Gulupa: la fruta que puede ganarle a la coca y por la que nadie daba un peso

REPORTAJE | Los indígenas nasa de Toribio están apostándole a ella como una solución para el problema de los cultivos ilícitos en territorios étnicos.

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Fotos por: Andrés Bermúdez Liévano

Toribío, Cauca

Salir de la plaza central de Toribío por cualquiera de las pequeñas carreteras que suben por las faldas del Macizo colombiano es sumergirse en un océano de verdes.

Está el verde de bosques andinos que se trepan hasta la punta de las montañas y el de miles de palmas de fique del que alguna vez vivió este municipio del Cauca donde casi todo el mundo es indígena y nasa. Pero, sobre todo, dos muy particulares: el verde amarillento de la coca y el verde eléctrico de la marihuana.

Adonde se mire, el paisaje se tiñe de ráfagas de esos dos colores. En las empinadas laderas crecen cocales. En las huertas de las casas retoñan matas de marihuana tipo creepy. E incluso en la carretera que desciende hacia las tierras más cálidas de Caldono y la Vía Panamericana, las matas de uno y otro tipo se asoman al borde de la vía.

Esas mismas colinas, sin embargo, también albergan un experimento que podría ayudar a cambiar la economía de Toribío, orgullosa de la calma en la que hoy vive, tras décadas de guerra. De paso, podría ayudar a solucionar uno de los problemas más difíciles de los cultivos ilícitos en Colombia, fuertemente concentrados en tierras indígenas y afro.

Esa apuesta es una pequeña fruta morada, prima del maracuyá y muy apetecida en Europa, llamada gulupa.

De la coca a las frutas tropicales

“Yo veía esa mata silvestre en el monte. La comíamos y era muy sabrosa. Pero yo nunca me imaginaba que la comprarían para exportación”, cuenta José Alejandro Dagua, un campesino delgado y de piel cuarteada, mientras acaricia una fruta biche de gulupa que cuelga de una troja.

Una suerte de invernadero construido con cruces de madera y techitos de plástico protege siete hileras de enredaderas que se encaraman y están terminando de colonizar los alambres, soltando sus ramas de vuelta hacia el suelo. Decenas de colibríes color esmeralda revolotean por el cultivo, polinizando las florecitas blancas que luego se convertirán en este fruto de piel morada, pepas amarillas y sabor ácido.

“Es pequeño, usted lo ve. Pero, bien tenido, esto da”, dice José Alejandro, quien está listo para construir otras siete hileras de gulupa en su finca, a media hora en moto del pueblo y en medio del resguardo de San Francisco.

El cultivo da por una razón fundamental: aunque muchas frutas (y legumbres, verduras y condimentos) se dan bien en las regiones donde domina los cultivos de coca, pocas tienen un comercio asegurado.

Esa falta de una cadena de comercialización estable, que permite que los campesinos puedan poner sus productos en el mercado, ha sido una de las principales razones por las que muchos proyectos de sustitución de cultivos ilícitos han fracasado a largo plazo.

Acá, en cambio, la gulupa los buscó a ellos. La demanda era tan grande que funcionarios del Ministerio de Agricultura andaban buscando quién la cultivara. Eso debido a que las ventas vienen creciendo como espuma. Colombia exportó más de 6.000 toneladas de gulupa en 2016, con lo que ya se convirtió en la cuarta fruta más vendida del país. Un impresionante 87 por ciento de esa fruta –es decir, casi toda– se vendió en Holanda.

Esa demanda permanente significa que las cuentas sí le dan a José Alejandro y los otros 34 productores de gulupa de Toribío.

Para comenzar, esta fruta –muy parecida en sabor al maracuyá, pero de clima frío– tiene un precio bastante alto en el mercado: entre $ 4.200 y $ 5.500 por kilo de fruta les pagan Nuticol y Frutas Comerciales, las dos exportadoras con las que trabajan. Ese precio cae a mediados de año –cuando entra a Europa la gulupa proveniente de Kenia y Tanzania– pero el resto de los meses se acerca más al tope.

