En su campaña, Duque se ha referido solo a las víctimas de las Farc, proponiendo una agenda paralela a lo que se acordó en La Habana. ¿Acabará con la JEP y la Comisión de la Verdad?
La figura de Álvaro Uribe detrás del candidato Iván Duque ha despertado serias dudas en torno a la continuidad del proceso de paz. Existe un punto en específico que sigue siendo incierto: ¿qué pueden esperar las víctimas si el candidato del Centro Democrático llega a la Casa de Nariño? Esta pregunta es difícil de resolver si se tiene en cuenta que durante sus ocho años de gobierno, Uribe no reconoció la existencia del conflicto armado y, por ende, tampoco a las víctimas. La Ley que hoy las cobija – la 1448 – fue creada en 2011, en el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos.
No es un tema menor. Según la Unidad de Víctimas, en Colombia están registradas 8’600.000 víctimas del conflicto armado y más de 100.000 familias que fueron despojadas de sus territorios y que, con la Ley de Restitución de Tierras, esperan regresar a esos terrenos que les fueron quitados violentamente. En este momento no es posible saber si Duque continuará implementando la Ley de Víctimas, la cual necesita inversiones superiores a los 10 billones de pesos anuales durante los próximos años. El reto en esta materia es inmenso: solamente el 8 % de las víctimas registradas (761.689) han sido reparadas materialmente.
Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, su candidata vicepresidencial, no han dado luces sobre el cumplimiento de la Ley de Víctimas. El programa de su partido se ha enfocado, por el contrario, en promocionar un acuerdo con la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) que no tiene relación directa con los compromisos que adquirió el gobierno con las víctimas en 2011, ni con el capítulo de víctimas del Acuerdo de Paz de La Habana. Duque firmó ocho compromisos con las 196.000 víctimas agremiadas en Fevcol: reparación integral oportuna, política de vivienda para las víctimas, política de generación de ingresos, política de acceso a tierras, política de “cero impunidad”, plan para garantizar la representación política de este grupo de víctimas, la creación de una comisión civil de la verdad “para preservar la memoria histórica” y un programa de fortalecimiento institucional.
Estos compromisos pueden ser vistos como una agenda paralela a lo que se acordó con las Farc en La Habana, donde se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, el cual está en marcha. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, comenzó a operar este año y tiene a 11 comisionados trabajando en diferentes investigaciones alrededor del conflicto armado en Colombia. Duque ha sido claro: quiere modificar el Acuerdo de Paz con las Farc, principalmente en el tema de justicia. Cuando en los compromisos adquiridos con Fevcol señala que se compromete a impartir justicia con “cero impunidad” podría ir en contravía de la justicia transcional que se pactó en La Habana y que dio como resultado la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de otorgar amnistías y garantizar que los responsables del conflicto le cuenten la verdad a las víctimas . Lo mismo con la creación de otra comisión de la verdad, que en lugar de develar la verdad, “resguarde la memoria”.
En los primeros cinco meses de funcionamiento, la JEP ha recibido 4.653 actas de sometimiento por parte de excombatientes de las Farc que están dispuestos a contar la verdad. Además, según su último boletín estadístico de la entidad, 1.899 integrantes de las Fuerzas Militares se sometieron a la Jurisdicción, aceptando contar la verdad para obtener una rebaja de penas. En el modelo de justicia “con cero impunidad” queda la duda sobre la continuidad de la JEP en el gobierno de Duque y, en consecuencia, la verdad que reclaman las víctimas.
Otro de los compromisos de Duque con Fevcol da luces sobre un posible incumplimiento del Centro Democrático con las 16 circunscripciones especiales de paz, otro de los puntos que se acordaron en La Habana. Estas circunscripciones se traducen en 16 curules para las víctimas del conflicto en el Congreso. Sin embargo, el Centro Democrático ha rechazado esta propuesta porque, según ellos, serían “curules para las Farc”, algo que el gobierno ha negado señalando que a las curules llegarán las víctimas de las 16 regiones más afectadas por el conflicto. En este sentido, cuando Duque habla sobre un acuerdo por la representación política no se entiende si cambiaría las circunscripciones por las curules para las víctimas que avale su partido.
Duque lo ha reiterado en varias ocasiones: los máximos responsables de la antigua guerrilla de las Farc deben pagar sus penas antes de participar en política, una idea que seguramente no será aceptada en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el cual cuenta con 10 congresistas para los próximos cuatro años. El pasado 9 de abril, cuando se conmemoró el día de las víctimas, Marta Lucía Ramírez dijo públicamente que si llegan a la presidencia buscarán que los recursos de las Farc “vayan a la reparación de víctimas” y que “las llamadas curules para la paz vayan a las víctimas sin el riesgo de que sean curules a favor de quienes han practicado el terrorismo”.
El mundo al revés: la justicia apoyando la impunidad a las FARC y permitiendo que con infamias se persiga a @AlvaroUribeVel para llevarlo a la cárcel. #CreoEnUribe y no lograrán detenernos en la defensa de Colombia a partir de la legalidad.
