En mayo de 2018 la Defensoría advirtió que la zona de la Sierra Nevada era territorio de disputa entre el ELN y Bacrim.
Eran las nueve de la noche del lunes 14 de enero. El lugar: la vereda Perico Aguao, a 65 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, en el Parque Natural de la Sierra Nevada. En este escenario fue asesinado Wilton Fauder Orrego León, guardaparques y contratista de Parques Nacionales Naturales. Según información preliminar, Orrego, de 38 años de edad, fue asesinado por desconocidos, con cinco impactos de bala. Llegó herido al Hospital Universitario Julio Méndez Berrenche, donde falleció.
Orrego, dicen las autoridades, no había recibido amenazas. Pero su jefe, Tito Rodríguez, sí ha sufrido una serie de intimidaciones en los últimos meses. En el consejo de seguridad que realizó la Alcaldía de Santa Marta el pasado 2 de enero se habló sobre los problemas de seguridad en este parque nacional. El alcalde, Rafael Martínez, dijo que existen “grupos irregulares” en esa zona rural. Desde entonces, le pidieron al gobierno reforzar las acciones de inteligencia y los operativos del batallón de Alta Montaña, así como de la Policía.
A Rodríguez le ha tocado enfrentar varios problemas en los últimos meses: construcciones sin requisitos legales, líos por linderos de tierras y la presencia grupos criminales que se han acercado a las zonas de conservación. Así lo ha explicado Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales. En las últimas horas ha señalado, además, que las amenazas se extienden en otros parques de diferentes regiones: “Nos preocupa la situación en los parques Tinigua (Amazonas) Paramillo (Córdoba), Macarena (Meta), Picachos (Caquetá y Meta), La Playa (Putumayo) y Las Orquídeas (Antioquia), donde hay un nivel alto de delincuencia”, dijo la directora.
Desde el gobierno se escucharon algunas voces, como la del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: “Rechazamos el asesinato, hace pocas horas, de Wilton Orrego, excontratista de Parques Naturales Nacionales en Guachaca, Santa Marta. Autoridades trabajan en la investigación de los móviles del atentado para esclarecer los hechos y dar con los responsables”. Se sabe, por el momento, que el 17 de enero se llevará a cabo un consejo de seguridad en la ciudad de Santa Marta.
“En esa zona hay una gran cantidad de amenazas”, agregó Miranda. “Para la seguridad de la gente y de los funcionarios. Y así fue denunciado por la Defensoría del Pueblo hace casi un año. Ese diagnóstico que daba la Defensoría fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Fuerza Pública”. Y los riesgos no solo han sido advertidos por la Defensoría. Recordemos que en enero de 2004 fue asesinada Martha Lucía Hernández, directora del parque Nacional Natural Tayrona, por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 1994, el entonces director del mismo parque, Héctor Vargas Torres, también fue asesinado.
No es gratuito que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propusieran que “todos los parques nacionales naturales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, como lo reseñó El Tiempo.
En los Parques Nacionales se pueden ver diferentes aspectos del conflicto armado, como la deforestación, los cultivos de uso ilícito, títulos mineros, exploraciones de hidrocarburos y minas antipersonal. En el lugar donde asesinaron a Orrego, la Defensoría del Pueblo ha denunciado, desde marzo de 2018 la presencia de grupos armados como el Eln y Los Pachencas, conformado por antiguos integrantes de las Autodefensas. Así lo señala la Alerta Temprana 045-18. El documento, además de advertir posibles acercamientos a la zona por parte de las Autodefensas Gaitanistas, señala en varias ocasiones que las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos están en un riesgo constante.
Coca en Parques Naturales: una vieja realidad
En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe permitió la aspersión de glifosato en Parques Nacionales para fumigar los cultivos de coca.
En 2014, un fallo del Consejo de Estado prohibió la medida argumentando que –aunque no se tenía evidencia exacta– sí había riesgo de daño medioambiental. Es decir, que echó mano del principio de precaución que existe en la Constitución para proteger los bosques protegidos en el territorio nacional.
Desde el 2014, entonces, está prohibida la aspersión con glifosato dentro de los límites de los Parques Nacionales.
Según un informe de la ONU de 2017 existen al menos 16 áreas protegidas de Parques Nacionales con cultivos de coca. 16 Parques de los 59 Parques Nacionales Naturales que hay en Colombia. Los más afectados, según el informe, son La Serranía de La Macarena, el Parque Nukak y Parque Paramillo.
La erradicación manual ha disminuido las hectáreas de cultivos de coca en al menos tres Parques:
“Durante 2017, dentro de la estrategia de reducción del área sembrada con coca, se ha priorizado la intervención a través de la erradicación manual forzosa en algunas áreas protegidas seleccionadas; este ejercicio ha favorecido la reducción de la afectación en tres PNN: Sierra Nevada de Santa Marta, La Paya y Nukak, donde se presentó una reducción del 35% del área con coca al pasar de 2.493 hectáreas en 2016 a 1.619 hectáreas”, asegura el informe de la ONU.
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, las zonas que recibieron el mayor impacto durante las más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, tuvieron algo en común: eran áreas de especial interés para la conservación de especies de fauna y flora del país. “Los grupos armados ilegales derivaron parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Lo anterior supone que un alto involucramiento de ecosistemas estratégicos en las áreas de influencia de las economías ilegales y de guerra. Las condiciones naturales y geográficas del territorio colombiano jugaron siempre un rol determinante en el sostenimiento y el fortalecimiento de las insurgencias desde los inicios del conflicto armado”, dice el informe.
La Sierra Nevada de Santa Marta, donde asesinaron a Wilton Fauder Orrego, es uno de los 16 parques que tiene cultivos de coca o marihuana al día de hoy. (El número de hectáreas con cultivos de coca en la Sierra ha pasado de 43 hectáreas en 2013, a 10 hectáreas de coca en 2017).
“Debido a olas de violencia la población de estas zonas fue nuevamente desplazada, y cada vez se fue tumbando monte para huirle a la guerra y sembrar coca”, dice el informe de la Fundación Pares. Entre estas zonas, se encontraba la Sierra Nevada.
Hay que recordar que en enero de 2002, un grupo de paramilitares llegó a la zona de Perico Aguado en la Sierra Nevada, asesinó a cinco campesinos y se llevó a doce más de los que no se supo nunca su paradero. Pocos meses antes, en diciembre de 2001, paramilitares al servicio de Hernán Giraldo desplazaron a más de 1.700 familias de Perico Aguado.
