Esta es la larga historia de persecuciones judiciales contra cinco miembros de una familia. Tres ya fueron absueltos.
El martes 22 de marzo de 2011 la juez Penal del Circuito de Saravena, Gloria Constanza Gaona, salió del apartamento que compartía con otra funcionaria de ese juzgado. Faltaba poco para que fueran las 8:00 de la mañana y caminaban juntas las cuatro cuadras que separaban su despacho del lugar donde vivían. Antes de que atravesaran un anillo de seguridad de la Policía, que protege el centro del municipio, un hombre se acercó a ellas por la espalda y disparó cinco veces contra la juez.
La historia de José Diomedes Gamboa, una de las tres personas procesadas por el crimen, no empieza con ese homicidio, menos con una diligencia programada para el próximo viernes en Bogotá — ese día se leerá el fallo del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca que el pasado 23 de junio anunció que la sentencia será condenatoria–.
Gamboa es uno de los cinco miembros de su familia que desde 2007 han sido acusados y encarcelados por, supuestamente, ser guerrilleros del ELN o de las Farc. Tres fueron absueltos, su hermano menor permanece preso en la cárcel de Arauca y él será el primero en ser condenado. En unas pocas horas, junto a los otros dos acusados, conocerá los detalles de una pena que puede llegar a 60 años de cárcel por rebelión y homicidio en persona protegida.
I Don José Orlando, el primero de los procesados
El 11 de julio de 2007 varios policías llegaron a la casa de Luz Mila Giraldo en el barrio Los Alpes, en Saravena, Arauca. Preguntaron por los documentos de su carro, un Dodge Dart que utilizaban para transportar el pescado que venden desde hace más de 20 años. Preguntaron también por el dueño, José Orlando Gamboa. Le pidieron que se subiera a una patrulla y los acompañara a revisar los documentos. “Pasó media hora y no llegaba, entonces le dije a los chinos que mejor fuéramos a preguntar qué era lo que pasaba”, recuerda Luz Mila, madre de José Diomedes y esposa de José Orlando.
Llegó junto a otro de sus hijos a la estación de Policía y uno de los agentes le respondió que a su esposo lo habían llevado al batallón del Ejército, en las afueras de Saravena. Que dos personas lo habían acusado de ser guerrillero y que esa era la verdadera razón por la que lo habían detenido. “En el Ejército le regalaron un minuto y me llamó –cuenta Luz Mila-, me dijo que lo iban a enredar, que le decían que él era de las Farc. Que le alistara una muda de ropa, lo único que le iban a dejar llevar”.
José Orlando pasó la noche en el batallón y, al día siguiente, su esposa y su hijo John Jairo se levantaron temprano para averiguar lo que estaba pasando. Ella caminó hasta la sede del Ejército mientras él se quedó en una calle del pueblo esperando a un concejal amigo que trataría de ayudarles.
“Al rato me llamaron y me dijeron, ‘véngase rápido, póngase pilas porque llegaron unos tipos de la Sijin y están agarrando al chino’. Lo montaron en una moto y se lo llevaron, arrancaron como si lo fueran a sacar del pueblo. Pensé que me lo iban a matar porque esa era la época de los falsos positivos, en que hacían eso con los muchachos”.
II Presuntos guerrilleros
John Jairo Gamboa pasó de buscar una explicación sobre la captura de su padre a estar encerrado por el mismo motivo, también lo acusaban de ser guerrillero. Su madre, Luz Mila, finalmente lo encontró en la estación de Policía de Saravena. “Llegué y les dije que venía buscando al muchacho porque era hijo mío. Les pregunté por qué lo habían cogido, que él qué estaba haciendo. Un policía me respondió que cogiera dos mudas de ropa porque se lo iban a llevar para Arauca”.
Y así fue, ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, ambos fueron trasladados a la capital de ese departamento junto a otro grupo de capturados. Así empezó un proceso judicial que los mantuvo durante cerca de tres años en la cárcel mientras se desarrolló el juicio en su contra por el delito de rebelión.
