Quienes trabajan en la conservación de los Parques Nacionales Naturales le entregaron un informe a la Comisión de la Verdad donde detallan cómo los grupos armados ilegales los agreden y amenazan.
El Colectivo de Guardaparques de Colombia le entregó este viernes a la Comisión de la Verdad el primer capítulo del informe ‘Los Derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición de la Naturaleza’. Es una recopilación de graves crímenes y violaciones contra los guardaparques dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN).
Este informe se presentó justo el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medioambiente en la guerra y los conflictos armados. En la primera parte de este documento se exponen las situaciones y emociones vividas por los guardaparques en medio del conflicto armado colombiano. Las otras dos partes del informe tratan acerca del derecho a la justicia y la garantía de no repetición de la violencia.
Actualmente el país tiene 59 áreas protegidas dentro del sistema de PNN. Sus funcionarios, entre los que están los guardaparques, tienen la misión de proteger el patrimonio natural y cultural de las 17.466.973,55 hectáreas. Algunos de los parques naturales comparten territorio con 26 resguardos indígenas.
Libardo Suárez, quien es biólogo y jefe del Parque Nacional Natural Tamá, dijo que el informe “es un llamado a la reconciliación con la naturaleza”. Recalcó que para los guardianes de los parques naturales es crucial que se les considere víctimas de la violencia.
En el marco del conflicto armado, 19 guardaparques han sido asesinados y otros más resultaron víctimas de otras agresiones, como amenazas o secuestros. Además, la interrupción de sus labores en pro del medioambiente a causa de los ataques de los actores armados les provoca desarraigo, angustia y delirio de persecución. Algo parecido viven los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que están dentro o cerca de estas áreas protegidas.
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“El trabajo en el parque implica riesgos. Por ejemplo, convencer a los grupos armados que los GPS son para hacer reconocimiento tipográfico. También hay que saberse mover en una tierra plagada de minas antipersona”, contó un guardaparque que prefirió no revelar su nombre por seguridad. Las amenazas continúan contra ellos, quienes en ocasiones son el único asomo del Estado para las comunidades en zonas rurales.
El informe resalta los ‘territorios socioecológicos’ que los guardaparques vienen creando en las áreas protegidas. Se trata de un proceso de unión entre la conservación de la naturaleza y el bienestar humano. Se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho a la existencia de todas las formas de vida.
Otra víctima del conflicto es la naturaleza que los guardaparques protegen. Al menos 25 parques naturales tienen cultivos ilícitos, en 24 se han sembrado minas antipersonales y otros es evidente las huellas que dejan la minería ilegal y la deforestación. De igual manera, preocupa que los territorios socioecológicos no reciben atención del Estado y que los guardaparques son estigmatizados: los consideran “un impedimento o bloqueo al desarrollo”.
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Las familias de los guardaparques que resultaron víctimas del conflicto armado solicitaron en la entrega del evento que los crímenes sean reconocidos por los organismos de la verdad y la justicia. “Siento mucha rabia, pero también he llegado a la conclusión de que debo alimentar sentimientos de perdón”, reflexionó Antonio Martínez, director del Parque Nacional Natural Paramillo, que fue retenido por la antigua guerrilla de las Farc.
La guardaparques Gisela Paredes cerró la entrega diciendo: “Cuando nos vean con este escudo (señaló el escudo del Colectivo de Guardaparques), sepan que somos uno de ustedes”. El colectivo espera compartir el 10 de diciembre la versión final del informe con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
