El partido FARC le pidió una reunión urgente al presidente Iván Duque para hablar sobre la reactivación de operaciones militares en las zonas de reincorporación.
En los dos años que lleva la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la guerrilla del ELN ha puesto varias piedras en el camino: en algunos casos saboteando los planes de sustitución de cultivos – como en Catatumbo – o en otros yendo un poco más allá, asesinando a excombatientes de las Farc, hiriendo el corazón del proceso de construcción de paz en Colombia. Poco hace más de un año, en febrero de 2018, la guerrilla del ELN mató a Kevin Andrés Lugo, exguerrillero que estaba haciendo el tránsito a la vida civil en el ETCR Juan Carlos Castañeda, de Bolívar. Este es tan solo uno de los 84 casos de excombatientes asesinados desde diciembre de 2016.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) le ha pedido al gobierno de Iván Duque que tome cartas sobre el asunto, pues la implementación del Acuerdo, que según el Instituto Kroc va en un 21 %, está en riesgo por falta de garantías. Este año, con la mesa de diálogos de paz con el ELN suspendida, el panorama puede empeorar. “Siendo honesta, lo que va a pasar es que se va a recrudecer la violencia y va a ser mucho más difícil implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), que por cierto vienen con retrasos desde hace rato”, nos dijo la senadora Victoria Sandino, de Farc.
En la Comisión de Paz del Congreso, el partido Centro Democrático ha insistido en que la suspensión de los diálogos de paz con el ELN no tiene nada que ver con las Farc, una hipótesis que fue controvertida por la representante Juanita Goebertus: “La mejor manera de quitarle espacios al ELN y llevarlos al diálogo es garantizando que el Estado garantice, a nivel territorial, la transformación de las causas que han permitido el conflicto. Es decir, ejecutando los PDET, llevando acabo la sustitución de cultivos, la reparación de víctimas a nivel local y las estrategias de seguridad de derechos humanos a nivel local”.
Hoy, agrega Goebertus, el diálogo con el ELN es inviable: “No hay condiciones. Sin embargo, el Estado debe hacer su trabajo en los territorios, disminuyendo la brecha entre el campo y la ciudad. En esta crisis con el ELN, el gobierno tiene la oportunidad de volcarse sobre los territorios para que no se repitan los patrones de violencia. De lo contrario, podría estar invitando a las Farc al retorno del conflicto armado, así la dejación de armas haya tenido un impacto muy positivo. Si no se implementa el Acuerdo, la violencia se va a perpetuar. Recordemos que en 2007, cuando el gobierno sacó el plan de consolidación de la Macarena, las Farc intentaron sabotearlo porque cualquier proceso de participación comunitaria del Estado desde lo local es una amenaza para ellos. Claramente al ELN también le interesará torpedear la implementación”.
Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas congresista de Farc, nos contaron que le han pedido una reunión urgente al presidente Iván Duque para hacer un corte de cuentas de la implementación del Acuerdo y un plan para garantizar la reincorporación de más de 7.000 excombatientes. “Lo que está pasando con el ELN puede obstaculizar la implementación del Acuerdo porque le da fuerza a la derecha para que imponga medidas arbitrarias. Con El ELN se debe buscar un diálogo y nosotros nos ofrecemos como partido mediador. Seguimos en pie de lucha por la paz y estamos muy pendientes del respaldo internacional que podamos recibir de la ONU”, nos dijo Ramírez.
Sandino, por otro lado, nos mostró su preocupación por eventuales operativos del Ejército: “Ellos pueden utilizar el pretexto de que no existe un diálogo con el ELN para intervenir en los territorios y seguir matando a nuestra gente. Es una preocupación latente”.
En el transcurso de 2018 la guerrilla del ELN fue copando espacios dejados por las Farc, dejando una huella de violencia en poblaciones que esperaban tener un descanso de la guerra. En su último informe, el Instituto Kroc lo advirtió: “Grupos armados ilegales, especialmente el ELN, han venido copando paulatinamente algunos de los espacios dejados por las Farc y la percepción en esos territorios es que la Fuerza Pública no ha logrado posicionarse adecuada y eficientemente”. Estos son los escenarios en los que la guerrilla, de cerca de 1.500 combatientes, se ha estado moviendo:
Catatumbo
Desde el 14 de marzo de 2018, el EPL le declaró la guerra al ELN y comenzó una confrontación armada abierta, principalmente en los municipios de Convención y Teorama, fronterizos con Venezuela. La instalación de minas antipersonal, así como las limitaciones de movilidad para la población, han sido constantes, como lo ha mostrado la Fundación Ideas para la Paz. En el ETCR de Caño Indio, en Catatumbo, el 78 % de los excombatientes se han marchado, muchos por razones de seguridad ante los constantes enfrentamientos entre el EPL y el ELN. Según diferentes entrevistas realizadas por la FIP, el EPL dio la orden de exterminar a excombatientes de las Farc, lo que ha generado una serie de retaliaciones en las que el ELN también está involucrado.
