Hugo Albeiro George Pérez, líder social y campesino, fue asesinado el miércoles 2 de mayo. El Movimiento Ríos Vivos pidió celeridad en las investigaciones.
A 171 kilómetros al norte de Medellín, en el cañón del río Cauca, está Hidroituango: una poderosa hidroeléctrica que está tomando forma desde los años noventa y que en los próximos meses comenzaría a funcionar. Ubicada en el municipio de Ituango – punto estratégico para los grupos armados – la obra suplirá de energía a 8 millones de colombianos (cubrirá el 17% de la demanda eléctrica del país). El 50% de la energía de Antioquia, según Empresas Públicas de Medellín (EPM), dependerá de Hidroituango.
Que las promesas de EPM se hagan realidad depende de un espinoso proceso en el que la violencia y los cuestionamientos ambientales son protagonistas. Hablemos primero de la violencia: este miércoles 2 de mayo, en el corregimiento de Puerto Valdivia – área de influencia del megaproyecto – fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, la cual está integrada con el Movimiento Ríos Vivos, el cual ha hecho veeduría de la construcción de hidroeléctricas en Huila, Antioquia, Caldas y Santander.
Hugo Albeiro George era un líder social que acompañó a las comunidades en procesos difíciles durante la construcción de Hidroituango. Su asesinato coincidió con un momento difícil para la hidroeléctrica: hace tres días se presentó una emergencia en el embalse de Hidroituango, cuando las aguas del río Cauca obstruyeron el túnel de desviación del río. “El agua subió afectando a las familias barequeras y pescadoras que habitan en las playas del río Cauca”, denunció Ríos Vivos. Según EPM, un segundo taponamiento se presentó a 130 metros del portal de ingreso del túnel de descarga. Este represamiento generó que el río bajara su cauce, afectando a los campesinos del municipio de Valdivia. Para solucionar la situación, EPM se comprometió a habilitar otros túneles para evacuar el agua.
Cuando Hugo Albiero George, oriundo de la vereda Filadelfia (Ituango), se movilizaba por el corregimiento de Puerto Valdivia con su sobrino, Domar Zapata, fue interceptado por dos hombres armados que lo asesinaron a las 11 de la mañana, según la información suministrada por Ríos Vivos. Aunque todavía no es claro si el líder estaba amenazado, lo cierto es que a la organización a la que él pertenecía se opone al proyecto de construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, al norte de Antioquia. De acuerdo con Ríos Vivos, él tenía 12 hijos, de los cuales 10 eran menores de edad.
La familia del líder, según Ríos Vivos, ha sido “afectada de innumerables maneras por la construcción de Hidroituango, en las que sobresalen el no reconocimiento de la posesión de la finca de la cual dependen más de 50 personas que son la familia extensa y los daños a los cultivos, los caminos de herradura, la pérdida de semovientes, de árboles maderables y frutales causadas principalmente por la construcción de la vía entre Puerto Valdivia y la Presa”. Las organizaciones sociales de Ituango pidieron celeridad en las investigaciones y, de inmediato, medidas de EPM para que no ocurra una “emergencia social y ambiental” por la obstrucción del túnel de las aguas del río Cauca.
De acuerdo con fuentes de EPM, el líder social ya había llegado a acuerdos sobre el traspaso de sus predios y no había presentado ninguna queja al respecto. Sobre el problema con el represamiento en el túnel, en EPM sí temen que el proyecto se retrase por las millonarias multas que esto acarrearía. Habitantes de la zona nos contaron que la principal preocupación por ahora es que se genere una avalancha por cuenta del represamiento de agua.
El asesinato de George es solo la punta del iceberg. Desde 2013 existe una aguda confrontación entre los movimientos sociales de la zona y EPM. El pasado 3 de abril, por ejemplo, el ESMAD acordonó zonas aledañas al proyecto hidroeléctrico. En el municipio de Sabanalarga se presentó un desalojo después de un diálogo fallido con la dependencia de recursos humanos de la gobernación de Antioquia. La situación en 2017 tampoco fue la mejor, pues la expansión de las Autodefensas Gaitanistas y las disidencias de las Farc generaron otra vez terror en Ituango.
El proceso de llenado del embalse también ha generado polémica. El pasado 21 de abril, el Parlamento Europeo hizo un llamado de urgencia para que el gobierno colombiano proteja los derechos de las víctimas del conflicto armado en Ituango, pues cientos de personas desaparecidas estarían enterradas en los predios de Hidroituango; incluyendo el área de embalse. Aunque en la zona se han logrado exhumar y recuperar 159 cuerpos, las organizaciones civiles aseguran que el número puede ser mayor y que, precisamente por eso, el llenado del embalse podría terminar “ahogando la memoria“.
El proyecto de Hidroituango incide directamente en predios de los municipios de Ituango, Briceño, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Sabanalarga, Liborina, Olaya, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. Estas zonas han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, primero por las Farc y después por los grupos paramilitares. En 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín solicitó abrir una investigación sobre los presuntos beneficios que tuvo Hidroituango con las acciones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El Bloque Mineros de las AUC llegó a Ituango en 1996 para combatir a la guerrilla de las Farc. Un año después, en 1997, se creó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A., un proyecto que impulsó el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Estos fueron años difíciles para Ituango: primero fue la masacre de la Granja, en 1996, luego la de El Aro, en 1997 (donde fueron asesinadas 15 personas), posteriormente la de Sabanalarga, la de Libornia, Yarumal y Briceño.
Hace dos meses Ituango volvió a ser noticia por la disputa entre grupos criminales. En febrero, como lo contamos, fueron desplazadas por lo menos 35 familias en las veredas La Ciénaga, San Juanillo y La Soledad, escenario en disputa por Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. De acuerdo con el Ejército, en la zona se han presentado enfrentamientos entre los dos grupos para tomar el control de las rutas del narcotráfico, las cuales van desde el Bajo Cauca hasta Urabá.
Las familias de veredas como El Cedral, Palo Blanco, Chontaduro y San Juanillo han denunciado extorsiones por parte de grupos armados que se están expandiendo en el territorio. En Palo Blanco, por ejemplo, se han presentado enfrentamientos armados entre las disidencias del frente 36 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Esta zona es un Tumaco en potencia”, nos dijo en ese entonces una fuente de la zona.