“Uno lo que necesita es que lo que siembra, tenga mercado”, dice Arturo Rivera, quien tiene 500 plantas de gulupa en su parcela en el resguardo de Tacueyó. Rivera también es el presidente de Asofrut, una cooperativa de unos 200 campesinos que están produciendo gulupa, mora, uchuva, tomate de árbol y aguacate.

En términos de clima, Toribío es idónea para la gulupa. Cada campesino tiene en promedio unas 500 plantas, cada una con unas 400 o 500 frutas, por lo que los seis meses de cosecha son de mucho trabajo, pero también de ahorro. Todas las semanas envían a Bogotá un camión cargado con la gulupa de todos, bajando los costos notablemente.

Su único miedo es la temida mancha de aceite, una enfermedad causada por una bacteria que se propaga en condiciones de humedad. Ahora se están reponiendo y –gracias al novedoso sistema de trojas techadas que protegen a las plantas– aguardan con ansiedad la primera cosecha, que vendrá en mayo.

El problema étnico de la coca

Los guluperos de Toribío son un modelo de lo que podría ser la solución para uno de los problemas más agudos de la coca en Colombia: una cuarta parte de toda la coca sembrada en el país está en territorios indígenas y afro.

“Esta es una salida para generar más plata que la coca. Bien fortalecidos y con buenas podas, duramos seis meses cosechando. Si va a compararlo con la coca, es cada 4 o 5 meses. Y en precio, es mucho mejor”, dice Arturo Rivera, quien sabe de lo que habla porque años atrás vivió de la coca.

¿Por qué la coca llegó hasta aquí? A diferencia de Perú y Bolivia, en Colombia nunca ha habido un uso extendido de la coca como planta medicinal o ancestral, con algunas excepciones en la Sierra Nevada de Santa Marta o Putumayo. En los años 80, muchas comunidades étnicas la sembraron por decisión propia, entusiasmados por la promesa de cosechas rentables y una venta asegurada, en medio de territorios con grandes carencias y altos niveles de pobreza.

Con los cultivos llegaron los narcos, los grupos armados como las Farc, el ELN y los paramilitares y, con todos ellos, mucha violencia. Una de las cosas que más los atrajo era que tanto los resguardos indígenas como los consejos comunitarios afro tienen una protección especial de la Constitución y, por lo tanto, no es posible una erradicación forzosa con herbicidas como el glifosato sin antes consultar a las comunidades.

El problema es que, una vez se instalaron esas redes criminales, las comunidades se quedaron sin voz ni voto. La herencia de esa realidad se en las cifras: actualmente hay unas 38.000 hectáreas de coca en territorios étnicos, un 11 por ciento de ella en tierras indígenas y otro 16 por ciento en tierras afro, según el censo de cultivos ilícitos que hace anualmente Naciones Unidas. (El Cauca, con 12.000 hectáreas, es el cuarto departamento más cocalero del país).

En algunos lugares, a las comunidades las obligaban a cultivar e impedían cualquier intento por erradicarlas, como les sucedió a los ingas de Aponte –en el norte de Nariño– quienes erradicaron 2.000 hectáreas de amapola contra la voluntad de los grupos que controlaban la zona. En otros, como les pasó a los afro en Tumaco, tuvieron que resignarse a que colonos cocaleros protegidos por las Farc ocuparan tierras dentro de sus consejos comunitarios y cultivaran coca.

Toribío no fue la excepción. Como muchos municipios del Macizo caucano, vivió todos los booms: primero el de la amapola en los años noventa, luego el de la coca que se multiplicó por todo el país durante el fallido proceso de paz del presidente Andrés Pastrana en el Caguán y, finalmente, el de la marihuana que llegó con fuerza hace unos seis años y se extendió gracias a los altísimos precios (hasta $ 500.000 por kilo) que ya se esfumaron.

Casi siempre fueron las comunidades las que terminaron poniendo los muertos y las víctimas. Solo Toribío tiene 17.794 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (de una población total de 28.000) y suma más de 600 ataques y hostigamientos en tres décadas.

“Hasta ahorita que se firmó la paz, de dos años para acá, es que estamos tranquilos. De resto ha sido pura zozobra”, cuenta Alcibiades Escué, un reputado líder de la comunidad que hoy es el alcalde.

