A pocos meses de que se cumplan 21 años de su secuestro, la periodista hablará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso. Este hecho, que marca un hito para nuestro país y la región, es la oportunidad que tiene el tribunal de dar lineamientos sobre qué deben hacer los países del continente frente a la violencia sexual y los ataques a la prensa.
Hablar de violencia sexual en Colombia ha sido y sigue siendo difícil para las víctimas y sobrevivientes de estas agresiones. Todavía falta mucho para que el Estado reconozca la gravedad de estos crímenes y tome medidas de fondo que garanticen su prevención y reparación. Mientras tanto, ellas levantan cada vez más su voz y algunas, en un acto de resiliencia, han transformado su dolor. Hoy exigen una respuesta institucional.
Jineth Bedoya Lima lleva años luchando por esta causa. Busca justicia para su caso y el de todas las sobrevivientes de estos barbáricos crímenes. Además, ha emprendido una batalla sin descanso para que se brinden garantías a las mujeres comunicadoras que, como ella, han sufrido todo tipo de vejámenes al ejercer su oficio.
En el contexto de esa lucha, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) deba pronunciarse sobre el caso de Bedoya Lima marca un paso sin precedentes en Colombia y América Latina, de cara tanto a la violencia sexual como a la libertad de prensa. Es la primera vez que este tribunal deberá tomar una decisión sobre la responsabilidad del Estado frente a las agresiones que las periodistas sufren al hacer su trabajo, y en el que el foco es la violencia sexual.
La audiencia pública será el próximo 15, 16 y 17 de marzo, desde las 9:00 a.m. cada día. Se transmitirá a través de los canales digitales de la Corte IDH y algunos medios de comunicación. Jineth Bedoya Lima dará su testimonio desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.
“Este lugar reúne el sentir y la transformación de muchas de las víctimas de violencia sexual. Hay un trabajo que han podido hacer allá y que empata con lo que estamos solicitando, como la reparación esencial: qué es lo que el Estado tiene que hacer para reparar integralmente a las víctimas de violencia sexual y darles garantías de trabajo, pero sobre todo de seguridad, a las mujeres que ejercen periodismo en Colombia”, explicó la periodista en una rueda de prensa el pasado 5 de marzo, quien agregó que también se hará un acto de memoria por todas las niñas y mujeres víctimas de estas agresiones.
#NoEsHoraDeCallar y @jbedoyalima han representado la lucha contra la impunidad en miles de casos de mujeres víctimas de violencia sexual.
La @CorteIDH ya definió la fecha de la audiencia pública para escuchar el testimonio de Jineth, acompañémosla este #Marzo15. ⏬ pic.twitter.com/ht6WXdw7HN
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) March 11, 2021
Más de 20 años sin justicia
El 25 de mayo de 2000, Bedoya Lima fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo en Bogotá, a donde había llegado para entrevistar a Mario Jaimes Mejía, un exparamilitar que la llamó el día anterior.
Se trataba de un plan de los paramilitares -y que se ha denunciado, contó con la complicidad de funcionarios del Estado- para silenciarla. La razón: las investigaciones y publicaciones que desde 1999 ella hacía en El Espectador, medio en el que trabajaba en ese entonces, sobre el tráfico de armas en el centro penitenciario en el que estaban involucrados integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) e incluso funcionarios públicos. También escribía sobre la masiva violación de derechos humanos que se cometía allí y otro tipo de delitos. Por sus reportajes fue declarada objetivo militar por los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha.
Como represalia por las denuncias que la comunicadora hacía, fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente. Estas agresiones fueron usadas para callarla, enviar un mensaje a sus colegas de El Espectador, quienes junto a ella ya habían denunciado amenazas en su contra, y minar la libertad de prensa en el país.
“Cuando hablamos de este caso emblemático, estamos hablando de dos asuntos que constituyen violaciones directas a la libertad de expresión en Colombia: se trata de la violencia sexual y, por otro lado, de un ambiente de permisividad e impunidad frente a las agresiones contra periodistas”, argumentó Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en la rueda de prensa; desde el 2011, la FLIP representa a Bedoya Lima.
No fue sino hasta el 9 de septiembre de 2009, tras responder a una invitación de Intermón Oxfam para presentar en Madrid, España, la campaña ‘Violación y otras Violencias: saquen mi cuerpo de la guerra’ -sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado colombiano- que la comunicadora decidió hablar públicamente de su secuestro. Ese día nació No Es Hora De Callar, la campaña con la que durante más de una década ha denunciado la violencia sexual en el país y ha acompañado a sobrevivientes de estos delitos.
