Comienza la remoción de escombros en la que podría ser la fosa común urbana más grande del mundo, ubicada en la comuna 13 de Medellín. ¡PACIFISTA! documentó los esfuerzos que han hecho civiles y universidades por contar lo que pasó a pesar de los oídos sordos del Estado.
Texto: Camila Taborda y Sara Kapkin
Este 27 de julio se dará inicio al levantamiento de escombros de la que se presume es la fosa urbana más grande del mundo: La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín. La presión que han hecho durante casi 13 años los familiares de las víctimas que se cree están allí sepultadas llevó a la Alcaldía de Medellín a hacer una inversión inicial de $1100 millones para intentar desenterrar la verdad sobre las desapariciones en la capital de Antioquia.
Es posible que en La Escombrera haya más de 100 víctimas de los últimos 25 años de criminalidad y conflicto en Medellín, aunque la mayor resonancia del operativo que está por empezar viene de la posibilidad de que allí estén sepultados los desaparecidos de la Operación Orión de 2002, cuando, según sentencias judiciales, la Fuerza Pública ingresó con el respaldo de estructuras paramilitares a eliminar las redes urbanas de las guerrillas en la comuna 13.
Las autoridades no tienen certeza de qué van a encontrar cuando remuevan los escombros, pero sí saben que las comunidades, y los mismos victimarios, hablan de este sector como el botadero de cuerpos más asiduo de la capital antioqueña.
Investigaciones previas
Antes del proceso que comienza este lunes se realizaron una serie de investigaciones que pretendían ayudar a identificar quiénes son los desaparecidos, por qué se los llevaron, qué grupos participaron en la desaparición, cuál era el contexto político y social de la época, cómo se pueden buscar, cuánto vale la exhumación, cuál es la mejor manera de hacerla y en qué lugares buscar.
Las investigaciones, solicitadas por la institucionalidad, estuvieron a cargo de diferentes organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, la Fiscalía prefirió no valerse de ellas y guiarse por las declaraciones de Juan Carlos Villa, alias Móvil 8 -ex miembro del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia-, quien señaló los lugares donde habría que buscar a los desaparecidos durante el accionar de esta estructura ilegal.
En el año 2010, la Universidad de Antioquia llevó a cabo una de las investigaciones. El objetivo, solicitado por la Alcaldía, era estudiar el fenómeno de la desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín. Al final los resultados no fueron recibidos pues no correspondían a lo indicado, sin embargo, serán utilizados como insumo en el componente de memoria que acompaña la exhumación que podría resultar de la remoción de escombros que recién empieza.
“Aquí no se había hecho eso antes -cuenta Juliana Isaza, antropóloga forense que participó en la investigación que llevó a cabo la Universidad de Antioquia-. Se llama Investigación preliminar antropológica forense y es muy diferente a la indagación previa en el ámbito judicial”. Un trabajo asesorado metodológicamente por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, reconocido internacionalmente por el trabajo hecho con las víctimas de la guerra civil de ese país.
El informe se basó en herramientas etnográficas que buscaban contextualizar, recolectar testimonios y elaborar fichas antemortem -un compendio de información no solo biológica sino también social de cada individuo desparecido-.
La investigación intentaba recuperar, mediante entrevistas guiadas a familiares y a la mayor cantidad de fuentes posibles, aspectos biológicos de las personas como el sexo, la edad, la estatura, posibles fracturas, arreglos en los dientes, accidentes o enfermedades que hubieran podido llegar hasta los huesos; y sucesos alrededor de la desaparición: si se lo llevaron una o varias personas, si eran conocidos, qué acento tenían, en qué vehículo se lo llevaron, quién vio, a qué horas sucedió, qué fue lo último que se supo de la persona, si se recibieron llamadas antes o después del hecho.
En algunas ocasiones los victimarios llamaban a los familiares a decirles que no buscaran más al desaparecido, que ya estaba muerto: “Vea, no lo siga buscando, no lo busque más”.
Otro de los elementos que se utilizó en el estudio fue la ropa. A través de una profesional de la industria textil los investigadores lograron obtener catálogos de moda que se distribuían en el Centro de Medellín en esa época, y a partir de estos elaborar una carta de color y de tipos de prendas. Así la familia podía señalar con precisión qué portaba la víctima al momento de la desaparición.
“La mamá o la esposa que son las que le lavan la ropa, a veces a mano, conocen la marquilla, el rasgadito en la camisa. O la costura con hilo que hacen algunas mamás para marcar la ropa”, dice Juliana Isaza.
El asunto de la ropa ha sido exitoso en otros contextos forenses a nivel mundial y puede convertirse en un método previo de identificación, aunque debe confirmarse luego con muestras de ADN, pues es el único método de identificación judicial válido en el país, ya que su resultado logra casi un 100% de certeza.
