Glifosato: el veneno que azota a los campesinos
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Glifosato: el veneno que azota a los campesinos

Juan David Ortíz Franco - Mayo 10, 2015

¿Cambiará la vida de los campesinos después del anuncio del Gobierno de suspender la fumigación con el herbicida?

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Por: Juan David Ortiz Franco

“A Tarazá lo mueve la coca y el oro, usted sabe que hay plata cuando están pagando una de las dos cosas. La comunidad acá vive de eso: el comerciante, el mototaxista, el dueño del carro, todo se mueve con base en la coca, eso no podemos desconocerlo”.

La voz de Edilberto Gómez es firme, habla de la coca sin miedo. Desde hace cuatro meses es el coordinador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac) y llegó a Tarazá desde Ituango. En ese municipio del Norte de Antioquia también coordinó una asociación campesina que en su agenda tiene en un lugar destacado la influencia de los cultivos ilícitos.

Y es que Tarazá e Ituango tienen mucho en común, junto con Valdivia y Cáceres dibujan un triángulo de coca en una zona controlada por los frentes 18 y 36 de las Farc. El impacto de esos cultivos, dice Gómez, viene por muchos lados: los grupos armados los promueven y ejercen el control de las zonas donde están sus intereses, los intermediarios manejan la economía a su antojo y el Estado persigue, señala y fumiga.

La lluvia de glifosato

Los campesinos de Tarazá aseguran que las aspersiones aéreas no solo afectan los cultivos ilícitos. Foto cortesía Juan Diego Restrepo.

“Es un avión pequeño, como con unas agallas –dice Gómez-. Cuando empieza a bajar tira el chorro y vuelve y se levanta. Cabe una sola persona porque lo que va ahí es muerte, ese veneno acaba todo lo que sea vida”.

Ese veneno es el glifosato, un producto creado por Monsanto que no escapa a la polémica que ronda casi todo lo que toca a esa multinacional. Aunque es el herbicida agrícola más utilizado del mundo, existen estudios científicos contradictorios en relación con sus efectos sobre la salud humana. Las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, lo consideran un producto “no peligroso” y dicen no tener registros de afectaciones sobre la salud. Sin embargo, en marzo pasado la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (Irac), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que una investigación de sus expertos determinó que el glifosato tiene propiedades cancerígenas.

Aunque la Irac explicó que por ahora la evidencia es limitada, los resultados del estudio indican que la exposición a ese producto estaría relacionada con un tipo de cáncer linfático. Monsanto reaccionó calificando el informe como irresponsable y mentiroso. Además, pidió a esa agencia que se retractara. Sin embargo, el efecto en Colombia fue casi inmediato: a finales de abril el ministro de salud, Alejandro Gaviria, recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones con glifosato.

Esa decisión la respaldó el presidente Juan Manuel Santos quien dijo que personalmente pedirá suspender el uso del herbicida. Agregó que también está en tela de juicio su efectividad y, para responder a las críticas de la oposición, dijo que esa solicitud en ningún momento significa bajar la guardia en su lucha contra las drogas.

Los campesinos de Antioquia, por ejemplo, lejos del debate de micrófonos que desató el tema en Bogotá, celebraron el concepto del Ministerio de Salud y aseguraron que en varias oportunidades han denunciado las afectaciones causadas por las aspersiones, no solo en la coca y en sus cultivos de pancoger, sino en las personas que se ven expuestas al glifosato.

“Hay una señora que ha tenido dos abortos y  le echa la culpa a eso, también algunos animales han nacido con deformaciones. Eso ha sido causante de muchas enfermedades, los niños han sufrido alergias, tienen brotes debido a esa fumigación. Estamos cansados de colocar las denuncias en las alcaldías y no pasan más de ahí. Además, hay cantidad de requisitos para poder tener alguna indemnización. En Ituango fueron 60 quejas y de esas quejas no pasó ni una. Justifican el daño que porque cerca el vecino tiene un cultivo de coca”, explica Gómez.

Pero desde 2008 las denuncias formales han estado acompañada por protestas, pacíficas algunas y a piedra y machete otras. En 2011 más de 2.500 campesinos de varios municipios se desplazaron a la cabecera urbana de Tarazá. Esa fue la última gran movilización cocalera en la zona y estuvo motivada por las fumigaciones que entonces se extendían por todo en Nudo del Paramillo. La zona, para ese momento, se la disputaban las Farc y las bandas criminales que trataban de heredar el territorio y los negocios de los bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC.