La periodista ha dicho en múltiples ocasiones que ha sido ella misma la investigadora de su propio crimen, ante la negligencia de las autoridades colombianas por garantizar su derecho a la verdad y a la justicia. Por eso, en mayo de 2011 pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar su caso, lo que obligó a la Fiscalía General de la Nación a retomar la investigación. En septiembre del 2012, este fue declarado crimen de lesa humanidad, ya que los hechos ocurrieron en un contexto de ataques sistemáticos a periodistas, como una manera de silenciar las denuncias que hacían.
Once años y 9 meses después de ese 25 de mayo, el ente investigador todavía no había adelantado actuaciones exhaustivas y diligentes para judicializar a los responsables de estos crímenes. Solo entonces, cuando ella decidió no callar más, la Fiscalía vinculó al proceso a los exparamilitares Jesús Emiro Pereira Rivera, Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento.
Hasta el momento solo han sido condenados estos tres hombres como autores materiales, y no precisamente porque la Fiscalía haya hecho una profunda investigación, sino porque aceptaron los cargos por los cuales se les estaba juzgando. Mientras tanto, los responsables intelectuales, entre los que se ha mencionado al general (r) José Leonardo Gallego, quien entonces era director de la Dijín, y Victor Carranza, ‘fallecido zar de las esmeraldas’, siguen sin tener un fallo en su contra.
Lo que ha sucedido en dos décadas de lucha
Llegar al más alto tribunal de la región
“Esta audiencia no solo se trata del caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia hace 20 años, sino que es también la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que afrontar las y los periodistas en ejercicio de nuestro oficio”, afirmó Bedoya Lima en la rueda de prensa.
Años después de haber solicitado una revisión a la CIDH, este organismo declaró responsable al Estado colombiano por los daños que afrontó la periodista. En un informe publicado en diciembre de 2018, la Comisión concluyó que Jineth Bedoya Lima sí se encontraba en riesgo inminente de ser víctima de alguna agresión en el 2000, pero que las autoridades, con pleno conocimiento de las amenazas que recibía, no tomaron medidas para protegerla.
También consideró que teniendo en cuenta que la violencia sexual ha sido usada como un arma de guerra en el marco del conflicto armado colombiano, el Estado debió proteger a Bedoya Lima frente a ataques de este tipo. A su vez, la CIDH condenó la falta de diligencia para adelantar una investigación judicial adecuada y, además, la revictimización a la que fue sometida la comunicadora. Esta negligencia no solo la ha afectado a ella sino a su madre, según declaró la Comisión.
Por todo esto, este organismo recomendó al Estado colombiano investigar de manera exhaustiva, completa e imparcial los crímenes cometidos contra Bedoya Lima y solicitó garantizar su protección y medidas de no repetición. Además, pidió adoptar acciones para proteger a todas las periodistas mujeres que se encuentran en riesgo en ejercicio de su oficio, así como implementar programas para que funcionarios públicos puedan identificar estas situaciones y hacer algo al respecto.
Pero ante la falta de respuesta y porque el Estado no había cumplido con las recomendaciones hechas, el 16 de julio de 2019 la Comisión decidió llevar el caso ante la Corte IDH.
“Este caso constituiría la primera oportunidad para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el deber de prevención del Estado en casos que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión de mujeres periodistas, y las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial, en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo”, manifestó la CIDH en un comunicado expedido en ese entonces. Por eso, Bedoya Lima es enfática en que esta decisión marca un antes y un después para ella, pero, en especial, para todas las mujeres de Colombia y América Latina.
Para Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que se sumó a la representación de Bedoya Lima en el 2013, “la Corte tiene frente a sí uno de los casos más paradigmáticos del continente frente al uso de violencia sexual y las amenazas como armas de silenciamiento de las mujeres periodistas”. Desde el CEJIL esperan que el alto tribunal revise de lleno los riesgos que enfrentan las comunicadoras en Colombia y en el mundo, así como la impunidad sistemática frente a estas agresiones en toda la región.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), desde 1992 hasta la fecha, 98 mujeres periodistas han sido asesinadas en todo el mundo y 68 han sido desaparecidas. De acuerdo con el Observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO, esta cifra es mayor: desde 1993 no se tiene rastro de 114 mujeres comunicadoras. En cualquier caso, sea cual sea el dato, lo cierto es que la mayoría de estos crímenes está impune.
