Tumaco y Valle del Cauca están sufriendo las consecuencias del conflicto entre disidencias. En El Naya, dos nuevos grupos armados compuestos por exintegrantes de las Farc amenazan a la población.
Los últimos 50 días han sido un verdadero infierno para la familia de Iber Ángulo, un líder social afro, integrante del Consejo Comunitario del Río Naya, en Valle del Cauca. El pasado 5 de mayo, mientras la atención de los medios se consumía en las elecciones presidenciales, unos hombres armados lo secuestraron cuando viajaba en una lancha por el río Naya, acompañado por una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo . Desde entonces, en el consejo comunitario solo se escuchan rumores: “lo mataron, lo tienen escondido, se lo tragó la tierra”. Lo cierto es que hoy, después seis semanas, ninguna autoridad se atreve a confirmar la muerte del líder social.
Algunos dan por hecho que la disidencia de las Farc “Frente Fuerza Unida del Pacífico” lo asesinó. Otros dicen que es la disidencia “Defensores del Pacífico” la responsable del crimen. Hasta el momento, la única versión que se tiene es la del Frente Fuerza Unida del Pacífico, disidencia que publicó un video el pasado 29 de mayo dándose a conocer ante la opinión pública. Ellos le dijeron a la Gobernación del Valle que “Defensores del Pacífico”, la otra disidencia, asesinó a Iber Angulo y a sus familiares Obdulio Angulo, Hermes Angulo y Simeón Olave Angulo, todos integrantes de la Coordinación Política y Social de Marcha Patriótica.
La familia Angulo no ha recibido los cuerpos y, como nos comentaron en el Consejo comunitario, tampoco tienen certeza sobre la posibilidad de permanecer en el territorio. Con el avance de las disidencias, la Defensoría del Pueblo recibió denuncias de desplazamientos masivos en sectores y veredas como Juan Santos, Juan Núñez, San Bartolo, la Concesión, San Lorenzo, Santa María, Dos Quebradas, Puerto Merizalde y San Francisco.
En estos momentos, según una alerta temprana emitida en días pasados por la Defensoría del Pueblo, los 3.450 habitantes del corregimiento El Naya están en un escenario de riesgo por la disputa entre los grupos armados. El Consejo Comunitario del Naya, al cual pertenecía Angulo, está compuesto por 4.817 familias (21.600 personas) distribuidas en 14 veredas. Esta zona, la cual comunica a la cordillera occidental con la central y el Pacífico, es codiciada por los grupos armados ilegales por la facilidad de producir y traficar narcóticos.
La situación de orden público en el municipio de Buenos Aires ha empeorado progresivamente, principalmente por el avance y aparición de nuevas disidencias. Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), según la Defensoría, hacen presencia en veredas como El Playón, Sinaí, Nuevo Ceral y Bajo Naya. Desde el pasado 27 de abril, esta disidencia ha tomado el control de nuevos territorios, como la vereda La Elvira, donde está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el cual alberga a 151 excombatientes de las Farc, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El 28 de abril, como lo confirmaron la Defensoría y pobladores de El Naya, 200 hombres armados, identificados como disidentes del Frente 6 de las Farc reunieron a la comunidad para informarle que a partir de ese día harían control del territorio. En esa misma zona trata de tomar control el Frente Unido del Pacífico, disidencia del frente 30 de las Farc, la cual contaría con cerca de 400 hombres en sus filas. Desde el mes de marzo este frente ha sostenido combates con otro grupo armado que se autodenomina “Defensores del Pacífico”, causando “desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones forzadas, homicidios y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, como dice la Defensoría del Pueblo. El objetivo de estos grupos consiste en controlar las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.
La interceptación de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y el secuestro de Angulo y sus tres familiares son tan solo dos muestras del poder que tienen las disidencias en la zona. En su alerta temprana, la Defensoría del Pueblo señaló que estos grupos armados están entregando “dinero y obsequios” a los niños y niñas que viven en la zona “para que efectúen tareas como brindar información o ‘hacer mandados’”. De hecho, desde la primera semana de mayo fueron suspendidas las clases por los problemas de orden público, escenario que, a juicio de la Defensoría, “deja expuestos a los niños y niñas de la cuenca del río Naya a reclutamientos forzados”.
Este escenario es riesgoso si se tiene en cuenta que, tras la salida de las Farc, a la zona no solo han llegado disidencias como la GUP, la FUP o Defensores del Pacífico; también hacen presencia las guerrillas del ELN y el EPL. “En la disputa que libran estas estructuras han irrumpido también grupos de narcotraficantes (que también han armado grupos de vigilancia privada) y han querido sabotear y coaccionar los procesos incipientes que se han gestado para la sustitución de cultivos de uso ilícito que impulsa el Gobierno nacional”, señala la Defensoría en su alerta temprana.
Dos líderes del Consejo Comunitario, quienes nos pidieron mantener sus nombres en reserva por cuestiones de seguridad, nos contaron que en este momento se vive una “tensa calma”. Después de una serie de consejos de seguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el Ejército y el gobernador del Cuca, Óscar Campo, arcordaron una intervención humanitaria en el Naya. En estos momentos, nos dijeron los líderes, “está todo muy militarizado por la ‘Operación Atalanta'”, la cual fue acordada entre gobernadores y Fuerzas Armadas desde comienzos de mayo. Según el Ministerio de Defensa, 1.300 uniformados están ejerciendo control territorial.
