La minería ilegal, el narcotráfico, los bombardeos, las aspersiones: el medio ambiente ha sido víctima de todos los actores.
Voladura de oleoductos, bombardeos, fumigaciones, devastación de la selva y contaminación de los ecosistemas: estas son tan solo algunas de las constantes afectaciones que ha tenido que sufrir la naturaleza en Colombia por causa del conflicto armado. Estos daños han pasado desapercibidos por otras razones: la guerra ha dejado por lo menos 220.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y por lo menos seis millones de desplazados. Todas las víctimas, incluyendo el medio ambiente, deben ser reparadas en la etapa de posconflicto.
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo saben y por eso abrieron un capítulo especial para esa víctima que en muchos escenarios ha sido ignorada: la naturaleza. En el Caso 002, sobre las afectaciones del conflicto en Tumaco, la Unidad de Investigación y Acusación – UIA – de la JEP tuvo en cuenta las alteraciones a los ecosistemas que generó el conflicto armado en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño. Lo hizo apoyándose en información del IDEAM sobre la deforestación entre 1990 y 2017.
Los fiscales de la UIA están trabajando de la mano con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA – y con organizaciones sociales para hacer una recopilación rigurosa sobre los datos de las afectaciones medioambientales en el marco del conflicto. Ya está en marcha un plan de consolidación de datos con el IDEAM, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Humboldt, Naciones Unidas, el Instituto Amazónico de Investigaciones científicas –Sinchi – y Ecopetrol.
Esto apenas comienza, pero como dijo el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, “la Unidad de Investigación y Acusación está comprometida con el reconocimiento del ambiente como víctima silenciosa del conflicto y con la búsqueda de mecanismos para su reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición”.
Minería ilegal
El narcotráfico y la minería ilegal han sido dos fuentes de financiamiento recurrentes para los grupos armados en Colombia. Como lo dijo la Defensoría del Pueblo, “los actores armados cometen extorsiones a las empresas que realizan la exploración, así como el secuestro de empleados, tanto de mineros legales como ilegales. A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina”.
Después de la dejación de armas, las Farc le entregaron al gobierno 503 lingotes y 63 kilos de oro, material que está avaluado en 27.400 millones de pesos. Anualmente, según las autoridades, la minería ilegal mueve 10,1 billones de pesos, y grupos armados como el ELN o Farc se han financiado con esta práctica.
Justamente Tumaco, donde la JEP hará un trabajo exhaustivo, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito han sido el combustible del conflicto. Dice la Defensoría que “en el 2017 se extrajeron 587 kilos de oro de Tumaco, provenientes en su totalidad de Barequeros registrados (4.128 para el 2017 y 487 para febrero de 2018). Ellos son el eslabón más vulnerable a las acciones violentas de los grupos armados ilegales.
Solo para Tumaco, esto significa que durante el año pasado estos grupos obtuvieron de la minería ingresos entre 939 mil dólares y 1.8 millones de dólares, a partir de la coacción sobre las comunidades que desarrollan esta actividad solo para este municipio”.
La Defensoría señaló, además, que “otros actores como las alcaldías y elementos individuales de la fuerza pública se ven implicados en actos de corrupción que garantizan que la extracción ilícita de oro pueda seguirse desarrollando. Esta diversidad de actores es clara en departamentos como Antioquia y Bolívar donde los grupos tienen un menor grado de control sobre la economía ilegal del oro”.
Voladura de oleoductos
Sigamos con el Caso 002. Las voladuras al Oleoducto Trasandino en Tumaco constituyeron uno de los daños ambientales más grandes que causó el conflicto armado. La voladura más contundente ocurrió en 2015 y en su momento fue el daño ambiental más grande de los últimos 10 años.
El daño ocurrió el 22 de junio de 2015 en donde las Farc derramó 410mil galones de crudo al Oleoducto Trasandino. Esa cantidad de crudo corresponde a 10mil barriles de petróleo. Las quebradas afectadas directamente fueron Pianulpí y Guisa, las cuales abastecen al río Mira.
El hecho dejó a 160 mil personas sin agua en el departamento de Nariño y afectó a 15 especies de reptiles y 20 de anfibios, incluyendo a la rana marsupial y la de cristal, así como las babillas y tres especies de tortugas de río. Adicionalmente, los ataques amenazaron a unas 30 especies de peces y 25 de mamíferos.
En ese periodo, el 16 de junio también habían atacado al Oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que dejó como consecuencia la contaminación del río Tibú y la quebrada Cristalina, que desemboca en el río Catatumbo. Además, 16.000 habitantes quedaron sin agua potable.
De igual forma, en Putumayo un grupo de hombres del frente 48 de las Farc obligó a 23 conductores de camión a vaciar 200.000 galones de petróleo en la vía que de Puerto Vega conduce a Teteyé. La afectación la vivieron los ríos Putumayo y Cuembí.
En su momento las Farc no habían sido coherentes con su discurso, pues en sus canales oficiales en redes sociales escribían un apoyo a la encíclica que había hecho el Papa Francisco sobre el medio ambiente. Humberto de La Calle les respondió “la idea de proclamar la defensa del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente, es inaceptable”.
