OPINIÓN. La dimisión de Otto Pérez Molina, es un ejemplo de que los ciudadanos pueden combatir la impunidad y librarse de los vestigios de la guerra.
Columnistas: María Aguilar y Ana María Cristancho
Hoy Guatemala nos dio una lección de dignidad, pues consiguió bajar del poder a quien no la representa. Es un triunfo para una nación que ha luchado por unirse, pese al racismo que la divide, pues logró que uno de los símbolos del genocidio y la impunidad, el hoy expresidente Otto Pérez Molina, renunciara y perdiera su fuero presidencial. No sólo quedó demostrado que Pérez no tenía legitimidad; además, quedó claro que los ciudadanos están dispuestos a dar, pacíficamente, la lucha por librarse de los vestigios de la guerra.
Guatemala vivió un genocidio disfrazado de guerra civil. Éste culminó con un cuestionado proceso de paz que excluyó a los pueblos indígenas de la mesa, pese a que ellos representan el 80% de las 200.000 víctimas de la violencia. Además, el proceso les permitió a los militares quedar en la impunidad, pese a ser responsables del 93% de las muertes de la guerra, según la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Como si fuera poco, más tarde se vio a los victimarios desfilar como presidentes.
El acuerdo también dejó intacto el monopolio de la élite sobre la economía, la política, la justicia y el ejército. Precisamente, el matrimonio entre ley, armas y riqueza, sellado con la Constitución luego del genocidio, construyó caminos seguros para que los militares evitaran la justicia. La impunidad para los victimarios no sólo sirvió para lavar su responsabilidad, sino también para permitirles liderar las mafias.
Es el caso de Otto Pérez Molina. El hoy acusado de liderar una red de fraude aduanero fue también el comandante de la base militar de Nebaj, parte de la región Ixil, donde ocurrieron actos de genocidio. No es el único ejemplo. Los Kaibiles, una unidad militar dedicada al narcotráfico, está compuesta por miembros de la élite militar. La DEA lleva años señalando a este actor de ser el principal líder de redes ilegales, según The Observer.
El sistema político y judicial de Guatemala, en el que los mismos juzgan a los mismos, cuando no hay fueros, explica también que la condena contra el exdictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, hubiera sido revocada por la Corte Constitucional, luego de que la élite económica lo exigiera con el argumento de que el fallo produciría un problema de gobernabilidad.
Pese a este círculo vicioso ―cuya última perla es que el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, es uno de los magistrados que revocó la condena contra Ríos―, el pueblo se hizo escuchar. La renuncia de Pérez Molina es un gran paso para un país que aún lucha por navegar la posguerra. Guatemala nos dio hoy una lección de dignidad, pues no sólo hizo respetar la presidencia, sino que hizo valer su ciudadanía. Su pueblo puso una primera piedra en la maquinaria de impunidad y bajó del estrado a su último dinosaurio.