En esos dos días, entre el 11 y el 12 de julio de 2007, la Policía detuvo a 17 personas en el municipio de Saravena. Esa fue una de las decenas de capturas masivas que varias organizaciones de derechos humanos denunciaron en la zona desde 2002. Con la implementación de la política de seguridad democrática el departamento de Arauca fue declarado zona de consolidación, se reforzó la presencia de las Fuerza Pública y aumentaron las acciones militares contra la guerrilla.
Finalmente, las 17 personas capturadas en esa oportunidad, entre ellas Orlando y John Jairo, fueron absueltas de los cargos que les imputó la Fiscalía y dejadas en libertad en 2010. Esa decisión salió del despacho de la juez Gloria Constanza Gaona, la misma funcionaria que fue asesinada un año más tarde y por cuyo crimen será condenado otro de los Gamboa.
III El supuesto montaje judicial en el caso de la juez Gaona
El nombre de la juez Gloria Constanza Gaona empezó a sonar fuera de Saravena porque a su cargo estaba el proceso contra Raúl Muñoz Linares, un subteniente del Ejército quien para entonces estaba acusado de abusar sexualmente y luego asesinar a tres niños de 6, 9 y 14 años en zona rural del municipio de Tame, también en Arauca, en octubre de 2010.
Incluso, tres semanas antes de ser asesinada, la juez cuestionó los procedimientos de las dos abogadas de la Defensoría Militar que renunciaron durante una audiencia para forzar un aplazamiento. La funcionaria aseguró que se trataba de una maniobra dilatoria y compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigara a las defensoras del oficial del Ejército.
Esa decisión puso a la juez en la agenda de los medios que seguían de cerca el caso del subteniente Muñoz. Por esa razón, no pasó mucho tiempo antes de que versiones de prensa insinuaran una posible relación entre el homicidio y el proceso judicial por el crimen los niños de Tame.
El asesinato de Gaona se convirtió en noticia nacional en cuestión de minutos. Incluso, la Dijin de la Policía conformó un grupo especial que viajó de inmediato a Saravena y ofreció 500 millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables. Al día siguiente del asesinato los investigadores ya contaban con un retrato hablado del supuesto sicario y el 30 de abril, cinco semanas después, capturaron a Nelson Archila, Róbinson Ortega y José Diomedes Gamboa.
“Ese día él no fue a trabajar porque no había pescado. Estaba durmiendo en la casa y lo llamamos para que fuera a buscar unas cachamas a Fortul, saliendo fue que lo cogieron. Cuando logré verlo en la estación lloraba y me decía, ‘mamá me tienen acá que porque yo maté a la juez, viendo que yo antes estaba agradecido con ella porque hubiera soltado a mi papa y a mi hermano’. Al otro día les hicieron un audiencia y dijeron que los iban a dejar presos porque eran personas que le hacían daño a la sociedad”, recuerda Luz Mila Giraldo.
Pese a las versiones que insistían en la posible responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública, para el grupo de investigadores enviados desde Bogotá había una hipótesis más fuerte. Según consta en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía semanas más tarde, el homicidio habría sido ordenado por dos jefes guerrilleros, uno de ellos sería Juan de Dios Lizarazo, alias “David”, comandante de una de las comisiones del frente Domingo Laín del ELN.
De acuerdo con esa teoría, los tres capturados siguieron órdenes de sus superiores: Nelson Archila habría sido el encargado de disparar, Róbinson Ortega habría manejado la moto en la que escapó el sicario y José Diomedes Gamboa habría permanecido en los alrededores vigilando que no existieran dificultades para cometer el homicidio. El motivo del crimen, según la Fiscalía, se encontraría en los procesos por rebelión contra integrantes del ELN que llevaba el despacho de la juez.
Esa hipótesis, que acogió el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, se basó en una serie de testimonios, en un video de una cámara de seguridad, en el mapa de comunicaciones vía celular que la Fiscalía atribuye a los implicados, y en una serie de testimonios que incluyen las versiones de cinco personas que participaron del juicio como testigos y entre quienes se repartieron los 500 millones de pesos de la recompensa ofrecida por la Policía.
