La comunidad Sikuani reclama en una demanda unas 92.000 hectáreas para más de 600 familias.
Por: Herlinda Pérez
La lucha histórica por el territorio de los indígenas de la etnia Sikuani, asentados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, tomó fuerza hace más de 20 años cuando colectivamente reclamaron reconocimiento formal de su tierra. La violencia llegó a ese municipio y se volvieron víctimas de masacres, torturas, afectaciones por cultivos ilícitos, amenazas y señalamientos a sus líderes de ser auxiliadores de la guerrilla y defensores de sus intereses.
Emiliano Rodríguez García tiene 68 años y es uno de los líderes más antiguos de la comunidad Sikuani. Recuerda que antes de la violencia vivían tranquilos. Podían pasar por los ríos y caños y nadie les impedía nada, pero desde 1991 y con la llegada de los cultivos ilícitos a la zona, la vida en la comunidad indígena dio un vuelco inesperado. En las áreas alrededor de su territorio, narcotraficantes establecieron grandes cultivos de coca —hasta 50 hectáreas— y se llevaban desde niños hasta mujeres para raspar la hoja.
“El indígena le teme mucho a la guerra, a la muerte, no queremos que nos maten. Por eso nos desplazamos buscando seguridad en los bosques, donde nadie nos molestara. Íbamos dejando muchos territorios sin vender, quedaban vacíos y otros se adueñaban”, recuerda Rodríguez.
Desde entonces, los Sikuani soportaron restricciones para movilizarse en su territorio y vivieron bajo el yugo de la guerrilla y los paramilitares. Además, convivieron con gente armada y sufrieron el reclutamiento de jóvenes. Estos grupos no respetaron a las autoridades indígenas e invadieron sus territorios afectando sus tradiciones y trayendo problemas sociales como drogadicción y alcoholismo.
“Con la desmovilización de las autodefensas, las cosas para los Sikuani comenzaron a cambiar en el territorio. Antes de eso sufrimos una victimización de todos los actores por defender nuestro territorio del cultivo de drogas, lo cual nos convirtió en blanco de los narcotraficantes”, recuerda el actual líder Sikuani, Luis Enrique López.
La población Sikuani en el Meta tiene más de 2.600 habitantes (604 familias) y están organizados en 54 comunidades indígenas en un área de casi 38.000 hectáreas, espacio que señalan es insuficiente para el desarrollo y crecimiento de la comunidad bajo las costumbres que han logrado mantener.
Aunque lograron la titulación del resguardo, la delimitación del área no se hizo en la medida correspondiente, según la comunidad. Por eso desde hace más de 23 años, están solicitando masivamente la ampliación del terreno en 50 mil hectáreas más. Y esta solicitud ha sido pasada de una a otra entidad de tierras del Estado sin resultados. Actualmente, la comunidad está en manos de la Agencia Nacional de Tierras esperando una solución.
En 2016, USAID apoyó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Meta con la realización de un estudio de caracterización de la comunidad indígena Sikuani en Domoplanas. El estudio, que se realizó durante nueve meses, representa una parte importante del material probatorio para el reclamo en restitución de las tierras ancestrales de la comunidad sobre más de 92.000 hectáreas.
El resultado del estudio es un documento que caracteriza la historia de daños socioculturales, económicos, y ambientales causados por el conflicto. También proporciona datos sobre la ubicación de zonas de combate, recursos naturales y fuentes de agua. En marzo de 2017 fue aprobado por 46 líderes de las comunidades Sikuani. El documento servirá como insumo para la presentación de una demanda de restitución colectiva ante un juez de restitución.
“Agradezco este esfuerzo en favor de las comunidades. Esto es un resultado positivo porque vivimos de la naturaleza. Los sitios ancestrales que han sido ocupados queremos recuperarlos”, aseveró el líder Sikuani, Luis Enrique.
Un fallo favorable para la comunidad Sikuani beneficiaría a 2.636 personas de 604 familias indígenas y les protegería de futuros desalojos de sus tierras. Esperan que con la ampliación de su resguardo puedan reactivar la caza, pesca y recolección de frutas.
Ya que la demanda está aprobada por la comunidad, será enviada a los jueces de restitución en los próximos meses. Una vez reconocida por el juez, los Sikuani podrían ver una sentencia antes de 2019.
Un dilema incómodo
Este año, la URT finalizó la caracterización de afectaciones territoriales de la totalidad de resguardos del pueblo Yukpa —ubicado en el Cesar—, marcando la pauta para continuar con la restitución étnica.
Durante los últimos seis años, los jueces de restitución en todo el país han emitido seis sentencias de restitución de derechos territoriales a pueblos étnicos: han entregado más de 142.000 hectáreas de tierras a comunidades indígenas y afro. Actualmente, la URT está realizando caracterizaciones para la elaboración de más de 30 demandas de restitución de territorios étnicos colectivos y 28 más han sido presentadas a la jurisdicción de restitución.
Muchos casos, tal como el de los Sikuani, son territorios densamente poblados por población no étnica. Esto presenta una serie de dificultades a la hora de llevar a cabo una restitución de tierras efectiva. Desde que inició el proceso de caracterización, la URT ha tenido que mediar entre el pueblo Sikuani y población no étnica, tanto para la obtención de la información como en el manejo de las expectativas.
“Es gente que llegó por la pobreza o que el mismo Estado los impulsó y ahorita están ahí igual de vulnerables que los pueblos étnicos. ¿Cómo va a lograr pacificar el territorio sacando a personas en situación vulnerable?”, dice Fernando Fierro, coordinador de asuntos indígenas para la URT. “Cómo conciliar en estos casos es un desafío enorme porque tiene como telón de fondo una única realidad. Es muy difícil”.
*Tamara Lowe y Nico Parkinson también contribuyeron a esta nota.