“Hay un problema -cuenta Isaza-, es la conciencia forense”. Se refiere al conocimiento que tienen los victimarios de todas las técnicas y los métodos de identificación de personas, “nosotros lo denominamos escuela, porque entre ellos se instruyen en cómo generar prácticas más efectivas para la desaparición”.
La intención es sembrar terror en la comunidad y desaparecer el delito mismo, hacer todo lo posible para que no se obtenga rastro de la persona, pues en el ámbito judicial si no hay cuerpo no hay delito.
“Ellos saben que con el cráneo se hace reconstrucción facial entonces desaparecen el cráneo, saben que las manos tienen huellas dactilares entonces desaparecen las manos, ellos saben que en antropología con la pelvis podes estimar si es un hombre o una mujer entonces chao pelvis”, cuenta Juliana Isaza.
En el caso de la comuna 13, por ejemplo, testigos han relatado a la Fiscalía los guiños del Ejército con los grupos ilegales cuando las volquetas subían con los desaparecidos, y cómo estos disponían de fincas para depositar las prendas o cualquier elemento característico (manillas, escapularios, pulseras, cadenas) que pudiera ser susceptible de generar una identificación en caso de que los restos fueran encontrados.
Por relatos de desmovilizados de otros bloques de Autodefensas se sabe que para perpetrar este crimen también se utilizaban hornos crematorios o criaderos de caimanes en el Magdalena Medio, ya que estas prácticas borran cualquier rastro de la víctima.
“Se obtuvo información de mucho valor pues nosotros no éramos de la Fiscalía, la gente confió, abrió las puertas, fue sumamente abierta contándonos cosas que ni siquiera le contaron al fiscal, porque sabían que había participación del Estado en las desapariciones”, dice Isaza.
El proyecto de remoción de escombros en busca de los desaparecidos iniciará con dos grandes retos. Remover los veinticuatro mil metros cúbicos del primer polígono (hay otros dos polígonos señalados pero geológicamente hay riesgos) enfrentándose a la posibilidad de que no aparezcan cuerpos, y la imposibilidad de identificarlos en caso de hallarlos.
Las víctimas
No se sabe con exactitud cuántas personas fueron enterradas en La Escombrera, se presume que desde finales de los años 90, las milicias urbanas que hacían presencia en la zona utilizaron el lugar para cometer crímenes, aunque si es claro que los paramilitares, quienes obtuvieron el dominio de la zona con la Operación Orión, han hecho mayor uso del lugar para llevar a cabo las desapariciones.
“Se va a buscar lo que se encuentre, hoy no hay una sola denuncia de ninguna persona que diga que tiene un familiar desaparecido y que está enterrado en la Escombrera. Hay personas que denuncian la desaparición pero no dicen que su familiar está enterrado allá”, asegura Jorge Mejía Martínez, Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida, a quien designó la Alcaldía de Medellín para el proyecto.
La Fiscalía ha realizado 34 intervenciones en los alrededores de la Escombrera y se han encontrado más o menos 15 cadáveres. Esta vez intentará recuperar entre 80 y 100 cuerpos de víctimas de desaparición forzada de la Operación Orión que se llevó a cabo durante el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el 2002.
La insistencia de las víctimas fue un factor determinante para que la Alcaldía decidiera financiar este proyecto de exhumación masiva. “La Fiscalía siempre había dicho que eso era muy costoso, que no tenía recursos –cuenta Jorge Mejía- y nosotros como Alcaldía lo único que hacemos es apoyar, evitar que la Fiscalía diga que no tiene plata para eso. Ahora lo que se espera es encontrar eco en la próxima administración para darle continuidad al proyecto”.
La desaparición forzada
Según la Organización de Naciones Unidas, la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.
Sin embargo, para las familias es un duelo en vilo que los sumerge en un drama de profundo desasosiego e incertidumbre, porque el desaparecido no está muerto, siempre habrá esperanza mientras no haya cuerpo, pero una esperanza marcada por el dolor. El cuerpo es fundamental tanto para la familia, como para la investigación de los crímenes.
Dictaduras militares como las de Argentina y Guatemala dejaron miles de casos de desaparición forzada con clara participación del Estado. Pero en esos países fueron equipos interdisciplinarios y ajenos al Gobierno quienes llevaron a cabo las investigaciones. En Colombia, en cambio, solo la Fiscalía -entidad estatal- puede exhumar, identificar y posteriormente investigar. Es posible que con el fin del conflicto llegue un modelo nuevo para garantizar la transparencia y el profesionalismo de estas investigaciones.
