El movimiento Causa Justa, integrado por activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, presentó una demanda contra el artículo del Código Penal que castiga a quienes abortan fuera de las tres situaciones permitidas en el país.
Según el artículo 122 del Código Penal colombiano, en el país se castiga con hasta tres años de cárcel a las mujeres que interrumpan un embarazo fuera de las tres situaciones permitidas desde 2006 por una sentencia la Corte Constitucional: cuando la vida de la mujer este en riesgo, cuando el feto tenga malformaciones y cuando el embarazo sea producto de una violación.
El movimiento Causa Justa, que agrupa a 134 activistas y a 91 organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, considera que ese artículo es injusto con las mujeres por establecer el aborto como un delito. “Es injusto porque vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las colombianas”.
Justamente ayer este movimiento presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal.
Pese a la sentencia de la Corte Constitucional, en Colombia se sigue persiguiendo judicialmente a la mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo. Según información de la Fiscalía General de la Nación sobre la judicialización del aborto en el país, hasta 2019 hay 5.833 denuncias de las cuales 4.834 son casos activos que actualmente están en alguna etapa del proceso penal.
Esa persecución penal, de acuerdo a la información de la Fiscalía que recopiló Causa Justa, afecta principalmente a la mujeres que viven en zonas rural. El 97 por ciento de las denunciadas entre 2010 y 2017 son de esas áreas y apenas el 3 por ciento residen en zonas urbanas. Con esto no solo se está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres sino también el derecho que tienen a la salud. “La norma es ineficiente porque no cumple su objetivo de desincentivar el aborto, sino que hace que las mujeres aborten de forma no segura y clandestina, poniendo en riesgo su salud”, asegura la abogada Angélica Cocomá de Women´s Link Worldwide, una de las organizaciones que pertenecen al movimiento.
Acerca de lo que dice la abogada Cocomá, cabe destacar este dato: de lo abortos practicados en el país durante 2011, según un estudio del Instituto Guttmacher, entre el 1 y el 9 por ciento se hicieron dentro del sistema de salud y en las principales ciudades del país. Esto evidencia, una vez más, que la persecución judicial por interrumpir un embarazo afecta más a las mujeres alejadas de los centros urbanos. Mujeres, que en muchos casos, han sido víctimas del conflicto armado o de violencias de género.
Ahora, la amenaza constante de ser sancionados penalmente limita la disposición del personal de salud para practicar abortos. Los médicos que atienden estos casos se ven expuestos a ser marginados entre sus colegas, a estrés psicológico, fatiga emocional y sobrecarga laboral debido a que son pocos los capacitados y contratados para hacer estas intervenciones. De las 5.833 denuncias presentada a la Fiscalía, el 73 por ciento fueron presentadas por personal médico. “La persecución penal es real. Ninguna mujer va a ir a un hospital porque puede ser que los médicos, violando el deber de confidencialidad, la denuncien”, explica Cocomá.
Laura Vásquez Roa, vocera del movimiento Causa Justa e integrante de Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, explica que las barreras para acceder al aborto no disminuyen esta práctica, pero sí aumentan las formas de clandestinidad. “Hay un gran tráfico de medicamentos para abortar a través de redes sociales. Los peligros de esto son varios: que los fármacos estén falsificados, que se consuman dosis no adecuadas, entre otros. Son situaciones que terminan en afectaciones a la salud de las mujeres porque no hay un acompañamiento adecuado”.
En Colombia se estima que pueden ocurrir hasta 400.000 abortos cada año en la clandestinidad, según el Ministerio de Salud. Esto ocurre por la dificultad que implica acceder a este procedimiento dentro del sistema de salud, lo cual pone en riesgo la integridad física y emocional de las mujeres.
Adicionalmente, los procesos judiciales en contra de mujeres que abortan, amparados por el artículo 122, no solo vulneran sus derechos, sino que también las revictimizan cuando son menores de edad. Existen siete casos de niñas menores de catorce años que han sido judicializadas por abortar.
Si una de las causales para abortar es el abuso sexual, las mujeres menores de catorce años pueden hacerlo. Según la legislación colombiana, las relaciones con niñas de esas edad se presumen como abuso sexual. Para Cocomá, “esas niñas no debieron ser judicializadas porque se encontraban bajo la causal de violación. Además, hay tres niñas entre los 10 y 11 años que fueron denunciadas y tienen procesos en su contra”.
La demanda de inconstitucionalidad también sugiere invertir los esfuerzos y recursos que hasta hoy se han utilizado en la penalización del aborto en “mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos” para todas las mujeres del país.
De esta manera comienza en Colombia una nuevo debate que busca despenalizar del todo el aborto, un tema que se viene discutiendo en otros países de la región como Argentina, Ecuador y República Dominicana, donde se quiere —por vía legislativa o judicial— reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular el aborto.
