Mientras tanto, el ministerio de Defensa dice que las muertes no son sistemáticas y que “son casos aislados”.
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Imagen del velorio de la lideresa Emilsen Manyoma en Buenaventura. Foto: Conpaz
Por María Flórez y Mario Zamudio Palma
En 51 días de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc han matado 15 líderes sociales. Eso significa que cada tres días y medio matan a un dirigente campesino, indígena o afrodescendiente desde el primero de diciembre. Líderes estudiantiles, concejales de municipios apartados, representantes de víctimas y hasta médicos tradicionales han muerto en el comienzo de la transición hacia el posconflicto.
Las investigaciones avanzan, dicen las autoridades. Sin embargo, el ministerio de Defensa ha dicho en varias oportunidades que los atentados contra estos dirigentes sociales “no son sistemáticos” y que el paramilitarismo —uno de los objetos de casi todas las denuncias— son una cosa del pasado.
“No hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”, dijo el propio ministro, Luis Carlos Villegas, esta semana en una cadena radial.
Lo cierto es que están matando, de manera sistemática o no, a las personas que van a implementar los acuerdos de La Habana en las regiones golpeadas por la violencia. Cauca, Putumayo, Bolívar, Antioquia, La Guajira, Nariño, Chocó, Córdoba, Atlántico, Cesar y Valle del Cauca han puesto los muertos este mes y medio. ¿Cuántos más?
1. Vicente Borrego
Fue asesinado frente a su casa con múltiples disparos. Era un ganadero y comerciante de La Guajira, que fue concejal de Riohacha a comienzos de los años 90. Según el portal noticioso La Guajira Hoy, “en la actualidad estaba dedicado a apoyar a los amigos a corporaciones públicas de elección popular y también en la administración de sus fincas y bienes”.
En 2014, la Fiscalía capturó a Borrego por su presunta participación en el asesinato de Iván Muñizen, profesor y sindicalista de la Asociación de Educadores de La Guajira. Entonces, la entidad lo señaló como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, y ordenó su detención domiciliaria. Quedó en libertad por las demoras de la justicia en tomar una decisión de fondo sobre el caso.
2. Luis Carlos Tenorio
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció el asesinato del médico tradicional Luis Carlos Tenorio a manos de desconocidos. Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.
3. Samir López
A comienzos de diciembre, la Policía informó que un hombre asesinó con arma blanca al concejal Samir López Visbal en su propia casa. La onegé Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGBTI en la costa atlántica, informó que el concejal, de la Alianza Social Independiente, “se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas”. Por eso, le pidió a la Fiscalía que investigara si el homicidio tuvo relación con su orientación sexual, pues López Visbal era abiertamente gay.
La organización dijo, además, que López había recibido amenazas por hacerle oposición al alcalde de Galapa José Fernando Vargas, de Cambio Radical, destituido en octubre de 2016 por inscripción indebida.
En un comunicado, la alcaldía de Galapa declaró que los hechos “no tienen relación con temas atienentes al ejercicio político”, aunque aún no han concluido las investigaciones. La Policía capturó al presunto asesino.
4. José Abdón Hoyos
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció que en la vereda San Isidro, de Sotará (Cauca), fue asesinado con arma de fuego José Abdón Hoyos, integrante de la Mesa de Víctimas de ese municipio. En abril de 2016, Hoyos le había pedido a la Corporación Autónoma del Regional del Cauca que identificara los humedales de una finca en la vereda Ullucos, determinara su estado y trazará una ruta para protegerlos con apoyo de la comunidad.
Según registró W Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Pompy Pinzón, declaró que Hoyos “es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio y aparece con unos registros: una condena por actos sexuales violentos y estaba vinculado a un proceso por porte ilegal de armas de fuego y homicidio, por lo cual tenía un impedimento para salir del país”.
En 2001, la Fiscalía capturó a Hoyos por su presunta participación en la masacre de nueve excursionistas en el Parque Nacional Natural Puracé, ejecutada en febrero de ese año por las Farc. Más tarde, fue dejado en libertad.
5. Nataly Salas
El 3 de diciembre, Nataly Salas fue encontrada muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada según las primeras declaraciones de las autoridades.
El 14 de enero, más de 40 días después del asesinato, el papá de Nataly, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía que acelerara las investigaciones, pues hasta ese momento no habían encontrado ningún sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que el caso va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.
6. Éder Mangones
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar —un proceso social que defiende los derechos humanos y el medio ambiente— denunció que el pasado 10 de diciembre desconocidos asesinaron a Eder Mangones en la vía que conduce del municipio de Tiquisio al municipio de Norosí, ambos en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la Comisión, Mangones se movilizaba en un mototaxi cuando fue asesinado.
La Comisión aseguró que Mangones era “un pequeño minero, líder social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca (Tiquisio) y actualmente hacía parte de la junta de acción comunal”.
7. Guillermo Veldaño
Fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires e integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, que está afiliado a Fensuagro y a Marcha Patriótica. Su liderazgo se desarrollaba entre los corregimientos Teteyé y Puerto Vega, de Puerto Asís, donde los campesinos protestan frecuentemente por la explotación petrolera que realiza el Grupo Vetra, operador del Consorcio Colombia Energy.
El crimen ocurrió muy cerca de la vereda La Carmelita, uno de los puntos donde las unidades del bloque Sur de las Farc dejarán las armas y empezarán su proceso de reincorporación. En la zona dicen que Veldaño era un importante defensor del agua y del medio ambiente.
