Hicimos un paralelo entre los puntos que Duque quiere cambiarle a la JEP y lo que Uribe hizo con el proceso de Justicia y Paz, donde no se privilegió la verdad.
“Queremos lograr una paz bien hecha y que nos una. Queremos eliminar la idea de amigos y enemigos de la paz”. Estas son las frases que usa el presidente Iván Duque para justificar las objeciones que presentó ante el Congreso para modificar algunos puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Qué quiere decir Duque con una paz bien hecha y que nos una? La respuesta, por ahora, es que Duque quiere una paz en la que la verdad no esté en el primer plano, como sucedió con la Ley de Justicia y Paz. O una paz que sea dura con las Farc pero no con otros actores del conflicto.
¿Cuáles son los cambios que propuso Duque? En resumen, los siguientes: primero, que la JEP defina de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas; segundo, que se determine las competencia del Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de las personas que se sometan al Acuerdo y evitar ‘colados’; tercero, que no se suspendan las actuaciones de la justicia ordinaria para los comparecientes de la JEP –es decir, que la Fiscalía siga en frente de investigaciones relacionadas con el conflicto–; cuarto, que los crímenes de lesa humanidad – como el secuestro o las masacres –sean juzgados y que existan sanciones tangibles; quinto, que el Tribunal de Paz de la JEP no pueda practicar pruebas, haciendo énfasis en la extradición; y sexto, que se definan los términos para que se condicione una extradición si el compareciente acepta contar la verdad.
Estos son los puntos a grandes rasgos. Si bien es cierto que para que Duque salga victorioso y la JEP sea modificada tiene que llevarse a cabo un proceso espinoso en el Congreso, lo preocupante es la visión de paz que está tratando de posicionar el presidente y su partido, el Centro Democrático. Una paz que se enfoca en juzgar a las Farc y que podría evitar la verdad de altos mandos militares. Algo así como lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz, que cobijó a más de 31.671 desmovilizados del paramilitarismo y que tuvo un porcentaje de rearme de 30%, además de una deuda gigante de reparación con las víctimas.
En ¡Pacifsita! analizamos los puntos que Duque quiere cambiar a la luz de lo que decían los Acuerdos de Justicia y Paz. Lo paradójico es que esta vez, el presidente y su partido están pidiendo “sentencias ejemplares” para las Farc en ciertos casos, como los delitos sexuales, cuando el mismo Álvaro Uribe aceptó un marco de justicia transicional con los paras que algunos miembros recibieran ocho años de prisión por este tipo de delitos siempre y cuando se desmovilizaran. A continuación les presentamos el comparativo.
1. Reparación a las víctimas
Lo que dice Duque
El presidente Iván Duque objetó el artículo 7 de la Ley Estatutaria de la JEP porque, según él, no se “establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”. Esto lo dijo pese a que en el Acto Legislativo 01 – que define el marco del Acuerdo de Paz – queda claro que el Estado debe garantizar una reparación integral y que se tendrán en cuenta medidas de “indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
¿Qué pasó con las víctimas en Justicia y Paz?
Primero, hubo un desorden institucional que entorpeció la atención a las víctimas. De acuerdo con la investigación Participación de las víctimas en la Ley de Justicia y Paz y la Corte Penal Internacional, publicado por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana – GIZ –, hubo diferentes mandatos que se quedaron en el aire por el desorden entre la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Todo este desorden logístico quedó en evidencia cuando llegó la hora en la que las víctimas debían participar.
“Este hecho se ve confirmado con las estadísticas del mes de marzo del 2011 de la Fiscalía General de la Nación, según las cuales hasta entonces 25.601 víctimas realizaron 31.865 preguntas a los postulados en las versiones libres. Sin embargo y considerando que existen más de 320.000 víctimas registradas en el Proceso de Justicia y Paz, se puede resaltar que solamente una parte marginal del número total de víctimas llega a ejercer su derecho a asistir a las versiones libres y a participar activamente en ellas”.
Por otro lado, diferentes académicos han cuestionado la ausencia de verdad en el proceso de Justicia y Paz. Uno de ellos es, curiosamente, Francisco Barbosa Delgado, hoy alto consejero presidencial de derechos y humanos de Iván Duque. En 2017, Barbosa dijo lo siguiente: “la Ley 975 [de Justicia y Paz] rompió un equilibrio apropiado en términos de flexibilidad dentro de un marco de justicia transicional y más que un mecanismo de negociación, fue un instrumento de sometimiento que no produjo resultados en el ámbito de la justicia transicional en términos de verdad, de garantías de no repetición, ni de reparación integral para las víctimas”.
