La pandemia agudizó varios problemas que tiene la puesta en marcha de la paz en Colombia: la desfinanciación de programas del posconflicto, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y el crecimiento de la brecha entre las comunidades y el Estado.
Con la intención de vigilar la implementación del Acuerdo de paz y establecer un puente entre el Congreso y las comunidades, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes creó ‘Del Capitolio al Territorio’, una iniciativa en la que congresistas de diferentes partidos políticos escuchan las perspectivas y preocupaciones que tienen los actores locales en diferentes regiones del país respecto a la paz y su puesta en marcha.
Además, ‘Del Capitolio al Territorio’ tiene el objetivo de verificar, de primera mano, los avances en la creación de políticas públicas relacionadas con la seguridad territorial, la reincorporación, el control sobre los cultivos de uso ilícito y la situación de las víctimas del conflicto armado, entre otros temas.
Este año se hicieron 55 encuentros de ‘Del Capitolio al Territorio’ en las regiones de Catatumbo, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Urabá, Montes de María, Sur de Bolívar y Guaviare. Algunos de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), que apoya la iniciativa, recopiló lo que se habló en los encuentros y los retos que le esperan al Gobierno para implementar la paz, según las comunidades de las regiones, en el informe ‘Del capitolio al territorio. La implementación de la paz en tiempos de pandemia: tareas urgentes’
Sobra decir que las comunidades apoyan el Acuerdo de paz. Sin embargo, sienten que la implementación enfrenta varias dificultades por la persistencia de la violencia organizada, la falta de participación y transparencia, la lenta implementación de los programas (como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-) y las débiles capacidades institucionales para asumir sus compromisos.
La crisis de inseguridad
Según los actores locales que participaron en los encuentros, la pandemia no ha sido un obstáculo para los grupos armados ilegales (ELN, EPL, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de las Farc). Todo lo contrario: les ha facilitado las cosas para que puedan ejercer mayor control social y territorial. Esto trajo consigo una deslegitimación del Estado ante su aparente incapacidad de atender la emergencia sanitaria en las zonas más apartadas.
¿Qué pasa en las regiones cuando se encuentran el Covid-19 y el conflicto armado?
Las comunidades también muestran su preocupación ante el incremento de los homicidios y desplazamientos forzados en sus territorios, especialmente en Bajo Cauca, Catatumbo y Sur de Córdoba. Desde el punto de vista de quienes participaron en los encuentros, esto se debe a que el Estado no logró fortalecer su presencia en el marco del desarme y desmovilización de las Farc.
Ante la difícil situación, el Estado optó por la salida más rápida (que ya es la ‘vieja confiable’): la militarización. Para las comunidades esa respuesta ha sido insuficiente, pues no contempla una intervención integral. Desde la FIP recomiendan garantizar la seguridad desde un enfoque amplio que combine el despliegue de la Fuerza Pública y mayor inversión social. Desde luego, esto debe contar con una planificación a partir de las particularidades de cada región.
Los riesgos de los excombatientes
Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 249 excombatientes. Es evidente que la seguridad para los que se desmovilizaron de las Farc tiene graves fallas. Ellos dijeron que no se sienten seguros en los territorios donde se asentaron, ya sea los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) o las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Y esa sensación aumentó a la par de la pandemia, pues desde marzo son recurrentes los asesinatos de excombatientes. Justo el último fin de semana de este 2020 mataron a Rosa Amalia Mendoza en Montecristo (Bolívar) y a Manuel Alonso Villegas en Miranda (Cauca).
En materia de reincorporación, los excombatientes aseguraron en los encuentros que la pandemia agudizó la demora en la atención a quienes están en los antiguos ETCR o en las NAR, interrumpió iniciativas productivas y ralentizó el acceso a tierras. Aunque lo último no está pactado en el Acuerdo, ellos consideran que es necesario para garantizar una reincorporación integral.
Sin cumplimiento no hay confianza
Pese al respaldo de las comunidades al Acuerdo y el apoyo a su implementación, el ritmo para materializar la paz es muy lento. Existe una percepción generalizada de que el Gobierno ha utilizado la emergencia sanitaria como una ‘excusa’ para justificar el incumplimiento de sus compromisos con la Paz. Por ejemplo, sobre los PDET hay preocupación debido a la débil capacidad para cumplir con los compromisos asumidos, la falta de recursos (humanos, técnicos y financieros) y la existencia de barreras legales medioambientales para garantizar el acceso a la tierra.
Con relación a la renovación del territorio, aunque hubo avances importantes en la fase de diálogo y concertación para el diseño de los PDET, las comunidades señalaron que la participación durante la ejecución de las iniciativas priorizadas se ha reducido y los incumplimientos persistieron. Además, la puesta en marcha de otras iniciativas como las Zonas Futuro y el programa ‘Hecho a la Medida’ desconocen lo acordado, ya que no fueron concertadas ni consultadas sino impuestas.
“Hay un déficit de participación en los procesos. No nos sentimos identificados porque se termina haciendo lo que las autoridades deciden e imponen”.
Participante de uno de los encuentros.
En cuanto al PNIS, otro programa clave del Acuerdo, varias organizaciones sociales denunciaron la reducción de apoyo en la sustitución y la ralentización en los pagos. Además, el programa se encuentra desfinanciado. Según el informe de la FIP, “el presupuesto otorgado para financiar el PNIS en 2019 y 2020 ha sido menor al solicitado en un 84 % y 34 %, respectivamente”. Y a lo anterior hay que sumar la violencia contra quienes apoyan y participan en el programa.
Para 71 líderes de sustitución, entrar al PNIS fue una sentencia de muerte
Adicionalmente, en este 2020 se vivieron tensiones entre comunidades y el Gobierno debido a los operativos de erradicación forzada incluso en zonas donde se adelanta el PNIS. Esto genera desconfianza, por lo que algunas familias tomaron la decisión de retirarse del programa.
A las víctimas también les incumplen
El panorama de las víctimas también es preocupante. La FIP y las comunidades subrayan que el proceso de reparación contenido en la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas) tiene varias falencias. Entre ellas están que su aplicación carece de un enfoque diferencial tanto de género como étnico y que la atención está centralizada en los grandes centros urbanos. Desde luego, la pandemia aumentó esa distancia.
Otro tema que les preocupa a las víctimas es la restitución de tierras. La Unidad de Restitución de Tierras informó que faltan 5.499 órdenes de restitución. Además, reconoció que los principales obstáculos que tiene ese proceso son la ausencia de una reglamentación precisa para cumplir con las órdenes judiciales y el hecho de que algunos de los terrenos que se les pueden adjudicar están protegidos bajo la Ley 2 de 1959 (Zonas de Reserva Forestal).
Acerca de la participación política, las víctimas están decepcionadas por no contar con las curules para la paz, que están pactadas en el Acuerdo. El Gobierno de Duque no ha dado pasos sobre el tema ni mostrado interés. Por lo menos en 2020, esos escaños en el Congreso quedaron en veremos.
Por acá les dejamos el informe de la FIP, por si quieren consultarlo.
