En supermercados, tiendas o bancos les piden a mujeres y hombres trans comprobar su identidad de género. Organizaciones LGBTI+ denuncian que la medida promueve la discriminación hacia esta población.
Derrumbar la vigilancia del género es una de las tantas luchas que ha dado la población LGBTI+. Se trata de acabar con la necesidad o la obligación de justificar la identidad de género ante cualquiera o en cualquier espacio, especialmente si es público. Si alguien se considera un hombre o una mujer no tiene por qué dar explicaciones acerca de su género para ser reconocido como tal.
“¿Es que debo tener una vagina en la frente para que me crean que soy mujer o qué?”.
Esto le respondió Andrea a un policía que le pidió agresivamente que se retirara de una fila en un banco. Era un día de la tercera semana de abril. Ella tenía que sacar dinero de un cajero automático. Ya el mercado se la había acabado y necesitaba comprar más. “Fue muy grosero. Decía: es que los maricas hacen lo que se les da la gana, salen cuando quieren”.
El día de ese altercado era par. Según el decreto 106 de la Alcaldía de Bogotá, con el que se adoptó un Pico y género en la ciudad para evitar aglomeraciones en las calles durante la cuarentena por la emergencia del Covid-19, los días pares solo debían salir de sus casas las mujeres para abastecerse de alimentos y otros enseres o para diligencias como retirar dinero de un cajero automático. Andrea, mujer trans, fue agredida porque no la reconocieron como mujer, porque salió a la calle el día que les corresponden a las mujeres. “Y eso mismo me pasó cuando fui a pagar el recibo de Claro. El celador me pidió la cédula para comprobar si yo era mujer. Me tocó esperar a que me dejara entrar”.
La medida de Pico y género ha generado discriminación contra la población trans de Bogotá. Así nos lo dijo Juli Salamanca, de la Red Comunitaria Trans, quien también nos contó que la organización logró documentar cerca de 20 casos como el de Andrea desde el día en que comenzó a regir el decreto, el 13 de abril. De esos casos, la mayoría se dieron dentro de tiendas o supermercados. “Lo que hizo la medida del Pico y género fue darle una herramienta de vigilancia del género no solo a la Policía, que históricamente nos ha violentado a los y las trans, sino también a cajeros, celadores, vendedores… A los particulares”. Esa vigilancia se ejerce cuando en establecimientos se pide la cédula para corroborar si alguien es hombre o mujer. O, así suene absurdo, cuando se solicita un certificado de hormonización, un papel donde diga que la persona es trans. “Eso ni siquiera existe, pero en algunos lugares lo han pedido.”
Miremos algunos de los casos que ha documentado la Red desde que empezó el Pico y género. Algunos ya fueron publicados en redes sociales. “Yo soy una niña trans, estoy en un proceso de hormonización, puedo ingresar. ¿Vale?”, se escucha en un video grabado con celular donde una impulsadora del almacén Justo y Bueno le dice a una chica trans que no puede ingresar porque ese día es par, solo salen mujeres a la calle. “Permíteme hablo con los compañeros”, dice la empleada. En otro video que comparte la Red, una chica trans que graba a modo selfie dice: “Imagínense que estamos en el Metro (un supermercado) en Kennedy y nos dicen que tenemos que salir porque no debemos estar acá. Yo soy trans, mi amiga es trans; y nos dicen que no tenemos que estar acá porque dicen que somos hombres”. Dos policías aparecen en cuadro.
En un tercer video, una mujer trans cuenta que en el banco Scotian Bank le pidieron la cédula para comprobar si era mujer cuando fue a hacer una consignación. “Estaba molesta. Hablé con la gerente de servicio y posteriormente salimos del establecimiento porque yo estaba muy inconforme. Nos acercamos a un policía y él, muy desinformado, dice que el banco, al ser establecimiento privado, podía pedir el documento a los clientes”.
Pero la discriminación durante el Pico y género no se ha quedado en prohibiciones para entrar a almacenes, supermercados o bancos. Ya llegó a la agresión física. El domingo 18 de abril, en Ciudad Bolívar, una mujer trans fue apuñaleada. ¿Cuál fue el argumento de su agresor? Que estaba en la calle en el día que no le correspondía. “Es absurdo que se tome una medida así en un país donde violentan a personas que se están construyendo de manera libre”, enfatiza Salamanca.
Estas son algunas de las denuncias que anteriormente mencionamos:
#MisDerechosNoEstanEnCuarentena
“El vigilante del @ScotiaColpatria de galerías me dijo que no era mi día para ingresar al establecimiento, que le pasará mi cédula para poder verificar información”@ClaudiaLopez ¿cuántos casos más de discriminación y humillación necesita? pic.twitter.com/6CLvKVh8le
— Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) April 23, 2020
#MisDerechosNoEstanEnCuarentena
“Nos acaban de sacar de @TiendasMetroCo de kennedy. Nos dijeron que no podíamos estar en la tienda por ser hombres. La @PoliciaColombia nos pidió la cédula para “verificar” que fuéramos mujeres”
¿@ClaudiaLopez cuántos casos más necesita? pic.twitter.com/CDd7rz7RNW
— Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) April 26, 2020
Violencia y vigilancia
Luego de la publicación del decreto 106, de inmediato varias organizaciones LGBTI+ expusieron por medio de comunicados que la medida del Pico y género es discriminatoria y abría la puerta a los abusos en contra de la población trans y no binaria. Hablamos con Laura Weinstein, directora de la fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans -GAAT-, quien dio dos argumentos para entender el rechazo al decreto.
