El consumo de agua mensual en la explotación minera bastaría para surtir a no menos de 300 mil familias.
- Fotos: Rodrigo Grajales
Texto: Felipe Chica
Fotos: Rodrigo Grajales
Eran las 8 p. m. del pasado 24 de mayo. Alejandro Pulido se terminó de cepillar los dientes y se disponía a descansar de una larga jornada de trabajo. Llamaron a su puerta con brusquedad. Al abrirla, se encontró con varios policías, que lo amenazaron con llevarlo a la inspección municipal. A Alejandro se le cortó la voz. Al cabo de un largo interrogatorio, los agentes se retiraron.
Él no fue capaz de dormir esa noche, pese a que al día siguiente debía levantarse temprano para participar de la pre-consulta popular minera de Quinchía (Risaralda). Las autoridades indígenas del municipio lo invitaron a la zona en calidad de asesor técnico para la comunidad, que hace años se enfrenta a la multinacional Seafield Resources. Fue contactado porque es una persona versada sobre los impactos de la megaminería. Es reconocido por ser coautor del informe La Colosa, una muerte anunciada y por acompañar a comunidades afectadas en Suráfrica, donde vio de cerca los impactos de la empresa Anglo Gold Ashanti (AGA).
El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
¿Una puerta giratoria en Quinchía?
Más de 32 millones de onzas de oro recorren la región del Cauca Medio. Para AGA y Seafield, se trata de un cinturón minero que arranca en Antioquia, atraviesa Caldas, baja por Risaralda, roza Quindío y llega a Tolima. Una gran reserva de mineral bajo las cordilleras Occidental y Central.
Una porción de ese territorio se llama Anaima Tocha o La Colosa Regional, que podría convertirse en un nuevo distrito minero de 52 millones de onzas, según informes de AGA. Algunos habitantes de Quindío y Tolima no ocultaron su preocupación luego de que el representante a la Cámara por el Tolima Ángel Gaitán revelara una supuesta compra de 14 mil hectáreas por parte de AGA entre ambos departamentos.
Camilo Padilla, presidente del Concejo de Cajamarca (Tolima), dice que “la Colosa Regional representa un riesgo para el futuro del agua del Tolima, Quindío y Risaralda”. Y agrega que “AGA ha apoyado representantes estudiantiles en colegios rurales, funcionarios, concejales y alcaldes con el propósito de cooptar todos los espacios de poder local. Incluso, algunos de sus exempleados han aspirado a cargos públicos”.
Quinchía es un ejemplo de ello. En la hoja de vida del Alcalde, Jorge Uribe, se lee que entre 2008 y 2013 se desempeñó como profesional senior social de AGA. Aunque ello no representa una irregularidad, sí ha generado suspicacias sobre los intereses del funcionario frente a la Consulta Popular Minera que se desarrollaría este año en el municipio. Por ahora, Uribe se ha mostrado presto a la idea de la consulta.
Otro caso de “puerta giratoria” ocurrió hace algunos años a nivel nacional. El exdirector de Ingeominas Julián Villarruel y la subdirectora de Recursos del Subsuelo Liliana Alvarado, luego de dejar sus cargos, ingresaron a la nómina de AGA.
La soledad de los Embera
Quinchía tiene una amplia presencia indígena. Allí está el resguardo Escopetera y Pirza, con 18 terrenos no contiguos, en el que se distribuyen 21 comunidades. Los Embera Chamí están asentados en más de 17 predios y los Embera Karambá no cuenta con terrenos propios, pese a que son unos 2.900. Estos últimos son los que se oponen a las actividades mineras en su territorio.
Según cifras proporcionadas por AGA a sus inversionistas en Cajamarca, la empresa consumiría entre 0,5 y 1,0 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado. Es decir, el potencial consumo de agua en la explotación minera sería mínimo de 1.885.125 metros cúbicos cada mes. Si el consumo mínimo vital de agua para una familia es de seis metros cúbicos por mes, la demanda de la empresa bastaría para surtir a no menos de 300 mil familias. A los indígenas también les preocupa la contaminación que pueda generar la extracción de oro.
