movimiento porque estar organizado era una carga y un riesgo. La primera masacre fue el 6 de septiembre del 97, fue la llegada oficial de los paramilitares a la zona norte de Ovejas, asesinaron a cinco compañeros, seis porque una estaba embarazada”, recuerda Esnaldo.
Entonces, con esas muertes vino el desplazamiento. Nunca se conoció una sentencia judicial sobre ese caso, pero en la zona aseguran que la instrucción de asesinar a los campesinos la dio el exsenador Álvaro “El Gordo” García, quien fue durante años el gran cacique electoral de Sucre. Hoy paga una condena de 40 años por vínculos con el paramilitarismo y, entre otros crímenes, por haber ordenado la masacre de Macayepo en la que murieron 15 campesinos el 16 de octubre de 2000.
“Hay impunidad —afirma Esnaldo— y nosotros decimos que para que haya reconciliación tiene que haber verdad. Es muy grave que se diga que estamos en posconflicto cuando no sabemos quiénes fueron los responsables de lo que pasó”.
“Soy un campesino sin tierra de los Montes de María”
De esas 30 familias, y de otras que se sumaron luego al retorno a Villa Colombia y a otras veredas cercanas, hoy solo quedan 14. Muchos se fueron luego de que en 2006 asesinaron al secretario de su asociación. Por esa persecución fueron declarados sujetos de reparación colectiva, pero aún no hay una decisión concreta sobre cómo serán resarcidos los daños que ha dejado la violencia.
Los que resisten aseguran que no se irán, pese a que su comedor escolar se cae a pedazos, a que el agua potable depende de la lluvia y de los filtros de cerámica donados por una fundación —a pesar de que el tubo que conecta los acueductos del Carmen y Ovejas está a menos de 500 metros de distancia de la escuela y de la parte céntrica de su comunidad—, y a que muchos trabajan en tierras prestadas mientras a su alrededor se cierra un círculo de teca.
“Soy un campesino sin tierra de los Montes de María—se presenta Carmelo Márquez, presidente de la asociación—. Desde 2009, cuando empezó la compra masiva de tierras, no he tenido la posibilidad de cultivar. Estamos pasando de ser campesinos productores, a ser consumidores. Ahora estamos convertidos en jornaleros”.
Y esa nueva forma de ser campesinos en los Montes de María les está ganando la batalla. Algunos de los que vendieron sus parcelas por presiones violentas o ahogados en las deudas que no pudieron pagar por el desplazamiento, solo pueden permanece en la región si trabajan para terceros. Cultivos como la teca —por medio de los cuales empresas como Argos dicen mitigar su impacto ambiental— , han sido presentados como generadores de riqueza. De acuerdo con datos de esa compañía, su proyecto cuenta en la actualidad con cerca de 2.700 hectáreas sembradas con esa especie en los departamentos de Sucre y Bolívar.
El proyecto genera poco más de 280 empleos pero, según la cementera, serían cerca de 2.800 si se pudiera avanzar en el proyecto inicial, que plantea la siembra con teca de 20.000 hectáreas. Ese objetivo se ha visto afectado por procesos judiciales de reclamación de tierras que, según Argos, fueron pagadas a precios justos y sin incurrir en fraudes.
Sin embargo, los campesinos se preguntan qué pasará cuando se cumplan los ciclos de entre 20 y 30 años que se requieren para que esos árboles sean convertidos en una de las maderas más costosas del mercado. Carmelo dice que la única forma de frenar ese proceso es declarar una Zona de Reserva Campesina para hacerle frente al modelo de desarrollo agroindustrial, generar autonomía y un cerco que les permita preservar su tierra y sus tradiciones.
También, piensa que para hablar de posconflicto se requiere un revolcón institucional que permita conocer quiénes fueron los que, dentro del Estado, permitieron las compras masivas de tierra, pese a que muchos predios estaban protegidos por encontrarse en una zona afectada por el conflicto y el desplazamiento. “Y esclarecer —continúa Carmelo— quienes fueron los políticos que se aliaron con esos grupos para cometer todas estas masacres”.
Ese es el recurso que proponen los campesinos para enfrentar la violencia que aún padecen, porque, como dice Esnaldo, “hay victimarios que no tienen que disparar un fusil. Hoy vivimos muchas guerras, pero nosotros estamos construyendo paz por medio de la resistencia”.
