Este es uno de los procesos más extraños después de la firma del Acuerdo de Paz. Incluye cartas perdidas en Panamá y condenados por parapolítica.
1. Camino interrumpido al Congreso
Abril de 2018. Faltaban cuatro meses para que Seusis Pausías Hernández Solarte, conocido en la guerra como ‘Jesús Santrich’, se posesionara en el Congreso de la República como representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Todo marchaba como estaba previsto en el Acuerdo de Paz: viejos integrantes de la guerrilla, como Iván Márquez, Victoria Sandino y Santrich –después de dejar las armas– comenzarían a participar en política. Santrich sería representante por el Atlántico, departamento en el que operó con el Frente 19, cuando las Farc eran todavía una guerrilla.
La imagen de Santrich en el Congreso, desde el lunes 9 de abril, comenzó a parecer lejana. La Fiscalía ordenó su captura después de que la Interpol emitiera una circular roja para ubicarlo y judicializarlo por el delito de narcotráfico. La circular fue emitida después de que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con fecha del 4 de abril, emitiera una sentencia en contra de Santrich por un presunto “acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.
2. El supuesto ‘torcido’
En una rueda de prensa, el fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró orgulloso, señalando incluso que Santrich podría ser extraditado. Dijo, en ese entonces, que el envío de cocaína habría sido convenido por un valor de 15 millones de dólares. Ya en suelo estadounidense, agregó Martínez, esas toneladas alcanzarían un valor de 320 millones de dólares. ¿Cómo lo probarían? El fiscal dijo que existían pruebas de dos reuniones en las que Santrich había pactado el negocio. A su vez, la Fiscalía detuvo a tres presuntos cómplices de Santrich: Marlon Marín –sobrino de Iván Márquez; Armando Gómez (alias ‘El doctor’) y Fabio Simón Younes Arboleda.
Los compradores de la cocaína fueron agentes infiltrados de la DEA. El que lideraba la operación, Brian Witek, le habría dicho a Santrich que él y sus compañeros fueron enviados de Rafael Caro, líder del cartel de Sinaloa en México. Según Witek, Santrich y sus compañeros señalaron que tenían acceso a laboratorios de cocaína, de hecho, habrían ofrecido enviar 7.000 kilos en el transcurso de un mes. Supuestamente, las reuniones se habrían llevado a cabo entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo de Paz. Si fue así, Santrich sería culpable delito de conspiración y debería ser extraditado.
3. Hambre de libertad
Tras ser capturado, Santrich estuvo en huelga de hambre durante 41 días. La suspendió justo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado a partir del Acuerdo de Paz para juzgar a los actores del conflicto, solicitó pruebas para definir si Santrich había cometido los delitos antes de la firma del Acuerdo de Paz (en ese caso recibiría beneficios judiciales) o si lo hizo posteriormente. Si fuese así, sería sometido a la justicia ordinaria y podría ser extraditado. La solicitud de la JEP causó revuelo, pues desde la oposición a los acuerdos señalaron que esta jurisdicción no tenía facultades para revisar casos de extradición.
El 23 de mayo la JEP informó que Santrich solicitó firmar un acta de compromiso que le pudiera otorgar la libertad condicional, petición que no prosperó. Sin embargo, la JEP está facultada para revisar el expediente de Santrich, pues él se sometió a la justicia transicional el 1 de diciembre de 2017, fecha en la que firmó el Acta de compromiso de reincorporación social, política y económica. En los meses siguientes, la Fiscalía objetó que la JEP no podía realizar el examen del expediente de Santrich, pues Estados Unidos no había remitido una solicitud formal de extradición, sino una nota verbal. La JEP precisó que el caso de Santrich continuaría, sin embargo, antes de que la Corte Suprema lo asumiera (tribunal que decide al final sobre la extradición) debía verificarse si los delitos se cometieron después de la firma del Acuerdo.
4. ¿Pruebas? ¿Cuáles pruebas?