“Pues la verdad no podemos hablar mucho, pero sí hay familias que fueron desplazadas y que ya han regresado”, nos comentó un líder afro. ¿Saben algo sobre los asesinatos de la familia Angulo? “La verdad no. Se han presentado varios consejos de seguridad pero no sabemos en qué van las investigaciones. Hace más de un mes que no sabemos nada de ellos y preferimos no hablar sobre el tema”, respondió. El otro líder nos dijo que desistió de participar en el proceso para representar al Consejo Comunitario ante las amenazas de las disidencias.
La Gobernación del Valle fue informada sobre la presunta responsabilidad de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) en los asesinatos de la familia Angulo. No obstante, averiguamos y a la fecha esta disidencia no le ha entregado pruebas a la gobernación para comprobar que, en efecto, los líderes fueron asesinados. En los próximos días, como respuesta a la alerta temprana de la Defensoría, la Gobernación citará un comité de justicia transicional con el Ministerio del Interior para evaluar la situación y tomar medidas.
Fabio Cardozo, secretario de Paz y Reconciliación de la Gobernación, nos comentó que es difícil creer en que la disidencia del frente 30 de las Farc se creara bajo el motivo de que algunos excombatientes no comparten el Acuerdo de Paz: “Esta es una zona cocalera, donde se genera la mayor parte de droga que se produce en Colombia. Ellos están interesados en el narcotráfico.La preocupación que nosotros tenemos es que no se despliegue un plan que vaya más allá de la labor de la Fuerza Pública. Las poblaciones en riesgo están diseminadas por toda la cuenca del río y no tienen una oferta institucional integral”.
Según Cardozo, el plan de intervención debe concentrarse en puntos estratégicos donde no existe presencia estatal ni confianza hacia los entes gubernamentales: “Si una persona sufre una mordedura de una serpiente o se fractura una perna y vive en el Naya está desamparada, no tiene un hospital donde la puedan atender. Tampoco hay oferta en educación básica o estudios técnicos. En el Naya hay un problema serio en cuanto a la confianza con el Estado. Los kioscos Vive Digital se averiaron y en los caseríos no tienen cómo comunicarse. Necesitamos pensar en estrategias para garantizarles los derechos. Existen varios caseríos en donde las personas ni siquiera tienen cédulas”.
En el Naya está tomando forma un escenario oscuro para las comunidades afro e indígenas. Lo único que piden ahora es garantías para que no sean desplazados y para que no se repita uno de los peores episodios de su historia: la masacre perpetrada por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 10 y 13 de abril de 2001. Durante esos días los paramilitares asesinaron a 40 personas en la cuenca del rio Naya y desplazaron al 90 % de la población. “Ya hay desplazamientos, no queremos que vengan esos asesinatos”, nos dijo un líder social.
En Tumaco no cede la violencia
Han pasado tres meses desde que la disidencia Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, asesinó a tres periodistas ecuatorianos en la frontera entre Colombia y Ecuador. Aunque los presidentes de ambos países señalaron que emprenderían una “arremetida” sin precedentes contra esta organización armada, lo cierto es que ‘Guacho’ no ha sido capturado. Solo hasta el viernes pasado se conoció, a través de un trino del presidente Juan Manuel Santos, que los cuerpos de los tres periodistas, en alto estado de descomposición, habían sido encontrados en la zona rural de Tumaco.
Pese a que en los últimos meses el Ministerio de Defensa ha presentado algunos resultados, como la captura del hermano de ‘Guacho’, Juan Gabriel Arizala, y la detención de alias ‘Weiner’, presunto encargado de coordinar las actividades de narcotráfico en la disidencia, lo cierto es que el grupo sigue teniendo poder en Tumaco, donde por lo menos 200 hombres siguen las ordenes de Arizala, afectando a las poblaciones afrodescendientes en zonas como Alto Mira y Frontera.
La violencia contra los líderes sociales en la zona tampoco se detiene. Como lo contamos en ¡Pacifista!, el pasado dos de mayo fue asesinado Carlos Jimmy Prado, líder social e integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios de Nariño (Asocoetnar). La voz de Prado era una de las más respetadas cuando se hablaba de consulta previa, principalmente en su municipio: Olaya Herrera. Prado, como lo confirmó la Defensoría del Pueblo, había recibido amenazas en su contra el año pasado, por lo cual portaba chaleco antibalas.
Aunque no se ha confirmado qué organización está detrás de este asesinato, lo cierto es que la Fiscalía y la Defensoría, cuando le otorgaron medidas de seguridad, tuvieron en cuenta que en la zona hacen presencia la disidencia Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), al mando de alias ‘David’, y la guerrilla ELN.
La zonas en las que trabajaban tanto Carlos Jimmy Prado, como Iber Angulo, son corredores clave para los grupos armados, pues conectan los ríos Patía y Telembí con el mar Pacífico. Se trata, palabras más palabras menos, de una gran plataforma para el narcotráfico que hasta ahora los grupos ilegales no están dispuestos a perder para sacar narcóticos del país.