En todo el planeta miles de mujeres periodistas han sido violentadas sexualmente en medio de su trabajo, lo que impacta su vida y su derecho a la libertad de prensa y de expresión y, con ello, a la democracia de sus países.
En 2013, Hania Moheeb fue agredida por múltiples hombres en la Plaza Tahrir, en Egipto, donde otras reporteras también han sido abusadas sexualmente, como Lara Logan o Mona Eltahawy en 2011, por mencionar algunos casos. La brutalidad del asesinato de Victoria Marinova, de Bulgaria, quien además fue golpeada y violada, encendió las alarmas en el 2018 por el recrudecimiento de la violencia contra las y los periodistas.
En América Latina, Lydia Cacho es tan solo una de centenares de comunicadoras que luego de publicar grandes investigaciones fueron sometidas a agresiones en sus países. En febrero pasado , el exgobernador del estado de Puebla en México, Mario Marín, fue detenido; en el 2005 fue quien ordenó la detención ilegal de Cacho, después de que ella publicara el libro ‘Los demonios del edén’, en el que denunciaba una red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la que estaban involucrados políticos y empresarios. En ese momento, la comunicadora fue víctima de tortura y tocamientos sexuales. Cacho siguió liderando campañas en contra de la violencia sexual.
En Colombia, hace tres años Claudia Morales decidió contar públicamente que fue violentada sexualmente por su antiguo jefe, sin mencionarlo con nombre propio. En el 2020, dos mujeres periodistas denunciaron públicamente y ante la justicia al cronista Alberto Salcedo Ramos, contra quien se adelanta un proceso por el delito de acto sexual violento por tales señalamientos. Estos casos, que son apenas dos de muchos más, evidencian que en el país la violencia sexual contra mujeres comunicadoras es una realidad palpable y aterradora. Precisamente, un informe del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la campaña No Es Hora De Callar dio cuenta de que 6 de cada 10 periodistas han sido víctimas de violencia de género, casi siempre por figuras de poder a su alrededor. Por estos hechos, 4 de cada 10 decidieron abandonar sus espacios laborales y 1 de cada 4 dejó temas e investigaciones, lo que supone una clara vulneración a la libertad de prensa.
En este difícil escenario, la batalla que ha liderado Bedoya Lima durante años ha resultado en un precedente importante en la región. Haber llegado a la Corte IDH es un paso histórico que beneficiará a todas las mujeres que, al igual que ella, han sido víctimas de violencia sexual por dedicar su vida a comunicar. Y pone de presente la urgencia de tomar medidas que tengan enfoque de género, capaces de entender y responder a la particularidad de las agresiones cometidas contra las reporteras.
“La utilización de las amenazas y violencia sexual como instrumento de silenciamiento hacia las periodistas es un tema central. [Esta decisión] es clave para la democracia y para asegurar que no haya un silenciamiento de las voces de las mujeres que sienten que el peso de reportar, de tratar de decir la verdad es demasiado alto”, agregó Krsticevic sobre este hito.
Un Estado que no ha reconocido su responsabilidad
En el 2014, el Gobierno decretó el 25 de mayo, fecha en el que Bedoya Lima fue secuestrada, como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Adoptó esta decisión como una medida de reparación simbólica hacia la periodista y “para reconocer la valentía, trabajo y resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual”. Fuera de este acto, el Estado no ha tomado más acciones integrales, lo que para la defensa de la comunicadora demuestra la falta de voluntad para asumir su responsabilidad.
“Al repasar estos 20 años son claros tres aspectos: desprotección, impunidad y la ausencia de responsabilidad estatal. En este proceso esperamos que la Corte pueda avanzar en esta materia y en especial, en uno de los puntos más relevantes. Se trata de la impunidad de los casos de violencia sexual, que es un asunto que nos desbarata como país. Y que en situaciones de conflicto, en el que ha habido participación de paramilitares, agentes del Estado y todos los grupos ilegales, solo ha habido tres sentencias en casos concretos de Justicia y Paz. Y esto revela que este cuadro de inpunidad en los casos de violencia sexual no ha tenido ninguna variación en las últimas décadas”, sostuvo Jonathan Bock, director de la FLIP.
Frente a la declaratoria del 25 de mayo como una fecha nacional, Bedoya Lima le respondió a PACIFISTA! que “si un Estado considera que tener un día nacional es suficiente para reparar el dolor que han tenido que afrontar millones de mujeres y niñas, no tiene realmente clara la concepción de cuál es la magnitud y el impacto de la violencia sexual en la sociedad. Silenciar a una mujer periodista, pero además, acudir a mecanismos barbáricos como la violencia sexual para ello, no solamente afecta a un individuo: es negarle la posibilidad a millones de personas de que se puedan conectar con la realidad”.