En Justicia y Paz no fue una prioridad el restablecimiento de propiedades ni de tierras usurpadas o despojadas a la población rural y urbana del país
Recientemente, además, el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax),de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, publicó un estudio en el que señala que la verdad que aportaron los victimarios en Justicia y Paz fue insuficiente. Las versiones, señalan, les negó a las víctimas “la posibilidad de controvertir el relato, privilegiando la versión del condenado”. Por otro lado, la investigación concluyó que de 6.928 hechos juzgados, solo en 849 se realizó una identificación total de los autores materiales. Esto corresponde al 12% de los hechos investigados. Además, 3.097 sentencias no quedaron claros los alias ni nombres de los acusados.
Según el CITpax, en 3.032 hechos la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en 3.086 “media” y en 90 “alta”. Teniendo en cuenta que existían alianzas probadas entre grupos paramilitares y gremios como el ganadero, de transporte y el arrocero, es preocupante que las investigaciones se hayan quedado en hallazgos judiciales menores, perjudicando incluso los procesos de restitución de tierras y reparación a víctimas. De todo este proceso se desprende una cifra preocupante: de 576 señalamientos contra terceros – empresarios, civiles, políticos – solo se abrieron 191 investigaciones.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, después de evaluar los resultados del proceso de paz con los paras, concluyó que este “se fundamentó en presupuestos de conveniencia política que terminaron viciando un esfuerzo institucional que pudo haber sido muy efectivo(…) Las víctimas nunca tuvieron un rol preponderante en el marco de Justicia y Paz”. Hubo, a juicio del Centro, “negligencia de las instituciones que dio lugar a un escenario muy desfavorable para los intereses de las víctimas”.
Las cifras de la misma Fiscalía le dan la razón al Centro Nacional de Memoria Histórica. Según un informe publicado en junio de 2017, los hechos radicados ante los tribunales de Justicia y Paz ascendían a 22.374 y el número de víctimas de los paras llegó a ser de 49.398 personas. Del total de víctimas registradas, 28.055 recibieron medidas de reparación, según la Fiscalía. Esto quiere decir que, por lo menos 10 años después, más de 20.000 víctimas siguen esperando una reparación.
¿Y los bienes de los paras?
El presidente Ivan Duque ha pedido reparación para las víctimas de las Farc pero en ningún momento se ha preguntado sobre la pobre reparación que vino después del proceso de Justicia y Paz. De acuerdo con la investigación ‘¿Y la tierra dónde está? Versiones de los paramilitares sobre tierra-territorio y entrega de bienes para la reparación de las víctimas en el marco del proceso de Justicia y Paz en Colombia’, de John Jairo García y publicado por la Universidad Nacional, en Antioquia 15.473 personas fueron despojadas de sus tierras por el paramilitarismo entre 1997 y 2007. A la fecha no existe certeza sobre la restitución de tierras de los paras en este departamento, pues como explica García, en Justicia y Paz “no fue una prioridad el restablecimiento de propiedades ni de tierras en particular usurpadas o despojadas a la población rural y urbana del país. Tampoco se promovió la recomposición de las relaciones socioterritoriales en una perspectiva de reparación que involucre el territorio y la cultura”.
En este aspecto la ineficiencia estatal fue evidente. De 24.000 solicitudes de protección de bienes que tenía la Supeitendencia de Notariado y Registro en 2008, resolvió cerca de 1.000.
2. Evitar a los colados
Lo que quiere Duque
El gobierno quiere evitar que otras personas ajenas al conflicto armado o que no se sometieron al Acuerdo de Paz pasen por la JEP. Por eso Duque objetó un inciso del Artículo 63 para dejar claro que solamente el Alto Comisionado para la Paz puede verificar la lista de excombatientes que se sometieron a la justicia transicional.
Lo que pasó en Justicia y Paz
En el proceso de paz con los paramilitares, diferentes narcotraficantes compraron franquicias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ser incluidos como paras y recibir beneficios judiciales como amnistías.
Está, por ejemplo, el caso de Francisco Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, narco que se coló en el proceso de paz, haciéndose pasar como ‘comandante del bloque Pacífico’. Aunque utilizaba a las autodefensas para traficar droga, no hacía parte de su estructura política o financiera. ‘Gordolindo’ pasó de agache en el gobierno de Álvaro Uribe y fue solo hasta 2014 que la Corte Suprema de Justicia ratificó su exclusión de Justicia y Paz. Además de ‘Gordolindo’, los narcotraficantes Víctor Manuel Mejía y Miguel Mejía también utilizaron el proceso de Justicia y Paz para intentar evitar la extradición.