Aunque en el primer semestre de 2018 la guerrilla del ELN no se opuso abiertamente a los planes de sustitución de cultivos – en alguna medida porque estaban en curso los diálogos de paz – el EPL sí lo hizo y en el escenario actual es probable que el ELN cambie su postura.
En Norte de Santander, dice la FIP, el ELN ha llegado “a copar espacios dejados por las Farc, retomando los procesos de tributación que tenía este grupo con comerciantes y empresarios. También ha venido ejerciendo violencia selectiva contra la población”. Y lo ha hecho con uno de los frentes más fuertes: el de Guerra Oriental (Frente Domingo Laín Sanz). De hecho, a corte de octubre de 2018, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) informó que 42 campesinos han sido asesinados por apoyar la sustitución de cultivos.
Norte de Santander, con 28.244 hectáreas de coca, será uno de los escenarios más álgidos en el transcurso del año. Con el ELN en combate y sin la mesa diálogos de paz, los procesos de implementación se pueden fracturar, pues el EPL también está copando espacios en los que antes estaban las Farc e incluso ha tratado de tomar la base social que tenían.
Cauca
En la publicación sobre garantías de seguridad en los territorios, la FIP señala que existen varios fenómenos en el departamento del Cauca: “La consolidación de grupos disidentes en la zona norte; el cambio de brazalete por parte de excombatientes, también en la zona norte; el afianzamiento de bandas orientadas al control del narcotráfico, especialmente en la zona centro-sur y Pacífico y una tensa calma con el ELN”. Con el levantamiento de la mesa, la guerrilla del ELN puede comenzar una seria disputa con los grupos disidentes por el control de los eslabones en la cadena del narcotráfico, antes en manos de las Farc.
En el cese el fuego bilateral que pactó la guerrilla del ELN con el gobierno en diciembre de 2017, no se presentaron acciones ofensivas, según lo registró la FIP. “Bajo este nuevo escenario, como las disidencias o las estructuras narcotraficantes, el ELN se establece en zonas con economías ilegales. El fenómeno armado crece en el Cauca, a la vez que se transforma y deja las plataformas políticas de lado”.
Arauca
Después del cese bilateral, Arauca fue el departamento más afectado, con 20 acciones armadas del ELN. La FIP ha recogido testimonios que hablan sobre la llegada de mandos provenientes de Venezuela en los últimos meses. “Estos mandos estarían endureciendo el control sobre la población y prohibiendo el trabajo político y los liderazgos afines a las Farc y, en general, la implementación del Acuerdo de Paz”, señalan los investigadores de la fundación. De hecho, según la Fiscalía, el autor intelectual del atentado en la Escuela General Santander es alias “Pablito”, quien opera en Arauca.
En este departamento es donde el ELN ha realizado varios atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, de Ecopetrol. El año pasado, después de la tregua con el Ejército, el ELN emitió panfletos y amenazas de “limpieza social”. El Frente de Guerra Oriental, desde entonces, anunció represalias por un supuesto aprovechamiento de las fuerzas armadas para reubicarse y “cercarlos”. Según la FIP, “en el caso de Arauca, la versión más recurrente es que el incremento de las amenazas y asesinatos selectivos está relacionado con la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de las comunidades y las organizaciones, afectando liderazgos comunitarios que son identificados como afines a las Farc”.
Sur de Bolívar
Esta es una de las regiones en donde el ELN ha sido cuestionado por asesinar líderes sociales y excombatientes de las Farc. La razón: la guerrilla se opone al programa de sustitución de cultivos. “Esto ha generado una actitud de rechazo frente a la idea de una ´transición´ por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades y las comunidades, quienes demandan que se debe partir reconociendo que el conflicto armado en la región no terminó con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, como sí se espera que suceda, según los entrevistados, con los diálogos de paz con el ELN”, señala la FIP en su informe sobre garantías de seguridad.
En el sur de Bolívar, la guerrilla se ha reacomodado para ocupar las zonas que dejaron los frentes 24 y 37 de las Farc. Para ganar el poder en estas zonas, el ELN ha optado por cooptar las redes sociales y atacar a los líderes emergentes que se la juegan por la implementación del Acuerdo de Paz. En este territorio están presentes, además, las Autodefensas Gaitanistas (AGC), como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en 2017. El conflicto entre ambos grupos armados puede estallar en cualquier momento, dejando a la población civil en riesgo.
Las Autodefensas y el ELN sostuvieron un pacto de no agresión durante el año pasado con el fin de obtener recursos compartidos en la cadena de producción de narcotráfico, evitando desgastes en operativos militares. Lo mismo ha sucedido, según la Defensoría, con la minería ilegal, donde ambos grupos armados sostendrían una “convivencia”, principalmente en los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití. El resultado de esta alianza es resumido por la FIP: “Los cultivadores de coca se están viendo afectados por lo que califican como una ´política ambigua ´derivada del Acuerdo, en la que, por un lado, se prometen beneficios económicos y asistencia técnica para la sustitución, al tiempo que se llevan a cabo operativos de erradicación forzosa y, por otro, se pretenden llevar a cabo procesos de sustitución en lugares donde el ELN y las AGC siguen controlando el territorio”.
