Con las restricciones de los gobiernos para controlar los contagios de Covid-19, las comunidades étnicas de Colombia, México, Guatemala y Perú están desprotegidas y han quedado expuestas a la violencia de bandas y organizaciones criminales. Informe especial.
Por: Enrique Vera*
Este artículo fue publicado originalmente en Mongabay Latam, portal independiente dedicado al periodismo ambiental.
La violencia contra los pueblos indígenas de América Latina se ha recrudecido en 2020 y la pandemia se convirtió en un factor determinante para que eso ocurra. Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del Covid-19 son un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes. Algunos fueron víctimas de asesinatos selectivos y otros murieron como parte de masacres.
El coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, considera que el Covid-19 es la catástrofe más grande para los pueblos originarios de la Amazonia en los últimos 100 años. Pero precisa que esta es una pandemia dentro de otras tan graves para los indígenas como el extractivismo y la contaminación que esto genera, los asesinatos por invasión de tierras y los incendios forestales. “No se necesita un estudio científico para saber que este es un proceso de exterminio por diferentes causas”.
Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, según el informe de 2019 de la ONG Global Witness. Y el 40 por ciento de las víctimas reportadas en el mundo ese año —212 en total— pertenecía a pueblos indígenas. El clamor principal de estos pueblos es el respeto de sus derechos y la atención de sus gobiernos. Mongabay Latam reúne en este reportaje testimonios de líderes indígenas y expertos en derechos humanos de Colombia, México, Guatemala y Perú.
En Colombia, la cifra de asesinatos podría superar la de 2019
Miguel Caicedo, gobernador del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, confirmó en la tarde del 19 de agosto de este 2020 el asesinato de tres indígenas de pueblo Awá en la comunidad de Aguacate, del municipio de Ricaurte (Nariño). A Caicedo le tomó un día llegar a aquel lugar, el más lejano de los 10 que hay en el resguardo. Los cadáveres de los indígenas evidenciaban que el crimen había sido perpetrado al menos diez días atrás. Es decir, casi por la misma fecha en que el líder de ese pueblo, Francisco Cortés, fuera atacado a balazos en el sector de La Vaquería.
En medio de la pandemia, el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos del dirigente de Aguacate, Ángel Nastacuas; del exgobernador del resguardo Ñambi Piedra Verde, Fabio Guanga; y del gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar. Algunos líderes awá han tenido que huir para no morir acribillados. Otros permanecen amenazados en sus casas sin posibilidad de movilizarse por las restricciones que acarreó la pandemia. Las causas de esta violencia contra los awá convergen principalmente en las disputas por el control del territorio, una situación que se disparó durante los meses de la cuarentena obligatoria. “Los están matando brutalmente”, le dijó a Mongabay Latam Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores.
Recordemos que Nariño está en la frontera con Ecuador y es uno de los departamentos con mayores extensiones de cultivos de coca (36.964 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC). Por su ubicación, Nariño se ha convertido en un importante corredor del narcotráfico y zona estratégica para la salida de cocaína hacia Estados Unidos, para el tráfico de armas y para la explotación legal e ilegal de minería. Bajo ese contexto, el pueblo Awá intenta ejercer su autonomía y defender su territorio.
Pero lo que pasa en Nariño es la realidad a pequeña escala de lo que ocurre con otros pueblos indígenas en Colombia, sobre todo con los que están asentados en las fronteras con otros países. Por ejemplo, los embera en el Chocó (frontera con Panamá) o los wayúu en La Guajira (frontera con Venezuela). Sánchez explica que aquellos territorios, llamados zonas de frontera agrícola, son los epicentros de la conflictividad armada debido a la incesante actividad extractiva de madera, minerales, carbón y petróleo, aún en época de pandemia. El narcotráfico, agrega la representante de Somos Defensores, también los ha convertido en enclaves para laboratorios de elaboración de cocaína y en zonas de tránsito para los insumos de la droga. Además, sostiene Sánchez, a las empresas les incomoda mucho el proceso de consulta que deben hacer para intervenir los territorios indígenas.
“Los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la constitución”: Diana Sánchez, de Somos Defensores.
En los últimos meses, la grave desatención sanitaria obligó a que muchas comunidades conformen sus guardias indígenas para el control diario de las entradas y salidas a sus territorios. La intención era evitar la propagación del Covid-19, pero aquella restricción de movilidad puso a los indígenas en la mira de los grupos armados que no han dejado de operar en la cuarentena. Algunas de las muertes en Nariño, en el Cauca y en Chocó tuvieron ese trasfondo.