Sin embargo, uno de ellos, Élgar Becerra Durán, un hombre condenado por extorsión y quien permanece preso, se retractó de su versión inicial. Durante el juicio aseguró haber escuchado a Archila, quien trabajaba frente a su casa, hablando sobre el asesinato.
Pero luego, en octubre de 2014, reconoció que ese testimonio fue preparado por el mayor Edwin Urrego, integrante de la Dijin que estuvo al frente de la investigación, y por Dagoberto Ardila, fiscal 52 de Derechos Humanos, encargado del proceso. Según reconoció el testigo, aceptó acusar a Archila luego de que le ofrecieron protección para su familia, un principio de oportunidad que le ayudaría a salir pronto de la cárcel y 150 millones de pesos de los cuales le entregaron 75.
Otro de los testimonios es el de la funcionaria del juzgado que acompañaba ese día a la juez asesinada. Se trata de la única testigo presencial de los hechos que participó del proceso y, aunque en principio dijo no reconocer al sicario entre los capturados y no fue incluida en el listado de testigos de la Fiscalía, en una audiencia posterior, en febrero de 2012, acusó a Archila y dijo que jamás podría olvidar “los ojos del criminal”.
Por esa versión se convirtió en una pieza clave y, aunque la defensa cuestionó al propio mayor Urrego sobre las razones para no incluir en la investigación a otros testigos presenciales, el oficial respondió que no habían logrado recoger esas declaraciones: “Hicimos hasta lo imposible por tratar de hablar con esas personas y no nos dieron la cara, no quisieron”, dijo el oficial en una de las audiencias.
En el proceso también se escuchó la versión de un testigo que dijo haber estado junto a José Diomedes tratando de desvarar una moto durante la mañana del homicidio. Ese testimonio no fue considerado y el juez no se refirió a él en la audiencia del pasado 23 de junio en la que anunció el sentido del fallo.
Olga Marcela Cruz, abogada de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, representa a Róbinson Ortega –el hombre acusado de manejar la moto en que escapó el sicario-, y ha acompañado a la familia Gamboa en varios de los procesos judiciales que ha enfrentado. Se pregunta por qué la Fiscalía y los investigadores de la Dijin descartaron desde el inicio del proceso la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con el crimen de los niños de Tame o con dos procesos por falsos positivos que también estaban a cargo de la juez Gaona.
“Había muchos más motivos para investigar una responsabilidad posible de miembros del Ejercito. Pero la tesis de la Fiscalía es que la guerrilla mató a la juez porque llevaba muchos casos por rebelión, eso es cierto porque esta es una zona de conflicto, pero hubo momentos mucho más álgidos de judicialización contra la guerrilla y este era un momento álgido, pero contra la Fuerza Pública”, dice Cruz.
La teoría de los tres abogados de la defensa apunta a que los investigadores quisieron inculpar al ELN pese a que la juez nunca había denunciado amenazas de grupos armados. Según su explicación, los capturados fueron útiles para presentar resultados positivos en poco tiempo, construir una teoría que ratificara la responsabilidad de esa guerrilla y así descartar cualquier responsabilidad de agentes del Estado.
“Consideramos que no había elementos para condenar a ninguno de los tres procesados –asegura la abogada-, las pruebas son muy débiles. En el video no se ve nada, solo que la juez pasa y luego gente que se asusta por los disparos. Y entre los testigos hay cinco que recibieron recompensa: dos delincuentes a los que les entregaron 75 millones a cada uno, dos hermanos del pueblo que dijeron haber estado en la esquina de la cuadra donde sucedió el homicidio con una coartada que la Fiscalía no corroboró y la otra testigo dijo estar en su casa ese día cuando vio llegar a un primo a las 6:00 de la mañana con otras dos personas, entonces se imaginó que iban a hacer algo malo”.