— Iván Duque (@IvanDuque) 18 de febrero de 2018
Duque no ha dicho si va a revisar, durante su gobierno, las 30.000 reclamaciones por la restitución de predios en 832 municipios, así como tampoco los 522 procesos de reparación colectiva que están estancados. Tampoco sabemos si atenderá las 2.500 propuestas formuladas por diferentes organizaciones de víctimas para mejorar la Ley de 2011, con herramientas de reparación integral y diferencial (con enfoque de género, por ejemplo).
Para Carolina López, vocera de El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del gobierno de Iván Duque “las organizaciones de víctimas no pueden esperar nada. El uribismo negó el conflicto armado, lo que no permitió ni el reconocimiento de las víctimas ni la garantía de sus derechos. En el gobierno de Uribe, el proceso de paz con los grupos paramilitares lo que hizo fue revictimizar a las víctimas, pues no hubo un esclarecimiento de los hechos: las víctimas nunca conocieron la verdad. En tiempos recientes, la bancada del Centro Democrático demostró que se opone a todo lo que tenga que ver con la garantía de derechos de las víctimas. Antes del gobierno de Santos ni siquiera existía la Unidad de Víctimas. Es previsible que si el uribismo llega al poder tampoco reconozca las desapariciones forzadas, como los falsos positivos. Ante un eventual gobierno, nosotros como organización seguiremos denunciando y trabajando”.
De otro lado, Vladimir Rodríguez, una de las personas que ha trabajado con la Unidad de Víctimas y con las organizaciones regionales que las apoyan, nos contó que el programa de Duque en efecto ha girado en torno “a los compromisos con Fevcol, los cuales no tienen una base estructural ni una relación con la política fiscal ni con las sentencias de la Corte Constitucional sobre víctimas. La propuesta política que presentó Duque no tiene una sostenibilidad fiscal y no se relaciona con la política pública de Estado, la cual está ligada con el Acuerdo de Paz”.
Un aspecto que preocupa, dice Rodríguez, es que todavía no está claro si el programa que plantearon en el Centro Democrático puede ser articulado al Sistema Integral de Justicia y Reparación: “lo que sí es un hecho es que entidades como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas no serán prioritarias para ellos. El candidato Duque propuso la fusión de las cortes en una sola y esto puede suprimir los mecanismos legales con los que cuentan las víctimas del conflicto armado para exigir verdad, justicia y reparación, ejes fundamentales de sus derechos. Esta limitación de derechos a las víctimas es otro aspecto preocupante, y más si viene del mismo partido que negó la existencia del conflicto armado”.
¿Qué se puede esperar de Gustavo Petro?
Existen dos aspectos que dan luces sobre lo que podrían esperar las víctimas ante un eventual gobierno de Gustavo Petro: lo que ha propuesto en campaña y su gestión frente a las víctimas durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. Una de sus principales banderas en campaña ha sido la reparación integral de víctimas, haciendo énfasis en la verdad. En sus discursos en plaza pública es común verlo acompañado por Luz Marina Bernal, fundadora del colectivo Madres de Soacha. Esta compañía es simbólica y demuestra que, si es presidente, Petro quiere avanzar en el esclarecimiento de los más de 3.000 casos de asesinatos extrajudiciales (falsos positivos) durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En su programa de campaña, Petro propone una reparación integral para las víctimas, señalando que “las tierras arrebatadas por la violencia, las mafias y la politiquería a las víctimas les serán devueltas sin demora, acompañadas de capital de trabajo, tecnología y acceso a mercados justos para asegurar la productividad y la generación de ingresos. Todos los programas, incluyendo salud, educación y vivienda serán integrales y tendrán en cuenta las necesidades especiales de las víctimas para el restablecimiento de derechos”.
Aunque no está claro si el marco fiscal le permitirá a Petro cumplirle a más de ocho millones de víctimas con estas promesas, lo cierto es que en diferentes organizaciones que consultamos sí sienten tranquilidad por la continuidad de la ejecución de la Ley de Víctimas así como del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, creado bajo el Acuerdo de Paz de La Habana. Que Petro se comprometa con este punto significa que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad seguirán funcionando y, si cumplen con su misión, le cumplirían a las víctimas con la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto y con la búsqueda de personas desaparecidas. Su compromiso con este sistema implica respaldar las curules para las víctimas en el Congreso.
En 2012, cuando Petro era alcalde de Bogotá, el gobierno de Juan Manuel Santos adelantaba los diálogos de paz con las Farc en La Habana. Fue en medio de esta coyuntura que Petro creó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, una entidad que hoy sigue funcionando bajo tres principios: garantizar los derechos de las víctimas, trabajar por una reconciliación ciudadana y promocionar “una cultura de paz que transforme conflictos”.
Cuando Petro terminó su periodo como alcalde, la Alta Consejería, a cargo de la senadora electa Ana Teresa Bernal, presentó una rendición de cuentas con base en cifras del mismo Distrito. De acuerdo con el documento, en Bogotá fueron atendidas diariamente 19.647 víctimas del conflicto armado y 469.175 personas en situación de desplazamiento provenientes de Tolima, Caquetá, Caldas, Huila, Santander, Valle y Pacífico. En estos cuatro años la Alta Consejería construyó seis ‘centros dignificar’, donde se atiendieron 3.738 víctimas cada mes. En ese periodo fueron invertidos 1.5 billones de pesos en temas como educación, vivienda, atención psicológica y proyectos externos, como la articulación con el Centro de Memoria Histórica.