La cuarentena obligatoria que arrastró la pandemia ha sido otro factor letal para los indígenas. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, le indicó a Mongabay Latam que, al no poder movilizarse de sus casas, los líderes de los pueblos han sido amenazados y han quedado expuestos a los grupos armados que pueden encontrarlos en cualquier momento. Esto les pasó a los indígenas awá Fabio Guanga y Sonia Bisbicus, quienes fueron asesinados el pasado 28 de julio en el resguardo Ñambí Piedra Verde. También a los emberá Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, en Chocó.
En Colombia ni las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico o los grupos armados ilegales han detenido sus operaciones por la pandemia. Los indígenas, en cambio, junto con el desafío diario de sobrevivir en sus territorios deben asumir la imposibilidad de protestar o reunirse para hacer visibles sus problemas. Además, los procesos judiciales de algunos indígenas que han denunciado ser criminalizados o que, incluso, están presos están congelados. Sin embargo, la escalada de violencia es avasalladora y parece ir de la mano con los contagios. Hasta la primera semana de septiembre, Indepaz tenía contabilizados 10.062 casos de Covid-19 en 70 de los 120 pueblos indígenas que hay en el país. Casi 8.600 indígenas habían superado el virus y 339 fallecieron.
Indepaz también reporta que 74 indígenas —entre líderes sociales y defensores de derechos humanos— han sido asesinados en lo que va de 2020. González detalló a Mongabay Latam que al menos 45 de estos crímenes fueron ejecutados durante la pandemia.
Mirabal, de Coica, recuerda que de los 98 líderes indígenas asesinados en la Amazonia durante el 2019 —según el informe de Global Witness—, 64 eran colombianos. Con lo que ha generado la pandemia, Mirabal proyecta que los resultados para los indígenas de la cuenca amazónica en este 2020 serán mucho más devastadores. “Están asesinando a nuestra gente y desplazándola de sus territorios para la imposición de actividades mineras y petroleras”.
De acuerdo con el expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Armando Valvuena, el desplazamiento, producto del despojo de tierras, ha perjudicado históricamente a indígenas, mestizos y afros. Detalla que más de 6 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios en Colombia. Ese fenómeno, al parecer, ha cobrado un nuevo impulso en el contexto del Covid-19 con el incremento de amenazas y asesinatos en pueblos nativos. “Debido a las masacres, la gente ha tenido que salir de nuevo de sus comunidades”, anota Sánchez. Y Valvuena subraya: “Luego va el Estado a esos lugares donde nunca estuvo, se posesiona de la peor manera y vienen los procesos de explotación minera y de hidrocarburos”.
México: la cultura del miedo
Los pueblos originarios de México afrontan un contexto de violencia muy similar al de los indígenas de Colombia. Una situación que el delegado maya yucateco Ángel Sulub, del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, señala como el recrudecimiento de una guerra emprendida por las empresas, el gobierno y las organizaciones criminales contra los indígenas. Sulub describe que el despojo territorial, la persecución de defensores ambientales y el irrespeto por los derechos indígenas se agudizaron en las 68 comunidades nativas mexicanas a medida que la orden de confinamiento por el Covid-19 se fue prolongando.
La industria del turismo y los grandes proyectos de sistemas eólicos y fotovoltaicos son la principal amenaza para los indígenas del pueblo Maya de la península de Yucatán. Sulub le contó a Mongabay Latam que las políticas públicas han socavado sus economías tradicionales (como la siembra) para favorecer a grandes compañías extranjeras. Y que las mismas políticas han impulsado megaproyectos como el Tren Maya, que considera tremendamente perjudiciales para su pueblo. Con la llegada de la pandemia a México la situación para su gente ha sido todavía más dramática.
Las restricciones para evitar la propagación del Covid-19 obligaron a que los indígenas permanezcan en sus casas, dejen su organización y su lucha. Los juzgados cerraron y cuando empezaron a atender con limitaciones, indica el delegado del CNI, rechazaron las demandas de amparo o los recursos judiciales que los mayas procuraban para contener la degradación de su territorio. El líder indígena dice que les han pedido regresar al final de la pandemia. El Tren Maya y los demás proyectos, sin embargo, han continuado durante el periodo de cuarentena. También la actividad minera y la tala clandestina que agobia a los pueblos de otras regiones.