El primer argumento es que la norma desconoce la realidad de los y las trans. Aquí Weinstein se refiere a la violencia y las agresiones a las que históricamente esta población ha sido víctima. Según las cifras que maneja Colombia Diversa, en el país han asesinado a 318 mujeres trans y a 11 hombres trans desde agosto de 1993 hasta julio de 2019. De ese número, 136 fueron crímenes por prejuicio y estigmatización a su identidad de género. Y en el informe sobre derechos de las personas LGBTI+ en 2018, también de Colombia Diversa, aparece que en ese año hubo 87 víctimas LGBTI+ de violencia policial, un 16 por ciento más que en 2017 (75 víctimas).
“Los policías no han entendido ni le interesa entender que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Lo que ha pasado con ellos, luego de estudios de la Red Comunitaria y de otras organizaciones como Colombia Diversa, es que saben dónde golpear. Tienen claro que los golpes a los y las trans son en donde hacen sus construcciones identitarias, porque es allí donde son más vulnerables y es donde más generan daño”, agrega Salamanca.
El sistema de salud colombiano sigue tratando a las personas trans como enfermos mentales
El segundo argumento de Weinstein es que el decreto aumenta la vigilancia del género, lo que a su vez posibilita abusos y agresiones. Ella reitera algo que se decimos al principio de este artículo: “La medida pone aún más a las personas trans en manos de su agresor de siempre, que es la Policía. Pero también le da herramientas a particulares para que ejerzan vigilancia sobre el género”. Y esa vigilancia puede terminar en violencia física como pasó con la chica trans apuñalada en Ciudad Bolívar.
Justo esos dos argumentos también aparecen en una carta que varias organizaciones LGBTI+ le enviaron al Distrito el 12 de abril pidiendo la modificación el artículo 2 del decreto 106 —donde se hace referencia al Pico y género—. Un día antes, la Alcaldía sacó una circular, la 012 de 2020, donde le pide a la Policía que respete las identidades de género en la aplicación de la norma y que la cédula “no será exigida como elemento probatorio para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder al nombre o sexo que aparece en dicho documento”.
Sin embargo, y de acuerdo a las pruebas recogidas por la Red Comunitaria en las tres últimas semanas y al testimonio que nos dio Andrea, eso no se está cumpliendo.
Salamanca recuerda que: “Somos las únicas personas que podemos decir algo sobre nuestros cuerpos y nuestras construcciones. Ahora todas las personas, con el decreto, pueden meterse en las construcciones de la población trans, llevándola a un binarismo absurdo”.
Más barreras
En la misma carta que le enviaron al Distrito, las organizaciones LGBTI+ aseguran que el decreto es inconstitucional “por ser una medida que usa un criterio sospechoso de discriminación (sexo) haciendo alternativas igualmente efectivas y menos restrictivas a los derechos humanos”. ¿Qué quiere decir esto? Daniel Gómez-Mazo es abogado y especialista en derecho y sexualidad. Nos explica que el decreto lo que hace es restringir o limitar derechos fundamentales, como el libre movimiento, basado en una idea de identidad de género que discrimina y no tiene en cuenta a la población trans y no binaria —bueno, esta es la traducción del término jurídico ‘criterio sospechoso’—.
“Esto es problemático porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el sexo es un criterio sospechoso, pero también por esa misma situación cualquier medida de restricción de derechos basada en un criterio sospechoso como es el sexo está sometida a una cosas que se llama el juicio integrado de igualdad”, vuelve a explicar Gómez-Mazo. Ahora, ¿qué es eso de juicio de integrado de igualdad? Básicamente es una prueba o test para establecer si una norma —en este caso, el decreto— es discriminatoria o no.
Las organizaciones LGBTI+ sostienen que el Pico y género no pasa ese juicio porque el parágrafo 5 del artículo 2 se basa en el sexo (masculino y femenino). “La discriminación consiste, precisamente, en adoptar la medida sobre la base de presumir que la diversidad de género se reduce al espectro hombre – mujer”, se lee en el documento.
Para Gómez-Mazo, el problema con la medida de la alcaldesa Claudia López, que si bien busca reducir aglomeraciones de personas para así evitar contagios masivos de Covid-19 en Bogotá —algo que reconocen sin problemas Salamanca y Weinstein— , está en que al reducir la identidad sexual en hombres y mujeres hace más rígidas las diferencias de género que ya existen en la sociedad y aumenta las barreras sociales y económicas para la población trans, así como también para las personas que están en tránsito, donde la identidad no se define en hombre o mujer.
“Entonces pasan cosas como que las personas trans y no binarias tienen dificultades para acceder a supermercados o son víctimas de agresiones por parte de particulares. La transfobia y la violencia no las crea el decreto, pero sí facilita estas conductas”, apunta el abogado.
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¿Has sido víctima de violencia o de discriminación por tu identidad de género desde que empezó el Pico y género en Bogotá? Puedes enviar tu denuncia al correo jose.puentes@pacifista.co.