8. Anuar Álvarez
A pocos metros de su casa, ubicada en el municipio de Argelia (Cauca), desconocidos se acercaron a Anuar José Álvarez y le dispararon en tres ocasiones. El líder campesino, que se movilizaba en una motocicleta, “continuó su camino a bordo de la motocicleta y posteriormente se encontró un vehículo que venía en sentido contrario, a quienes les solicitó ayuda y de forma inmediata fue trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida”, según explicó Marcha Patriótica en una denuncia pública.
Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Además, coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, del corregimiento El Plateado, y trabajaba con el comité cocalero de esa localidad.
9. Olmedo Pito
El pasado 9 de enero, Marcha Patriótica denunció el asesinato de Olmedo Pito, comunero del resguardo Huellas Caloto, de indígenas Nasa, en el Cauca. Según esa organización, Pito fue asesinado en el corregimiento El Palo, de Caloto, a las 11:30 p. m., luego de “departir en un establecimiento público del corregimiento con algunas personas”. Dice la denuncia que, cuando el comunero se disponía a volver a su casa, “desconocidos se le acercaron y le propinaron tres heridas de arma blanca, dejándolo mal herido”. Murió camino al hospital.
Pito era, además de militante de Marcha, miembro del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. El pasado 11 de enero, la Fiscalía informó que, presuntamente, fue asesinado por un hombre llamado Jesús Armando Troches, que lo atacó luego de que ambos tuvieran una “fuerte discusión”. El ente acusador dijo que el asesinato del comunero “no fue motivado por la condición de líder ni por hechos relacionados con la defensa de los derechos humanos en su cabildo”.
10. Aldemar Parra
Fue asesinado en zona rural del corrimiento La Loma, del municipio El Paso (Cesar). Era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar y sobrino del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Haltillo, de ese corregimiento. La comunidad de El Haltillo enfrenta un proceso de reubicación por cuenta de la contaminación del medio ambiente generada por la explotación carbonífera, y varios de sus líderes han sido amenazados por su labor en la defensa de los derechos humanos. Están a la espera de que la Unidad Nacional de Protección les asigne esquemas de seguridad.
Dos de las empresas que explotan carbón en la zona, Prodeco y Drummond, se pronunciaron sobre el hecho. La primera condenó el asesinato, hizo un llamado para que se investigara y dijo que a finales de 2016 “buscó la ayuda” del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar para implementar medidas de prevención y protección para la comunidad. Drummond, por su parte, rechazó los hechos y dijo que Parra es empleado de Colombia Natural Resources, que también saca carbón de ese departamento.
El comandante (e) de la Policía en Cesar, coronel Mauricio Bonilla, dijo que Parra no era líder comunitario, pero que tres de sus familiares integran un comité de concertación con las empresas carboníferas. Tras el crimen, el Programa de Desarrollo y Paz expidió un comunicado en el que aseguró que “desde noviembre del año pasado advertimos sobre los riesgos que esta comunidad enfrentaba y ofrecimos nuestro apoyo para que se adoptaran medidas de prevención y protección”.
11. Yaneth Calvache
A Yaneth la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron en el pecho y una en la mandíbula. Aunque fue auxiliada por su familia y amigos, murió cuando era trasladada al hospital.
Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos más articulados en esa región del país.
12. Juan Mosquera
Cuando Juan Mosquera se movilizaba por la vereda Salaquí, del municipio de Riosucio (Chocó), presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se le acercaron. Los acusaron a él y a su hijo —Moises Mosquera, de 33 años— de ser colaboradores del frente 57 de las Farc, y los asesinaron.
Las autoridades investigan el caso, pero aún no han encontrado ni sospechosos ni culpables. Fuentes de la zona aseguran que una de las razones por las que fueron asesinados Juan y su hijo es que eran familiares de miembros de la guerrilla.
Mosquera era un reconocido líder comunitario de la región del Bajo Atrato.
13. José Yimer Cartagena
La policía de Carepa, un municipio del Urabá antioqueño, confirmó el 11 de enero la muerte del líder social Jose Yímer Cartagena. En circunstancias desconocidas, y mientras se desplazaba por la vereda Saiza, de ese municipio, varios sujetos acabaron con la vida del vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder del movimiento político Marcha Patriótica.
La Defensoría del Pueblo se refirió al caso de este líder asesinado poco después de su muerte. “Condenamos el asesinato de José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de Asodecas. ¡Basta ya con la muerte de líderes sociales y de derechos humanos!”, indicó el organismo en su cuenta oficial en Twitter.
14. Emilsen Manyoma
Esta líder de 31 años y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios.
“De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, dijo el periódico El Espectador días después del fallecimiento de Manyoma.
Emilsen era activista política y líder social desde 2005, y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.
15. Hernán Agames
En la vereda San Ciprian, del corregimiento Tierradentro, de Montelíbano (Córdoba), fue asesinado Hernán Agamez Flórez. Según la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, afiliada a Marcha Patriótica, Agamez era “parte del comité cocalero y dinamizaba políticamente” la preparación de las comunidades para la fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en La Habana.
De acuerdo con la Asociación, el cuerpo sin vida de Agamez fue trasladado desde San Ciprian hasta el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba), por campesinos e integrantes de la guardia indígena Zenú San Jorge. Desde allí fue trasladado a la morgue del municipio de Puerto Libertador.
