Guerrilleros y militares: desesperados por salir de la cárcel ya

Después de décadas de estar enfrentados, a los prisioneros de ambos bandos hoy los une el anhelo de la libertad que les prometió el acuerdo de paz.

Las demoras en la libertad que les prometió el acuerdo de paz tiene muy preocupados a los guerrilleros de las Farc y a los militares que están presos. Ambos, desde sus propias orillas, están inquietos por la tardanza en la aplicación de la ley de amnistía, indulto y tratamientos especiales, la primera de la implementación. Desde diciembre, los presos se han encontrado con el paso lento de la justicia, y el desespero se siente con fuerza en las cárceles.

Les contamos en qué andan ambos grupos de prisioneros, que deberán acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para aportar a la reconstrucción de verdad y la reparación de las víctimas:

La huelga de hambre de las Farc

Hoy, cuando han pasado más de seis meses de esa expedición de la ley, cientos de guerrilleros detenidos en prisiones de 18 departamentos cumplen 15 días de huelga de hambre. Según los cálculos de las Farc, hay 1.568 insurgentes en huelga, de los cuales 50 son mujeres. Todos están a la espera de ser amnistiados, liberados o trasladados a las zonas veredales. La angustia, que crece como espuma, ha empujado a varios de ellos a coserse la boca.

Aunque los colectivos de prisioneros políticos son los que lideran la movilización, la cara visible de la protesta es el integrante del Estado Mayor Central de las Farc Jesús Santrich, que decidió dejar de comer hasta que “el Estado cumpla con el compromiso de liberar a los prisioneros integrantes de las Farc”. Santrich, que hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, hizo el anuncio el pasado 26 de junio, un día antes de que las Farc le dijeran al país que abandonaban sus armas para transitar a la política legal.

Desde entonces, las Farc y los abogados que defienden a los presos han emprendido un intenso lobby político y mediático para que el Estado le meta el acelerador a las libertades. La semana anterior, solo para mostrar respaldo a la manifestación, los integrantes del Secretariado Ricardo Téllez y Pablo Catatumbo, el comandante guerrillero Edison Romaña y las guerrilleras Alexandra Nariño y Camila Cienfuegos visitaron la cárcel La Picota acompañados del senador Iván Cepeda. Santrich, por su parte, se ha reunido con congresistas, periodistas, excombatientes de otras guerrillas y líderes religiosos.

La presión ha sido tal que, el pasado viernes 7 de julio, la Coalición Larga Vida a las Mariposas (que agrupa a organizaciones de abogados de presos políticos) consiguió reunirse en Bogotá con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), el Ministerio de Justicia, la Secretaría Ejecutiva de la JEP, el Inpec y el Consejo Superior de la Judicatura. En ese encuentro, el gobierno se comprometió a resolver los líos que tiene en veremos la libertad de más de un millar de guerrilleros.

Son varias las razones que explican las demoras de las excarcelaciones, que han afectado especialmente a los insurgentes que no pueden ser indultados o amnistiados, pero que deben ser liberados con la condición de comparecer ante la JEP. En este grupo de afectados están quienes nunca fueron condenados por delitos políticos, aunque sí por secuestro, extorsión o delitos asociados al narcotráfico.

Según Jhon León, subdirector de la Corporación Solidaridad Jurídica e integrante de la Coalición, el principal obstáculo para las excarcelaciones es una interpretación de los jueces, según la cual los delitos por los que están detenidos los guerrilleros no están relacionados con el conflicto armado. Bajo esa lógica, dicen los jueces, los presos no se pueden beneficiar de las libertades que contempla el acuerdo de paz.

Ello ocurre pese a que, según la ley de amnistía y un decreto expedido por la Presidencia en febrero pasado, los togados deben liberar a los guerrilleros con la sola recepción de un certificado de pertenencia a las Farc (emitido por la OACP) y de un acta de compromiso (avalada por la Secretaría de la JEP). Por esas razones, León concluye que “el palo en la rueda son los operadores de justicia”.