Ese 30 de abril de 2011, el día de las tres capturas, el presidente Juan Manuel Santos habló del tema en un Acuerdo para la Prosperidad: “Esta mañana ya resolvieron ese asesinato, son cinco personas que han identificado, cinco integrantes del ELN, milicianos del ELN, o sea que todas esas insinuaciones que apuntaban a nuestra Fuerza Pública quedan totalmente desvirtuadas”.
Luego del homicidio de la juez, el caso del subteniente del Ejército acusado por la violación y el triple homicidio de los niños de Tame fue trasladado a Bogotá. El propio defensor del Pueblo de la época, Vólmar Pérez, solicitó reubicar el proceso para que el juicio se pudiera “adelantar en condiciones adecuadas de seguridad para los funcionarios judiciales competentes”. El 25 de septiembre de 2012 el Juzgado 27 Penal de Bogotá condenó al militar a 60 años de cárcel.
IV El testimonio de Luz Mila
A José Diomedes se lo llevaron para Cómbita, pero las audiencias se las hacen en Bogotá, yo fui como dos veces, hasta que me capturaron a mí también.
Una mañana me paré a trabajar, eran como las 5:10 cuando me fui para la plaza de mercado y me llevé una tinada de pescado, era bocachico o coporo, como le decimos acá. Le dije a la niña que me llevara en la moto a la plaza y cuando salimos a la pavimentada para coger derecho para el mercado estaban haciendo un allanamiento como a cuadra y media, vimos eso lleno de policías y seguimos.
Llegamos al mercado, yo monté la tina encima de la silla y empecé a pesar el pescado, cuando llegó un muchacho delgado:
-Buenos días, ¿usted es la señora Luz Mila?
-Sí, por qué, ¿qué necesita?
-¿Me permite la cédula?
Vi que volteó a mirar el número del puesto mío y una hoja que llevaba en la mano. Yo no me imaginé que me iba a detener, no me había dado cuenta que era de la SijIn, yo en ese momento estaba esperando un documento de un crédito y pensé que él era el que me lo iba a entregar.
Pero después me dijo que si le hacía el favor de acompañarlo a la estación de Policía, yo le pregunté por qué y él me dijo que quedaba detenida. Me dio rabia ver cómo lo atropellan a uno de esa manera, cuando me asomé vi a un montón de policías, tenían rodeada la plaza.
Entonces les dije que fuéramos a ver qué era lo que querían, que qué era lo que tenían ellos contra nosotros. Me bajaron derechito para el batallón por la misma calle donde habíamos visto el allanamiento, era que estaban cogiendo más gente.
Me preguntaron que si sabía por qué estaba detenida y yo les dije que lo único que yo sabía era vender pescado. Me dijeron que yo le hacía mercado a la guerrilla en una moto, y yo no sé ni manejar cicla. Según ellos, yo le llevaba pescado a la guerrilla, les respondí que a todo el que me compre yo le vendo, que no me puedo poner a preguntarles a los clientes si son de un grupo o de otro, eso sería una brutalidad.
Uno de esos muchachos del Ejército me dijo que por eso no me preocupara que después salía libre y claro, uno sale, pero cuando a ellos les da la gana. De ahí me llevaron para Arauca y en el calabozo de la Policía me tuvieron esa noche. Esa vez también capturaron a tres hombres y a otra mujer, a todos nos dijeron que éramos de los elenos y yo sin ser nada. Allá cada quien con su problema y uno en su trabajo.
Estuve en la cárcel 17 meses y 10 días. Me dio duro porque dos de los pelados estaban pequeños y yo era la que estaba pendiente de ellos. Además, en ese tiempo de estar allá, como yo era la que veía por mi mamá, ella se empezó a agravar y no comía dizque pensando en mí, hasta que se me murió.
Me dieron permiso para ir al entierro y el Inpec no me quiso llevar que porque no tenía gente para cuidarme, yo le decía al capitán que me dejara ir, que yo volvía porque yo a lo único que pertenezco es a mi trabajo, a mis hijos y a mi marido. No me dejaron ir. Como ella murió en el hospital de Arauca me la llevaron a la cárcel antes de que se la llevaran para Saravena. Eso fue duro, uno encerrado allá.