En septiembre de 2018 el caso volvió a sonar: la JEP le solicitó a la Fiscalía que entregara los audios y videos que probarían la responsabilidad de Santrich. El fiscal Néstor Humberto Martínez respondió que no tenía pruebas de audio ni video. Respondió, de hecho, que las pruebas reposan en la justicia estadounidense, donde comenzó el proceso contra el antiguo comandante de la guerrilla. Según el fiscal, la JEP no tenía por qué pedir pruebas en un trámite de extradición.
En junio, la Corte Constitucional determinó que la captura de Santrich fue legal y que la JEP no podía suspender la extradición. No obstante, sí le dio la razón a la JEP en la solicitud que hizo para revisar si los hechos se cometieron antes o después del Acuerdo de Paz. La JEP, dijo la Corte, puede revisar el caso “sólo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.
5. La carta que nunca llegó
Que si la JEP podía pedir pruebas o si se estaba extralimitando fue el debate durante los meses de septiembre y octubre. En noviembre, la Sección de Revisión de la JEP dejó en firme la decisión de practicar las pruebas en el proceso de Santrich. El siguiente paso que tomó la Jurisdicción fue solicitarle a la Corte de Nueva York la evidencia que reposa en contra del exguerrillero. La Jurisdicción envió una carta a través de la Cancillería, entidad que trasladó el documento al Ministerio de Justicia. El 28 de enero de 2019 se venció el plazo que había establecido la JEP para recibir el material probatorio.
La carta nunca llegó. Y la razón parece absurda. Según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la carta de petición, enviada el 10 de diciembre, no llegó a Washington sino que se quedó estancada en Panamá por un error en la empresa de correos 472. “Nunca nos había pasado esto. Estamos averiguando. Me dicen que esto nunca había pasado”, dijo la ministra cuando le preguntaron por qué una carta diplomática fue enviada a través de una empresa de correspondencia.
6. Más cartas que vienen y van
El 1 de marzo de este año, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió. En el documento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se abstiene de enviar nuevas pruebas, pues con el expediente que está en Colombia, dicen, sería suficiente para extraditarlo. Señalaron, de hecho, que entregar nuevas pruebas es “contrario a nuestra política de extradición”. La JEP notificó que, en efecto, recibió la carta, y que se tomaría un tiempo para responder.
7. Plata en mano
Ese mismo día, cuando la justicia estadounidense se negó a entregar nuevas pruebas, la Fiscalía soltó una noticia explosiva: la captura del fiscal Carlos Bermeo, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y las de otras cuatro personas más, incluido Luis Alberto Gil, exsenador del partido Convergencia Ciudadana y quien estuvo preso por un año – luego obtuvo el beneficio de libertad condicional – tras ser encontrado responsable de sostener alianzas con grupos paramilitares, específicamente con el Bloque Central Bolívar. Gil fue condenado por coordinar acciones con los jefes paramilitares, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ y alias ‘Ernesto Báez’.
La Fiscalía informó que los capturó en un hotel de Bogotá mientras negociaban con 500 mil dólares para incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich.
8. Fiscal negado
En respuesta, la JEP –en rueda de prensa y en comunicaciones oficiales– expuso que el fiscal Bermeo no podía incidir en el caso de Santrich, al menos no directamente. Él trabajaba como fiscal de apoyo del director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo.
Sus funciones consistían en garantizar la logística de la policía judicial y de los delegados de las investigaciones. Estas funciones, no obstante, se materializarían más adelante, cuando los procesos judiciales que adelante la JEP estén en una etapa de recolección probatoria. Por otro lado, Bermeo no tenía cercanía con los magistrados de la Sala de Revisión, quienes deben definir si Santrich cometió los delitos después de la firma del Acuerdo.
9. Explicaciones pendientes
Este martes 5 de marzo se llevará a cabo la audiencia contra el exsenador Gil a través de videoconferencia, quien se encuentra hospitalizado en la Clínica Colombia por insuficiencia cardiáca. Sin embargo, Medicina Legal valoró al exsenador y determinó que no presenta complicaciones graves de salud, por lo cual podrá asistir a la audiencia vía conferencia.
Estos son los hechos, por ahora, que componen expediente Santrich: hasta ahora el caso más controversial que nos deja el proceso de paz con las Farc.
