A un mes de que se cumpla el plazo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la fecha podría ser modificada con un acuerdo entre las partes.
Si hace semanas parecía inamovible la posición del Gobierno sobre la fecha límite del 23 de marzo para lograr un acuerdo de paz con las Farc, ahora el panorama, con una cuenta regresiva que avanza, estaría cambiando.
Por lo menos eso se deduce de las palabras del presidente Juan Manuel Santos quien, en entrevista con W Radio, reconoció que solo un acuerdo entre el Gobierno y las Farc podría llevar a la modificación de la fecha que él mismo pactó con “Timochenko”, en septiembre de 2015.
Si bien Santos dijo que antes del 23 se podrían resolver los “puntos fundamentales” que están pendientes, abrió la puerta para un escenario diferente.
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“La fecha fue acordada por las dos partes y no se ha modificado. Si se modifica la fecha tiene que ser por acuerdo de las partes. Hay posibilidades de terminar por lo menos los puntos fundamentales antes de esa fecha”, dijo.
Sin embargo, esa idea de que la voluntad política podría agilizar lo que aún queda por negociar parece no contemplar, por ejemplo, las demoras que generó la “renegociación” del tema de justicia, que solo quedó cerrado en diciembre, pese a que desde septiembre Santos y “Timochenko” habían sellado el asunto con un apretón de manos.
Tampoco parece considerar los retrasos que podría generar un episodio como el acto público de las Farc la semana anterior en Conejo, corregimiento de Fonseca, en La Guajira, donde varios negociadores de esa guerrilla se reunieron con la población civil, según el Gobierno, incumpliendo los protocolos y las reglas de juego establecidas para la pedagogía de la negociación entre las bases guerrilleras.
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Ese caso, además de despertar una verdadera polémica en Colombia por las imágenes que circularon de un grupo de guerrilleros armados escoltando a sus jefes en la plaza de un pueblo, removió la mesa de conversaciones. Los negociadores de uno y otro bando se enfrascaron en una discusión que pone en evidencia que la confianza entre las partes resultó afectada.
Y es tanto así que después de que el jefe negociador Humberto de la Calle responsabilizó a las Farc por lo sucedido, solicitó el regreso inmediato a La Habana de los negociadores de esa guerrilla y anunció la suspensión de las autorizaciones para hacer pedagogía en los campamentos guerrilleros. Un capítulo que no ha podido superarse.
Las Farc respondieron diciendo que la polémica es injustificada, que sus voceros llegaron a La Guajira con un mensaje de paz y reconciliación y que el argumento del proselitismo armado no tiene fundamento: “No se puede argumentar inexistentes compromisos en los protocolos acordados por las partes para el traslado de los delegados de las FARC-EP a Colombia, con el fin de socializar los avances del proceso con los guerrilleros y las masas que históricamente nos han acompañado, para desconocer el derecho a la libre información que asiste a todos los ciudadanos”.
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Aunque las Farc dicen que no existe ningún protocolo que impidiera a sus negociadores hacer pedagogía con civiles, luego de lo sucedido en Conejo el Gobierno decidió suspender las autorizaciones, incluso, para que viajen a sus campamentos. Foto cortesía.
Lo cierto es que el problema, no solo en Colombia sino en La Habana, no es menor. Y las palabras de Santos en su entrevista de este lunes así lo demuestran: “No es cierto que los protocolos le hayan permitido a las Farc reunirse con la población civil. Llevamos cinco reuniones y yo efectivamente autoricé esas visitas de los comandantes de las Farc a sus frentes porque me lo solicitaron, para que se pudiera hacer pedagogía con su gente sobre lo que se está negociando en La Habana. Me pareció que era un paso correcto, un paso necesario y lo que hicieron fue violar unas reglas de juego que se han establecido, que se han discutido en detalle”.
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Más allá de las acusaciones, quedó claro que los plazos sí pueden verse afectados por situaciones de este tipo. El propio Presidente explicó que sostuvo una reunión con el canciller noruego, quien mediará para que el tema quede superado. Según dijo, ese país y Cuba, como garantes del proceso de negociación, trataran de dirimir la polémica para que las conversaciones sigan su curso con normalidad.
El reto de terminar las negociaciones en un mes no se agota solo con la necesidad de superar los desacuerdos sobre lo que ocurre por fuera de la mesa. Entre los temas pendientes, que hacen parte de la agenda, se encuentran asuntos tan complejos como la refrendación de los acuerdos y la definición de las zonas donde se concentrarían las Farc para un cese al fuego bilateral y definitivo.
El presidente dijo el viernes pasado que son cuatro los asuntos fundamentales que deben abordarse: además de la refrendación y las zonas de ubicación, están en la lista la forma como serán elegidos los magistrados del Tribunal Especial de Paz y el cronograma para la dejación de las armas.
Así las cosas, pretender que en 30 días se avance en asuntos sobre los que aún persisten diferencias tan marcadas parece un desgaste más que un propósito que logre imprimirle a la negociación el impulso que requiere. Si bien esa fecha podría cambiar, como lo dijo Santos, con un acuerdo entre las partes, también es cierto que firmar un cheque en blanco para que las conversaciones se extiendan sin límite posibilitaría nuevas polémicas que, como la de Conejo, además de entorpecer las conversaciones, deterioren la imagen que se tiene en Colombia sobre lo que ocurre en La Habana.
