Al presidente Iván Duque le quedan cinco días para decidir si objeta la Ley que garantiza la supervivencia a la JEP.
Faltan cinco días para que el presidente Iván Duque decida si sanciona la ley estatutaria que blinda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o si la objeta. Si opta por la segunda opción, la JEP quedaría en un limbo legal y perdería legitimidad. Quizá ahí esté la razón por la que en el transcurso de esta semana la entidad se ha mostrado activa, publicando nuevos casos, citando a audiencias y respondiendo a las polémicas que se han presentado en las últimas semanas y que la involucran directamente.
Esta semana la JEP ha abierto dos casos nuevos de investigación: el 006, concerniente al genocidio de la Unión Patriótica, y el 007, sobre reclutamiento de menores en la guerra. El martes 5 de marzo, además, organizó una audiencia en la que participaron algunas víctimas de los ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales en manos del Ejército) y un coronel que asumió su responsabilidad y aceptó las reglas de juego de la JEP.
Que el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado — condenado a 46 años de prisión por la ejecución de cinco jóvenes civiles — aceptara su responsabilidad y le diera a la cara a las víctimas ha sido uno de los actos más importantes en la escasa historia de la Jurisdicción, pues demuestra que no solo los excombatientes de las Farc sino otros actores del conflicto armado están legitimando este modelo de justicia transicional.
La apertura del caso 007 es fundamental, pues involucrar a menores en la guerra ha sido uno de los actos más cuestionados en materia de derechos humanos. En este frente es poco lo que se ha avanzado en la justicia ordinaria. De 4.219 investigaciones solamente en 10 se han emitido condenas. De acuerdo con cifras del Centro de Memoria Histórica y Fiscalía, entre 1971 y 2016, por lo menos 6.230 menores fueron reclutados por los grupos armados.
La JEP investigará, además del reclutamiento, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados durante el conflicto. En ese sentido, los magistrados evaluarán los casos donde hubo delitos sexuales, como abortos forzados, por ejemplo.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, existen 4.219 investigaciones relacionados con la violación de derechos de los menores en la guerra. De estas, 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado. En total son 5.252 víctimas que esperan que los casos no queden en la impunidad. Los departamentos donde se concentraron la mayoría de los casos son: Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca. Cerca del 60% de los casos, señala la Jurisdicción, corresponden a la antigua guerrilla de las Farc.
La Sala de Reconocimiento de la JEP considera necesario priorizar a los grupos étnicos dentro de este caso, pues han sido los principales afectados. En relación al reclutamiento de niños y niñas, por ejemplo, los pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros y ROM, fueron los que más sufrieron este flagelo. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró 540 hechos de reclutamiento de estas comunidades entre 1989 y 2016.
Con el ojo puesto en Hidroituango
Después de publicar este caso, la JEP lanzó otra noticia: “La JEP solicita al Gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños a proyecto Hidroituango”. Este pronunciamiento es importante y las comunidades afectadas por la hidroeléctrica lo estaban esperando.
Como lo contamos en ¡Pacifista!, desde 2017 se han encontrado por lo menos 30 cuerpos de personas desaparecidas en la zona que ha sido inundada por Hidrotiango. De hecho, la Fiscalía ha exhumado 160 cadáveres. La misma entidad ha reconocido 502 casos de desapariciones forzadas en la zona de influencia del proyecto y ha destacado algunos lugares, como los puentes de Pescadero, Sabanalarga, Peque y el corregimiento de Puerto Valdivia como sitios en donde podrían encontrarse más cuerpos. Vale la pena recordar que en la zona de influencia del proyecto los paramilitares perpetraron por lo menos 15 masacres entre 1996 y 1998.
A través de un comunicado, la JEP aseguró que está avanzando en la solicitud de medidas cautleraes que solicitó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para preservar 16 lugares donde estarían los cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Estos lugares se encontrarían en en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).
Es inusual tantos acontecimientos de la JEP en tan pocos días. Este miércoles terminó con la declaración a puerta cerrada de Edgar López Gómez, antiguo comandante de las extintas Farc, quien compareció ante la Sala de Reconocimiento, luego que la jurisdicción les ordenara a los 31 miembros del Estado Mayor de la guerrilla rendir versión en el marco del caso 001, “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”.
Las polémicas que afectan a la JEP
Con audiencias, investigaciones, comunicados, citaciones y otros procedimientos la JEP está demostrando que su trabajo va más allá de las polémicas que han surgido recientemente. La primera ocurrió el viernes pasado y fue a captura del fiscal Carlos Bermeo, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y las de otras cuatro personas más, incluido Luis Alberto Gil, exsenador del partido Convergencia Ciudadana, condenado por paramilitarismo.
Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la captura se registró un hotel de Bogotá mientras negociaban con 500 mil dólares para incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich, una hipótesis que la misma JEP ya rechazó, pues la UIA no tenía incidencia en este caso.
El caso de Jesús Santrich se ha convertido en una papa caliente para la JEP. El mismo día de la captura del fiscal de la UIA, la justicia estadounidense le respondió a la Jurisdicción que no le entregaría nuevas pruebas sobre el caso Santrich, lo cual dificulta investigar si el exguerrillero cometió los delitos por los cuales se le acusan durante el Acuerdo de Paz o después, un dato esencial para definir su posible extradición.
Esta semana también, la senadora Paloma Valencia –crítica de la JEP– reveló que Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), suscribió un contrato por 50 millones de pesos con la JEP a finales del año pasado para desarrollar el punto cinco del Acuerdo de Paz, relacionado con víctimas. La secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, respondió que Samper cumplía con todos los requisitos y que cumplió el contrato sin contratiempos.
Horas después, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, ordenó publicar las hojas de vida de todos los funcionarios de la Jurisdicción.
