'La Fuerza' organización conformada por unos 300 reclusos, controla el tráfico de drogas, la venta de alimentos y hasta las camas.
Por: David Escobar.
En las primeras horas del martes 21 de marzo, estalló un motín en la cárcel de Palmira que dejó como saldo, según testigos directos, alrededor de 50 heridos (la cifra oficial habla de 35). Dos de los lesionados son los presos políticos José Ramiro Vivas Tobar y Rolando Antonio Peláez Vélez, quienes presentan puñaladas en el hombro y al costado. Otros dos heridos -entre los cuales se encuentra el delincuente alias ‘el seco’- podrían estar muertos, según los compañeros de reclusión, pues fueron vistos, por última vez, cuando los llevaban arrastrados con cuchillos clavados en el pecho y en el cuello, para ser evacuados del penal.
La guardia retomó el poder al mediodía después de intentarlo en tres ocasiones. En la noche la cárcel era patrullada por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), y los presos ya habían elegido un vocero.
Según informaron a ¡Pacifista! vía telefónica desde el penal, las tensiones venían presentándose en el patio 2, el cual era controlado por dos delincuentes de Cali: Alias ‘Guará’ y alias ‘Matrix’, cuyo poder se fracturó tras la llegada de alias ‘El Zarco’, quien buscaba tener un lugar como nuevo ‘cacique’. Esto provocó enfrentamientos entre ‘Guará’ y ‘Matrix’, los cuales fueron trasladados los días jueves y viernes: uno al pabellón de máxima seguridad, el otro para un sitio conocido como ‘la perrera’, dejando el patio sin los antiguos mandos, esto generó una disputa por el control de los puestos que habían dejado estos personajes.
La Policía denunció –según el diario El Espectador-, que desde el sábado anterior los reclusos venían agrediéndose, pero los hechos no habían pasado a mayores. Aun así, el INPEC había dado la orden de cancelar las visitas en esa ocasión.
Estos hechos ocurrieron cuando han pasado ya más de 2 meses y medio desde que, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, se firmara la Ley de Amnistía e Indulto para delitos políticos, y más de un mes después de expedido el Decreto 277, el cual versa: “respecto de las personas procesadas o condenadas por delitos no amnistiables de iure, en caso de que el tiempo de privación efectiva de la libertad haya sido menor a cinco años, serán trasladadas a la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) que soliciten”. También contempla un “Procedimiento de libertad condicionada en caso de condenados que hayan cumplido cuando menos cinco años de privación efectiva”. Aun así, al interior del Patio 2 de la cárcel de Palmira, conviven hacinados alrededor de 800 prisioneros, en un patio con capacidad para 400.
La Corporación Colectivo de Abogados Suyana, que trabaja por la defensa de los derechos humanos de presos políticos, intentó comunicarse con la cárcel respecto a estos graves hechos, sin obtener respuesta. Según sostiene Suyana, una de las causas de riesgo para sus defendidos al interior del centro penitenciario de Palmira y de otras cárceles en el Valle del Cauca, es que en los patios se encuentran mezclados los presos políticos, miembros de organizaciones guerrilleras, narcotraficantes, delincuencia común y paramilitares, que actualmente tienen conformadas, incluso, oficinas de cobro.
Siguiendo con la problemática del centro penitenciario, uno de los presos afirmó que de los 800 recluidos en el patio, alrededor de unos 300 pertenecen a ‘La Fuerza’, organización delincuencial que ejerce el control y maneja la venta de alimentos, así como el tráfico de droga. Estos nuevos capos también son los encargados de realizar cobros y agredir a los deudores. El tráfico de droga –afirma-, se lleva a cabo al interior del patio 2 con complicidad de guardias corruptos quienes cobran ‘impuestos’ por permitir el microtráfico. Esto sería una clara violación a la ley 65 del 93 que prohíbe a los funcionarios “Aceptar dádivas, homenajes, préstamos o efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de estos, lo cual constituirá causal de destitución”. Así mismo, nuestra fuente afirma que los encargados de la seguridad se prestan para ingresar navajas “patecabras”, y las venden a un precio de $40.000 pesos a los presos.
Las condiciones de vida precarias al interior del penal, según los reclusos, se podrían verificar por los entes de control, pues las celdas con capacidad para cuatro presos son habitadas hasta por diez; y en las celdas para ocho viven hasta 17. Esto conlleva a que el grupo de delincuentes sociales que ejercen el dominio acomoden a los reclusos en ‘planchones’, los cuales tienen que comprarles a precios que oscilan entre 500 y 700 mil pesos. Esto también viola la ley 65 del 93 que establece que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”. Los hechos de corrupción y hacinamiento en el interior del penal podrían poner en aprietos a los funcionarios.
