Divergentes hace un resumen de los momentos en que la ciudadanía se ha unido para exigir la construcción de paz en Colombia y las medidas que el Gobierno ha adoptado para avanzar en ese camino.
Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá.
Por: Sebastián Narváez Núñez y Santiago Valenzuela
Debieron pasar 52 años, seis meses y diez días para que el conflicto armado con las Farc, la guerrilla más antigua del continente, llegara a su fin. Hablamos de una guerra que dejó 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado 220.000 muertos, cerca de 30.000 secuestrados y por lo menos 25.000 desaparecidos, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Mientras transcurría una guerra desgarradora que a veces superaba al mismo Estado, las organizaciones de la sociedad civil hacían lo posible para impulsar un acuerdo de paz o, por lo menos, un cese de hostilidades transitorio. Hubo plantones, marchas, huelgas de hambre y diversas movilizaciones que tenían como fin rescatar el derecho a la vida.
Según el documento ‘Construyendo paz en medio de la guerra: Colombia’, publicado en diciembre de 2006, y elaborado por Alicia Barbero Domeño para la Escuela de Paz, los movimientos sociales en torno a la paz comenzaron a emerger en la década de los setenta.
En ese entonces, comunidades indígenas asediadas por el conflicto salieron a marchar pacíficamente en sus mingas de resistencia, a hacer denuncias públicas sobre los abusos y a buscar el diálogo con los perpetradores de la violencia. Así, en medio de las confrontaciones entre la Fuerza Pública y los guerrilleros, las comunidades se comenzaron a organizar en torno a objetivos concretos.
Las comunidades étnicas defendieron la identidad, el territorio; los sindicatos los derechos laborales, algunas organizaciones civiles la desmilitarización y la necesidad de un Estado presente a través de servicios como la educación y la salud. En 1971, por ejemplo, se creó el proyecto Nasa Toribío en el norte del Cauca, una organización compuesta por 90 pueblos indígenas que se comenzaron a movilizar alrededor de la cultura, el territorio, la agricultura y el cese de la violencia. Veinte años después, el Estado reconocería estos esfuerzos en la Constitución de 1991, declarando al país pluriétnico y multicultural.
En el transcurso de las décadas siguientes se presentaron movilizaciones similares. Las comunidades afrocolombianas comenzaron a organizarse a través de asociaciones, como Acia (Asociación Campesina Integral del Atrato), que nació en 1982 en el Medio Atrato de Chocó. Con acompañamiento de la Diócesis de Quibdó lograron recuperar tierras en Jiguamiandó e impulsaron el Movimiento Cimarrón y el Proceso de Comunidades Negras. Después se verían campañas como el ‘Mandato de los Niños y las Niñas por la Paz’, por ejemplo, un documento promovido en 1996 en alianza con la Unicef que logró que cerca de tres millones de niñas y niños exigieran con firmas la desvinculación de los menores del conflicto.
El Mandato de los Niños y Niñas por la Paz fue impulsado, entre otras, por la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), una de las primeras organizaciones que se articularon alrededor de la construcción de paz y demandaron públicamente avances para la terminación del conflicto. Esta organización comenzó a operar en 1993 y hoy cuenta con más de 400 delegados que trabajan en Santander, Bogotá, Medellín y Valle. Redepaz fue clave, por ejemplo, en los procesos de paz con las milicias de Medellín y la guerrilla de la Corriente de Renovación Socialista.
Conflicto sin civiles
Una de las acciones históricas que impulsó Redepaz fue el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Justo cuando la Constitución del 91 cumplía seis años, Redepaz demostró que la ciudadanía podía exigirle al Estado acciones concretas en la búsqueda del fin de la guerra. En 1997 promovieron una movilización nacional por la paz que se materializó en una papeleta con 10 millones de votos que fueron entregados a la Registraduría. Esos votos respaldaban el “Mandato por la Paz”, un documento que tenía una petición precisa: la búsqueda de la solución política al conflicto armado.
Esta movilización fue crucial un año después, en 1998, cuando fue reglamentado el artículo 22 de la Constitución, en donde quedó establecido que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Gracias a esto, nació la ley 434 de 1998, que creó el Consejo Nacional de Paz.
Acciones de ese tipo también tuvieron lugar en años recientes. El 15 de marzo de 2016, por ejemplo, el país conoció el trabajo silencioso que se venía gestando en los Montes de María, donde se creó un Espacio Regional de Construcción de Paz, en el que participaron 35 organizaciones ciudadanas y comunitarias.
De las 900.000 víctimas de desplazamiento forzado en la región Caribe, 234.098 vivían en los Montes de María y por eso fue tan importante que en esta región, donde los paramilitares cometieron por lo menos 56 ataques a la población, se firmara un acuerdo de paz lleno de simbolismo entre sus habitantes, dándole impulso y legitimidad al Espacio Regional.