Aspersiones aéreas
Un ejemplo sobre las afectaciones de las aspersiones a los ecosistemas está en Arauca. A inicios de la década del 2000 el departamento de Arauca fue uno de los principales territorios para disminuir los cultivos de uso ilícito. Por medio del plan Escudo durante el periodo de 2003 a 2008 se realizó una aspersión aérea que alcanzó a 26.045 hectáreas.
Solo en el 2003 se realizó una aspersión de 12.000 hectáreas que lograron disminuir 500 ha. Sin embargo, repuntó nuevamente a casi 1.600 hectáreas en 2004. Lo mismo sucedió en el 2007 en donde se incrementó el número de cultivos de uso ilícito con 2.100 ha, a pesar de la aspersión aérea de 2.300 ha
Según un Informe de la Comisión de Verificación de las Fumigaciones en el Departamento de Arauca que recolectó el Centro de Memoria Histórica “la mayoría de las zonas fumigadas no tenían plantíos de coca, (…) otro de los fenómenos encontrados es que donde sí se encontraban los cultivos de uso ilícito que fueron fumigados, se afectó principalmente los cultivos de pancoger sin afectar directamente el cultivo de coca”.
Este informe adicionalmente menciona que “los químicos de aspersión aérea han generado afectaciones a la salud, tanto por la contaminación de alimentos, animales domésticos y fuentes de agua, como por la generación de problemas dermatológicos, respiratorios, entre otros”.
Deforestación
En el informe de la Universidad de Meryland, en su publicación de Global Forest Watch, aparece Colombia como el cuarto país que más está contribuyendo a la pérdida de bosques tropicales primarios en el planeta. En el 2018 se perdieron casi 177.000 hectáreas, teniendo un incremento del 9% a comparación del 2017 en donde ocupaba el séptimo lugar.
La ONG dice que los bosques tropicales primarios son significativos, ya que suelen contener árboles de cientos y miles de años, además de ayudar a la conservación de la biodiversidad y almacenar más carbono que cualquier otro lugar, Colombia ahora es el cuarto país con más superficie arrasada.
Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo del 2014-2018 señala que en el Acuerdo de París y en la Ley 1753 de 2015 el gobierno adquirió compromisos nacionales e internacionales para lograr la reducción y deforestación y emisión de gases efecto invernadero en el contexto del cambio climático. Entre esos acuerdos también se destaca la obligación de disminuir la tasa neta de deforestación a cero en la Amazonia Colombiana para el año 2020.
De acuerdo con la “Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques en Colombia” durante 2016 la deforestación aumentó un 44% respecto al 2015 y 70.074 hectáreas deforestadas correspondieron a la Amazonía.
En el 2016, en el ‘Oslo REDD Exchange’, un evento organizado por la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Noruega, se abrió la discusión sobre la implementación del Acuerdo de Paz y su relación con la preservación del medio ambiente en Colombia. La deforestación o pérdidas de bosque natural, fue un tema recurrente.
La minería criminal y los cultivos de uso ilícito son fuentes importantes de financiación del conflicto armado en Colombia, de ahí la necesidad que se planteó sobre rescatar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS).
El 52% del territorio de Colombia está cubierto por bosque natural, áreas que han sido tradicionalmente controladas por grupos armados ilegales y en donde se ha desarrollado la minería ilegal.
De acuerdo con el informe del IDEAM, “la Amazonía concentra cinco de los seis núcleos de detección temprana de deforestación nacional”, mientras que el otro está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe. La información agregó que, por departamentos, los más afectados son Caquetá (45,9 %), Meta (13,1 %) y Guaviare (9,8 %), todos en el sur del país y donde han hecho presencia los grupos armados.
Según datos del IDEAM, entre 1990 y 2015 el total de hectáreas deforestadas de bosque estuvo cerca de los 5.5 millones de hectáreas. La problemática no solamente se centra en la Amazonía, en Guaviare y Caquetá diferentes frentes autorizan a colonos de la región tumbar bosques sin ningún tipo de control y en miras de disputar el negocio de acaparamiento y ventas de tierras con las mafias.
Muchas de las zonas del antiguo control de las Farc, en lugar de ser ocupadas por el Estado, se han convertido en centros de expansión de grupos armados ilegales que se disputan los territorios entre sí.
Río Cauca
Hidroituango es uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de Colombia que se lleva a cabo en el rio Cauca, ha llevado a la deforestación de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical. La obra se empezó en el 2010 sin importar la oposición de la población, la memoria de los territorios y la afectación del río Cuaca al ser desviado de su cauce lo que puso en riesgo no solo a los ecosistemas sino a las comunidades.
Según cifras recopiladas por Rios Vivos de diversas fuentes en los municipios en los municipios afectados por Hidroituango hubo 62 masacres y 372 víctimas mortales en el periodo entre 1986 y 2016. Las cifras de desaparición forzada son más disímiles, varían entre 621 y 643. Entre estas masacres, encontramos la masacre de El Aro.
De acuerdo con el libro Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander Von Humboldt, solo queda el 8 por ciento de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema.
