A días de que termine el primer periodo de 'fast track' y la dejación de armas, organizaciones de mujeres se sienten excluidas del proceso.
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Foto: Santiago Mesa | ¡Pacifista!
El próximo 20 de junio, cuando las Farc empezarán a dejar las últimas armas en su poder, el Congreso se va de vacaciones. Con el inicio del receso en el legislativo habrá terminado el primer tiempo de la implementación de los acuerdos de paz. Contando con que solo restan seis meses de fast track, distintos sectores de la sociedad civil andan, desde ya, haciendo cuentas de cómo les fue en la primera mitad de la implementación normativa.
En la primera línea del conteo están varias organizaciones de mujeres, que acaban de elaborar un documento de 64 páginas en el que analizan en detalle si el gobierno y las Farc están cumpliendo una de las promesas de la mesa de diálogos de La Habana: que el acuerdo de paz incrementaría la participación política de las mujeres y ayudaría a abonar el camino de la equidad.
El documento, escrito por el Grupo de Trabajo Género en la Paz (GPaz) —integrado por activistas, académicas y víctimas— concluye que a las mujeres no les fue bien en los decretos que firmó el gobierno ni en las recién creadas instancias de alto nivel que implementan los acuerdos. En contraste, el texto asegura que el 66% de las leyes y actos legislativos sí incluyeron el enfoque de género. Así las cosas, el balance es agridulce.
De acuerdo con el análisis de GPaz, de los 69 decretos firmados por el Ejecutivo (incluidos los de creación de zonas veredales), solo 19 incluyen medidas especiales para las mujeres.
En ellos quedó estipulado, por ejemplo, que la Comisión de Garantías de Seguridad diseñará estrategias para identificar cómo las bandas criminales hacen uso de la violencia de género, que el Programa de Protección para los miembros de las Farc tendrá en cuenta las particularidades de las excombatientes, que la Comisión de la Verdad deberá contarle al país cómo afectó el conflicto a las mujeres y que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos usará mecanismos especiales para buscar a las niñas y las mujeres.
Otras medidas favorables son, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Paz –que hará énfasis en la reconciliación– incluirá dos congresistas mujeres de partidos que se declaren en oposición (de seis legisladores que la integrarán). También que las campesinas tendrán acceso preferencial a vivienda, que los programas de sustitución voluntaria de cultivos valorarán las voces de las cocaleras y que la Fiscalía investigará la violencia sistemática contra las mujeres en razón del conflicto.
Pero otros decretos no tuvieron en cuenta los asuntos de género. Entre ellos, los que crean el Consejo Nacional de Reincorporación, las Zonas Veredales donde se alojan las Farc, los protocolos para garantizar la salud de los guerrilleros en las Zonas, la visa de residente para los guerrilleros de nacionalidad extranjera, las medidas para mejorar la prestación del servicio educativo estatal en zonas de conflicto y las bases del plan nacional de electrificación rural.
A las mujeres tampoco les fue bien en los cargos directivos de la paz. Las cifras son poco alentadoras: ni una sola mujer se escogió para dirigir o integrar instancias como la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cuerpo de notables del Componente Internacional de Verificación, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo del cese al fuego, y los grupos de delegados del gobierno en la Comisión de Garantías de Seguridad y en la Comisión de Seguimiento a la Implementación (Csivi).
Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, una de las organizaciones que hace parte de GPaz, asegura que el Grupo le preguntó al gobierno por qué no delegó mujeres ante la Csivi. La respuesta fue, según ella, que la Comisión requiere la presencia de ministros y jefes de entidades, independientemente de su género.
Al respecto, Quintero opina que “el mismo gobierno se desmiente, porque luego de la renuncia de Juan Fernando Cristo al Mininterior el presidente lo mantuvo en la Csivi, en calidad de ciudadano ilustre. Un mecanismo que nunca usó para poner mujeres”. Manteniendo a Cristo en esa entidad, el presidente Santos le permitió participar de la implementación sin inhabilitarse para aspirar a la presidencia.
Las pocas mujeres que están en espacios directivos son la comandante guerrillera Victoria Sandino, que hace parte del componente de las Farc en la Csivi; la ministra de Trabajo Griselda Restrepo, que integra el Consejo Nacional de Reincorporación; la profesora Claudia Vaca, en el Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP, y la investigadora Vilma Liliana Franco, integrante del componente de la sociedad civil en la Comisión de Garantías.
Donde mejor les fue a las mujeres es en la Misión Electoral Especial, que ya terminó funciones y en la que estuvieron las investigadoras Alejandra Barrios y Elisabeth Ungar, junto a cuatro hombres. Para Quintero, el reducido número de nombramientos es “una mezquindad con el proceso, con el acuerdo y con las mujeres”.
Respecto a las leyes y actos legislativos, cuatro de seis incluyeron asuntos relacionados con el enfoque de género: la ley de amnistía (que prohíbe amnistías o indultos por delitos asociados a violencia sexual), el Estatuto de la Oposición, y los actos legislativos de creación de la JEP y de reincorporación política. El enfoque se excluyó definitivamente del acto legislativo que le da seguridad jurídica al acuerdo de paz y de la ley que permite la participación de la agrupación Voces de paz en el Congreso (de la que hacen parte dos mujeres: Imelda Daza y Judith Maldonado).
Una fuente de la Csivi le dijo a ¡Pacifista! que al menos dos asuntos están impidiendo que las necesidades de las mujeres estén presentes en todas las aristas de la implementación: por un lado, el desconocimiento del enfoque de género por parte de los equipos del gobierno que diseñan las normas y de los que las revisan en la Csivi y, por otro, el hecho de que cuando se incluye a las mujeres en las normas no se definan acciones y programas concretos para ellas, sino meras referencias.
Para GPaz, el balance es un primer campanazo de cara al segundo periodo legislativo del año, que arranca el próximo 20 de julio. Más de seis después de creada la Csivi, las partes todavía no han instalado la Instancia Especial que, según el acuerdo, deberá vigilar que el gobierno y las Farc no embolaten las promesas de equidad para las mujeres.