Sulub remarca que el crimen organizado y las grandes empresas buscan muchas veces el control de los territorios indígenas. Para esto toma como referencia lo ocurrido en febrero de 2019 con Samir Flores, un defensor ambiental de la etnia náhuatl que estaba en contra del proyecto integral Morelos. Sulub recuerda que días antes de que Flores fuera asesinado, este y otros luchadores sociales habían sido acusados de conservadores en un pronunciamiento político. “Este tipo de señalamientos nos pone en la mira del crimen”, dice. Y sitúa a la región maya como el punto en el que ahora han confluido los sistemas criminales que operaban en el centro y norte de su país. El resultado, agrega, ha sido una cotidianidad de ejecuciones en la que los mayas son protagonistas.
La coordinadora de la línea de defensa del territorio de Serapaz, Citlalli Hernández, le dijo a Mongabay Latam que el crimen organizado sostiene en este momento decenas de actividades ilegales en México. Otros puntos neurálgicos son Michoacán y Chiapas. Hernández agrega que dentro del proceso por el control de territorios en este contexto de la pandemia, los grupos armados encuentran comunidades vulnerables que no pueden reaccionar y que, además, están desatendidas por el Estado en términos de seguridad y salud. Si bien no hay una agresión contra comunidades o defensores ambientales todo el tiempo, existe una suerte de disciplinamiento social a partir de la cultura del miedo: hallazgos de cadáveres en las calles o en fosas. Sulub estima que unos 20 defensores ambientales han sido asesinados en México en el curso de la pandemia.
Un reciente trabajo realizado por Serapaz y la consultora Aura Investigación Estratégica, en diversas comunidades mexicanas, ha permitido determinar que los embates del Covid-19 evidencian todavía más las desigualdades entre los pueblos indígenas y no indígenas que ya existían en términos de seguridad. Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la letalidad de la enfermedad en las comunidades indígenas es un 10 % mayor que en las comunidades no indígenas. Cifras oficiales emitidas a inicios de agosto dieron cuenta de que alrededor de 6.800 personas pertenecientes a pueblos originarios habían dado positivo para Covid-19.
Despojos y represión en Guatemala
La voz de Rigoberto Juárez emite una mezcla de convencimiento y terror: “Hemos sufrido una escalada de despojos violentos”. Él es el líder ancestral del gobierno plurinacional de occidente, autoridad territorial para las nacionalidades q’anjob’al, chuj, akateco y popti, en el departamento de Huehuetenango. Estos son algunos de los 23 grupos indígenas que hay en Guatemala. Juárez dice que el gobierno de su país ya entregó 27 licencias para mineras y 23 para hidroeléctricas que operarán sobre sus territorios. Por eso lo abruma la posibilidad del exterminio de sus culturas, de sus ideologías e incluso de sus vidas.
El coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), Pedro Santos, reafirma que hay una estrategia detrás de la expropiación violenta de tierras, mediante mecanismos extrajudiciales, y la ausencia del Estado para proteger a los pueblos indígenas. Añade que esto responde a un modelo de desarrollo que, además de las hidroeléctricas, apuesta por los monocultivos, la minería y las grandes infraestructuras que se están implementando sobre las comunidades indígenas.
Juárez indica que en el curso de la pandemia hubo un incremento de amenazas, persecución, lesiones y asesinatos, precisamente, en los lugares donde se ubican los megaproyectos. También allí aumentaron los casos de criminalización, es decir, del encarcelamiento de indígenas que se han opuesto a los proyectos en defensa de sus tierras. Las restricciones a causa de la pandemia, remarca Santos, han anulado para las organizaciones nativas la posibilidad de organizarse y gestar un proceso de solidaridad a través de sus protestas. “Hay un aprovechamiento para profundizar la violencia contra los derechos humanos”, dice.
El año pasado, la Udefegua registró 494 agresiones en contra de defensores de derechos humanos, de las cuales 111 fueron ataques a indígenas que protegían sus territorios. Este 2020, solo entre enero y junio, la ONG reportó 677 agresiones también en el rubro de defensores, pero aún no se ha desagregado cuántas involucraron a indígenas. Santos explica, sin embargo, que la cadena de desalojos en territorios nativos durante la expansión del Covid-19 dispararía las cifras de agresión consignadas en 2019.