Mientras el proceso de paz con las Farc avanzaba lentamente en La Habana, los habitantes de Montes de María organizaron diferentes actos con una consigna específica: “en La Habana se está firmando el fin de la guerra entre dos de los actores de la violencia armada en nuestro territorio. La paz, en cambio, es un proceso que requiere la participación activa de la sociedad civil”.
En la historia de Colombia, las movilizaciones también se han hecho en defensa de los secuestrados y por la exigencia de su liberación. Una de las más mediáticas fue la del profesor Gustavo Moncayo, quien en 2007 recorrió el país entero a pie, de Nariño a Bogotá, para finalmente llegar a la Plaza de Bolívar a exigirle al Estado y al gobierno, encabezado en ese entonces por Álvaro Uribe Vélez, un intercambio humanitario que permitiera la liberación de su hijo, el suboficial del Ejército Pablo Emilio Moncayo.
En 2007 también se gestó una iniciativa política importante: Colombianos y colombianas por la paz. Ese año, la entonces congresista Piedad Córdoba gestionó la liberación de secuestrados e impulsó un diálogo con la guerrilla de las Farc. En 2009, por ejemplo, logró que los agentes de la Policía José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia y Alexis Torres fueran liberados.
La década de 2000 a 2010 fue clave para la movilización por la paz, pues también se llevó a cabo la marcha Un millón de voces contra las Farc, que tuvo lugar el 4 de febrero de 2008, y en la que cientos de miles de personas protestaron contra las acciones del grupo guerrillero. Se trató de una de las primeras veces en que las redes sociales tuvieron un papel esencial como medio de convocatoria masiva. Nació en un foro de Internet en donde un grupo de jóvenes pedía la liberación de la política Clara Rojas –secuestrada por las Farc en 2002 junto a la entonces candidata a la presidencia Íngrid Betancourt– y finalmente se extendió a 163 ciudades en Colombia y el mundo.
Más recientemente, las movilizaciones fueron más allá de los actos simbólicos y de las protestas. Poco a poco el Estado fue cambiando su enfoque alrededor de las víctimas del conflicto y de la paz en general. A manera de ejemplo está la histórica ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Antes no existía un marco legal para cobijar a las víctimas y a las organizaciones de víctimas, pues durante sus dos gobiernos (2002–2010), Álvaro Uribe Vélez había negado la existencia de un conflicto armado en el país.
La Ley de Víctimas abrió una puerta para crear movimientos y organizaciones, y también destapó el espinoso camino para la reparación integral. Aunque con problemas, en seis años la Unidad de Víctimas, derivada de la ley, logró reparar a 650 mil víctimas y pagó más de 673 mil indemnizaciones. Actualmente el Estado cuenta con 53 entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. ¿El objetivo? Que los afectados accedan a salud, educación, vivienda, entre otras necesidades claves.
El 9 de abril de 2012 también fue un día histórico, pues desde entonces comenzó a conmemorarse el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, un día que inevitablemente está ligado con el 9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Este tipo de actos y celebraciones ayudaron a que las movilizaciones fueran creciendo con el tiempo. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), mientras en 2013 hubo 294 movilizaciones sociales, en 2016 se registraron 561, lo que representó un incremento del 91 por ciento.
El no y la gente
Antes de instalarse los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en 2012, los colombianos habían sido testigos del único proceso exitoso hasta entonces: la paz con el Movimiento 19 de abril (M-19). Los inicios de este proceso se dieron con el secuestro del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 29 de mayo de 1988. A cambio de su liberación, los guerrilleros exigieron la instalación de un diálogo de paz y de una Asamblea Nacional Constituyente, que después vería la luz a la Constitución de 1991.
A esta petición se sumó la de la sociedad civil, principalmente el movimiento estudiantil que, a través de un séptimo voto en las elecciones legislativas (también conocido como séptima papeleta) promovieron la gran reforma constitucional.
En el transcurso de los años siguientes a la nueva Constitución no hubo un desenlace pacífico en relación con el conflicto armado con las Farc. Un momento de ilusión llegó entre 1992 y 2002, cuando el presidente Andrés Pastrana tomó las banderas de la paz y estableció una mesa de diálogos en San Vicente del Caguán. Después de crear una zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente, Pastrana entró en una tensa negociación con el entonces jefe de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.
Esta fue una época difícil para los movimientos sociales por la expansión del paramilitarismo, encabezados por Fidel y Carlos Castaño, precursores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo fue responsable de por lo menos 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres y por lo menos 371 casos de tortura. En noviembre de 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe invitó a Carlos Castaño a negociar un proceso de paz que se materializó en 2005 con la Ley de Justicia y Paz , la cual acogió a cerca de 35.253 integrantes de sus bloques armados.