El nivel técnico de debate que enfrentan las autoridades Embera no es menor. Aparte de AGA, se enfrentan a la firma consultora Portex, contratada por Seafield Resources para “asuntos de reputación y gestión social empresarial“, y a la misma Agencia Nacional Minera. Además, los Embera dicen que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los ha dejado solos en esta pelea.
Sin estar definida la consulta popular, AGA continúa sus actividades de exploración, como consta en una carta radicada el 8 de agosto de este año dirigida al presidente del Concejo, Víctor Hugo Betancourt, en la que informan el inicio de actividades en siete veredas y en el corregimiento Irra.
El fantasma de los ‘paras’ en Irra
El puente que atraviesa el río Cauca en el corregimiento Irra soporta todos los días el peso de cientos de camiones cargados con mercancías de todo tipo. Antes y después de la plataforma, se aglomeran las casas entre las orillas del río y la Autopista Panamericana que conecta el Pacífico con el centro y el norte del país. Una combinación entre materiales del río y la autopista Panamericana son los estimulantes para que en pocos años Irra se convirtiera en un lugar de afluencia comercial.
En las noches, el ruido de los camiones es interrumpido por el bullicio de prostíbulos. Un habitante del pueblo afirma que “esos lugares son centros de operación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, organización delincuencial a la que el Gobierno llama Clan del Golfo. Algunos académicos como Mauricio Romero y Gustavo Duncan la han asociado al “paramilitarismo de segunda generación’, que transita hacia organizaciones criminales ancladas a economías locales.
- Foto: Rodrigo Grajales
Según este habitante, desde hace dos años las autodefensas controlan los prostíbulos. Las AGC también reclutan jóvenes para que asuman funciones de transporte de estupefacientes y armas, con la promesa de tener ingresos o la amenaza de ser asesinados. En diciembre de 2014 el coordinador de la Guardia Indígena de Irra se resistió y lo mataron.
Otros homicidios contra jóvenes han sido asociados al tráfico de estupefacientes, según medios locales. De 24 homicidios cometidos en Quinchía en 2014, unos 15 fueron en Irra, mientras que en el 2015 se cometieron nueve. Este año han ocurrido dos asesinatos en ese corregimiento. La Policía dice que se trata de ajustes de cuentas.
En la zona, la minería informal de socavón es una de las principales fuentes de empleo. Algunos mineros informales, pidiendo reserva de su identidad, aseguran que “el interés de AGC es dominar de forma violenta las minas de Quinchía, Riosucio, Supía y Marmato”.
Además, habitantes de los corregimientos Santa Helena, Villa Rica, San Juan, Piedras, Manzanares, El Retiro y La Cumbre dicen que desde enero del 2015 sujetos referidos como “Nuevas Estrellas de EPL” han impuesto toques de queda y han restringido el paso hacia la minas de Miraflores, Juan Tapao y Bella Vista. En el pasado, el bloque Central Bolívar de las Autodefensas y el frente Óscar William Calvo del EPL dejaron una estela de dolor en el campo.
Eisenhower Zapata, coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras en Risaralda, ha denunciado amenazas contra familias en proceso de restitución en lugares donde actualmente hay concesiones mineras. En el corregimiento de Batero, hombres armados envenenaron varios perros. La noche siguiente el silencio evocó días de dolor que la gente no quiere volver a vivir.
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En ese escenario, algunas familias Embera se han desplazado a Manizales y Pereira. Los indígenas sienten amenazada su integridad física por cuenta de actores armados y su integridad territorial por cuenta de la minería. No sólo está en juego el Cerro Karambá, sagrado para los indígenas, sino un el 87% del territorio municipal. De la Consulta Popular dependerá buena parte de la suerte de Quinchía.