Las demoras también están asociadas a la negativa de los jueces de acumular los procesos judiciales para tomar una decisión de fondo sobre las libertades (que es lo que ordena el decreto), así como la tardanza en el suministro de certificados y en la recepción de actas por parte de la OACP y de la Secretaría.

Con esos desafíos en frente, el gobierno se comprometió con la Coalición a tomar medidas para agilizar las excarcelaciones. La más importante es la redacción de un nuevo decreto que aclare las dudas de los jueces, que debería ser expedido en las próximas semanas.

La OACP y la Secretaría de la JEP también acordaron emitir con mayor celeridad certificaciones y actas, así como mejorar la comunicación con los togados, que frecuentemente les consultan por la autenticidad de los documentos que presentan los guerrilleros y sus defensores. Las partes, además, crearon una mesa de seguimiento a la ley de amnistía.

El asunto es urgente para las Farc, no solo porque la dilación de las libertades aumenta la desconfianza de los presos en el cumplimiento del acuerdo de paz, sino porque muchos de los detenidos son clave para la guerrilla en distintas tareas de la implementación.

Entre diciembre de 2016 y el 17 de mayo pasado, según datos que le suministró el Ministerio de Justicia a ¡Pacifista!, 681 guerrilleros de las Farc que están presos fueron beneficiados con indultos, amnistías, libertades condicionadas y traslados a zonas veredales.

La angustia silenciosa de los militares

Los agentes estatales presos por delitos relacionados con la guerra, a los que el acuerdo de paz también les prometió libertades, no están menos preocupados que los guerrilleros. Una fuente de la justicia le contó a ¡Pacifista! que, aunque la disciplina militar les impide manifestarse, la semana del pasado 19 de junio varios militares detenidos en el Centro de Reclusión Militar de Bello, Antioquia, realizaron una breve huelga de hambre.

La razón de la protesta es la supuesta lentitud con la que la Secretaría de la JEP recoge las actas de compromiso que, como en el caso de las Farc, son requisitos para obtener la libertad condicionada. Según la fuente, los militares también alegaron que “el trámite de las libertades para guerrilleros es más rápido”, lo cual ocurre porque, a diferencia de los agentes estatales, los insurgentes pueden ser amnistiados e indultados.

Entre los militares hay hay angustia, desasosiego y rabia.

La abogada Tania Parra Montenegro, directora de la Fundación Fuimos Héroes, que defiende a militares presos, dice que “los militares están recluidos en unidades donde debe primar la disciplina y no pueden tomar esas medidas. Sin embargo, es cierto que hay personas que están afectadas, porque llevan muchos años de detención, aún no les llega la libertad anticipada y creen que la situación es injusta”. Parra confirma que entre los presos “hay angustia, desasosiego y rabia”.

En el caso de los militares, el grueso de la demora también se concentra en los jueces. Tal como ocurre con los guerrilleros, los funcionarios han alegado que los delitos por los que fueron condenados no están relacionados con el conflicto. Una calificación que por ley no les corresponde a los togados, quienes deben ordenar la libertad inmediata de los presos que figuren en los listados del Ministerio de Defensa y hayan firmado las actas de compromiso.

Esa negativa de los jueces generó una avalancha de derechos de petición y tutelas ante la Secretaría, firmadas por militares, fiscales y jueces. Según la abogada, “a los funcionarios de la Secretaría les toca primero dedicarse a contestar esos documentos, y en la medida de lo posible ir evacuando las solicitudes de libertad transitoria y de inclusión en la JEP”. El volumen de procedimientos ha sido tal que, en pocos meses, la Secretaría de la JEP pasó de tener 20 a 70 funcionarios.

De momento, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, 403 integrantes de la Fuerza Pública han sido liberados o trasladados de cárceles ordinarias a guarniciones militares y policiales, tal como se acordó en La Habana. Sin embargo, aún resta seguir el procedimiento con cerca de 1.300 detenidos.

Mientras la justicia se ajusta a este momento de transición, en las cárceles aumenta la inconformidad y la sensación de el gobierno “está incumpliendo” el acuerdo de paz.