Internet es la respuesta de muchos frente a la pandemia: información, trabajo, educación o desparche en el encierro. Internet también sirve para que el gobierno vigile y controle lo que sucede, ojalá no abuse de este poder.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
La incertidumbre crea ansiedad. No tenemos control y necesitamos recuperarlo. Muchos nos devoramos las noticias y creamos nuevas rutinas para sentir que no todo ha salido de nuestras manos. El gobierno está igual que nosotros: no está preparado por culpa propia y por razones imposibles de prevenir. La Internet y la información que circula en ella son claves para sentir que tenemos algo de control, pero también para que nos controlen.
El 23 de marzo, un día antes del inicio de la cuarentena, la presidencia ordenó que las empresas de telefonía garanticen un mínimo de datos y minutos para sus usuarios postpago. Esto está acompañado de una orden para que esas empresas prioricen el acceso a aplicaciones y contenidos de salud, de temas laborales y de educación, entre otras. Ese mismo día, el gobierno autorizó, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio, que esas mismas empresas le entreguen datos personales de sus usuarios para “atender, prevenir, tratar o controlar la propagación del COVID-19”.
Desde hace un tiempo, tanto las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional han dicho que Internet es clave para que ejerzamos nuestros derechos fundamentales. Hay académicos que incluso consideran que acceder a Internet, en sí mismo, es un derecho fundamental. La realidad les está dando la razón: muchos pueden trabajar, educarse o informarse, continuar su vida. Es por esto que la medida de acceso del gobierno es decepcionante, mientras que la de datos personales asusta.
Es decepcionante que el gobierno simplemente esté garantizando que las empresas de telefonía fíen el acceso a Internet durante treinta días a los postpagos, mientras que a los prepagos sólo les está garantizando el uso de 200 mensajes de texto gratuitos. Como lo dijo Human Rights Watch, el acceso confiable e irrestricto debería mantenerse especialmente para las personas de más bajos ingresos, algo como lo que determinó la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos para aquellos que no puedan pagar las facturas por razón de las dificultades económicas de este momento. No se puede simplemente aplazar el gasto u obligar a la gente a cambiar de plan.
La información que va a obtener el gobierno por parte de las empresas de telefonía fija y celular sirve para un sin número de cosas que el gobierno no ha dejado claras. El gobierno nacional da ideas muy generales y poco precisas de qué hará con nuestra información, al igual que da cero indicaciones de qué tipo de datos recolectará, cómo los procesará y por cuánto tiempo lo hará. En Israel están usando esos mismos poderes para seguir los pasos de la gente que ha sido contagiada y para identificar a otros que se hayan cruzado en el camino. Esto es un seguimiento excesivo sobre la vida privada de las personas.
Los expertos de libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la CIDH y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron recientemente que estas interferencias en la vida privada deben ser limitados en el tiempo. Si bien no sabemos cuándo acabe esto, el gobierno debe ponerse un límite en la recolección y uso de esta información, con la posibilidad de prorrogarlo si la crisis continúa. También tiene que decirnos de forma clara qué planea hacer la información, ¿o será que no tiene ningún plan?
La alcaldesa de Bogotá dijo en una rueda de prensa del 25 de marzo que cruzó datos con el censo del DANE y del Sisbén 4 actualizado para identificar a la gente más pobre de Bogotá y poder enviarle ayudas. El hecho de que se puedan hacer cosas tan buenas como esta no es excusa para tener carta blanca con nuestra información.
¿Qué garantías nos da el gobierno para que no se abuse de la información que recogerá durante la pandemia? Están recogiendo datos importantes para saber qué hacemos cuando tenemos miedo, cuando estamos aburridos o cuando no sabemos qué hacer. Es un cheque en blanco para la manipulación. Como lo conté en esta columna, las bases de datos con información sensible de la gente han sido usados en momentos críticos de la historia, como la segunda guerra mundial, para manipular y controlar, para violar derechos humanos.
El Comité Europeo de Protección de Datos sacó una guía para la recolección de datos personales en la lucha contra el Coronavirus. Esta guía dice que los gobiernos deben buscar que la información sea usada de forma anónima. Además, la guía dice que los seguimientos solo pueden hacerse en casos excepcionales, con tiempo, tipos de información y objetivos limitados. Por ejemplo, saber con quién hablo y por cuánto tiempo lo hago no sirve de nada para combatir el coronavirus, pero el gobierno se dio el permiso para hacerlo. La Corte Constitucional ha dicho cosas similares sobre la ley que invocó el gobierno para autorizar la recolección de datos.
Tristemente, nuestro gobierno apenas se limita a decir que la ley le permite saber todo lo que las empresas de teléfonos y celulares tengan de nosotros, sin hacer una mínima mención de las garantías que tiene que aplicar. Esto incluye movimientos, ubicación, nuestro historial de llamadas, entre muchas otras cosas.
Es fácil caer en la excusa de que los momentos excepcionales requieren medidas excepcionales. El problema es que estas situaciones han servido en el pasado para abrir huecos en nuestros derechos y la democracia. La académica Shoshana Zuboff cuenta cómo los atentados del 11 de septiembre trajeron un “excepcionalismo de la vigilancia”, que dispara el deseo de nuestros gobiernos de saberlo todo para vigilarnos y controlarnos. Un país como Colombia, que ha vivido la guerra, debería saberlo muy bien.
Es difícil saber qué sociedad tendremos cuando el coronavirus se vaya. Quizá sea un futuro con aún más información, pero ojalá esta sirva para controlar nuestras vidas y no para ser controlados.
* @EmmanuelVP