Durante esa época de desmovilización, sin embargo, surgió uno de los grupos más importantes de batalla por la paz: las Madres de Soacha, formadas por madres de jóvenes que fueron asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros ante el Gobierno, un escándalo que se conoció públicamente como el de los “falsos positivos”.
La lucha de las madres llegó a los tribunales y 21 militares fueron condenados y se espera que otros sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), derivada del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
La vigilia por la paz
“¿Y ahora qué?”. Millones de colombianos se hicieron la pregunta 11 años después ante la incertidumbre de la noche del 2 de octubre de 2016, cuando en el plebiscito que avalaría los Acuerdos de Paz de la Habana, el 50,2 por ciento de los colombianos dijeron ‘No’ a esa posibilidad. Esto ocurría después de más de cuatro años de negociación y de que el 23 de junio de 2016 fuera anunciado por las partes el fin oficial del conflicto.
Ante la incertidumbre por el futuro de los diálogos de paz, las redes sociales jugaron un papel vital para mover a la ciudadanía. Fue así que, apenas tres días después del plebiscito, miles de estudiantes de 23 universidades en Bogotá se unieron para marchar con antorchas y en silencio por las víctimas y por la paz, en uno de los momentos que marcaron un precedente de la movilización colombiana del siglo XXI: la Marcha del silencio. A partir de este hito, durante varias semanas, Colombia se convirtió en un escenario en el que la ciudadanía se hizo sentir con las más diversas iniciativas, entre ellas la instalación de la artista Doris Salcedo de 7.000 metros de tela blanca con los nombres de 1.900 personas afectadas por el conflicto o la llegada de un grupo de indígenas que se reunió en la capital para respaldar los acuerdos.
También en las universidades, en las juventudes de los movimientos políticos y en apartamentos de jóvenes líderes, como ocurrió con el movimiento Paz A La Calle, la gente se reunió, organizó eventos y mantuvo viva la discusión sobre el futuro de la paz en Colombia. De ahí surgieron agrupaciones como Javerianos por la Paz, un movimiento juvenil por la construcción de paz en Colombia a partir de la pedagogía; Tercera Voz, un grupo pluripolítico de estudiantes de bachillerato que busca el diálogo y rechaza la polarización; y Ojo a la Paz, una iniciativa de varios movimientos juveniles y organizaciones sociales comprometidas con el seguimiento a la implementación del acuerdo con las Farc.
En noviembre de 2016, junto a 50 movimientos políticos y sociales de diversos sectores, estos grupos hicieron posible la firma del Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz bajo la premisa de “enviar un mensaje de reconciliación nacional y rechazar toda forma de violencia”. Cerca de 30 de ellos viajaron a La Habana a reunirse con las Farc y crearon así un precedente en la construcción pacífica como causa de la ciudadanía.
Firma incompleta
Después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, el Gobierno, las Farc y los promotores del ‘No’ se reunieron para discutir sobre posibles ajustes al texto definitivo del Acuerdo de Paz, y con el paso de los días, y bajo la creciente presión de la opinión pública, las partes de la negociación firmaron el 24 de noviembre el documento final. Con ello, sin embargo, la movilización por la paz no llegó a su fin.
Tras la refrendación de los acuerdos en el Congreso, diferentes colectivades como Paz Querida y Paz A la Calle decidieron hacerle seguimiento a la implementación. Se concentraron, por ejemplo, en el fast track (que pasaría las grandes reformas en el Congreso en plazos inferiores a los usuales), en las circunscripciones especiales de paz y en la JEP. También en vigilar a los senadores, a su asistencia (o inasistencia) a los debates más decisivos. En todo caso, ejercieron presión desde la ciudadanía, incluso a veces a través de las denominadas ‘twitteratones’ desde Twitter.
En este momento, la voz de las organizaciones sociales sigue siendo fundamental, pues la implementación del posconflicto sigue en vilo, con unas Autodefensas Gaitanistas activas y los grupos disidentes de las Farc, que se han fortalecido en departamentos vulnerables como Nariño y Guaviare. Es desde esta y otras zonas en donde se pueden gestar nuevas movilizaciones ciudadanas que impulsen el proceso de paz. Y decimos que se puede, pues como lo hemos contado en ¡Pacifista!, visibilizar las regiones no es una tarea fácil: desde que comenzó la implementación, 77 líderes sociales han sido asesinados.
***
Divergentes es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer –KAS– en Colombia y de Open Society Foundations. Las opiniones que aquí se comparten son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer.
