La guerrilla incrementa su accionar militar y pide grandes reformas, el Gobierno condiciona los diálogos al fin del secuestro.
- El jefe negociador del Gobierno, Frank Pearl (izq.), y el del ELN, “Antonio García”. Fotomontaje: Staff Pacifista
Este fin de semana pareció quedar claro que el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN atraviesa dificultades que superan la discusión por el tema del secuestro. Las acciones militares y las declaraciones públicas de uno y otro bando demostraron que, lejos de estar concentradas en destrabar la mesa de diálogo, las partes continúan apostándole a la guerra.
Así, durante la “celebración” de su aniversario número 52, y según informaron las autoridades, el ELN les quitó la vida a dos policías en Providencia (Nariño). Se trata del intendente Jhon Fredy Vargas y del patrullero Mario Arévalo, que fueron atacados en la plaza del pueblo. También en Antioquia, en la vía que conduce de Anorí a Campamento, hombres del ELN causaron la muerte del soldado Luis Gaviria e hirieron a otros tres militares haciendo uso de artefactos explosivos.
Al otro lado del país, a 54 kilómetros de Puerto Carreño (Vichada), guerrilleros del ELN se enfrentaron a infantes de Marina que se transportaban en un bote sobre el río Orinoco. De acuerdo con la Armada, los militares “realizaban un registro de área para verificar un posible caso de contrabando de hidrocarburos” cuando “fueron atacados con disparos de fusil”. Como resultado del combate murieron dos infantes de Marina y un suboficial.
Además, el ELN dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas en Boyacá e instaló pasacalles, pintó grafitis, pegó afiches y repartió volantes en el Catatumbo (Norte de Santander). Ante el incremento de las acciones guerrilleras, el presidente Juan Manuel Santos declaró que “hemos dado instrucciones de combatir a este grupo con toda la contundencia”.
Entretanto, el Ejército reportó el desarrollo de la operación Jerarquía II, en la que tropas de la Quinta División e integrantes del CTI capturaron en zona rural de Ibagué (Tolima) a Hernán Jaramillo Orozco. Según el Ejército, Jaramillo tenía la misión de “reactivar el frente Bolcheviques del Líbano para dar vida al frente de Guerra Central y articular los frentes de guerra Occidental y Suroccidental” del ELN.
- El Ejército retiró los pasacalles y cubrió los grafitis que el ELN había pintado en el Catatumbo a propósito de su aniversario número 52. Foto: Ejército
Además de la captura de ese supuesto comandante, de quien se dijo llevaba 18 años militando en el ELN, el Ejército informó sobre combates, incautación de material de guerra y la “recuperación” de dos menores combatientes en Barbacoas (Nariño), así como una operación de extracción de armas, municiones y banderas de una caleta hallada en Tadó (Chocó).
En medio de ese escenario, el ELN publicó varios mensajes en Internet que dan cuenta del distanciamiento que existe entre esa guerrilla y el Gobierno.
En el primero de ellos, publicado en su página web, el ELN acusó a las Fuerzas Armadas de capturar mineros, comerciantes, indígenas, integrantes de la Farc y narcotraficantes en el Chocó para presentarlos como comandantes militares, financieros y combatientes rasos de esa guerrilla.
A la par, y en sus cuentas de Twitter, reiteró que su visión sobre la paz guarda grandes diferencias con la del Gobierno y declaró que una eventual negociación no sólo busca “silenciar las armas de la insurgencia”, sino que implica la transformación del modelo económico y político del país. Además, en el último número de su revista Insurrección, publicado este lunes, la guerrilla le pidió a la sociedad civil que presionara la instalación de la mesa de conversaciones, cuya primera sesión se desarrollaría en Quito (Ecuador).
Aunque las partes no hayan dado muestras de paz desde que anunciaron la fase pública, distintas organizaciones sociales les han pedido insistentemente que reanuden los diálogos y han empezado a diseñar fórmulas para desarrollar la agenda que se pactó en Caracas (Venezuela), cuyos dos primeros puntos se refieren a la participación de la sociedad y a la democracia para la paz.
Justamente, la Mesa Social por la Paz, integrada por congresistas, sindicatos y organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, le envió el 28 de junio pasado una carta a las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN, en la que manifestaron que la continuación de la fase pública “es de la mayor importancia para la terminación del conflicto armado y para acordar transformaciones en la búsqueda de una Colombia con paz y justicia social”.
Mientras los civiles continúan pidiendo la instalación de la mesa para garantizar el cierre de la violencia política y ganar escenarios de participación, las partes siguen sin ofrecer soluciones para darle continuidad al proceso de paz. Así, al tiempo que el Gobierno insiste en mantener la liberación de los secuestrados como un inamovible, el ELN está decidido a arreciar sus operaciones militares y a exigir una negociación de grandes reformas en la que el Ejecutivo no está dispuesto a avanzar.