Según detalla, dos de los despojos más violentos se han producido en las comunidades Washington y Dos Fuentes. Allí más de 80 familias de la etnia q’eqchi resultaron afectadas: hubo dos intentos de asesinato, la criminalización de un dirigente y la desaparición forzada de otro, identificado como Carlos Coy. Además, el coordinador de Udefegua anota que se están utilizando estados de excepción, en el contexto de la pandemia, para generar procesos de represión y control social de los grupos indígenas, en particular de la población q’eqchi.
De acuerdo con la documentación de Udefegua, Santos le informó a Mongabay Latam que, en lo que va del año, ocho indígenas de distintas nacionalidades o grupos étnicos han sido asesinados, lo cual ya igualó la cantidad registrada en el 2019.
En cuanto al impacto del Covid-19, Santos refiere que el estado guatemalteco ha tenido graves cuestionamientos sobre la difusión de cifras de contagiados. Incluso puntualiza que no existe un apartado que contemple a la población indígena. Su referencia más puntual es que los departamentos fuertemente golpeados por la enfermedad —como Izabal, San Marcos y Huehuetenango— son los que mayores comunidades nativas concentran. El líder del gobierno plurinacional de occidente concluye que han quedado expuestos a la muerte.
Amenaza creciente en Perú
En Perú aún no se había cumplido un mes del estado de emergencia por la pandemia cuando el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez fue asesinado. Ocurrió el 12 de abril en la comunidad de Unipacuyacu, en Huánuco. Meléndez llevaba años exigiendo la titulación de las tierras de su pueblo y eso le había acarreado una serie de amenazas. Cocaleros y traficantes de terrenos lo buscaban. Al mes siguiente, el líder asháninka de la comunidad Hawai, Gonzalo Pío, también murió. Se sospecha que lo mataron usurpadores de tierras. En julio, le pasó lo mismo al líder de la comunidad nativa Sinchi Roca, Santiago Vega. Pío y Vega, como Arbildo Meléndez, estaban amenazados de muerte.
En lo que va de 2020, estos han sido los tres asesinatos perpetrados en Perú contra indígenas defensores de sus tierras, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Con ello, esta institución tiene documentado que los grupos criminales que acechan las comunidades nativas han matado a 16 indígenas entre 2013 y 2020. Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, le dijo a Mongabay Latam que en los últimos cinco años este tipo de crímenes ha tenido un incremento preocupante y configura una tendencia que se está agravando por el avance de las economías ilegales. Apunta que en dos de los tres asesinatos de este año estuvieron involucrados narcotraficantes. Es decir, bandas que invaden comunidades, deforestan para sembrar coca y amenazan a los líderes.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, considera que el tráfico de tierras constituye el principal perjuicio y amenaza contra las poblaciones indígenas. Pero no deja de lado el riesgo que también genera a los pueblos indígenas la minería ilegal, la tala y la extracción de petróleo. Dos de los casos actuales más representativos de comunidades que han sido víctimas de agresiones son Nueva Austria de Sira, en Huánuco, y Boca Pariamanu, en Madre de Dios. La primera está acechada por invasores de tierras que ya han atentado contra el líder; y la otra ha registrado hostigamientos de mineros hacia los dirigentes que resguardan los límites.
Perú no tiene las altas cifras de crímenes contra indígenas que reportan otros países de la región, pero Pérez explica que aquí la criminalización es uno de los métodos de hostigamiento más fuertes a los pueblos indígenas. Les abren procesos infundadamente por condenas muy elevadas y ya no necesitan asesinarlos para sacarlos del camino, sostiene. Cauper afirma que actualmente hay 11.300 indígenas acusados por diferentes delitos.
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, le dijo a Mongabay Latam que “urge fortalecer la intervención de las entidades públicas para prevenir hechos de violencia o amenazas en el mismo territorio donde están los líderes. La labor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público debe estar orientada a la prevención de riesgos”.
Si de algo Cauper está seguro en este contexto de pandemia es que la enfermedad ha evidenciado la histórica desatención de las poblaciones indígenas y su alta vulnerabilidad en términos de salud y seguridad. En un reporte emitido el mes pasado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Perú reveló que más de 21.000 indígenas habían resultado infectados de Covid-19. Aidesep reporta que hasta el momento 393 nativos han muerto por el virus en la Amazonia.
En todos los pueblos indígenas amazónicos, la cifra de contagiados bordea los 60.000 y la de fallecidos se acerca a 2.000. Mirabal, de Coica, reafirma que todo lo que ha conllevado el Covid-19 es un proceso de extinción de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. “Un etnocidio le llamamos”.
*Vera es periodista peruano. Colabora para Mongabay Latam.