Bajo su mandato, Toribío redobló su apuesta por los productos agrarios como la gulupa: la Umata –la oficina agropecuaria local– pasó de tener ocho a 20 asistentes técnicos, incluidos varios indígenas que regresaron tras graduarse de universidades como la del Valle. Lo hicieron porque saben que, como dice Arturo, “tecnificarnos es el camino”.

Ese fortalecimiento de la asistencia técnica -que Escué aún cree sea suficiente para la demanda del municipio- es una de las claves para que los proyectos son sostenibles.

“Si todos los municipios tuvieran Umatas tan sólidas como la de Toribio la realidad rural de Colombia sería otra”, dice el economista Daniel Mauricio Rico, uno de los investigadores que más ha seguido en terreno los procesos de sustitución de coca. “Yo he visitado más de 120 proyectos agrícolas [de sustitución] y es el primero que encuentro que se basa en fortalecer a la Umata, la alcaldía y las comunidades, dejando una institucionalidad robusta después del proyecto. La mayoría de los proyectos, por el contrario, traen un experto de Bogotá con muchas ideas, que ejecuta el proyecto, se va y no queda nada”.

Las autoridades indígenas han estado estrechamente vinculadas a ese esfuerzo. Asofrut forma parte del Proyecto Nasa, una iniciativa de los tres cabildos nasa que se ha convertido en el eje de la vida productiva del municipio, desde una cooperativa de café hasta la prestación de servicios públicos como el de agua y aseo. Ellos les brindan a los fruticultores el soporte jurídico para postular a proyectos estatales, les prestan un contador y les ayudan a organizarse mejor.

“La gente se iba a recoger café en el Eje Cafetero o a raspar coca en el Bajo Naya, pero acá podemos generar empleo en una economía limpia. Somos nosotros los que tenemos que mostrar oportunidades a los jóvenes”, dice Yimer Ernesto Peteche, uno de los agrónomos de la Umata que trabaja con lo guluperos. Su argumento es que cada pequeño cultivo necesita una mano de obra permanente de al menos cinco personas para recolectar, podar y fertilizar.

No obstante, el comercio internacional no es el único beneficio que deja la gulupa. Las frutas que tienen ralladuras en la cáscara y que no sirven para exportación terminan en la planta de procesamiento de jugos de la comunidad, que produce los jugos Fxize –‘frío’ en lengua nasa– que toman los niños en las escuelas del municipio.

La primera cosecha

Aún son relativamente pocos los fruticultores en Toribío, pero –con un modelo que funciona, un clima perfecto y un mercado fijo– están esperando que más gente se anime.

Al final de cuentas, aunque el programa de sustitución voluntaria del Acuerdo de paz que dirige Rafael Pardo no ha arrancado en forma en territorios indígenas, la comunidad sabe que tendrá que erradicar la coca y la marihuana y está preocupada con los atentados en la vecina Corinto, perpetrados por el ELN y las bandas criminales.

“La mayoría, yo diría el 90 por ciento de los asociados de Asofrut, vivió de la coca porque siempre ha sido la economía de Toribío”, dice Arturo Rivera.

Ya han venido organizaciones de varios otros municipios indígenas del Cauca donde hay coca –como Corinto, Morales, Caldono o Jambaló– a ver el proyecto. Entre otras cosas que les atraen, está la alta productividad de la gulupa (500 plantas por media hectárea), algo fundamental para resguardos donde la mayoría de familias vive en minifundios de menos de 5 hectáreas. Pero, sobre todo, han llegado para ver la pequeña pero prometedora historia de éxito de estos campesinos que salieron de los cultivos ilícitos.

“Uno mira la participación de la gulupa en el mercado internacional y, para la demanda que tiene, no estamos produciendo nada aún en Colombia. Hay exportadores que nos piden 20.000 kilos semanales y nosotros apenas podemos sacar 2.000”, comenta Arturo. Asegura que incluso han tenido que decirle ‘no’ a otras exportadoras porque no dan abasto.

“La meta es ampliar la extensión hasta 100 o 150 hectáreas acá, porque están dadas las condiciones de mercado y está fortalecida la asociación”, añade. “Ese es el camino”.