3. Darle el poder a la Fiscalía
Lo que quiere Duque
Aunque el Acuerdo de Paz no contempla que cesen las investigaciones de la Fiscalía en los casos del conflicto armado con las Farc, Iván Duque objetó un punto de la Ley Estatutaria de la JEP al considerar que se debe determinar con precisión la labor de la Fiscalía para garantizar el derecho a la verdad.
Lo que pasó en Justicia y Paz
Antes, cuando se llevó a cabo el proceso de paz con los paramilitares, no existía una entidad como la JEP. Las investigaciones quedaron a cargo de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz y los juicios en manos de los tribunales superiores de distrito judicial en primera instancia y a la Corte Suprema en segunda instancia. En este contexto fue que se estableció que los victimarios no tuvieran que confesar sino rendir “versiones libres” sobre los hechos que se les acusaba. En ese entonces Uribe fue duramente cuestionado, pues una versión libre no tiene la misma jerarquía ética ni la misma eficacia que la confesión, lo que puso en riesgo, y al final vulneró, el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
En Justicia y Paz, diferentes narcotraficantes compraron franquicias de las AUC para ser incluidos como paras y recibir beneficios judiciales
Con la Fiscalía a cargo se presentaron cientos de problemas. En la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, se limitó a 60 días el plazo que tenía la Fiscalía para investigar los delitos que los desmovilizados aceptaran, colapsando el aparato judicial. El proceso de selección también fue criticado, pues hubo todo un entramado burocrático que retrasó los procesos de juzgamiento. El gobierno nacional debía enviar unos listados a la Fiscalía, entidad que asumía las investigaciones y agendaba las versiones libres. El estudio de CITpax señala justamente que de 210 integrantes del Ejército que fueron mencionados, solo el 54% fueron identificados posteriormente.
4. La extradición
Lo que quiere Duque
El presidente objetó el Artículo 153 de la Ley Estatutaria pues, a su juicio, es inconveniente porque “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”.
Lo que pasó en Justicia y Paz
El 27 de septiembre de 2004, el periódico El Tiempo reveló una “agenda secreta” en las negociaciones con los paramilitares. En dichas grabaciones quedó en evidencia que el gobierno estaba dispuesto a utilizar ciertos poderes para evitar la extradición de los máximos jefes paramilitares e impedir que fueran juzgados por la Corte Penal Internacional. En ese entonces también salió a la luz que Don Diego, jefe del Cartel del Norte del Valle, había comprado el Bloque Héroes de Río Negro para poder participar en las negociaciones con el gobierno.
Más adelante, cuando ya se estaba implementando la Ley de Justicia y Paz, el gobierno de Álvaro Uribe utilizó la extradición como mecanismo de presión contra los jefes paramilitares que no estaban colaborando con la justicia. Sin embargo, desde la oposición quedó la sensación de que la extradición de los máximos jefes de las AUC ocultaba la verdad que podría alcanzarse y privaron tanto a las víctimas como a las autoridades judiciales de saber a fondo lo que pasó en la etapa más cruda del paramilitarismo.
Duque parece olvidar que la Ley de Justicia y Paz permitió que exparamilitares que cometieron delitos sexuales obtuvieran penas alternativas
En mayo de 2008 se hizo efectiva la extradición de 14 jefes paramilitares por narcotráfico, un acto cuestionado por las asociaciones de víctimas, pues quedaba en evidencia que se sacrificaba la verdad como principal elemento de justicia.
5. Delitos por violencia sexual
Una de las pretensiones de Duque al pedir la reforma del Acto Legislativo 01 es que los delitos sexuales en el marco del conflicto no puedan ser amnistiables. Duque parece olvidar que la Ley de Justicia y Paz permitió que exparamilitares que cometieron delitos sexuales obtuvieran penas alternativas. En 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a tres desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca a ocho años de cárcel por los delitos de abuso sexual, homicidio, desaparición y secuestro. Uno de ellos fue José Rubén Peña Tobón, alias ‘Lucho’, quien violó a dos menores en el corregimiento el Caracol, del municipio de Tame, Arauca. Dos paramilitares más obligaron a las jóvenes a tener relaciones sexuales con ellos.
Después de analizar este problema, la organización Women´s Link Worldwide señaló que con la JEP se podría tener más celeridad en la investigación de estos casos – según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, existen 48.915 víctimas de violencia sexual a menores de 18 años en el marco del conflicto armado – pues con el marco de Justicia y Paz las sentencias podrían tardarse 73 años en ser emitidas.
Duque (y su partido) hablan de eliminar la idea de amigos y enemigos de la paz. Pero parece que sus objeciones a la Ley estatutaria de la JEP nos acercan mucho más al escenario que nos dejó Justicia y Paz, donde las más perjudicadas fueron las víctimas: un escenario bastante lejano de cualquier “paz bien hecha”.