La protesta se extendió por 11 días, dejó más de 15 campesinos heridos, varios camiones quemados y cierres esporádicos en la vía que de Medellín conduce a la Costa Caribe. El desplazamiento, las marchas, los bloqueos, en medio de acusaciones de infiltración por parte del Gobierno, terminaron con un acuerdo que, entre otros aspectos, incluía el compromiso de implementar proyectos productivos que ofrecieran una alternativa rentable para los cultivadores.

Según los campesinos, entre los compromisos para levantar el paro también se incluyó la suspensión de las aspersiones aéreas y, en su reemplazo, iniciar un proceso de erradicación manual. Según ellos, esa sería la única forma de hacer viables los proyectos para sustituir la coca.

Uno de esos proyectos fue el del cacao y la experiencia, según dice el mismo Gómez, fue exitosa. Tanto que ahora, cuatro años después del paro, son muchos los campesinos del corregimiento de La Caucana, uno de los más cocaleros de Tarazá, que insisten con ese cultivo. Sin embargo, aún los ronda el fantasma de los millones que recibía el pueblo años atrás por cuenta de la hoja de coca que les vendían a los paramilitares de Cuco Vanoy. Sus intermediarios pagaban con costalados de billetes.

Y ese fantasma, sumado a experiencias de sustitución no tan exitosas, como las de los cultivos de caucho, ha hecho que la coca tome un nuevo impulso. Pese a una caída significativa en las hectáreas sembradas luego de los acuerdos de 2011, desde finales del año anterior el gobierno departamental ha señalado un incremento en los cultivos que podría ser superior un 30 por ciento en comparación con 2013.

Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), coordinado por la ONU, 2005 fue el año con el mayor número de hectáreas sembradas con coca en el Bajo Cauca. Para ese momento la región representaba cerca del 58 por ciento de los cultivos del departamento. 2013, en cambio, fue el año con menor área cultivada, un 64 por ciento menos que 2012.

Sin embargo, los análisis recientes de la Gobernación de Antioquia y la Policía Antinarcóticos indican que el aumento del año anterior se concentra en el Cañon de las Iglesias, zona de frontera entre Ituango y Taraza, y se explica por la caída en los precios internacionales del oro y por las persecución a la minería ilegal en la zona que controla, principalmente, la banda criminal de “Los Urabeños”. Según esa lectura del problema, la población dedicada a la minería estaría retomando la coca como alternativa y no vería en los proyectos alternativos una opción rentable.

Según la Gobernación de Antioquia los cultivos ilícitos en límites entre Tarazá e Ituango habrían aumentado cerca de un 30 por ciento entre 2013 y 2014. Foto Policía
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“Metieron la gente a que cultivara caucho. Dijeron que iban a pagar el litro a 7 mil pesos y hoy en día vale 1.100 pesos. Además hay un agravante, también lo maneja otra gente. Hay unos personajes que dicen que se les debe comprar es a ellos. Eso empezó como una propuesta del Estado pero ahora la gente no sabe qué hacer”, dice Gómez sobre los resultados del proceso de sustitución de cultivos.

Afirma que los campesinos son conscientes del riesgo que enfrentan al retomar los cultivos de coca. Que tiene claro que por más dinero que se mueva en la región, ellos son los menos beneficiados y se someten, no solo a los intereses de los grupos armados, sino a la persecución del Estado. “Yo prefiero trabajar con algo que no me traiga problemas, pero es que lo que pasa en el campo con los cultivos lícitos no le está dejando al campesino otra opción”, dice Gómez.

Mucho menos, cuando esos cultivos lícitos son afectados por la persecución a la coca. En febrero pasado Asocbac denunció fumigaciones en las veredas Dos Canoas, La Linda, Quinterón, Estrella y Urales, todas en Tarazá.  Según esa organización, en algunas fincas hubo daños en los mismos cultivos de Cacao promovidos por el Gobierno. “El problema es que ellos largan el veneno y muchas veces el mismo aire lo lleva a otras partes y también mata el monte. Usted lo larga y el viento se lo lleva para cualquier parte. No solamente afecta la coca sino otros productos, además envenena las aguas”, dice el coordinador de la asociación campesina.

Esa situación parece el caldo de cultivo para nuevas protestas, pues al aumento en el número de hectáreas de coca sembradas el Estado parecer responder de manera automática con más fumigaciones. Mientras tanto, los campesinos esperan que la decisión de Santos de solicitar la suspensión de las aspersiones tenga efectos en el corto plazo.  Por lo pronto, las fumigaciones se mantienen, los cultivos aumentan y el Nudo del Paramillo sigue enfrentando el veneno que amenaza su salud y acosa cultivos legales e ilegales.