Con el eventual fin del conflicto, las Fuerzas Militares tendrán que cambiar su visión sobre las amenazas a la seguridad de los colombianos.
El país comenzó a darle forma a lo que se imagina como posconflicto luego de que el Gobierno y las Farc anunciaran el pasado 23 de septiembre que habían llegado a un acuerdo sobre justicia en la mesa de conversaciones de La Habana. En paralelo, en un foro en Bogotá al que asistieron altos mandos de las Fuerzas Armadas, se habló de reformar la doctrina militar de cara a la paz pues, si ya no existirá el actual “enemigo interno”, las funciones de los uniformados deberán cambiar.
El anuncio, que parece apenas lógico, fue aprovechado por políticos opositores para exagerar los alcances de la mesa de conversaciones de Cuba y terminó desatando una polémica que vale la pena explicar. La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, fue la primera en reaccionar y dijo que “espero que la transformación de la doctrina no sea por imposición de una organización narcotraficante y guerrillera”.
Holguín no fue la única. Las redes sociales se llenaron de mensajes sobre el supuesto papel de la mesa de diálogos en este anuncio hecho por el comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, quien fue el primero en negar dicha asociación. Al general Mejía se le sumó el general Mora Rangel, integrante del equipo negociador en Cuba. Y a ellos, Humberto de la Calle, quien confirmó que la doctrina no fue ni será negociada con las Farc, pues, si bien hay que pensar en cambios de cara a la terminación del conflicto, ese tema le compete al Ejército (al Estado colombiano) y no a la mesa de negociaciones.
En cualquier caso, sí habrá cambios en el Ejército y, para su coordinación y ejecución, el general Mejía dijo que desde el primero de enero del próximo año se activará un nuevo comando encargado de educación y doctrina, que estará a cargo de un mayor general. Estos son los cinco puntos clave dentro de la transformación que se viene en las Fuerzas Armadas:
- Reducción de la fuerza
Analistas y miembros del mismo Ejército estuvieron de acuerdo en que sería un error disminuir la inversión en temas de seguridad y defensa, y que, según los planes estratégicos de la institución, tampoco se reducirán las tropas. La explicación es sencilla: así se firme una tregua con las Farc, la labor de las Fuerzas Armadas es seguir haciendo presencia en los territorios para garantizar la normalidad. Lo que sí podría pasar, según el analista político León Valencia, es que se distribuyan las fuerzas entre Ejército y Policía. Esa sería una posibilidad en respuesta a la disminución de combates rurales y al posible aumento de conflictos urbanos que, hoy, se ven opacados en medio de la guerra contra las Farc. - Los vestigios de las Farc
Las Fuerzas Armadas también se preparan para seguir enfrentando los miembros de las Farc que no se desmovilicen tras un eventual acuerdo. Será vital evitar que se formen estructuras criminales post-desmovilización, como en su momento pasó en el proceso con los paramilitares. La Fiscalía calcula que, entre los 4.000 integrantes que tendrían las bandas criminales, el 20% son ex miembros de las AUC.Además de vestigios de las Farc, las Fuerzas Armadas saben que, en caso de un acuerdo con la guerrilla, vendrá una lucha por territorios que quedarían en una especie de limbo. Respecto a eso, Fabrizio Hochschild, coordinador de la ONU en Colombia advirtió hace pocos días que “una de las amenazas para la implementación de los acuerdos de paz va a ser el deseo de otros grupos armados —y ya tenemos informes de que se están moviendo— de posicionarse y tomar poder de los ingresos ilícitos que se generan en esas regiones”.
- Políticas de drogas y minería ilegal
Otras de las labores de las Fuerzas Armadas girarán alrededor de la política antidrogas y el control de la minería. Para lo primero, en sintonía con los recientes anuncios del Presidente sobre la nueva política antidrogas, el papel de las Fuerzas Militares, según su comandante, Juan Pablo Rodríguez, será a través de cuatro estrategias: “intervención integral (apoyo en desarrollo social y desde distintas entidades del Estado) en las comunidades con cultivos ilícitos, uso de nuevos herbicidas, inteligencia para interdicción y erradicación manual”.Por otro lado, el asunto de la minería podría ser incluso más urgente. Según cifras del Ministerio de Defensa, la minería ilegal deja ganancias anuales por más de siete billones de pesos, más del triple que el narcotráfico, que deja dos billones. Las bandas criminales, como el Clan Úsuga, las Farc y el ELN son los grupos que más minas ilegales controlan. Frente a ese problema, la minería ilegal fue definida por el Gobierno como “objetivo prioritario de alto valor”, y gran parte del éxito de esa política residirá en lo que puedan hacer el Ejército y la Policía.
- Una educación completa
Durante el anuncio del cambio de doctrina, el general Mejía se refirió a un aspecto fundamental dentro de la proyección de las Fuerzas Armadas: la educación. A partir de lo que llamó “Plan Minerva”, el general dio a entender que se hará énfasis en la educación de las tropas. Agregó que “hoy hay más hombres (de las FFAA) que nunca estudiando doctorados y maestrías, no solo en Colombia sino en las mejores universidades del mundo”.La formación, según Mejía, se da en varios aspectos. Por un lado, está la educación en aspectos específicos de la ciencias militares, desde manejo de armas hasta estrategia. Por otro, se educará a las tropas para que entiendan el contexto a la hora de enfrentar tanto crímenes transnacionales como amenazas regionales.
- Defender al “enemigo”
Uno de los puntos más controversiales de la nueva doctrina militar es el hecho de que, llegado un acuerdo con las Farc, serán ellos, los militares, quienes garanticen la seguridad de los desmovilizados, es decir, a quienes hoy hacen parte del “enemigo”. Como dijo el coronel Raúl Flórez, director del Centro de Educación Militar, “el Ejército se prepara simultáneamente para dos escenarios: combatir a la insurgencia, por un lado, y garantizar la seguridad de los futuros desmovilizados”. Y esa simultaneidad, en principio, parecería enviar un mensaje contradictorio.Se trata de un paso clave hacia la construcción de paz que el Ejército reconozca de antemano que los guerrilleros desmovilizados tendrían el mismo derecho a ser defendidos que cualquier otro ciudadano. En palabras del general Jorge Salgado, jefe de doctrina del Ejército: “nos estamos preparando para acoger a todos los desmovilizados de las Farc y tendrán todos los derechos que tienen los ciudadanos. Nosotros obviamente los cuidaremos”.