Después me dieron la domiciliaria porque la niña se estaba quedando muy sola, pero la fiscal apeló que porque yo no era apta para la sociedad, que porque yo era peligrosa. Eso no duró sino como unos 20 días y otra vez me mandaron a buscar. Entonces yo alisté otra vez la colchonetica, la toalla, unas mudas de ropa y lo eché todo en una bolsa. Ese día estaba yo terminado de hacer el desayuno cuando llegó un carro grande de la policía y una gente del Inpec. A ellos les daba risa mirar que yo tenía la maleta lista.
Los chinos se quedaron aburridos, pero yo les dije que eso solo iba a ser por tres meses porque tenía otra audiencia en la que me tenían que dar la libertad. Y así fue, la juez ordenó que me soltaran y salí el 6 de noviembre de 2013.
V Ferney, el último de los presos
Jhonathan Ferney Gamboa, el menor de los hijos hombres de José Orlando y Luz Mila estaba estrenando cédula. En la tarde del 12 de mayo de 2014 salió en una moto a encontrarse con su novia. Dijo que no se demoraba. Sin embargo, cuando iban a ser las 9:00 de la noche varios agentes de la Sijin llegaron hasta un sitio donde estaba junto a varios de sus amigos.
A todos les pidieron sus documentos de identidad, pero a Ferney no se lo devolvieron. Uno de los policías le dijo que debía irse con ellos, lo montaron en una camioneta. “Uno de los muchachos que estaba con él vino a avisarme. Se lo llevaron derecho para el batallón. Busqué un taxi para que me llevara y lo habían sacado para el hospital que a hacerle unos exámenes, después se lo llevaron para Arauca”, recuerda su madre.
La abogada Olga Marcela Cruz lleva el caso y explica que la acusación de la Fiscalía contra Ferney se basa en el testimonio de un testigo que ha declarado contra cerca de 20 habitantes del municipio. Asegura haberlo visto cerca de un campamento guerrillero. Ese proceso ya se encuentra en etapa de juicio y en las próximas semanas empezará la presentación de pruebas por parte de la defensa. El menor de los Gamboa ya completa 15 meses preso.
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Por celular y desde la cárcel, tratando de hacerle el quite al bloqueo de señal, José Diomedes explica la historia que ha vivido su familia por una enemistad de niños que tuvo hace mucho tiempo con otro joven de Saravena que hoy es agente de la Sijin. Recuerda que tenían 10 u 11 años y peleaban con frecuencia. Según él, ese policía, ya uniformado, lo amenazó varias veces. Les dijo a él y a sus hermanos que en algún momento los mataría o los metería presos.
Pero no es tan simple. En Arauca la guerra ha puesto condiciones, la presencia guerrillera es incuestionable y en medio de ese panorama y de la ofensiva militar se han vuelto paisaje las detenciones masivas y las acusaciones de vínculos de sus habitantes con grupos armados.
Olga Marcela Cruz, desde la organización de derechos humanos que representa, cuestiona las amplias facultades que el sistema penal le ha dado a la Policía Judicial. A su juicio, eso facilita ese tipo de acciones por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública. “La Fiscalía coordina, pero quienes recogen pruebas y testimonios son los policías que en esta región han tenido una conducta bastante sistemática de persecución en casos como el de esta familia”, dice la abogada.
José Diomedes, quien permanece en Bogotá esperando la lectura del fallo que lo puede encerrar 60 años, alcanza a repetir desde su celda lo que le dijo a su madre el día de su captura, que no es un guerrillero y que por la juez Gaona solo siente agradecimiento.
Nota:
Este viernes, después de la publicación de esta historia, el juez Primero Especializado de Cundinamarca condenó a 42 años y cinco meses de cárcel a los tres procesados por el homicidio de la juez Gloria Gaona.
La defensa presentó un recurso de apelación que ahora tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
