Un recorrido fotográfico por los elefantes blancos de Orito que, en medio del olvido y el abandono, evocan la historia de lo que no ha funcionado en política de drogas en Colombia.
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Por Andrés Bermúdez Liévano
Orito, Putumayo
Ahora que estamos en plena campaña presidencial, muchos candidatos están sacando su varita mágica y prometiendo fórmulas milagrosas para acabar con las 144 mil hectáreas de coca en el país. Unos hablan de retomar la aspersión aérea, otros de desarrollo alternativo con otros cultivos y otros más de cumplir con la ruta de sustitución voluntaria que trae el Acuerdo de paz.
Pocos, sin embargo, están abordando el problema en su complejidad. Tampoco explican cómo evitarán repetir los errores del pasado. Como, por ejemplo, por qué un gran porcentaje de los proyectos de sustitución de cultivos han fracasado en Colombia, a causa de falta de vías para sacar los productos al mercado, falta de asistentes técnicos como agrónomos o veterinarios, o falta de compradores que permitan que esas cadenas comerciales sean sostenibles. O cómo asegurar que los recursos de sustitución lleguen realmente a las familias y comunidades que quieren salir de la coca y no -como sucedió en el pasado- a gente que ni siquiera la tenía sembrada.
Putumayo -que ha sido uno de los epicentros del problema de la coca en Colombia y que aún hoy es el segundo departamento con más cultivos de uso ilícito (con 25.152 hectáreas, según el censo anual de cultivos que hace Naciones Unidas)- es un buen lugar para observar algunos de esos ejemplos fallidos.
En Orito, por ejemplo, de la primera oleada de inversiones del Plan Colombia, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, quedaron sobre todo elefantes blancos que costaron fortunas en plata de cooperación internacional y que nunca cumplieron con su finalidad.
¡Pacifista! recorrió algunas de las infraestructuras de Orito que, en medio del olvido y el abandono, evocan la historia de lo que no ha funcionado en política de drogas en Colombia.
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Justo a las afueras de Orito, en la vía que conduce hacia Puerto Asís, aparece una casa de paredes desconchadas y vigas metálicas que develan el lugar donde alguna vez existió un techo.
Se trata de una antigua planta de eviscerado de pescado que se inauguró hace una década con plata de Acción Social y que pronto fue abandonada.
Las tres asociaciones de pescadores que la operaban -Asopiscor de Orito, Asopez de La Hormiga y Peces La Dorada de San Miguel- se disolvieron por peleas internas y falta de capacidad administrativa, que ha sido otro de los grandes cocos de la sustitución.
A pesar de los años de abandono, la calidad de la inversión aún es notoria: gruesas paredes con láminas galvanizadas son los rastros de los cuartos fríos que, dicen, costaron más de 20 millones de pesos, donde se almacenaba el pescado y una alberca llena de maleza es la evidencia de lo que alguna vez fue una poceta de choque térmico enchapada en cerámica.
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Al lado de la abandonada planta de eviscerado, hay otra estructura herméticamente cerrada pero igual de abandonada: era una planta de sacrificio de pollos que se estrenó casi al tiempo que la de pescado y que sufrió la misma suerte.
Sus únicos habitantes son una colonia de chimbilás, que revolotean por su amplio interior y han dejado sus recuerdos por todo el piso.
Ninguna de las personas que conocieron los programas de sustitución siquiera saben qué le pasó a la organización que tenía esta planta a cargo y, de hecho, ninguno recuerda haberla visto en operación.
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A veinte minutos del pueblo, por la vía secundaria que lleva hacia la turística piedra de Pijilí, aparece una bodega de más de tres pisos de altura, que fácilmente puede ser el edificio más alto del municipio.
A pesar de haber sido inaugurada con bombos y platillos, el Centro Agroindustrial de Orito tiene todo menos agroindustria una década después.
Dentro de la bodega, donde alguna vez funcionó una fallida planta de procesamiento de concentrados, duermen una retro excavadora y un camión de basura, ambos propiedad del municipio.
Una serie de canaletas en el suelo de cemento revelan el lugar donde, años después, se intentó montar un trapiche de panela para aprovechar el espacio, pero que tampoco prosperó.
En la práctica, el resultado es que esas inversiones no fueron viables y no beneficiaron a comunidades que realmente lo necesitaban para salir de la coca. Como explica el economista Daniel Mauricio Rico, que ha mirado la eficacia de programas de sustitución pagados por la cooperación, “los programas se diseñan para solucionar unos problemas de las zonas cocaleras, pero la plata se invierte en los cascos urbanos o en las veredas más cercanas, donde no está el problema”.
Hoy semejante inversión está reducida a ser el garaje de los vehículos de la alcaldía de Orito y el patio donde se almacenan las motos que la Policía incauta.