Sobre este caso, el Estado ha dicho a través de su Agencia Nacional de Defensa Jurídica que ha tomado medidas adecuadas para reparar a Bedoya Lima y a las víctimas de violencia sexual, según explicó Viviana Krsticevic. Al respecto, la directora del CEJIL consideró que “en la práctica han tratado de tapar el sol con una mano y negar lo innegable”; por eso, hoy más que nunca tiene fuerza el lema de la campaña No Es Hora De Callar: es urgente y necesario levantar la voz y denunciar todo tipo de agresiones contra niñas y mujeres. “No hay manera de que Colombia pueda superar estos patrones de violencia e impunidad, si esto no parte de reconocer las falencias que todavía cruzan la institucionalidad y la sociedad colombiana”, agregó.
La violencia sexual quiebra las vidas de las niñas, niños, mujeres y hombres que son víctimas de esta agresión. Y en especial, deja una marca imborrable en nuestra sociedad. Es el peor crimen que puede cometerse contra la vida e integridad de una persona, por lo que, asegura Jineth Bedoya Lima, tal vez no hay nada en el mundo que pueda reparar ese dolor. Pero eso no quiere decir que el Estado no tenga una deuda y una responsabilidad con las víctimas y sobrevivientes.
“Algunas mujeres somos afortunadas de tener una voz pública y contar con el acompañamiento de muchas personas -explicó Bedoya Lima- pero piensen en las millones de mujeres que no tienen esta posibilidad, que no pueden acceder a una denuncia porque no tienen los medios económicos para hacerlo”.
Esta es la cruda realidad de la mayoría de víctimas de violencia sexual, que no denuncian ante la justicia porque no cuentan con la capacidad para hacerlo o deciden, legítimamente, no someterse a la revictimización de las instituciones. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, en Colombia hay 34.496 personas en el Registro Único de Víctimas por delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado. El subregistro es alto, pues organizaciones de mujeres afirman que no se trata de miles sino de millones.
En medio de ese panorama, las peticiones de Bedoya Lima y su defensa jurídica buscan una reparación para ella y para todas las víctimas de violencia sexual, así como para las mujeres periodistas y la prensa en el país. “Pedimos que no sea una reparación simbólica, sino una política de Estado enfrentar un crimen como la violencia sexual. Una reparación que lleve a las mujeres a tener un espacio de memoria y de verdad, que sea realmente algo tangible, que ellas y ellos sientan que eso que el Estado tiene que brindar no es solamente algo de palabra sino algo material, que sientan que poder recuperar la vida no cueste la vida misma”, explicó la periodista. Sostuvo que esto implica implementar programas de capacitación y múltiples proyectos que involucren a varios sectores y acciones, como la academia, la construcción de memoria, el arte y la restauración de derechos, por mencionar algunos.
Eso tendrá que revisarlo y evaluarlo la Corte IDH, que escuchará a testigos, peritos y profesionales que puedan dar luces sobre cuáles serían las medidas adecuadas de reparación. También recibirá el testimonio del Estado, frente al que la periodista pide coherencia con las víctimas y sobrevivientes de estas agresiones y que, por una vez en estas dos décadas, deje de insistir en que ya ha hecho suficiente.
Este largo camino ha sido doloroso, pero impactará la vida de todas las mujeres de Colombia. Desde el 25 de mayo, Bedoya Lima no ha dejado de recibir amenazas en su contra. Por ejemplo, en varias oportunidades ha sido objeto de mensajes graves e intimidatorios del Bloque Capital y el Bloque Central de la Águilas Negras, que a través de panfletos han mencionado su nombre por sus denuncias y liderazgo en el país. Actualmente se encuentran activas 4 de 11 investigaciones relacionadas con estos hechos, pero la Fiscalía no ha sido capaz de esclarecerlos.
Por ahora, lo que sabe Colombia y todo el continente es que la Corte Interamericana tiene en sus manos la oportunidad histórica de orientar a todos los países de la región sobre qué medidas deben adoptar de cara a las agresiones contra las mujeres periodistas, al igual que ante los casos de las víctimas de violencia sexual en el marco de conflictos armados. Y como ha dicho Jineth Bedoya Lima desde el día en el que decidió contarle al mundo su verdad, frente a estas violencias: #NoEsHoraDeCallar.
A Laura pueden leerla acá.
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